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El 27 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, CSIF exige “Espacios seguros para los equipos de Urgencias y Emergencias”

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 26 May 26 07:00:00 CEST

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CSIF exige espacios seguros para los equipos de Urgencias y Emergencias

Con motivo del Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, CSIF reivindica más protección, plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y una planificación sanitaria adecuada para quienes sostienen la atención urgente en el Sistema Nacional de Salud.

27 de mayo

La Medicina de Urgencias y Emergencias constituye uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Cada día, miles de profesionales de la sanidad garantizan la atención inmediata, continua y especializada a la población, afrontando situaciones críticas que requieren rapidez, coordinación y una alta cualificación profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, que se celebra cada 27 de mayo y está promovido por la European Society for Emergency Medicine, CSIF pone en valor el trabajo de todos los profesionales que desempeñan su labor en este ámbito.

“Espacios seguros para los equipos de Urgencias y Emergencias”

La campaña internacional de 2026 se desarrolla bajo el lema “Safe Space for Emergency Medicine Teams. Stop violence everywhere”, centrado en la seguridad de los equipos, el respeto y la tolerancia cero frente a la violencia.

Para CSIF, este día debe servir para reconocer la labor esencial de quienes sostienen la atención urgente y de emergencias, pero también para reclamar medidas reales que garanticen más seguridad, plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y una planificación sanitaria adecuada.

Avance histórico de la especialidad y retos pendientes

La creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias mediante el Real Decreto 610/2024 representa un avance histórico para el colectivo sanitario y responde a una reivindicación mantenida durante décadas. Este real decreto establece el título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias, actualiza aspectos vinculados a Medicina Familiar y Comunitaria y fija una duración mínima de cuatro años para la nueva especialidad, con formación en unidades docentes acreditadas.

Además, la Orden PJC/311/2026, de 31 de marzo, ha aprobado el programa formativo oficial de la especialidad, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de sus unidades docentes. En la convocatoria de FSE 2026 se han ofertado las primeras 82 plazas de Médico de Urgencias y Emergencias.

Este avance permitirá el reconocimiento académico y profesional de la especialidad, la formación específica a través del sistema MIR, la consolidación de unidades docentes especializadas, la mejora de la calidad asistencial y una atención urgente más homogénea en todo el territorio nacional.

No obstante, todavía quedan retos pendientes. La Administración debe culminar con rapidez los procesos de acreditación y expedición de títulos, dotar a las unidades docentes de recursos suficientes, reconocer la labor de los tutores y garantizar que la especialidad pueda desplegarse con calidad en todo el Sistema Nacional de Salud.

CSIF considera imprescindible que este desarrollo normativo no se quede en un reconocimiento formal, sino que se traduzca en plantillas suficientes y condiciones laborales atractivas para retener talento en el SNS.

Aunque aún está pendiente la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, CSIF considera imprescindible avanzar también en este reconocimiento profesional, académico y competencial, porque la atención urgente y de emergencias se sostiene sobre equipos multidisciplinares en los que enfermería desempeña un papel esencial.

Más demanda asistencial y necesidad de coordinación

En los últimos años, los servicios de urgencias y emergencias han experimentado un crecimiento continuo y sostenido en el número de atenciones realizadas. Entre las causas destacan el aumento de la demanda asistencial, el envejecimiento demográfico, el incremento de las listas de espera, las demoras en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, las consecuencias de la pandemia y la falta de profesionales sanitarios.

48,7% Acudió en el último año a urgencias de la sanidad pública.

52,5% Acudió en su última visita a urgencias hospitalarias.

40,8% Acudió a un dispositivo de urgencias de Atención Primaria.

La saturación de los servicios de urgencias se ha convertido en una realidad estructural que repercute tanto en la calidad asistencial como en las condiciones de trabajo de todos sus profesionales.

Para CSIF, esta presión no puede abordarse de forma aislada: reforzar urgencias exige también reforzar Atención Primaria, mejorar la continuidad asistencial, reducir listas de espera y dotar de recursos suficientes a todos los niveles del SNS.

Plantillas, condiciones laborales y seguridad del paciente

Uno de los principales problemas del sistema sanitario actual es la falta de médicos y profesionales de enfermería en todas las comunidades autónomas. Esta escasez afecta especialmente a Atención Primaria, Atención Especializada, servicios de Urgencias Hospitalarias, emergencias extrahospitalarias, dispositivos de transporte sanitario urgente y coordinación 061/112.

Impacto asistencial

Sobrecarga asistencial.
Incremento de los tiempos de espera.
Mayor presión sobre las plantillas.
Dificultades para garantizar una atención de calidad.

Impacto profesional

Desgaste físico y emocional.
Problemas para cubrir turnos, guardias, refuerzos y vacaciones.
Descansos insuficientes tras las guardias.
Dificultades de conciliación por la alta rotación de turnos.

Los profesionales de urgencias y emergencias desarrollan su trabajo en unas condiciones especialmente exigentes: jornadas prolongadas, elevados niveles de estrés, sobrecarga permanente, falta de recursos humanos y materiales, descansos insuficientes tras las guardias, exposición continuada a situaciones críticas y dificultades para conciliar por la alta rotación de turnos, noches y festivos.

Estas condiciones repercuten negativamente en la salud física y mental de los trabajadores, la seguridad del paciente, la calidad de la atención sanitaria, la humanización de la asistencia y la capacidad de retención de profesionales en los servicios de urgencias y emergencias.

CSIF recuerda que en el debate del nuevo Estatuto Marco se han planteado avances relevantes en materia de jornada, turnos y guardias, incluida la jornada de 35 horas semanales y la desaparición progresiva de las guardias de 24 horas, con un límite general de 17 horas y la posibilidad de trabajar a turnos o guardias de diferente duración. Para CSIF, estas medidas deben aplicarse con garantías, financiación suficiente y negociación real en todos los servicios de salud.

Violencia y agresiones al personal de la sanidad

El aumento de las agresiones físicas y verbales contra profesionales de la sanidad constituye una de las mayores preocupaciones del sector. La saturación de los servicios y la frustración de muchos usuarios ante las demoras asistenciales generan situaciones de tensión que afectan gravemente al personal sanitario.

Precisamente, el lema internacional de 2026 pone el foco en la necesidad de crear espacios seguros para los equipos de urgencias y emergencias, alertando sobre los crecientes riesgos que afrontan los profesionales y reclamando seguridad, respeto y tolerancia cero frente a la violencia.

“La violencia contra el personal de la sanidad no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia”.

CSIF reclama reforzar las medidas y el personal de seguridad en los centros sanitarios, endurecer las medidas legales frente a las agresiones, implantar protocolos eficaces de prevención y actuación, y facilitar la denuncia y el acompañamiento jurídico, psicológico y laboral a las víctimas.

Reconocimiento a todos los equipos

A pesar de las dificultades existentes, los profesionales de urgencias y emergencias continúan ofreciendo una atención sanitaria de gran calidad y mantienen un elevado nivel de compromiso con la ciudadanía. Su labor resulta esencial para garantizar la asistencia urgente en cualquier punto del territorio nacional y constituye uno de los servicios más valorados por la población.

CSIF reconoce de manera expresa la labor de médicos, enfermeras, TCAE, TES, celadores, personal administrativo, personal de gestión, profesionales del transporte sanitario, personal de coordinación 061/112 y del conjunto de categorías que hacen posible la atención urgente y de emergencias. La respuesta sanitaria ante una urgencia es siempre un trabajo de equipo.

Reivindicaciones principales

La Medicina de Urgencias y Emergencias atraviesa un momento decisivo marcado por importantes avances, pero también por numerosos desafíos estructurales. La creación oficial de la especialidad supone un paso histórico que debe ir acompañado de medidas reales.

Culminar con rapidez el proceso de obtención del título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias.
Agilizar la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias.
Mejorar de forma inmediata las condiciones laborales y retributivas.
Reforzar las plantillas sanitarias y reducir la sobrecarga asistencial.
Implantar medidas eficaces contra las agresiones al personal de la sanidad.
Mejorar la organización y los recursos de los servicios de urgencias.
Acreditar unidades docentes con criterios homogéneos y recursos, con tutores reconocidos, tiempo docente y estructura formativa adecuada.
Crear mapas de necesidades reales de profesionales de urgencias y emergencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias.
Revisar jornadas, guardias, descansos y turnos para proteger la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes.
Reforzar la coordinación entre Atención Primaria, hospitales, emergencias extrahospitalarias y dispositivos 061/112.
Implantar planes específicos de prevención de riesgos laborales, apoyo psicológico y protección frente a agresiones.

Solo mediante un compromiso firme de las administraciones públicas será posible garantizar la calidad, sostenibilidad y futuro de la atención urgente y de emergencias en España.

Más recursos, más seguridad y mejores condiciones laborales

En este Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, CSIF reclama que el esfuerzo de todos los profesionales sea reconocido con hechos: más recursos, más seguridad, mejores condiciones laborales y una planificación sanitaria a la altura de las necesidades reales de la ciudadanía.

Redes Sociales CSIF Sanidad

CSIF reivindica mejoras laborales para los Médicos de Familia y defiende la Atención Primaria como eje vertebrador del SNS

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 18 May 26 07:00:00 CEST

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19 de mayo · Día Mundial del Médico de Familia

CSIF reivindica mejoras laborales para los Médicos de Familia y defiende la Atención Primaria como eje vertebrador del SNS

CSIF advierte de que la falta de planificación, la burocracia, las demoras y las condiciones laborales están poniendo en riesgo el presente y el futuro del primer nivel asistencial.

Madrid, 19 de mayo de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con representación en las Mesas de Negociación, reivindica la labor de los Médicos y Médicas de familia con motivo del Día Mundial del Médico de Familia y defiende la Atención Primaria como eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud.

El médico de familia es una figura clave para garantizar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la cercanía en la atención sanitaria a millones de personas. Su consulta es la puerta de entrada al sistema sanitario, abierta a todas las edades, condiciones y patologías. Esta accesibilidad no solo se refiere a la posibilidad de concertar una cita, sino también a la relación de confianza que se establece con los pacientes, que encuentran en su médico de familia una figura que les escucha, orienta y acompaña a lo largo de su vida.

La excelente formación del médico de familia, tanto en medicina clínica como en habilidades comunicativas, prevención, salud comunitaria y gestión sanitaria, lo convierte en un profesional altamente cualificado. Su visión integral de la persona y la intervención comunitaria, más allá de la enfermedad, le permite atender desde patologías agudas hasta enfermedades crónicas complejas, promover la educación para la salud y garantizar un seguimiento continuo de los pacientes.

Una atención de calidad necesita tiempo.

Sin embargo, esta atención de calidad requiere tiempo suficiente por consulta. Reducir la actividad del médico de familia a consultas apresuradas, agendas saturadas o trámites administrativos compromete la seguridad del paciente, erosiona la relación médico-paciente y debilita la esencia misma de la Atención Primaria.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el médico de familia es la atención de las consultas no demorables, es decir, aquellas que requieren una respuesta inmediata por parte del sistema. Esta tarea, que exige agilidad, criterio clínico y compromiso, se suma a una carga asistencial ya elevada, muchas veces sin los recursos ni el tiempo adecuados. A pesar de ello, los profesionales siguen respondiendo con responsabilidad y entrega, en demasiadas ocasiones a costa de su propia salud.

CSIF recuerda que la sobrecarga asistencial también es un problema de prevención de riesgos laborales. La presión continuada, la falta de sustituciones, la acumulación de agendas y la imposibilidad de dedicar el tiempo necesario a cada paciente generan desgaste profesional, estrés y pérdida de atractivo de una especialidad esencial para el SNS.

Más capacidad resolutiva para la Atención Primaria

La capacidad de resolución de los médicos de familia no está totalmente optimizada. Con medios adecuados, acceso a pruebas diagnósticas, coordinación real con Atención Hospitalaria y herramientas clínicas suficientes, estos profesionales pueden diagnosticar, tratar y resolver una amplia variedad de problemas de salud por capacidad científico-técnicas, evitando derivaciones innecesarias y descongestionando otros niveles asistenciales.

Esta capacidad, sin embargo, se ve limitada por la falta de recursos, por las demoras en consultas externas hospitalarias y por los retrasos en pruebas diagnósticas y tratamientos especializados, lo que genera frustración tanto en pacientes como en profesionales.

El valor del equipo de Atención Primaria

En este contexto, el trabajo en equipo en Atención Primaria es imprescindible. La colaboración estrecha entre Medicina de Familia, Enfermería, TCAE, Fisioterapia, Trabajo Social, Matronas, Personal Administrativo y el resto de profesionales del centro de salud mejora la eficiencia del servicio, humaniza la atención y permite un abordaje más integral, especialmente en pacientes crónicos, personas mayores y población vulnerable.

CSIF reclama reforzar los equipos de Atención Primaria con personal administrativo suficiente, perfiles de apoyo a la gestión sanitaria y profesionales que permitan descargar a los médicos de familia de tareas burocráticas. El tiempo del médico debe destinarse a lo verdaderamente importante, el paciente.

28%

De los médicos de Atención Primaria, tiene entre 60 y 65 años, según ha advertido CSIF.

12.356

Profesionales se encuentran próximos a la jubilación, lo que exige planificación inmediata.

44.130

Médicos de Atención Primaria conforman una plantilla tensionada por la sobrecarga y las demoras.

Demoras, relevo generacional y falta de planificación

Según el Barómetro Sanitario 2025, la ciudadanía valora de forma positiva la Atención Primaria, pero los tiempos de espera siguen siendo uno de sus principales problemas. La confianza social en los profesionales contrasta con un modelo tensionado por la falta de recursos, la demora para conseguir cita y la dificultad para garantizar una atención suficientemente ágil.

A ello se suma el problema del relevo generacional. CSIF ha advertido de que una parte muy importante de los médicos de Atención Primaria se encuentra próxima a la jubilación. En concreto, 12.356 profesionales, el 28% de los 44.130 médicos de Atención Primaria, tienen entre 60 y 65 años. Esta realidad obliga a una planificación inmediata: plazas MIR, contratación y fidelización de profesionales.

El déficit de médicos de familia se agravará en los próximos años si las administraciones sanitarias no actúan con decisión. La falta de planificación durante años ha provocado un problema estructural que no puede resolverse solo aumentando plazas universitarias, ya que la incorporación efectiva de nuevos especialistas requiere más de una década de formación entre grado y residencia.

Aunque se han incrementado las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, este aumento debe ir acompañado de mejores condiciones laborales, contratos estables, incentivos para zonas de difícil cobertura, medidas reales de fidelización y despoblación de plazas MIR y de puestos de plantilla.

La realidad diaria de muchos médicos de familia está marcada por la sobrecarga asistencial motivada por el aumento de la complejidad del proceso clínico, la dificultad de acceso a la consulta, la falta de personal para cubrir sustituciones, la presión de la demanda no demorable, la burocracia, la precariedad y unas condiciones laborales y retributivas que deben mejorar.

Esta situación es especialmente grave en centros de difícil cobertura, zonas rurales, consultorios periféricos y áreas con mayor dispersión geográfica o envejecimiento poblacional.

Todos estos problemas, acompañados con la alta tasa de temporalidad, repercute negativamente en el valor fundamental de la Atención a la personas, familias y comunidad, la longitunalidad, cuestión fundamental que incide directamente en morbilidad de la población.

Compassionate Care in a Digital World

Además, el lema internacional de 2026, “Compassionate Care in a Digital World”, recuerda que la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial deben estar al servicio de la relación clínica y no convertirse en una nueva fuente de burocracia, fragmentación o carga administrativa. Para CSIF, la modernización de la Atención Primaria debe liberar tiempo para atender mejor, no añadir más presión a los profesionales.

Por todo ello, desde CSIF exigimos una apuesta decidida por la Atención Primaria que dignifique la labor de sus profesionales, garantice recursos humanos y materiales suficientes y devuelva al Médico de Familia el tiempo, el respeto y el espacio que necesita para ejercer su vocación con calidad, seguridad y reconocimiento.

CSIF exige

Plantillas suficientemente dimensionadas, por el envejecimiento de la población, dispersión geográfica, cronicidad y carga asistencial real.
Agendas con tiempo suficiente por paciente y límites razonables de actividad diaria.
Sustituciones desde el primer día para evitar el cierre encubierto de agendas y la sobrecarga del resto del equipo.
Incentivos reales para plazas de difícil cobertura, especialmente en el medio rural y en zonas con problemas estructurales de captación.
Mejora de las condiciones laborales y retributivas para atraer y fidelizar Médicos de Familia en el SNS.
Reducción drástica de la burocracia en consulta y refuerzo del personal administrativo y otras categorias.
Desarrollo efectivo de una la carrera profesional incentivadora, estabilidad en el empleo y reconocimiento del valor estratégico de la Atención Primaria.
Más capacidad resolutiva en Atención Primaria, con acceso ágil a pruebas diagnósticas, herramientas clínicas y coordinación efectiva con Atención Hospitalaria.
Planificación efectiva del relevo generacional y de las necesidades de las plazas MIR, con medidas de fidelización durante y después de la residencia, con verdadera politica de demografia sanitaria.

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Redes Sociales CSIF Sanidad

12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería 2026: Los cuidados, valor fundamental en la Sanidad

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 11 May 26 08:00:00 CEST

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12 de mayo · Día Internacional de la Enfermería

12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería 2026: Los cuidados, valor fundamental en la Sanidad

CSIF Sanidad pone en valor el papel esencial del equipo de Enfermería y reclama plantillas suficientes, reconocimiento profesional, actualización de funciones y competencias, cambio de nomenclatura para retirar la palabra “Auxiliar” de la denominación de TCAE y clasificación justa para Enfermeras/os y TCAEs, tanto en el Estatuto Marco como en la LOPS y en las mesas de Función Pública.

Los Cuidados, valor fundamental en la Sanidad

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo, desde CSIF Sanidad queremos poner en valor la labor esencial que desempeñan las Enfermeras/os y TCAEs en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Ambos colectivos constituyen la base de los cuidados y de la atención directa a la ciudadanía. Su trabajo abarca desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad hasta la atención directa al paciente, familia y comunidad, garantizando un cuidado individualizado, cercano, humano y de calidad.

En cada Hospital, en cada centro de salud, en cada turno, en cada urgencia, en cada residencia y en cada servicio sociosanitario, Enfermeras/os y TCAEs forman un equipo indisoluble y complementario que sostiene la calidad de la asistencia sanitaria.

CSIF Sanidad defiende un reconocimiento equilibrado de ambas categorías, respetando sus funciones propias y reforzando su trabajo conjunto dentro del equipo de Enfermería.

El desarrolo de las funciones no puede suponer un enfrentamiento entre ambas. En CSIF tenemos claro que el desarrollo de ambas profesiones es posible, necesario, sin solapamiento y dando el espacio competencial necesario a cada profesion. Por que más Enfermera/o y TCAE, mejores ratios, mejores cuidados... ...es directamente propocional a la mejora de la morbi-mortalidad de la población.

Desde CSIF Sanidad recordamos que la falta de personal, la sobrecarga asistencial, las diferencias retributivas entre comunidades autónomas, la dificultad para conciliar y el escaso reconocimiento institucional siguen marcando la realidad diaria de estos profesionales y repercuten directamente en la calidad asistencial.

CSIF Sanidad, en los espacios donde se decide el futuro profesional

CSIF Sanidad no solo reivindica estas mejoras: las defiende en los espacios de negociación y participación institucional. En la Mesa del Ámbito con el Ministerio de Sanidad, CSIF ha contribuido a impulsar un nuevo Estatuto Marco que incorpora avances en clasificación profesional, estabilidad, jornada, guardias, retribuciones, conciliación, prevención de riesgos laborales, movilidad y carrera profesional.

Además, CSIF Sanidad participa en el Comité Científico-Técnico de la Iniciativa Marco de Cuidados (IMACU) del Ministerio de Sanidad y ha presentado aportaciones a la reforma de la LOPS para ordenar funciones, reconocer a todos los colectivos que intervienen en la atención sanitaria y reforzar un modelo basado en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y el trabajo en equipo.

Estas reivindicaciones también deben avanzar en las mesas de Función Pública, donde CSIF reclama una actualización global de la clasificación profesional de todos los profesionales de la sanidad. En este marco, defendemos el avance de Enfermeras/os al A1 y de TCAE al C1, junto con una revisión que permita que todas las categorías del SNS estén correctamente clasificadas conforme a su titulación, especialización, funciones, competencias y responsabilidad real.

Datos que refuerzan una petición clara: más planificación y más plantilla

La reivindicación de CSIF Sanidad se apoya también en datos que evidencian la necesidad de reforzar el equipo de cuidados. España cuenta con una ratio de 6,3 Enfermeras/os por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,5 de media en la Unión Europea, según el Ministerio de Sanidad.

Esta brecha se traduce en una necesidad urgente de plantilla. CSIF Sanidad viene alertando de que España necesitaría incorporar en torno a 123.000 profesionales de Enfermería y al menos 47.000 TCAEs para acercarse a las ratios de referencia y responder a la demanda real de cuidados.

A ello se suma la fotografía del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios del Ministerio de Sanidad, que permite dimensionar el peso real de los TCAE dentro del sistema: 113.403 TCAE registrados, de los que 83.392 figuran como activos. Estos datos demuestran que los TCAE no pueden quedar fuera de ninguna estrategia de planificación, dimensionamiento de plantillas o actualización normativa de los cuidados.

6,3

España

Enfermeras/os por cada 1.000 habitantes.

8,5

Unión Europea

Media de Enfermeras/os por cada 1.000 habitantes.

123.000

Déficit Enfermería

Profesionales de Enfermería que CSIF estima necesarios.

47.000

Déficit TCAE

TCAE que CSIF estima necesarios para reforzar los cuidados.

Un reconocimiento equilibrado para todo el equipo de Enfermería

Enfermeras/os:

CSIF Sanidad reclama una actualización real del marco profesional de las Enfermeras/os, con reconocimiento de su desarrollo competencial, impulso de las especialidades, liderazgo en cuidados, práctica avanzada, investigación, docencia y presencia adecuada en todos los ámbitos asistenciales.

En el marco del nuevo Estatuto Marco, CSIF defiende que la clasificación profesional reconozca a las Enfermeras/os en el Grupo 6 y a las Enfermeras/os especialistas en el Grupo 7, conforme a su formación, competencias y responsabilidad real dentro del Sistema Nacional de Salud. En paralelo, en la Mesa General de Función Pública, CSIF reclama el avance de Enfermeras/os al A1.

Asimismo, CSIF Sanidad considera imprescindible reconocer y reforzar las funciones de responsabilidad, supervisión, coordinación y gestión de Enfermería en hospitales, centros de salud y otros dispositivos asistenciales, garantizando que estos puestos cuenten con dotación suficiente, reconocimiento profesional y capacidad real para organizar equipos, coordinar cuidados y mejorar la calidad asistencial.

TCAEs:

CSIF Sanidad quiere subrayar el papel imprescindible de los TCAEs, profesionales esenciales en la atención diaria, el acompañamiento al paciente, los cuidados básicos, la observación de necesidades, la higiene, la alimentación, la movilización, el confort, el apoyo emocional y la continuidad de los cuidados.

CSIF defiende la actualización de su nomenclatura profesional, retirando la palabra “Auxiliar” para avanzar hacia una denominación más ajustada a su realidad profesional, como Técnicos/as en Cuidados de Enfermería o Técnicos/as de Enfermeria. Esta actualización debe ir acompañada de la revisión urgente de sus funciones, la adecuación de su título formativo y el reconocimiento efectivo de su papel sanitario.

En el nuevo Estatuto Marco, los TCAE quedarían encuadrados en el Grupo 4, mientras que en la Mesa General de Función Pública CSIF seguirá defendiendo su avance al C1. Son dos caminos complementarios hacia el mismo objetivo: reconocer la cualificación, responsabilidad y realidad asistencial del colectivo.

CSIF Sanidad reclama además la creación y desarrollo de la figura de Coordinador/a de TCAE en los centros y servicios donde sea necesaria, para mejorar la organización del trabajo, la continuidad de los cuidados, la participación del colectivo en circuitos asistenciales y su presencia en equipos de calidad.

Esta reivindicación debe ir unida a la actualización de una formación que continúa siendo de 1.400 horas, frente a la estructura habitual de 2.000 horas de los ciclos formativos de Grado Medio.

Estatuto Marco, LOPS y Función Pública: reconocimiento profesional con efectos reales

Las reivindicaciones históricas de CSIF Sanidad forman parte de una estrategia negociadora que conecta el nuevo Estatuto Marco, la reforma de la LOPS, la participación en IMACU y las mesas de Función Pública. El objetivo es que el reconocimiento profesional no se quede en una declaración, sino que tenga efectos reales en clasificación, funciones, carrera, estabilidad, jornada y retribuciones.

Para CSIF Sanidad, el Estatuto Marco es una herramienta clave porque vincula la nueva clasificación profesional a la formación, las competencias y la responsabilidad real de cada categoría. Además, abre la puerta a una negociación retributiva asociada a esa clasificación, de forma que el reconocimiento profesional pueda traducirse también en mejoras económicas.

Clasificación profesional y efectos retributivos

CSIF reclama que la clasificación profesional tenga efectos reales y no sea solo un cambio nominal. El reconocimiento de la formación, las competencias y la responsabilidad debe trasladarse a la carrera profesional, la movilidad, la ordenación de funciones y el nuevo marco retributivo.

Función Pública: A1, C1 y revisión global

En paralelo al Estatuto Marco, CSIF seguirá defendiendo en la Mesa General de Función Pública el avance en los grupos de clasificaicon de profesionales: Enfermeras/os al A1 y de TCAE al C1, dentro de una revisión global de la clasificación profesional del empleo público que permita ordenar correctamente a todas las categorías del SNS.

LOPS: funciones, competencias y reconocimiento

CSIF Sanidad defiende que la reforma de la LOPS sirva para actualizar funciones y competencias, reconocer a todos los colectivos que intervienen en la atención sanitaria y reforzar un modelo basado en la seguridad del paciente, la calidad asistencial y el trabajo en equipo.

Estatuto Marco: avances laborales

CSIF pone en valor avances como las 35 horas semanales, el fin progresivo de las guardias de 24 horas, el límite general de 17 horas, el reconocimiento del solape de turno, la compensación de excesos de jornada y el refuerzo de derechos laborales.

Plantillas suficientes y ratios adecuadas

La falta de profesionales genera sobrecarga, desgaste y menos tiempo para cuidar. CSIF exige más plantillas, ratios adecuadas Enfermera/o-TCAE-paciente y planificación de recursos humanos.

Seguridad, salud laboral y agresiones

CSIF reclama evaluaciones reales de riesgos, medidas frente a agresiones, apoyo psicológico, prevención del desgaste profesional y refuerzo de los servicios de prevención.

Inteligencia Artificial al servicio de los cuidados, no para sustituirlos

CSIF Sanidad considera que la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, debe servir para liberar cargas burocráticas, mejorar la planificación y facilitar el trabajo de los profesionales, no para deshumanizar la atención ni sustituir el criterio clínico, asistencial y humano de Enfermeras/os y TCAEs.

La IA puede contribuir a generar planes de cuidados personalizados, apoyar algoritmos predictivos de riesgos, monitorizar variables del paciente o agilizar determinados trámites. Pero su implantación debe realizarse con formación, garantías, participación profesional y respeto absoluto a la seguridad, la confidencialidad y la humanización de la asistencia.

En este sentido, Enfermeras/os y TCAEs seguirán siendo el nexo imprescindible entre la tecnología y la vulnerabilidad y cuidados del paciente: la mirada humana que acompaña, interpreta, cuida y protege.

Una realidad que no puede esperar

A pesar de los avances conseguidos, la realidad diaria de Enfermeras/os y TCAE sigue marcada por una presión asistencial creciente. La falta de tiempo para prestar cuidados, la sobrecarga burocrática, la falta de personal y el desgaste acumulado requieren una respuesta inmediata.

Desde CSIF Sanidad exigimos a las administraciones sanitarias:.

Negociación efectiva en las mesas sectoriales, en el ambito de negociación del Ministerio de Sanidad y Mesa de Función Pública.
Ratios adecuadas Enfermera/o-TCAE-paciente con Refuerzo de plantillas de Enfermeras/os y TCAEs.
Actualización de funciones y competencias en la LOPS.
Actualización del título formativo de TCAE - Cambio de nomenclatura de TCAE, retirando la palabra “Auxiliar”
Clasificación profesional en el Estatuto Marco: Grupo 6 Enfermeras/os, Grupo 7 Enfermeras/os especialistas y Grupo 4 TCAEs.
Avance de Enfermeras/os al A1 y de TCAE al C1 en las Mesas de Función Pública.
Reconocimiento de las funciones de supervisión, coordinación y gestión de Enfermería en todos los ámbitos asistenciales.
Creación y desarrollo de la figura de Coordinador/a de TCAE.
Reconocimiento profesional y retributivo
Impulso de la enfermera escolar
Dotación de efectiva de las especilidades de Enfermeria

Los cuidados, valor fundamental en la Sanidad

En este 12 de mayo, desde CSIF Sanidad queremos trasladar un mensaje claro: el reconocimiento a Enfermeras/os y TCAEs debe pasar de las palabras a los hechos.

La defensa de los cuidados debe traducirse en plantillas suficientes, funciones actualizadas, nomenclatura profesional adecuada, formación adaptada, clasificación correcta, carrera profesional, mejores condiciones laborales y reconocimiento económico.

Más información de CSIF Sanidad

Argumentario Estatuto Marco Aportaciones LOPS Redes sociales

Pruebas de Conjunto para la Homologación de Diplomas de Entrenador de Nivel II y III con los Títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. BOCYL 08/05/2026.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 08 May 26 08:02:00 CEST

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2026, de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de conjunto en las modalidades deportivas de atletismo, baloncesto, balonmano y judo, para la homologación de los diplomas de entrenador de nivel III y II con los títulos de Técnico Deportivo Superior y Técnico Deportivo, respectivamente, y para la obtención del certificado académico oficial de superación de ciclo inicial por acreditar el diploma de entrenador de nivel I, en la Comunidad de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, recoge en la disposición transitoria quinta la posibilidad de regular el procedimiento de reconocimiento de formaciones que se hayan realizado con carácter meramente federativo entre la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999 por la que se completan los aspectos curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y la entrada en vigor del propio Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, siendo el hoy Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el que establecerá el procedimiento que corresponda aplicar en cada caso.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional mediante la Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre, establece el procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano, judo y vela, previsto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, a fin de posibilitar que aquellos entrenadores que se formaron con carácter meramente federativo en dichas modalidades deportivas, puedan obtener los efectos académicos previstos para las enseñanzas oficiales o incorporarse a dichas enseñanzas para completar su formación.

La Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, aplica la segunda fase del procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano y judo, en la Comunidad de Castilla y León, recogida en la mencionada Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto artículo 1, apartado 2, letras a), b) y c) de la mencionada Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, esta fase va dirigida a la homologación de los diplomas federativos de entrenador de nivel III y II con los títulos de Técnico Deportivo Superior y Técnico Deportivo, respectivamente, y la obtención del certificado académico oficial de superación de ciclo inicial por acreditar el diploma de entrenador de nivel I, en las modalidades deportivas de atletismo, baloncesto, balonmano y judo.

En todos los casos, y según se dispone en el artículo 8.1 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, deberá superarse una prueba de conjunto que será elaborada por la dirección general competente en materia de enseñanzas deportivas de régimen especial, para lo que podrá contar con la colaboración de expertos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la citada orden, este proceso se iniciará de oficio mediante resolución de la dirección general competente en materia de enseñanzas deportivas de régimen especial, que será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En atención a lo anteriormente indicado y de conformidad con las competencias atribuidas a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial en el artículo 10 del Decreto 14/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,

RESUELVO

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto convocar las pruebas de conjunto en las modalidades deportivas de atletismo, baloncesto, balonmano y judo, para la homologación de los diplomas de entrenador de nivel III y de nivel II con los títulos de Técnico Deportivo Superior y Técnico Deportivo, respectivamente, así como la obtención del certificado académico oficial de superación de ciclo inicial por acreditar el diploma de entrenador de nivel I, en la Comunidad de Castilla y León.

Segundo. Requisitos.

De conformidad con el artículo 3.2 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, por la que se aplica la segunda fase del procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano y judo en la Comunidad de Castilla y León, los aspirantes deberán acreditar todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano, judo y vela, con carácter federativo, previsto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Tercero. Precios públicos.

De conformidad con el artículo 6.2 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, las personas que resulten admitidas deberán realizar el pago de los precios públicos por el concepto de «Pruebas para obtener la homologación de diplomas federativos con los títulos de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior, o el certificado académico oficial de superación del ciclo inicial», que se establece en el anexo III del Decreto 11/2024, de 20 de junio, por el que se establecen los precios públicos por las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad de Castilla y León, lo que tendrá como efecto la matrícula en la prueba de conjunto.

Cuarto. Solicitudes.

1. La solicitud de participación en la prueba de conjunto se realizará conforme al formulario de solicitud disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) asociado al trámite «Procedimiento de reconocimiento de formaciones de entrenadores deportivos», y en el apartado correspondiente a las enseñanzas deportivas del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas-regimen-especial-edre/tablon-anuncios).

2. Cada aspirante cumplimentará una única solicitud de participación en la prueba de la modalidad y nivel que corresponda, que le dará derecho a presentarse a un máximo de tres convocatorias. Tal y como se recoge en el artículo 4.2 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, sólo se podrá optar al reconocimiento de un único nivel en cada una de las modalidades deportivas seleccionadas.

3. La solicitud se efectuará por la persona interesada, debiéndose presentar por alguno de los siguientes medios:

a) De forma electrónica, a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, para lo cual las personas solicitantes deberán disponer de D.N.I. electrónico, o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Consejería de Educación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona solicitante, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información general, conforme establece el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud como de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma.
Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por la persona interesada, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implicará que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
b) En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si, en el uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario o funcionaria de correos antes de que proceda a su certificación.

4. Las personas aspirantes con discapacidad que necesiten adaptaciones organizativas o condiciones especiales, de tiempo y medios, para la realización de la prueba deberán solicitarlo en el momento de presentación de la solicitud, según se recoge en el apartado quinto e).

Quinto. Documentación.

Según la circunstancia en la que se encuentren, las personas aspirantes deberán aportar junto a la solicitud, la siguiente documentación:

a) Copia del DNI o NIE, en el caso de que se oponga de forma expresa en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de los datos de identidad personal. Solo en caso de no disponer de DNI o NIE, la identificación se realizará mediante pasaporte, del cual deberá aportarse una copia.
b) En el supuesto de homologación del diploma de entrenador o entrenadora de nivel III:
- 1º. Certificación que acredite la condición de entrenador o entrenadora de nivel III, expedida por la federación española o autonómica de Castilla y León en la modalidad deportiva correspondiente, conforme al modelo del anexo II de la Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre.
- 2º. Copia del título de Bachiller, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o equivalente a efectos académicos, o acreditar cualquiera de las condiciones que a efectos de acceso se detallan en la disposición adicional duodécima.2 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Esta documentación solo se deberá aportar en los supuestos en que el interesado se oponga de forma expresa en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de estos datos de titulación.
c) En el supuesto de homologación del diploma de entrenador o entrenadora de nivel II:
- 1º. Certificación que acredite la condición de entrenador o entrenadora de nivel II, expedida por la federación española o autonómica de Castilla y León en la modalidad deportiva correspondiente, conforme al modelo del anexo II de la Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre.
- 2º. Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o equivalente a efectos académicos, o acreditar cualquiera de las condiciones que a efectos de acceso se detallan en la disposición adicional duodécima.1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Esta documentación solo se deberá aportar en los supuestos en que el interesado se oponga de forma expresa en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de estos datos de titulación.
d) En el supuesto de obtención del certificado académico oficial de superación de ciclo inicial por acreditar el diploma de entrenador o entrenadora de nivel I:
- 1º. Certificación que acredite la condición de entrenador o entrenadora de nivel I, expedida por la federación española o autonómica de Castilla y León en la modalidad deportiva correspondiente, conforme al modelo del anexo II de la Orden EFP/1299/2022, de 21 de diciembre.
- 2º. Documento que acredite el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o equivalente a efectos académicos, o acreditar cualquiera de las condiciones que a efectos de acceso se detallan en la disposición adicional duodécima.1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Esta documentación solo se deberá aportar en los supuestos en que el interesado se oponga de forma expresa en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de estos datos de titulación.
e) En el caso de aspirantes con discapacidad que necesiten adaptaciones organizativas o condiciones especiales para la realización de la prueba de conjunto (de tiempo y medios), deberán aportar los documentos acreditativos e información precisa para que se pueda realizar la prueba de acceso en las condiciones adecuadas para el aspirante.
f) En relación con los precios públicos a que se refiere el apartado tercero, quienes pretendan, en el supuesto de ser admitidos, acogerse a las exenciones y bonificaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto 11/2024, de 20 de junio, relativas a la condición de familia numerosa, alumnado con discapacidad, víctima de terrorismo o víctima de violencia de género, deberán aportar junto con la solicitud los siguientes documentos:
- 1º. En el supuesto de ser miembro de familia numerosa, copia del correspondiente título reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León o por otra Comunidad Autónoma, si la persona solicitante se opone expresamente en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos los datos de familia numerosa.
- 2º. En el supuesto de que la persona solicitante presente una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento si no está registrado dicho grado en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León o de otra Comunidad Autónoma, o la persona solicitante se opone a que la Consejería de Educación lo consulte o recabe, o cuando la discapacidad la haya reconocido por un órgano de la Administración General del Estado, cualquiera de los documentos previstos en el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:
  - 2º.1. En el caso de grado de discapacidad igual al 33 por ciento:
  - 2º.1.1. Resolución o certificado expedidos por la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
  - 2º.1.2. Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
  - 2º.1.3. Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
  - 2º.2. En el caso de grado de discapacidad superior al 33 por ciento: resolución o certificado expedidos por la Gerencia de Servicios Sociales, el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 3º. En el supuesto de víctima de actos terroristas, si la persona solicitante se opone expresamente en la solicitud a que la Consejería de Educación obtenga directamente y/o por medios electrónicos dicho dato, copia de alguna de la siguiente documentación determinada en el artículo 3 de la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del terrorismo en Castilla y León, de la que resulte que algún miembro de la unidad familiar reúne la condición de víctima del terrorismo:
  - 3º.1. Resolución administrativa firme dictada por órganos de la Administración General del Estado de las que se derive el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo.
  - 3º.2. Sentencia judicial firme que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad por hechos y daños provocados por acciones terroristas.
  - 3º.3. Cualquier medio de prueba admisible en derecho cuando sin mediar sentencia se hubiesen llevado a cabo diligencias judiciales o la incoación de procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.
- 4º. En el supuesto de víctima de violencia de género o cuyas progenitoras la sufran, la documentación referida en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León:
  - 4º.1 Resolución judicial otorgando la orden de protección o acordando medida cautelar a favor de la víctima atinente a causa criminal por violencia de género.
  - 4º.2 Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer padeció violencia en cualquiera de las formas recogidas en el artículo 2 de la citada ley.
  - 4º.3 Certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la administración pública autonómica o local.
  - 4º.4 Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
  - 4º.5 Excepcionalmente, y hasta tanto se dicte la orden de protección, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante de alguno de los recursos previstos en la citada ley es víctima de tal violencia.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de participación en la prueba de conjunto se presentarán entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2026, ambos inclusive.

Séptimo. Número máximo de aspirantes admitidos.

Para cada modalidad deportiva y nivel, serán admitidos todos los aspirantes que acrediten la condición de entrenador o entrenadora del nivel correspondiente mediante certificado expedido por una federación de Castilla y León. En el caso de que el número de aspirantes admitidos fuera inferior a 30, podrán ser admitidos, hasta completar dicho cupo, aquellos otros aspirantes que acrediten la condición de entrenador o entrenadora del nivel correspondiente mediante certificado expedido por la federación deportiva española correspondiente, para quienes se aplicará el criterio establecido en el artículo 5.2 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre.

Octavo. Tramitación de las solicitudes y subsanaciones.

1. De conformidad con el artículo 6.1 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, se publicará, en el tablón de anuncios del lugar designado para la celebración de la prueba de conjunto previsto en el apartado noveno, resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de enseñanzas deportivas de régimen especial con el listado alfabético provisional de participantes admitidos y excluidos, indicando la causa de exclusión, así como la relación de solicitudes que requieren subsanación, siendo también objeto de publicidad en el tablón de anuncios del apartado correspondiente a las enseñanzas deportivas del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas-regimen-especial-edre/tablon-anuncios).

2. Las personas solicitantes deberán presentar, por cualquiera de los medios establecidos en apartado cuarto.3, la documentación cuya subsanación les haya sido requerida y las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del correspondiente listado provisional, conforme al formulario de subsanación disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), asociado al trámite «Procedimiento de reconocimiento de formaciones de entrenadores deportivos», y en el tablón de anuncios del apartado correspondiente a las enseñanzas deportivas del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas-regimen-especial-edre/tablon-anuncios).

3. De conformidad con el artículo 6.2 de la Orden EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, una vez concluido el plazo de subsanaciones y alegaciones, la persona titular de la dirección general competente en materia de enseñanzas deportivas de régimen especial dictará resolución con la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios del lugar designado para la celebración de la prueba de conjunto previsto en el apartado noveno, siendo objeto de publicidad en el tablón de anuncios del apartado correspondiente a las enseñanzas deportivas del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas-regimen-especial-edre/tablon-anuncios). En esta resolución se determinará el plazo en el que las personas admitidas deberán realizar el pago de los precios públicos a que se refiere el apartado tercero y la forma de presentación del justificante del pago.

4. Una vez finalizado el proceso de admisión, se publicará el nombramiento de los tribunales evaluadores de las pruebas de conjunto según se establece en el artículo 9 de la EDU/1492/2025, de 19 de diciembre, en los mismos lugares indicados en el apartado anterior.

Noveno. Calendario y lugar de celebración de la prueba.

1. En todas las convocatorias, la celebración de la prueba de conjunto de cada modalidad deportiva tendrá lugar en el IES Condesa Eylo Alfonso, situado en la Plaza Condesa Eylo Alfonso 1, de Valladolid.

2. La fecha y la hora de celebración de la prueba de conjunto de cada convocatoria para cada modalidad deportiva y nivel será establecida por cada tribunal, y publicada en el tablón de anuncios del IES Condesa Eylo Alfonso, con una antelación mínima de cinco días hábiles a su realización, celebrándose en primera convocatoria durante el mes de septiembre de 2026 y, en su caso, en segunda y tercera convocatoria entre los meses de septiembre y noviembre del mismo año. Asimismo, será objeto de publicidad en el apartado correspondiente al tablón de anuncios de las enseñanzas deportivas del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas-regimen-especial-edre/tablon-anuncios).

3. Por los mismos medios establecidos en el apartado anterior, cada tribunal publicará las calificaciones de las pruebas de conjunto realizadas.

4. Las personas aspirantes deberán acudir a la celebración de la prueba provistos del documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE o, en caso de no disponer de estos, el pasaporte) y de bolígrafo azul o negro.

Décimo. Dictado de instrucciones.

La dirección general competente en materia de enseñanzas deportivas de régimen especial podrá dictar las instrucciones que fueran precisas para concretar los aspectos recogidos en esta convocatoria.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, conforme se establece en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 5 de mayo de 2026.

El Director General de Formación Profesional y Régimen Especial,

Fdo.: Agustín Francisco Sigüenza Molina

Día Internacional Contra el Acoso Escolar, 2 de Mayo de 2026: Rompe el silencio, detén el acoso

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 01 May 26 07:09:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, su compromiso firme con una escuela segura, inclusiva y libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento, intimidación, aislamiento o ciberacoso.

Este año, bajo el lema “Rompe el silencio, detén el acoso”, CSIF quiere trasladar un mensaje claro a toda la comunidad educativa: el acoso escolar no puede normalizarse, minimizarse ni ocultarse. Romper el silencio exige escuchar a la víctima, activar respuestas inmediatas, proteger al alumnado vulnerable y respaldar a quienes están en primera línea en los centros educativos.

El acoso escolar no es un problema menor ni una cuestión interna que pueda resolverse únicamente con buena voluntad. Es una realidad compleja que afecta al bienestar emocional, al aprendizaje, a la salud mental y a la convivencia diaria en los centros. También impacta directamente en el trabajo del profesorado, de los equipos directivos, de la orientación educativa y del conjunto de profesionales que sostienen la escuela pública.

Los datos obligan a actuar. El Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado con datos de más de 37.000 personas de la comunidad educativa, reflejó que el 9,53% del alumnado de Primaria manifestó haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso. Además, ante una situación de bullying, el 30,91% del alumnado señaló que avisa a un profesor, lo que confirma que el profesorado es una figura esencial de detección, confianza y primera respuesta.

Esa responsabilidad no puede recaer sobre los docentes sin medios suficientes. El reciente protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar reconoce la necesidad de indicadores de alerta temprana, canales seguros de comunicación y seguridad jurídica para el profesorado y los equipos directivos. CSIF considera imprescindible que esas previsiones se traduzcan en medidas reales, homogéneas y dotadas de recursos en todas las comunidades autónomas.

También los datos de la encuesta nacional «¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente», presentada por CSIF el 23 de marzo de 2026 y realizada a 7.547 docentes en activo de centros públicos, muestran un deterioro preocupante del clima de convivencia y del respaldo institucional. El 72,2% de los docentes no se siente respetado ni reconocido en su labor; el 90% echa en falta apoyo de la Administración educativa en el ejercicio diario de sus funciones, y solo el 17,8% percibe un apoyo real por parte de las familias. En materia de agresiones y clima escolar, el 56,3% afirma haber sufrido agresiones o trato vejatorio en el último año: el 53% sufrió agresión verbal, el 30,1% faltas de respeto del alumnado, el 18,6% conflictos con familias, el 11,4% agresiones físicas y el 3,7% acoso en redes sociales. Además, el 97,8% considera que los protocolos actuales de convivencia son inútiles y exige formación práctica y realista para el día a día del aula, mientras que el 54,2% afirma que la Administración no proporciona formación adecuada para los problemas reales que se producen en los centros.

Estos datos evidencian que no basta con aprobar protocolos si después no se acompaña al docente en su aplicación. Los protocolos deben ser ágiles, claros, útiles y operativos; no pueden convertirse en una carga burocrática más ni en un mecanismo que deje solos a los centros ante situaciones de enorme complejidad personal, educativa y jurídica.

Por todo ello, CSIF exige:

• Refuerzo de la autoridad del profesorado: con respaldo expreso de la Administración educativa cuando el docente activa un protocolo, comunica una situación de riesgo, interviene ante un conflicto o adopta medidas para proteger al alumnado.

• Formación específica en horario lectivo: práctica, actualizada y adaptada a cada etapa educativa, con herramientas de detección temprana, intervención inicial, acompañamiento a la víctima, actuación ante el ciberacoso y coordinación con familias y servicios especializados.

• Apoyo legal y técnico inmediato: para equipos directivos, docentes, orientación educativa e inspección, evitando que los profesionales tengan que afrontar solos decisiones complejas que pueden tener consecuencias académicas, disciplinarias, administrativas o judiciales.

• Más orientación educativa y más recursos humanos: con plantillas suficientes de orientadores, profesionales de apoyo, coordinación de bienestar, personal sanitario cuando sea necesario y reducción de ratios para mejorar la prevención, la convivencia y la atención individualizada.

• Protocolos más ágiles y menos burocráticos: con plazos claros, actuaciones inmediatas, protección efectiva de la víctima, seguimiento del grupo y evaluación posterior de las medidas adoptadas.

• Compromiso real frente al acoso escolar: porque mirar hacia otro lado, relativizar los hechos o dejar pasar el tiempo agrava el daño y transmite a la víctima un mensaje inaceptable de desprotección.

CSIF recuerda que la prevención del acoso escolar requiere una actuación coordinada de toda la comunidad educativa, pero esa coordinación solo es posible si las administraciones proporcionan tiempo, formación, personal especializado, respaldo jurídico y recursos suficientes. La convivencia no se improvisa: se planifica, se trabaja y se sostiene con inversión pública.

El profesorado no puede ser señalado como único responsable de una problemática social que desborda muchas veces el aula y que tiene dimensión familiar, digital, emocional y comunitaria. Pero tampoco puede ser apartado de la solución. El docente debe ser reconocido como pieza clave en la detección precoz, en la protección del alumnado y en la construcción diaria de un clima escolar seguro.

Por eso, CSIF pide al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a las Consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas que pasen de los anuncios a los hechos: más medios, más formación, más orientación, menos burocracia y mayor protección jurídica para quienes trabajan cada día en los centros educativos.

Romper el silencio exige una respuesta colectiva. Detener el acoso exige recursos, responsabilidad institucional y apoyo real al profesorado. CSIF seguirá defendiendo una educación pública segura, respetuosa y con profesionales protegidos, porque ningún alumno o alumna debe sentirse solo ante el acoso y ningún docente debe sentirse solo al combatirlo.

CSIF EDUCACIÓN

Madrid, 2 de mayo de 2026

Fuentes de contexto utilizadas: manifiesto CSIF Educación 2025; encuesta nacional CSIF «¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente» 2026; Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria; protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

El Barómetro Sanitario 2025 confirma el deterioro del SNS y refuerza las demandas de CSIF

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 27 Apr 26 12:00:00 CEST

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Barómetro Sanitario 2025

El Barómetro Sanitario 2025 confirma el deterioro del SNS y refuerza las demandas de CSIF

El sistema sanitario público mantiene una valoración aceptable, pero los datos reflejan un desgaste creciente, un aumento de la percepción de necesidad de reformas profundas y una pérdida de satisfacción ciudadana.

Desde CSIF Sanidad Nacional advertimos de que el Sistema Nacional de Salud continúa resistiendo gracias al compromiso de sus profesionales, pero los indicadores del Barómetro Sanitario 2025 evidencian problemas estructurales que requieren una respuesta inmediata: déficit de plantillas, listas de espera, saturación de Atención Primaria, desigualdad territorial e infrafinanciación.

51,6%

Valoración general

Cree que el sistema sanitario público funciona bien o con algunos ajustes.

20,2%

Cambios profundos

Considera que el sistema necesita cambios profundos, el dato más alto de la serie.

6,02/10

Satisfacción media

La valoración ciudadana alcanza su nivel más bajo desde 2015.

Un sistema que resiste por sus profesionales, no por la organización.

Fortalezas del sistema

Alta confianza ciudadana en los profesionales sanitarios.
Buena valoración de las urgencias 061/112, con una puntuación aproximada de 7,2.
La hospitalización mantiene una valoración superior a 7.
Existe una clara preferencia por la sanidad pública: el 70% en urgencias y el 73,9% en hospitalización.

Preferencia por la sanidad pública

Urgencias70%

Hospitalización73,9%

Consultas hospitalarias privadas posibles41,1%

Lectura de CSIF: El sistema mantiene fortalezas claras, especialmente por la confianza en sus profesionales, pero arrastra un déficit de planificación y de recursos humanos que está deteriorando la percepción ciudadana.

Atención Primaria: epicentro del conflicto sanitario

Datos clave de Atención Primaria

Uso de AP pública80,8%

Atención en 24 horas21,8%

Desiste por retrasos30%

Acude a urgencias por falta de cita53,7%

Problemas principales

Acceso deficiente a la Atención Primaria.
Sobrecarga profesional.
Demora media aproximada de 9 días.
Desviación hacia las urgencias por falta de cita, generando un colapso indirecto.

Línea sindical prioritaria

Refuerzo inmediato de plantillas.
Reducción de agendas y cupos.
Mejora de las condiciones laborales.

“La Atención Primaria necesita una reforma urgente: sin más profesionales, sin agendas razonables y sin tiempo suficiente por paciente, el sistema seguirá trasladando presión a las urgencias y deteriorando la calidad asistencial”.

Salud mental: un déficit estructural

19,9%

Necesidad de atención

Casi una de cada cinco personas necesitó atención en salud mental.

~50%

Atención pública

Solo alrededor de la mitad fue atendida en el sistema público.

56%

Valoración positiva

La valoración positiva de la atención recibida sigue siendo baja.

Posición de CSIF: La salud mental continúa siendo un área claramente infrafinanciada, con una dependencia creciente del sector privado. Es necesario incrementar profesionales, integrar la salud mental en Atención Primaria y desarrollar un plan nacional realista.

Listas de espera y accesibilidad: un problema estructural

Indicadores preocupantes

El 38,4% espera más de tres meses para ser atendido por un especialista.
Solo alrededor del 50% accede a pruebas diagnósticas en menos de un mes.
La coordinación entre niveles asistenciales obtiene únicamente un 49,4% de valoración positiva.

Accesibilidad sanitaria

Espera más de 3 meses para especialista38,4%

Prueba diagnóstica en menos de 1 mes~50%

Coordinación positiva entre niveles49,4%

Para CSIF, las listas de espera y los problemas de accesibilidad tienen un impacto directo en la percepción ciudadana del sistema sanitario público. Por ello, reclamamos un plan de choque nacional y un refuerzo estructural, no medidas coyunturales.

Crecimiento de la sanidad privada y riesgo de dualización

20,4% Tiene seguro privado individual.

10,3% Cuenta con seguro privado a través de la empresa, modalidad en fuerte crecimiento.

41,1% Usaría la sanidad privada en consultas hospitalarias.

Riesgo Pérdida progresiva de confianza en la accesibilidad pública.

Lectura sindical: El crecimiento de la sanidad privada tras la pandemia refleja un riesgo de dualización del sistema y evidencia que la infrafinanciación de la sanidad pública está debilitando su capacidad de respuesta.

Desigualdad territorial: una clave política para la cohesión del SNS

Brechas entre comunidades autónomas

Diferencias de hasta 27,6 puntos en valoración.
Brechas de más de 6 días en listas de espera.
Andalucía y territorios insulares presentan peores datos.
El norte, especialmente Cantabria y País Vasco, registra mejores resultados.

Propuesta de CSIF

Defensa de la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Establecimiento de estándares mínimos estatales.
Garantía de equidad en el acceso a la asistencia sanitaria.
Planificación homogénea de recursos humanos.

Digitalización e inteligencia artificial: avances sin confianza suficiente

34,6%

Historia clínica online

Solo este porcentaje utiliza la historia clínica online.

<5/10

Valoración de la IA

La inteligencia artificial obtiene una valoración inferior al aprobado.

47,5%

Uso de datos

Existe una elevada preocupación ciudadana por el uso de datos personales.

CSIF defiende que la digitalización y la inteligencia artificial deben implantarse con garantías laborales, éticas y de protección de datos, además de formación obligatoria para los profesionales.

Conclusiones estratégicas para CSIF

El Barómetro Sanitario 2025 confirma cuatro grandes elementos:

El sistema está en tensión, aunque sigue sostenido por sus profesionales.
Los problemas estructurales principales son el déficit de personal, las listas de espera, la saturación de Atención Primaria, la desigualdad territorial y la infrafinanciación.
Existen riesgos claros: crecimiento del sector privado, pérdida de equidad y deslegitimación progresiva del SNS.
También hay oportunidades sindicales: alto respaldo ciudadano a lo público, confianza en los profesionales y evidencia objetiva para la negociación.

Prioridades sindicales de CSIF

Refuerzo de plantillas como eje central.

Plan nacional de reducción de listas de espera.

Reforma integral de la Atención Primaria.

Plan específico de salud mental.

Homogeneización territorial del SNS.

Blindaje del sistema público frente a la privatización.

Digitalización con garantías laborales.

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CSIF alerta: “Sin medios no hay prevención: la sanidad pública quema a sus profesionales”

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 27 Apr 26 08:00:00 CEST

Otros artículosPrevención de Riesgos LaboralesPalencia Image

CSIF Sanidad

CSIF alerta: “Sin medios no hay prevención: la sanidad pública pone en riesgo a sus profesionales”

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2026. La prevención no se improvisa: necesita medios. La grieta invisible de la sanidad pública: profesionales al límite en un sistema que no protege.

El Sistema Nacional de Salud no atraviesa únicamente una crisis de recursos. Afronta una crisis estructural de salud laboral que permanece en gran medida oculta. No estamos ante hechos aislados. Estamos ante un modelo que ha normalizado el desgaste.

18.563

Agresiones notificadas en 2025

Agresiones diarias a profesionales sanitarios

14.606

Accidentes laborales en jornada en actividades sanitarias

30.713

Enfermedades profesionales comunicadas en España

📈 Evolución de las agresiones notificadas

17.070

2024

18.563

2025

+8,74 % respecto al año anterior

📊 Radiografía del deterioro laboral

Agresiones notificadas 18.563

Accidentes laborales con baja 620.000+

Enfermedades profesionales reconocidas 30.713

España frente a Europa

Alemania

100k+

Francia

85k

Italia

60k

España

30k

⚠ Riesgos estructurales en sanidad

Sobrecarga y presión asistencial

Riesgos psicosociales y salud mental

Agresiones y siniestralidad

La presión asistencial sostenida, las plantillas insuficientes y la falta de tiempo configuran entornos de trabajo con una elevada carga física y psicosocial. A ello se suma un factor cada vez más determinante: la violencia contra profesionales sanitarios. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones, lo que equivale a 51 agresiones diarias, con un incremento del 8,74 % respecto al año anterior. No es un fenómeno puntual: es un riesgo laboral estructural.

Pero la violencia no es el único indicador del deterioro. La siniestralidad laboral sigue siendo elevada. En 2025 se registraron en España más de 620.000 accidentes de trabajo con baja y alrededor de 735 fallecimientos, cifras que evidencian que la prevención no está funcionando con la eficacia necesaria. En actividades sanitarias, se registraron 14.606 accidentes laborales en jornada y 6.988 accidentes in itinere. En el ámbito sanitario, estos riesgos se traducen en sobrecarga física, lesiones musculoesqueléticas, estrés crónico y un impacto creciente en la salud mental.

A pesar de este contexto, el sistema sigue fallando en un punto crítico: el reconocimiento del daño laboral.

En 2025 se comunicaron en España 30.713 enfermedades profesionales, una cifra claramente insuficiente si se compara con países de nuestro entorno: Alemania supera las 100.000, Francia las 85.000 e Italia las 60.000. España mantiene una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de infradeclaración.

Este desfase no responde a una menor incidencia real, sino a un fallo en la detección y en el reconocimiento. Muchas patologías derivadas del trabajo, especialmente las relacionadas con riesgos psicosociales, salud mental, enfermedades respiratorias o determinados cánceres de origen laboral, no se registran como contingencia profesional, sino como enfermedad común.

El resultado es doblemente injusto

Se debilitan los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Se trasladan costes al sistema público de salud que deberían asumir las contingencias profesionales.

Este fenómeno tiene causas identificadas: desconocimiento por parte de los profesionales, falta de implicación de empresas y mutuas, y una estructura preventiva claramente insuficiente.

Porque ese es el núcleo del problema: la prevención existe en la norma, pero falla en la práctica.

Los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos en PRL, personal sanitario especializado, presupuesto específico y recursos. Esto impide realizar evaluaciones actualizadas, vigilancia efectiva de la salud y adaptaciones reales de los puestos de trabajo.

Todo ello ocurre, además, en un contexto contradictorio: 2026 ha sido declarado Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 establece como prioridades mejorar la detección de enfermedades profesionales, reforzar los sistemas de notificación e integrar los riesgos psicosociales. Sin embargo, estos objetivos no se están traduciendo en cambios efectivos en los centros sanitarios.

Desde CSIF Sanidad Nacional lo advertimos con claridad: no es sostenible un sistema sanitario que funciona a costa del deterioro de sus profesionales.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF exige medidas estructurales urgentes

Refuerzo estructural de la prevención y de la Inspección de Trabajo.
Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención y profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluaciones reales de riesgos psicosociales, con impacto directo en la organización del trabajo.
Refuerzo de plantillas para reducir la sobrecarga asistencial.
Garantizar presencia efectiva de la prevención en los centros sanitarios, no solo de forma centralizada.
Dotación de presupuestos específicos, medios materiales y tecnológicos suficientes.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación obligatoria, específica y periódica en riesgos y enfermedades profesionales.
Cumplimiento de la legislación mediante la contratación de personal sanitario con la titulación exigida, eliminando la figura del “médico reconocedor”.
Incorporación de profesionales de psicología en los servicios de prevención.

La evidencia es clara: la salud laboral en sanidad no puede seguir siendo una cuestión secundaria.

No es aceptable haber normalizado el dolor, el daño no reconocido y una prevención más formal que efectiva.

El sistema sanitario necesita profesionales sanos para poder cuidar. Ignorar esta realidad no solo es una injusticia: es un riesgo directo para la calidad asistencial y la sostenibilidad del propio sistema.

La prevención no puede seguir siendo un discurso. Debe ser una garantía real. Y eso exige medios, voluntad política y responsabilidad institucional.

La prevención no se improvisa. Necesita medios.

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Día de la Función Administrativa en Sanidad. Sin gestión, no hay salud.

dario.carrasquilla.de-la-torre — Fri, 24 Apr 26 07:00:00 CEST

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25 DE ABRIL, DÍA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN SANIDAD

Sin gestión, no hay salud.

Hoy, 25 de abril de 2026, CSIF toma la palabra. No para hacer balance. Para exigir lo que aún no se ha hecho. El Día de la Función Administrativa en Sanidad debería ser un momento de reconocimiento institucional hacia quienes sostienen, desde dentro, el Sistema Nacional de Salud. No lo es. Lo que es, todavía, es un recordatorio anual de lo que se promete y no se cumple. Su labor es silenciosa pero imprescindible. Son el engranaje que hace funcionar nuestra sanidad. Y ese engranaje lleva demasiado tiempo oxidándose por falta de atención.

Datos destacados

+40%

De los profesionales de la sanidad trabajan con contratos temporales o en condiciones de inestabilidad.

3 años

Es el límite máximo que fija el nuevo Estatuto Marco para el personal interino.

26/01/2026

Acuerdo para la aprobación del nuevo Estatuto Marco del SNS.

13/04/2026

Constitución de la Comisión de Seguimiento para vigilar la tramitación del acuerdo.

Un sistema que no se sostiene solo

Cada vez que un paciente es atendido, derivado, citado o informado, hay detrás una cadena de gestión que lo hace posible. Esa cadena la sostienen los profesionales de la función administrativa. Sin ellos, el acto sanitario no existe. Para CSIF es inasumible plantear una reforma de la sanidad sin reforzar su base en cuanto a la agilidad en la gestión, para lo cual estos profesionales dan el soporte sin el cual el acto sanitario no sería posible. Y sin embargo, cuando se habla de sanidad, no se habla de ellos.

“Su labor es silenciosa pero imprescindible. Son el engranaje que hace funcionar nuestra sanidad”.

Lo que llevamos años reclamando en la Mesa del Ámbito

CSIF ha mantenido estas reivindicaciones en cada sesión de negociación, en cada mesa sectorial y ante cada administración del SNS:

• Reconocimiento retributivo por competencias asumidas y no remuneradas.

• Actualización de las funciones preconstitucionales que aún rigen las categorías de la función administrativa.

• Clasificación profesional que reconozca la responsabilidad real y los puestos efectivamente ocupados.

• Reconocimiento del tiempo de solape en las categorías con turnos rotatorios, para garantizar la continuidad asistencial.

• Igualdad de condiciones en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud.

No son demandas nuevas. Son demandas antiguas que ninguna administración ha querido resolver. Y eso tiene un nombre: invisibilización deliberada de un colectivo esencial.

La clasificación profesional: una deuda histórica

La cuestión de fondo no es solo salarial. Es de justicia estructural. Los grupos de la función administrativa siguen cobrando retribuciones muy por debajo de lo que merecen. Los administrativos deberían estar encuadrados en el grupo B, con las retribuciones correspondientes a esa clasificación, y los auxiliares administrativos en el grupo C1, adecuando su clasificación a las funciones y responsabilidades reales que desempeñan. No se han encuadrado. Llevan décadas en una estructura que no refleja ni su formación, ni sus competencias, ni su responsabilidad real.

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido públicamente la desadaptación de la clasificación del TREBEP a la realidad del personal sanitario y ha planteado la necesidad de una clasificación específica del personal estatutario, acompañada de un nuevo modelo retributivo. Si hay reconocimiento político del problema, que haya también solución política. El reconocimiento sin medidas concretas no vale nada en la nómina de nadie.

El nuevo Estatuto Marco: un paso, no una llegada

El 26 de enero de 2026, el Ministerio de Sanidad, CSIF junto con los sindicatos del Ámbito de Negociación alcanzaron un acuerdo para la aprobación del nuevo Estatuto Marco del SNS, culminando un proceso de diálogo prolongado durante años. El Ministerio de Sanidad lo firmó porque el texto supone mejoras reales respecto al marco de 2003. Pero firmarlo no significa darlo por cerrado.

CSIF firma el Estatuto Marco porque el texto recoge mejoras laborales reales y un compromiso legal explícito de negociación retributiva, recogido en la Disposición Transitoria Sexta, que vincula de manera expresa la nueva clasificación profesional al desarrollo del acuerdo retributivo. Y mantendrá una posición firme durante el trámite parlamentario para garantizar su aplicación homogénea en todo el SNS y su impacto económico efectivo.

“Lo que no está negociado, no está garantizado. Y lo que está en una disposición transitoria puede quedarse exactamente ahí: en transitorio.”

La Comisión de Seguimiento: vigilancia activa, no complacencia

El 13 de abril de 2026, CSIF junto con el resto de organizaciones sindicales constituyeron con el Ministerio de Sanidad la Comisión de Seguimiento del acuerdo alcanzado para posibilitar la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, con el objetivo de impulsar una norma esencial para garantizar la mejora de las condiciones laborales de todo el personal que trabaja en la sanidad pública.

Esa comisión existe porque CSIF no firma y desaparece. Los acuerdos se cumplen cuando alguien los vigila. Y ese papel lo ejerce CSIF. Estaremos en cada reunión. Estaremos en cada mesa. Y si el proceso se bloquea, volveremos a retomar las medidas de presión y movilización que son la única respuesta posible cuando la Administración incumple sus compromisos.

La temporalidad: el problema que no se resuelve

Más del 40% de los profesionales de la sanidad trabajan con contratos temporales o en condiciones de inestabilidad, lo que repercute directamente en la calidad de la atención. En las categorías de gestión y servicios, el porcentaje es aún más elevado. La función administrativa del ámbito sanitario lleva décadas siendo el colchón de amortiguación de unas plantillas que la Administración no quiere dimensionar correctamente. Eso tiene un coste humano para quien lo sufre y un coste asistencial para quien depende del sistema.

El nuevo Estatuto Marco fija un límite máximo de tres años para el personal interino y obliga a crear plazas estructurales cuando las necesidades son permanentes. Bien. Ahora que se aplique. En todas las categorías. Incluida la función administrativa, que ha sido la gran ausente en los procesos de estabilización.

Lo que exigimos hoy, 25 de abril de 2026

Que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad asuman que modernizar el SNS exige también modernizar quién lo gestiona.
Que la negociación retributiva vinculada al nuevo Estatuto Marco se abra de forma real y con un calendario concreto.
Que la reclasificación profesional del personal de gestión y servicios no quede bloqueada por intereses presupuestarios.
Que la igualdad de condiciones entre comunidades autónomas deje de ser un principio declarativo y se convierta en una obligación exigible.

Cerrar la brecha en la clasificación profesional no solo sería un acto de justicia para los profesionales de la sanidad, sino también un colofón coherente y ambicioso a la reforma del Estatuto Marco. No hay ninguna razón técnica, jurídica ni presupuestaria que lo impida. Solo falta de voluntad política.

Nuestro compromiso

CSIF no celebra. Reivindica. Hoy, como cada 25 de abril, recordamos que el personal de la función administrativa no es un recurso auxiliar del sistema sanitario. Es parte de su estructura. Y esa estructura merece el mismo reconocimiento, la misma estabilidad y las mismas condiciones que cualquier otro colectivo del SNS.

Seguiremos en las mesas de negociación. Seguiremos en los centros de trabajo. Seguiremos en el Congreso, en las asambleas y donde haga falta.

Porque sin función administrativa, no hay gestión. Y sin gestión, no hay salud.

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CSIF Sanidad logra avances en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero advierte de carencias clave en su aplicación real

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 13 Apr 26 10:00:00 CEST

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Nacional · Sanidad

CSIF Sanidad logra avances en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero advierte de carencias clave en su aplicación real

Avances Reconocimiento expreso de los riesgos psicosociales, salud mental y desconexión digital.

Preocupación Faltan mecanismos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de la norma.

Carencias Inspección de Trabajo, servicios de prevención y desarrollo más ambiciosos en salud mental, maternidad y paternidad.

Mensaje clave El reto no es solo actualizar la ley, sino garantizar su cumplimiento real en los centros.

Desde CSIF Sanidad valoramos el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, destacando que incorpora avances relevantes impulsados por la acción sindical, aunque consideramos que el texto sigue siendo insuficiente para garantizar una protección efectiva de la salud de las personas trabajadoras, especialmente en el ámbito sanitario y en el conjunto de las administraciones públicas.

Tras décadas de aplicación de la normativa vigente, desde CSIF Sanidad veníamos reclamando una actualización profunda que respondiera a los cambios del mundo del trabajo y, en particular, a la realidad asistencial: sobrecarga estructural, turnicidad, exposición a riesgos biológicos y, cada vez más, riesgos psicosociales. En este sentido, subrayamos que algunas de nuestras propuestas han sido recogidas en el nuevo texto, lo que supone un avance significativo.

Entre ellas, destacamos el reconocimiento expreso de los riesgos psicosociales como parte central de la prevención, la incorporación de la salud mental dentro del derecho a la protección frente a los riesgos laborales y la inclusión del derecho a la desconexión digital, una demanda creciente ante los efectos de la hiperconectividad en los entornos sanitarios.

Asimismo, el anteproyecto introduce elementos alineados con nuestras propuestas, como la integración de la perspectiva de género y edad en la gestión preventiva, la consideración del impacto del cambio climático en la evaluación de riesgos —especialmente relevante en entornos asistenciales— y el refuerzo de la vigilancia de la salud, que pasa a contemplarse tanto desde una dimensión individual como colectiva, abriendo además la puerta a su continuidad tras la vida laboral. También valoramos la incorporación de la obligación de establecer procedimientos de retorno al trabajo tras bajas prolongadas, una medida clave en un sector con alta exigencia física y emocional como el sanitario.

En este contexto, desde CSIF Sanidad consideramos especialmente relevante haber impulsado el refuerzo de la protección de la maternidad y paternidad desde una perspectiva preventiva, insistiendo en la necesidad de mejorar la adaptación de los puestos de trabajo, anticipar la evaluación de riesgos durante el embarazo y la lactancia, y garantizar una protección real y efectiva que evite situaciones de riesgo o desprotección en el ámbito sanitario. No obstante, advertimos de que el desarrollo de estas medidas en el anteproyecto sigue siendo limitado; habría que ampliar la protección a la etapa previa al embarazo, como es en los tratamientos de fertilidad, entre algunas medidas, y requerir un mayor grado de concreción para asegurar su aplicación efectiva.

Consideramos especialmente preocupante la ausencia de medidas para reforzar la Inspección de Trabajo, sin la cual resulta inviable asegurar el cumplimiento real de la normativa, también en los centros sanitarios públicos.

Del mismo modo, lamentamos que no se haya establecido una regulación más exigente de los servicios de prevención, ni se hayan fijado criterios claros sobre su dimensionamiento y calidad, lo que perpetúa modelos que no responden a las necesidades reales del sistema sanitario ni a la complejidad de sus riesgos.

En relación con los riesgos psicosociales, reconocemos el paso adelante que supone su inclusión en la ley, pero consideramos insuficiente que no se haya establecido una evaluación obligatoria con periodicidad definida ni un desarrollo normativo más ambicioso que garantice su abordaje efectivo. Tampoco se han incorporado medidas clave en materia de salud mental, como la presencia de profesionales especializados en los servicios de prevención o el desarrollo de planes específicos en los centros sanitarios.

Asimismo, echamos en falta un mayor refuerzo de la participación de las personas trabajadoras y sus representantes, así como avances en formación preventiva, digitalización segura o adaptación de los puestos de trabajo a nuevas realidades como el teletrabajo en determinadas categorías profesionales.

Desde CSIF Sanidad concluimos que la reforma supone un paso en la buena dirección, pero insistimos en que el verdadero reto no es solo actualizar la ley, sino garantizar su cumplimiento real en los centros de trabajo.

Sin control, sin recursos y sin participación efectiva, la prevención seguirá siendo insuficiente, especialmente en un sector tan exigente como el sanitario.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con una reforma ambiciosa que sitúe la salud laboral en el centro de las políticas públicas y garantice, de forma efectiva, el derecho de todas las personas trabajadoras del ámbito sanitario a una protección integral en su entorno laboral.