País Vasco

CSIF y Función Pública arrancan la negociación para mejorar el mutualismo administrativo y las clases pasivas: defendemos mejoras en las prestaciones sanitarias, reducir el copago farmacéutico y mejorar las pensiones de Clases Pasivas

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 03 Jul 26 14:10:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha participado hoy en la constitución del grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos. La creación de este grupo de trabajo está incluido en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre por CSIF y otras organizaciones sindicales con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Estas son las reivindicaciones de CSIF:

Análisis de la situación actual del mutualismo administrativo y adoptar medidas necesarias para su mantenimiento y mejora
Mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados público y revisión del copago farmacéutico.
Eliminación de cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial con respecto al Régimen General de la Seguridad Social.
Incremento de los haberes regulados de las pensiones de Clases Pasivas.
Incentivar que las/os empleados públicos se jubilen más tarde de forma voluntaria en el régimen de Clases Pasivas, siempre que ya estén cobrando el 100 por 100 de su pensión (es decir, cuando ya tengan todos los haberes reguladores completos).
Aplicación del complemento de brecha de género a las jubilaciones voluntarias de Clases Pasivas en los mismos términos que se aplican a las del Régimen General de la Seguridad Social.

CSIF elaborará de forma más concreta sus propuestas basadas en estos ejes, y las remitirá al grupo de trabajo con el objetivo de fijar a partir del mes de septiembre un calendario de negociación para la implantación de estas medidas.

Copago farmacéutico común

CSIF también está trabajando de forma paralela en otros ámbitos para acelerar estas mejoras. En concreto, hemos propuesto en el Congreso un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-Ley 11/2026, de 12 de mayo y actualmente en plazo de enmiendas.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayo

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Rocío Díaz Conde — Thu, 02 Jul 26 12:47:00 CEST

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CSIF participa en el Pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible

Eva Fernández Urbón — Wed, 01 Jul 26 22:01:00 CEST

IgualdadPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha participado hoy en el Pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano consultivo y de participación de la sociedad civil en el seguimiento e impulso de la Agenda 2030 presidido por el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, D. Pablo Bustinduy Amador.

Durante la reunión se abordó, entre otras cuestiones, el Dictamen sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible revisada, así como diversos asuntos relacionados con el funcionamiento del Consejo.

En su intervención, CSIF puso de manifiesto que el desarrollo sostenible debe apoyarse necesariamente en unos servicios públicos sólidos y de calidad, dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las necesidades de la ciudadanía.

En este sentido, nuestra organización recordó que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere unas administraciones públicas con plantillas suficientes, empleo estable y de calidad, formación continua, diálogo social efectivo y unas adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral para las personas trabajadoras.

Asimismo, CSIF defendió la importancia de que las políticas públicas incorporen mecanismos de evaluación que permitan medir su impacto real y comprobar si las medidas adoptadas contribuyen efectivamente a reducir las desigualdades, mejorar la calidad de los servicios públicos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

Como organización sindical independiente, CSIF continuará participando de forma activa y constructiva en este órgano, trasladando propuestas que sitúen a las personas trabajadoras y al fortalecimiento de los servicios públicos como elementos esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible que beneficie al conjunto de la sociedad.

CSIF consigue que el Gobierno desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 29 Jun 26 12:25:00 CEST

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas. Se trata de una reivindicación que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, el Consejo de Ministros ha aprobado la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

28 de junio de 2026, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ “RESPETO, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS EN EL TRABAJO”

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 22 Jun 26 10:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad de trato, la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, especialmente en el ámbito laboral.

El 28 de junio es una fecha para recordar los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, pero también para seguir trabajando con el fin de que ninguna persona vea limitada su carrera profesional, sus oportunidades de empleo o sus condiciones laborales por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Desde CSIF defendemos que la igualdad debe traducirse en medidas concretas y efectivas en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. El respeto a la diversidad no es únicamente una cuestión de convivencia; es también una garantía de derechos laborales y de igualdad de oportunidades.

El ámbito laboral debe ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ser referentes como principales empleadoras del país y garantes del servicio público. El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, que alcanzó CSIF con Función Pública en noviembre de 2025, incluyó el compromiso de impulsar políticas para garantizar la no discriminación, entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con medidas para prevenir y eliminar cualquier discriminación, favorecer la promoción y carrera profesional, sensibilización de la plantilla, el fomento de lenguaje inclusivo y la implantación de un protocolo específico frente el acoso y la violencia.

A lo largo del año, los asuntos que más controversia han generado han sido el aumento de agresiones y delitos de odio, la polarización política y su traslado a las instituciones, la aplicación de la Ley Trans, así como la inclusión laboral y los planes LGTBI+ en el ámbito laboral. Según datos de la FELGTB, las agresiones a la población LGTBI+ se duplicaron en un año, con 812.000 personas agredidas en el último año (2025). Además, un informe de la misma federación señala que solo el 23 por ciento de las personas LGTBI+ viven de manera abierta su orientación sexual o identidad de género en su trabajo.

Por ello, reclamamos:

1. La aplicación efectiva de las medidas previstas en la normativa vigente Impulsando la implantación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en empresas y administraciones públicas.

2. Protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación Garantizando procedimientos ágiles, confidenciales y seguros para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier conducta discriminatoria o situación de acoso.

3. Igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desarrollo profesional Estableciendo medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

4. Formación y sensibilización Promoviendo acciones formativas y de sensibilización para fomentar entornos laborales respetuosos e inclusivos.

5. Garantía de derechos

6. Negociación colectiva comprometida con la igualdad Asegurando a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Incorporando cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos de acoso y demás instrumentos de negociación.

7. Evaluación y mejora continua de los entornos laborales Impulsar la creación de mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el grado de inclusión, respeto y seguridad de las personas LGTBIQ+ en las administraciones públicas, mediante encuestas de clima laboral, indicadores objetivos y planes de mejora que conviertan a las administraciones en referentes de igualdad y diversidad para el conjunto del mercado laboral.

Como organización sindical, seguiremos trabajando para que el respeto, la igualdad y la dignidad formen parte de la realidad cotidiana en los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa también se construye desde el empleo.

Todo por todos y todas. Todo por la igualdad.

CSIF eleva una denuncia a Pedro Sánchez, Congreso y Defensor del Pueblo por las condiciones laborales de los Técnicos Sanitarios

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 16 Jun 26 08:10:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, registrará hoy tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los grupos parlamentarios en el Congreso y al Defensor del Pueblo, para denunciar la discriminación laboral y profesional que sufren los Técnicos Medios Sanitarios y los Técnicos Superiores Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). CSIF denuncia que actualmente estos grupos profesionales están encuadrados en una categoría profesional que no se corresponde con la función y asistencia que realizan diariamente, ni con su formación, como así está reconocido en el Estatuto Básico del Empleado público

El sindicato recuerda que los Técnicos Medios y Superiores Sanitarios son esenciales para el funcionamiento de la sanidad pública, con funciones de responsabilidad técnica y asistencial en todos los ámbitos asistenciales de la sanidad: TCAEs, técnicos de Radiodiagnóstico, de Laboratorio, de Anatomía Patológica, entre otros.

CSIF acudirá, en primer lugar, a la sede del Defensor del Pueblo para que se dirija al Gobierno, Ministerios y administraciones competentes con el fin de que lleven a cabo la reclasificación de los Técnicos Medios y Superiores Sanitarios para adecuarla a las funciones que realizan a diario y lo que marca el Estatuto Básico del Empleado Público

Posteriormente, se registrarán cartas en el Congreso de los Diputados dirigidas a los grupos parlamentarios, y finalmente se remitirá a Moncloa otra carta específica dirigida al jefe del Ejecutivo.

Esenciales para el funcionamiento de la sanidad pública

En concreto, reclamamos que también se promuevan actuaciones dirigidas a garantizar la actualización normativa, funcional y competencial de estos colectivos profesionales, y que se requiera a las administraciones sanitarias la adopción de medidas efectivas para mejorar sus condiciones laborales, retributivas y organizativas.

El sindicato también reclama la actualización de las funciones, competencias y categorías profesionales de ambos colectivos, muchas de ellas reguladas todavía por disposiciones normativas obsoletas y alejadas de la realidad asistencial actual.

CSIF también solicita que se supervise el respeto y cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y adecuación profesional en el ámbito del empleo público sanitario, así como que se impulsen las actuaciones, recomendaciones o sugerencias necesarias para evitar la perpetuación de una situación de discriminación profesional y salarial que afecta a miles de trabajadores esenciales del Sistema Nacional de Salud.

Reivindicación histórica de CSIF

CSIF reclama desde hace años la reclasificación profesional inmediata de los Técnicos Medios Sanitarios al grupo C1, conforme a lo previsto en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Asimismo, exige la reclasificación de los Técnicos Superiores Sanitarios en el Grupo B, conforme al mismo artículo, adecuando su encuadramiento profesional a las funciones que realizan en la actualidad.

La evolución de las titulaciones, el incremento de las competencias asumidas, la complejidad de las funciones y la responsabilidad inherente a su actividad profesional deben tener reflejo en su clasificación, reconocimiento y condiciones laborales; por lo que denunciamos que esta discriminación no puede demorarse.

Si esta situación no se resuelve en los Presupuestos Generales del Estado, como así ha solicitado CSIF a Función Pública solicitando fondos, nos veremos abocados a incrementar la presión sindical para solventar esta injusta situación que no puede demorarse más en el tiempo.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

El Congreso aprueba que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF: hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Thu, 11 Jun 26 13:51:00 CEST

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), Médicos, Sanitarios y otras categorías.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva ley orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc