País Vasco

Los sindicatos denuncian ante Pedro Sánchez la irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad en la negociación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Dec 25 09:16:00 CET

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (CSIF , SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, y CIG-Saúde) se han dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle que su decisión de convocar una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud se debe al claro desinterés del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto del personal del SNS.

En el escrito, que ha sido registrado ya en el Congreso de los Diputados y ante el propio Palacio de la Moncloa, los sindicatos detallan a Pedro Sánchez las razones que les han llevado a convocar todos los martes jornadas de huelga de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública a partir del 27 de enero.

CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde, organizaciones todas ellas legítimamente presentes en el Ámbito de Negociación, y que representan a casi un millón de trabajadores del SNS, reiteran que, “tanto en las formas como en el fondo”, la negociación realizada por el Ministerio que dirige Mónica García no ha sido “en absoluto satisfactoria” a lo largo de los últimos tres años.

Sin respuesta

Las organizaciones sindicales recuerdan al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una “acción de Gobierno coordinada” y que otros departamentos ministeriales interviniesen también en la negociación de determinados aspectos del nuevo Estatuto Marco, ya que hay cuestiones esenciales que deberían contar con su participación.

Para ello, se dirigieron sendas cartas al Ministerio de Trabajo, Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de Hacienda solicitando la intervención de estos ministerios, pero “ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna”, lamentan, lo que, según las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación, podría evidenciar que el problema va más allá del propio Ministerio de Sanidad afectando al conjunto del Gobierno, razón por la cual apelan directamente al presidente, Pedro Sánchez.

Además, resulta llamativo que, a través de declaraciones en los medios, la ministra manifieste que está convencida de que el texto del Estatuto está “negociado en más de un 99 por ciento”, algo sobre lo que los sindicatos del Ámbito insisten en que no es cierto, ya que siguen quedando pendientes asuntos muy importantes que atañen a las condiciones de trabajo del conjunto del personal del SNS tras años de recortes, precariedad y sobrecarga de trabajo y que deberían quedar reflejadas en el nuevo Estatuto Marco.

Por otra parte, insisten en que en el último borrador recibido, versión 4/12/2025, el ministerio falta a la verdad, puesto que no incluye, como afirma, todos los cambios y mejoras negociados con los sindicatos de la mesa del Ámbito, pretendiendo trasladar una visión de la negociación que no se ajusta a la realidad.

Demandas

Entre otros, en la carta al presidente del Gobierno se destaca la necesidad de que el nuevo modelo de clasificación profesional propuesto, también conlleve la definición de las nuevas retribuciones básicas vinculadas a cada grupo de clasificación; el acceso a la jubilación anticipada y parcial y las bases para una jornada laboral en todas las modalidades, que posibilite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, así como sus descansos reglamentarios, y homogenice la jornada de 35 h semanales en todos los servicios de salud. Asuntos todos ellos sobre los que el Ministerio ha realizado propuestas “totalmente inasumibles”, añaden.

“Queremos un Sistema Nacional de Salud más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a nuestros ciudadanos”, reiteran las organizaciones sindicales, las cuales insisten en que esto no será posible con la norma que defiende el Ministerio de Sanidad y que le ha llevado, por primera vez, a convocar de manera conjunta una huelga indefinida en todo el SNS, poniendo de acuerdo en su convocatoria a todas las organizaciones sindicales que defienden al 100% de los trabajadores.

También recuerdan a Pedro Sánchez que la forma de proceder del departamento de Mónica García motivó que convocasen una multitudinaria manifestación, el pasado 1 de octubre, que congregó alrededor de 10.000 trabajadoras y trabajadores. Pese a ello, el Ministerio ha vuelto a paralizar durante todo un mes la negociación con los sindicatos verdaderamente legitimados para ello.

Por último, los sindicatos del Ámbito de Negociación manifiestan que la nueva versión del anteproyecto de ley de estatuto marco ha sido difundida abiertamente por el propio Ministerio a la vez que lo hacía llegar a los sindicatos legitimados, lo que cuando menos pone de manifiesto el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad, el cual anteriormente criticó duramente la filtración de un anterior borrador del estatuto, y ahora, sin embargo, pretende estar haciendo un ejercicio de transparencia al difundirlo.

CSIF exige la aplicación de medidas efectivas de seguridad vial ante las elevadas cifras de accidentes de tráfico laborales: un fallecido cada dos días en el primer trimestre

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 09 Jun 25 10:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige la aplicación de medidas efectivas de seguridad vial ante las elevadas cifras de accidentes de tráfico laborales. Solo en el primer trimestre del año se ha registrado de media un fallecido cada dos días por este motivo (44 víctimas en total), mientras que en 2024 fallecieron 227 personas trabajadoras en la carretera, lo que supone el 28,5% del total de accidentes mortales laborales.

En los últimos 5 años el número de accidentes de tráfico laborales ha experimentado un crecimiento del 42%, desde los 52.248 de 2020 (año en el que se redujo el número de desplazamientos por el confinamiento y aplicación del teletrabajo) hasta los 74.111 en 2024, mientras que los datos de fallecidos por esta causa registraron un crecimiento del 16,4%. Los sectores más afectados son transporte, sanidad, forestales, servicios de emergencias, técnicos de mantenimiento o inspección, y cuerpos de seguridad.

Los datos más recientes, que cubren el período enero – marzo 2025, recogen 16.606 accidentes laborales de tráfico, de los cuales 12.036 accidentes fueron in itinere (en el trayecto del domicilio al trabajo) y 4.570 durante la jornada laboral.

A pesar de las reiteradas advertencias, las Administraciones y muchas empresas siguen sin aplicar planes de seguridad vial laboral ni invertir en vehículos seguros, formación ni acciones preventivas eficaces. CSIF exige la implantación urgente de medidas de seguridad, renovación de la flota, evaluación de riesgos específicos, más equipamiento de protección, la inclusión de la seguridad vial en la planificación preventiva y planes de formación, que sigue siendo insuficiente, especialmente en las administraciones públicas. Estas reclamaciones se enmarcan en la campaña que el sindicato inicia con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, el próximo 10 de junio 2025 bajo el lema Trabajando sobre ruedas exigimos medidas de seguridad.

CSIF lamenta que cientos de trabajadores fallezcan o resulten gravemente heridos en desplazamientos laborales sin que se tomen medidas reales. La seguridad vial laboral debe dejar de ser la gran olvidada de la prevención.

Situaciones de riesgo en los vehículos de la Administración

CSIF ha detectado la ausencia de medidas de seguridad y deficiencias en los vehículos que pone a disposición la administración para los servicios públicos:

Vehículos y motos con un deterioro considerable (agentes forestales, policías, Correos, vehículos para inspecciones, etc.) y antiguos: ruedas desgastadas, con elevado kilometraje, sin cinturones, ITV y revisiones sin pasar, etc.
Se ha dotado de flota eléctrica, pero sin suficientes puntos de recarga para los vehículos.
La inadecuación de muchos vehículos para transitar por los entornos en los que debe actuar el personal, como zonas rurales, pistas forestales o terrenos de difícil acceso, al no contar con tracción a las cuatro ruedas ni con las condiciones técnicas necesarias para desenvolverse con seguridad en esos terrenos.
La falta de dotación de elementos básicos de seguridad en la mayoría de vehículos, como extintores, botiquines de primeros auxilios o balizas homologadas de advertencia, imprescindibles para actuar en situaciones de emergencia o accidente.
Insuficiente dotación de equipos de protección individual (EPIs) adecuados como cascos homologados, calzado para la conducción, guantes o prendas reflectantes
Falta de una evaluación de riesgos ergonómicos específica relacionada con los vehículos oficiales utilizados, lo que impide identificar adecuadamente factores de riesgo como posturas mantenidas, vibraciones o la adaptación de los vehículos a las características del personal (incluida la edad).
A los camiones de bomberos se les retrasan las revisiones, se alarga su vida útil, están deteriorados, etc.
En el transporte sanitario encontramos la llamada sobreocupación de la ambulancia, entendiendo por tal que circulen más de cuatro o cinco personas excluido el paciente, en la cabina asistencial de una ambulancia que solo cuenta con tres asientos y una camilla en su cabina, lo que obliga a que alguna persona permanezca en pie mientras el vehículo circula. Como se ha denunciado ya en SAMUR.
No se imparte formación en conducción defensiva y seguridad vial laboral.

Por todo ello, CSIF, con el objetivo de que se proteja de forma eficaz a los trabajadores durante los trayectos en jornada, exige una adecuada dotación y mantenimiento de los vehículos de los servicios públicos (ambulancias, camiones de bomberos, coches de policías y agentes forestales, al igual que otros vehículos de la administración), concretamente entre las medidas a destacar solicita:

Implantación obligatoria de planes de movilidad laboral segura.
Evaluación de riesgos viales y ergonómicos como parte de la prevención.
Renovación de vehículos públicos que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y sistemas de geolocalización seguros.
Establecer tiempos máximos de vida útil para los vehículos operativos.
Formación específica y adaptada en conducción profesional.
Vigilancia del cumplimiento de tiempos de conducción y descanso.
Realizar la revisión de la ITV de los vehículos teniendo en cuenta las características del vehículo durante los operativos.
Realizar la revisión de los vehículos según el cuadro de mantenimiento de los fabricantes.
Colocar la pegatina de revisiones obligatorias anuales en los vehículos.

Además, solicita que se suscriba en convenios y/o acuerdos un seguro de vida y/o accidentes para aquellos empleados que tengan desplazamientos dentro de su jornada laboral. Para el caso del uso del vehículo personal en los desplazamientos dentro de la jornada, se asuma por la organización el incremento de la póliza al ser un vehículo que habría que declararlo para uso profesional.

TRABAJANDO SOBRE RUEDAS

EXIGIMOS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CSIF exige refuerzo de plantillas en las Unidades de Salud Mental y en las empresas planes de prevención y bienestar laboral

encarna.abascal.perez — Mon, 13 Jan 25 09:01:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCSIF InformaPaís Vasco Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión este lunes 13 de enero, bajo el lema “Sin presión, no más depresión. Por un trabajo que cuide nuestra salud mental”. Continua con su campaña en defensa de la protección de la salud mental de los profesionales, denuncia la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental, como es la depresión, deficientes condiciones laborales y falta de medidas preventivas en las empresas así como la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes, que sufren más de dos millones de personas en España (con una tasa de prevalencia en nuestro país del 7,2% en mujeres, el doble que en varones) según datos del INE y más de 300 millones de personas en el mundo y que el 50% de las personas que la padecen no están diagnosticadas.

La depresión es la causante de 1 de cada 10 bajas laborales por incapacidad y se convierte en la segunda causa de pérdida de calidad de vida.

La atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) enfrenta desafíos significativos debido a la insuficiencia de profesionales especializados y de inversión. La inversión representa únicamente el 5% del gasto sanitario total, mientras que la media en países europeos es del 7,5%.

España cuenta con aproximadamente 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra que se sitúa por debajo frente a los 19 de la media europea. La situación es aún más preocupante en el caso de los psicólogos clínicos, cuya ratio es de solo 6 por cada 100.000 habitantes, un tercio de la media europea (Fuente de datos de Eurostat).

En cuanto a la distribución, la mayoría de los profesionales se concentran en unidades de atención especializada, lo que dificulta el acceso a estos servicios para gran parte de la población. En atención primaria, la presencia de especialistas en salud mental es limitada, hay solo 366 profesionales de psicología en este nivel de atención. Por ello, CSIF ha denunciado que muchas comunidades autónomas carecen de personal específico de salud mental en los centros de atención primaria, siendo la cobertura insuficiente a nivel nacional. Actualmente, solo algunas regiones como Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Canarias y Cataluña disponen de estos especialistas.

Desde CSIF instamos al Gobierno y a las CCAA a incrementar esta inversión para mejorar los recursos del SNS y reforzar la dotación de personal especializado para garantizar una atención a la salud mental adecuada y accesible.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas a factores personales, pero también al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país. Presupuesto que se podría reducir y así poder financiar de forma suficiente el aumento de dotación de profesionales que proporcionaran una mejor rehabilitación y atención integral de la salud mental.

Difícilmente, una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, CSIF advierte que la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias, y esto genera patologías como la depresión en los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico porque se sienten deprimidos, con frecuencia por convivir en un ambiente laboral tóxico. Por ello, ha ampliado su red de colaboradores con el acuerdo firmado con la Fundación ANAED (Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión) para ofrecer asistencia psicológica con precios especiales para nuestros afiliados.

Según una encuesta elaborada por CSIF sobre salud mental en 2024, casi el 46 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental, situación que disminuiría exponencialmente si los servicios de Atención Primaria tuviesen acceso a servicios de Salud Menta sin demoras, y se incorporara la Psicología Clínica a los equipos de atención Primaria.

Por ello, CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.

CSIF exige reforzar la adaptación de puestos, distribución de tareas, formación y planes de inclusión en el trabajo

encarna.abascal.perez — Mon, 02 Dec 24 06:31:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, con el lema: “Inclusión Real: Igualdad de derechos y equilibrio en reparto de tareas”. También instamos a las Administraciones Públicas y al sector privado a que asuman su responsabilidad en la construcción de espacios laborales verdaderamente inclusivos.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador con discapacidad es aquel que, por sus características personales o su estado biológico conocido -incluido el que tenga reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial- sea más vulnerable a los riesgos derivados de su trabajo. Por ello, es necesaria una evaluación de riesgos laborales específica para garantizar la correcta la adaptación de su puesto de trabajo y un sistema de evaluación y gestión del desempeño para garantizar una adecuada organización.

En este sentido, CSIF recuerda que la diversidad es fuente de riqueza que fortalece nuestras organizaciones y nuestra sociedad, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una verdadera inclusión laboral que garantice no solo la incorporación, sino la plena integración y desarrollo profesional de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del trabajo.

Esta inclusión debe materializarse en acciones concretas y medidas efectivas que transformen nuestros espacios laborales en entornos verdaderamente inclusivos, donde cada persona pueda desarrollar su potencial en igualdad de condiciones.

Por desgracia, la realidad que nos encontramos en los centros de trabajo es la falta de criterios inclusivos en el diseño, adaptación de los puestos de trabajo, en la organización de las tareas y en las medidas de accesibilidad que, entre otras muchas consecuencias, provoca que la gestión de la diversidad sea con frecuencia muy deficiente. Estas deficiencias, además, generan nuevos riesgos y desequilibrio en el reparto de tareas en la plantilla.

Por ello, desde CSIF exigimos tanto a la Administración como al sector privado:

Adaptación de puestos
Refuerzo de personal y distribución equitativa de cargas
Formación en integración
Protocolos de apoyo y evaluación continua
Asistencia técnica y personal de apoyo
Planes de emergencia inclusivos