Nacional - Administración de Justicia

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

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En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

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En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

Modificación del Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

emma.alvarez.bande — Thu, 20 Feb 25 09:38:00 CET

CSIF JUSTICIA informa publicadas las siguientes resoluciones en el BOE:

Acuerdo de 12 de febrero de 2025, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
- PDF (BOE-A-2025-3298 - 3 págs. - 203 KB)
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Resolución de 17 de febrero de 2025, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Principado de Asturias, de transferencia de soluciones tecnológicas en materia de Justicia.
- PDF (BOE-A-2025-3378 - 42 págs. - 458 KB)
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Modificación Reglamentos LAJ, Provisión de puestos PAJ, policía judicial y CNEJ

emma.alvarez.bande — Mon, 23 Dec 24 08:53:00 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la siguiente resolución:

Real Decreto 1280/2024, de 17 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre; el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre; el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial; y el Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
- PDF (BOE-A-2024-26773 - 23 págs. - 322 KB)
- Otros formatos

Noticia relacionada: CSIF consigue en la mesa de negociación dos reivindicaciones históricas del personal de Justicia

Publicado el Reglamento de los IMLyCF

admin — Wed, 01 Mar 23 07:23:19 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicado en el BOE el Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

- PDF (BOE-A-2023-5368 - 20 págs. - 311 KB)
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CSIF exige al Ministerio que se deje de hacer experimentos con el Registro civil

admin — Fri, 08 Jul 22 07:19:37 CEST

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Una circular que no tiene “ni pies, ni cabeza” y que, por ambigua, se está ya interpretando en contra de lo establecido en una norma de rango superior como es la orden de guardias en perjuicio de las retribuciones del personal de los RC exclusivos.

Tras varios meses de funcionamiento del nuevo modelo de Registro civil en Madrid y Barcelona queda claro que el Ministerio no estaba listo para poner en marcha este nuevo modelo y que su impulso sólo puede obedecer a razones políticas y electorales. Sin reglamento, sin relaciones de puestos de trabajo, con un programa que sigue en versión beta o en pruebas y con falta de personal el Registro civil se hunde mientras el Ministerio está encantado con el proyecto y pidiendo colaboración para que funcione su experimento.

El programa informático va ya por la quinta versión y sigue siendo una aplicación lenta que se cae demasiadas veces y que, en está dificultando y obstaculizando el trabajo del personal que atiende este servicio público que ve como trámites que se hacían en un minuto ahora necesitan hasta diez veces más de tiempo. Además, este programa muestra carencias importantes respecto del veterano programa INFOREG que obligan al personal a seguir utilizando el anterior programa para sacar adelante el trabajo. En este sentido, el personal del Registro civil se está convirtiendo en una especie de cobaya informática de prueba y error del nuevo programa para el que no están recibiendo ni el apoyo ni la formación suficiente.

Sin relaciones de puestos de trabajo es imposible determinar las necesidades de efectivos basados en cargas de trabajo y con el objetivo de prestar el mejor servicio público. En este sentido, CSIF denuncia la actitud del Ministerio que se niega a negociar las rpts diciendo que “están probando a ver cómo funciona con los medios actuales para luego dimensionar el servicio”. Otro experimento más que pagan los ciudadanos en forma de retrasos en sus expedientes. Por otro lado, CSIF denuncia la precariedad de medios y la necesidad de que, como mínimo se cubran todas las vacantes existentes en las plantillas de los Registros civiles.

Además, en las rpts se incluyen cuestiones objeto de negociación colectiva como la jornada laboral, la realización de guardias, las retribuciones complementarias, el tipo de puesto (genérico o jefaturas) y la descripción de funciones y tareas. Esta falta de negociación e implantación de rpts está ya causando problemas de interpretación y ha derivado en que los encargados de los Registros civiles no estén cobrando la retribución que les corresponde por ejercer esa función de especial responsabilidad.

Sin reglamento, el Ministerio se está dedicando a regular el funcionamiento del Registro civil a través de circulares e instrucciones provisionales, a la espera del Reglamento cuyo borrador se desconoce hasta la fecha, sin fuerza jurídica suficiente lo que constituye una auténtica aberración jurídica y organizativa. En este sentido, se está impidiendo la posibilidad de que el personal de Justicia pueda ver reconocido el trabajo que realmente hacen en los Registros civiles, se facilita la realización de funciones de superior categoría por la vía de las habilitaciones, gratis total, sin retribución alguna. Esta cuestión afecta especialmente a los LAJ encargados de los RC de Madrid y Barcelona que no cobran como debieran esa función y al Cuerpo de Gestión procesal, que debería tener también la condición de encargado del Registro civil para complementar y apoyar la labor del LAJ evitando repetir el mayor error del modelo anterior: los cuellos de botella en la tramitación de los expedientes. Además, la nueva estructura del Registro civil que se prevé en la ley 20/2011, vacía de contenido y funciones a las oficinas colaboradoras que son las más cercanas a los ciudadanos de la España vaciada, que ya no pueden ni inscribir, ni certificar ni instruir expedientes que sí podían hacer los Juzgados de Paz.

Para CSIF es una temeridad que el Ministerio siga empeñado en extender este “desastre” a otras ciudades como Murcia, este mismo mes o Tarragona y Valladolid en octubre y, por este motivo, hemos solicitado ya que se pare el proceso de implantación, que se abra la mesa de negociación con el Reglamento y las relaciones de puestos de trabajo como temas principales.

Registro Civil, intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos.

admin — Tue, 20 Jul 21 06:48:55 CEST

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CSIF INFORMA: sobre la Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.