País Vasco

La nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno fracasa por falta de medios

admin — Thu, 23 Mar 23 09:49:27 CET

IgualdadPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de “comarcalización” de los juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas.

CSIF advierte de que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.

Según información recabada por CSIF, (sindicato mayoritario en la Justicia) las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, ha generado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.

Cuando el Gobierno aprobó este proyecto aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Pero la experiencia –que ahora se pretende generalizar en toda España-- ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia ahora solo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo 13.

En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos.

Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado. En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.

Además, con la agrupación judicial las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.

Por todo ello, desde CSIF reclamamos al Gobierno que revise este proyecto de “comarcalización”, que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado

admin — Thu, 16 Mar 23 12:55:35 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Pese a que el texto recoge algunas de las mejoras propuestas por CSIF, está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una Ley de esta magnitud para que resultara aceptable para nuestra Organización, ya que, muchos aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos de la AGE, se regulan de forma deficiente e incompleta y otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas.

Entre los “desastres” de esta Ley, cabe destacar por su importancia y afectación a los trabajadores:

Falta generalizada de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes, posponiendo esta regulación a un desarrollo reglamentario posterior, lo que podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva.
Sin garantizar una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras que esta Ley contendrá, ni realizar ninguna alusión a las cuantías económicas que se aplicarán a las diferentes figuras.
No contempla el establecimiento de la tan reivindicada por CSIF jornada de 35 horas, desaprovechando un gran momento para su aplicación general en la AGE y faltando así a los compromisos adquiridos por la propia Administración en acuerdos de los que ya advertimos que no eran más que papel mojado en lo que a las mejoras laborales se refería.
En relación con el esperado y ansiado grupo B:
- CSIF exigía que la dotación de efectivos se llevara a cabo no sólo con nuevas incorporaciones sino, además, mediante la habilitación temporal para permitir el trasvase de efectivos desde el grupo C1 de aquellos que realizan las funciones y cumplen el resto de requisitos y esta justa reivindicación ha sido desoída por la Administración y el resto de Organizaciones Sindicales.
- Además, no se crean los cuerpos del grupo B de forma generalizada en todas aquellas áreas funcionales donde existe la titulación de Técnico Superior de la FP, procediendo sólo a la creación de tres cuerpos o escalas (Técnico Informático de Hacienda y Función Pública - grupo B, Escala Técnica Medioambiental - grupo B del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Cuerpo de Delineantes - grupo B del Ministerio de Hacienda y Función Pública), lo que es absolutamente insuficiente. Para mayor agravamiento de la situación, suprimen varios cuerpos y escalas (Escala Técnico Especialista INIA, Especialidad de Hacienda de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., plazas de bibliotecarios Nominados, y Escala de Operadores Mecánicos del Patronato de Apuestas Mutuas, Deportivas Benéficas) sin ninguna justificación o negociación previa con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
- No Garantiza que la racionalización de Cuerpos y Escalas que anuncia la Administración se lleve a cabo tras la necesaria negociación con las Organizaciones Sindicales.
- Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, pueda crear o modificar los subgrupos existentes saltándose la reserva de Ley prevista en el artículo 9 de la propia Ley.

Evaluación del desempeño: Aunque, como ya trasmitimos, se añaden algunas mejoras propuestas por CSIF como la participación sindical en el establecimiento de los criterios generales y el seguimiento posterior de su aplicación en las Unidades, aún faltan cuestiones fundamentales como:
- Garantizar la participación sindical en la Comisión de Evaluación del Desempeño.
- La contemplación de situaciones particulares (bajas médicas, licencias, etc.)
- Eliminar la posibilidad de la facultad de remoción del puesto.
- Eliminar los retrasos en su aplicación efectiva:
  - Seis meses hasta la entrada en vigor de la Ley,
  - Otros seis meses para establecer los criterios de evaluación.
  - Más, un plazo sin determinar, para que los Departamentos desarrollen sus instrumentos de planificación estratégica.
  - Y, además, sin efecto en los dos primeros años tras todos los pasos anteriores.
Carrera profesional. Inadmisible en los términos en los que se regula, ya que:
- No se establecer ni asegura un plazo corto de aplicación efectiva y además está condicionada al desarrollo previo de la evaluación del desempeño.
- No se establece la correspondiente reserva presupuestaria.
- No se contempla el reconocimiento de la carrera desarrollada por los trabajadores en los años previos a su establecimiento.
- Se fijan cuatro tramos, pero no se hace alusión a las cuantías económicas que se asignarán a cada tramo.
- No se garantizar la extensión y aplicación de la carrera profesional a todo el Personal Laboral de la AGE.
No contempla ninguna alusión a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias.
No incluye la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, previa modificación del EBEP, ni la prorrogación automática de la vida laboral a voluntad del trabajador ni la incentivación retributiva de la prolongación voluntaria en el servicio activo.
No establece la aplicación efectiva del teletrabajo en los términos suscritos en el acuerdo de Teletrabajo en la AGE (medios aportados por la Administración, negociación de los puestos susceptibles de desempeño bajo esta modalidad en las Mesas Departamentales y fijación de la modalidad general de tres días a la semana en teletrabajo). Además de no asegurar su implementación sin más demoras (seguimos esperando tras dos años la publicación del RD de Teletrabajo conforme al acuerdo alcanzado)
No procede a la actualización de las indemnizaciones por servicio (dietas por alojamiento, manutención, kilometraje por uso de vehículo propio) ni su obligatoria revisión con periodicidad anual. Tampoco determina la eliminación de las diferencias a percibir por los grupos actualmente establecidas.
No eliminación de la movilidad forzosa ni de las limitaciones a la movilidad voluntaria intra e inter administrativa, introduciendo nuevas restricciones a esta última.
No garantiza el carácter voluntario de las atribuciones temporales de funciones.
No garantiza la igualdad eliminando la brecha salarial de las retribuciones complementarias (gratificaciones extraordinarias y productividades).
No garantiza la obligatoriedad de realizar, por parte de la Administración, aportaciones a los planes de pensiones y contratos de seguro colectivo.
Excedencias voluntarias. Aunque introduce algunas mejoras propuestas por CSIF, sigue estableciendo para el personal funcionario:
- Plazos demasiado elevados en las de interés particular.
- No se contemplan las excedencias especialmente protegidas (cuidado de hijos o familiares, violencia de género o violencia terrorista) para el personal interino.
- Se elimina la ampliación de la reserva de puesto para la excedencia de cuidado de hijos o familiares.
No acepta nuestra propuesta de que el nombramiento del personal directivo sea fruto de la carrera profesional y mantiene, únicamente, la libre designación para tal fin.

CSIF DARÁ TRASLADO DE TODAS SUS PROPUESTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTENTAR RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN TRÁMITE PARLAMENTARIO Y QUE ESTA LEY SUPONGA REALMENTE MEJORAS EN LAS CONDICONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS.

CSIF reclama un debate honesto y realista sobre la mejora y viabilidad del sistema de pensiones

admin — Thu, 16 Mar 23 11:38:49 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos.

CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entendemos que el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones.

Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF queremos advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigimos que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.

Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años.

Exigimos por tanto un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF –no solo a los sindicatos de clase, que han venido siendo cómplices de los diferentes recortes-- para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, pedimos que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.

Hay que recordar que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias --una pérdida de hasta 8.000 euros al año--. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización.

Lamentamos que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario.

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. CSIF pide a la clase política unidad y recuerda que la lucha por la igualdad es una prioridad de toda la sociedad

admin — Wed, 08 Mar 23 09:59:24 CET

IgualdadPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide unidad a la clase política -con motivo del Día Internacional de la Mujer- para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y que no reabran debates sobre derechos ya conseguidos.

Estas diferencias políticas dividen una lucha cuyo objetivo final debería de ser claro: conseguir la plena igualdad. No la conseguiremos hasta que la sociedad en su conjunto asuma este desafío como una prioridad de todas y todos.

Las mujeres afrontan diariamente dificultades en el ámbito laboral, como la falta de conciliación, la temporalidad en el trabajo y la brecha salarial de género, que permanece estancada. La pandemia ha estancado la brecha salarial en el 20 por ciento y a este ritmo la igualdad retributiva entre hombres y mujeres no será efectiva hasta dentro de 50 años.

CSIF también reclama al Gobierno que dé ejemplo, coincidiendo con la presentación del anteproyecto de Ley de Paridad, y acabe con la discriminación en las Administraciones Públicas, donde los puestos de mayor precariedad e inseguridad laboral están ocupados por mujeres.

Además, no nos olvidamos de la lacra de la violencia de género que sigue golpeando con dureza a las mujeres, como nos muestran las estadísticas oficiales año tras año. En concreto, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 y en lo que va de año ya se han registrado 10 asesinatos. Es necesario avanzar hacia una educación libre de violencia machista y centrada en la igualdad.

En este sentido, CSIF celebra este 8 de Marzo con el lema ‘Ni un paso atrás’, y presenta una serie de medidas de aplicación tanto en el ámbito de la administración pública como en la empresa privada para lograr la igualdad efectiva. Algunas de estas medidas son la puesta en marcha de Planes de Igualdad todavía pendientes, análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género, con especial atención a la retribución por trabajo de igual valor, y la creación del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que vele por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.

CSIF rechaza el anteproyecto de Ley de Función Pública porque no garantiza la evaluación del desempeño, la carrera profesional, las 35 horas, ni el teletrabajo

admin — Wed, 01 Mar 23 17:37:06 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha manifestado su rechazo al anteproyecto de Ley de Función Pública que ha elaborado el Gobierno porque no desarrolla reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleadas/os públicos.

El texto, que llega con 15 años de retraso, ha perdido la oportunidad de regular adecuadamente cuestiones fundamentales, como la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales o el teletrabajo. Además, carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo.

Estas son nuestras principales objeciones:

El texto carece de previsión presupuestaria para ámbitos fundamentales como la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño. En el caso de la evaluación, además no se fija el plazo para que los diferentes ministerios y organismos planifiquen esta herramienta y por tanto quedará en papel mojado. Por otra parte, exigimos que los sindicatos participen en la comisión encargada de coordinar e implementar esta medida.

Al contrario que lo que está sucediendo en las comunidades autónomas y ayuntamientos, la Administración General del Estado sigue sin implementar la jornada laboral de 35 horas.

El Gobierno sigue sin desarrollar el Decreto que debe regular el teletrabajo, no se reconoce el derecho a disfrutar de tres días en esta modalidad y la administración evita mencionar la dotación de medios.

Incorpora nuevas limitaciones a la movilidad (hasta cuatro años de ejercicio para cambiar de puesto). CSIF también está en contra de la movilidad forzosa.

No generaliza el desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE, limitando esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas.

La regulación del personal directivo se sigue estableciendo por libre designación. CSIF reclama que sea fruto de la carrera profesional para evitar la politización de las administraciones y el enchufismo.

El texto no recoge el derecho a la jubilación parcial anticipada o los incentivos económicos a la prolongación voluntaria de la vida laboral.

No se actualizan las dietas ni se eliminan las diferencias por grupos.

No hay compromiso para avanzar en la reducción de la brecha salarial de género, favoreciendo la igualdad en complementos salariales y productividad.

No se recogen las aportaciones a los planes de pensiones.

No se recupera la estructura salarial previa a la eliminación de la paga extra de Navidad en 2012.

CSIF entra por primera vez en el comité de empresa de Renault

admin — Fri, 24 Feb 23 11:09:22 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) continúa su crecimiento progresivo en el ámbito de la empresa privada, restando espacio electoral a las organizaciones sindicales tradicionales y convirtiéndose en una tercera vía alternativa para los trabajadores españoles.

En esta ocasión, CSIF ha conseguido entrar por primera vez en el comité de empresa en las elecciones sindicales celebradas ayer en Renault, obteniendo 3 delegados en el centro ubicado en Valladolid.

Este éxito en Renault confirma el creciente apoyo de los trabajadores de la empresa privada a CSIF donde se valora su forma de hacer el sindicalismo “responsable, limpio y transparente”, desde nuestra experiencia y el crédito de nuestra organización, más representativa en las administraciones públicas, en la defensa y negociación de los intereses y los derechos de los trabajadores.

Estos resultados se suman a los obtenidos en empresas como Coca-Cola, Michelín, Cuétara, Retevisión, Antena 3, Navantia, Flex, Talgo, Estèe Lauder (multinacional de cosméticos), Heineken, Notarías, o las principales empresas de seguridad españolas.

CSIF agradece la confianza depositada por los trabajadores, que buscan otras opciones sindicales alternativas, con un perfil profesional, independiente y menos ideológico. Por eso, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos para lograr una modificación de la Ley Sindical que permita romper el monopolio de los dos sindicatos tradicionales, en el mundo laboral.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dado un salto a la empresa privada, pese a la diferencia de recursos respecto a los sindicatos mayoritarios, la falta de información sobre procesos electorales y la imposibilidad legal de preavisar en las empresas en las que no estamos representados.

Esta evolución se produce fundamentalmente desde 2009, con un crecimiento exponencial hasta alcanzar los 4.000 delegados, una cifra que, si bien está lejos de los resultados nacionales de UGT y CC.OO., para nosotros supone un cambio de tendencia.

El Senado aprueba las propuestas de enmiendas de CSIF a la Ley Orgánica del Sistema Universitario para poder convocar concursos de acceso

admin — Thu, 23 Feb 23 09:02:26 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva que el pleno del Senado haya aprobado tres de nuestras cuatro propuestas de enmienda a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Las enmiendas abren la posibilidad de realizar concursos de plazas de personal docente e investigador (PDI) de forma temporal con la LOMLOU y excluyen a los profesores Colaboradores de la necesidad de estancias de movilidad para acreditarse.

Además, hemos conseguido mejorar el régimen transitorio y evitar bloqueos y retrasos en la carrera académica de miles de profesores e investigadores universitarios.

Lamentamos que no se hayan atendido nuestras propuestas para mejorar la situación de los Profesores Asociados.

Parece que la única salida que prevén los partidos de la coalición de Gobierno para los profesores asociados (obviando los concursos que prevé la transitoria) es la convocatoria de plazas de ayudantes doctores o de contratos predoctorales, dependiendo de la previa obtención del título de doctor.

CSIF no puede estar de acuerdo con esta interpretación aún más restrictiva de la disposición adicional séptima y expresa su apoyo a las medidas adoptadas por las asociaciones de Profesores Asociados.

Éxito de la tercera jornada de huelga en Inspección de Trabajo: la falta de medios y personal dificulta supervisar el SMI

admin — Wed, 22 Feb 23 07:31:42 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Inspección de Trabajo de toda España ha celebrado su tercera jornada de huelga -tras las convocadas el pasado 21 de diciembre y 25 de enero- para denunciar la caótica situación que sufre el organismo, con una grave escasez de plantilla y de recursos técnicos y materiales, que se traducen en un aumento de la carga de trabajo que soporta la inspección, entre otras reivindicaciones

Con ocasión de esta jornada de huelga, la plantilla denuncia la falta de medios para supervisar de manera adecuada la adecuación por parte de las empresas del nuevo Salario Mínimo Profesional, cuya entrada en vigor ha supuesto una carga de trabajo añadida a la ya de por sí saturación de las labores de Inspección.

A esta situación sobrevenida se suma también una campaña para detectar casos de discriminación salarial por razón de sexo en el ámbito laboral, coincidiendo precisamente con la celebración mañana, 22 de febrero, del Día contra la Brecha Salarial.

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, CSIF y el resto de organizaciones sindicales con representación en la Inspección de Trabajo ultiman una denuncia contra España en la UE por incumplimiento del acuerdo de julio de 2021, en el que se acordó adoptar medidas para paliar problemas diarios por la escasez de plantilla.

En concreto, el Ejecutivo se comprometió a solucionar las graves carencias de personal, la falta de carrera profesional y de horizonte temporal que contribuye a que muchos inspectores de Trabajo abandonen el organismo y a dotar a la Inspección de los instrumentos propios para responder a la complejidad del mundo laboral.

Dos años de incumplimiento por parte del Gobierno

Casi dos años después de la firma del acuerdo, las carencias de personal y de medios continúan, y se traducen en el aumento del trabajo para la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, en la ausencia de reconocimiento de las funciones desarrolladas y la existencia de una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta.

En la actualidad hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

CSIF, en este sentido junto con las demás organizaciones convocantes de la nueva jornada de huelga, lamentamos que se haya quedado sin ejecutar más del 20 por ciento del presupuesto para la Inspección de Trabajo asignado para 2022, desaprovechando así “una oportunidad singular” para cumplir con las medidas comprometidas en el acuerdo.

También acusamos a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de “desembarazarse” del problema y apuntar “como responsables en exclusiva” al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los convocantes de todas estas movilizaciones y paros denunciamos además precisamente que este Ministerio “no siquiera se siente aludido cuando es el responsable” del bloqueo del acuerdo antes mencionado.

La pandemia agrava la discriminación laboral de las mujeres y los ERTES disparan la brecha salarial al 30 por ciento

admin — Mon, 20 Feb 23 10:25:37 CET

IgualdadPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha analizado diferentes indicadores (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Encuesta de Población Activa, Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, Presupuestos Generales del Estado) que siguen poniendo de manifiesto, un año más, la difícil situación de las mujeres en el ámbito laboral.

Los efectos derivados de la pandemia por el COVID 19 han perjudicado de forma específica al equilibrio entre vida personal y laboral entre hombres y mujeres, perpetuando la de por sí elevada brecha salarial y las diferencias en el ámbito de trabajo.

De hecho, la reducción de la brecha salarial se ha ralentizado. Según los últimos datos sobre brecha salarial en España de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2021 (el segundo año de pandemia. ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias’) la brecha salarial se sitúa en el 19,87 por ciento (tan solo un 0,41 por ciento menos con respecto al año anterior), con un salario medio anual de 23.724 euros para los hombres y 19.011 euros para las mujeres, De continuar este ritmo, se tardarían 50 años en eliminar esta desigualdad salarial.

Además, si se analizan los salarios medios de los ERTES en 2021 (16.645 euros para los hombres y 11.725 euros para las mujeres) vemos incluso como la brecha se eleva al 29,6 por ciento.

El análisis de CSIF muestra también que la diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 12 desde la pandemia. Según la última EPA, si en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más en contratación temporal, en el mismo periodo de 2022 había 333.900 más.

Los últimos datos de la EPA también nos muestran que el número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de hombres. En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 333.200, mientras que en el caso de los hombres es de 25.300. Dicho de otra manera: por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad laboral hay 13 mujeres.

Si miramos las cifras de paro, sigue habiendo más mujeres (1,6 millones frente a 1,4 millones de hombres). En la EPA se puede comprobar asimismo que en los matrimonios españoles hay casi el doble de mujeres que hombres en paro (700.200 mujeres frente a 411.500 hombres).

Diferencias en las administraciones públicas

En las administraciones públicas, un ámbito que debería de ser ejemplar, las cifras de inestabilidad son peores que en el sector privado. En éstas, el número de mujeres con contratos temporales es el doble que el de hombres, mientras que las mujeres con contratos a tiempo parcial es casi el triple.

Además, el número de mujeres que se acoge a excedencias por cuidado de familiares casi cuadruplica al de hombres, y lo sextuplica en el caso de reducciones de jornada.

Se da la circunstancia de que aún hay comunidades autónomas que no cuentan con planes de igualdad, centenares de ayuntamientos carecen de estas directrices y la propia Administración General del Estado tiene paralizado su desarrollo.

El Gobierno debe realizar un análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresas privada, así como los efectos de la pandemia, con medidas específicas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.

Propuestas de CSIF por la igualdad efectiva

CSIF ha trasladado al Ejecutivo la puesta en marcha de las siguientes iniciativas por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

La implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva.

El impulso de plazas públicas gratuitas para escuelas infantiles de 0 a 3 años.

La negociación y puesta en marcha de planes de igualdad todavía pendientes, la creación de un registro oficial de planes de igualdad en las administraciones públicas, así como protocolos contra el acoso sexual y la violencia de género.

Creación de normativa específica similar al RD 902 para realizar auditorías retributivas en las administraciones públicas.

La integración del enfoque de género en las administraciones públicas.

La creación de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo.