Nacional - Administración de Justicia

CSIF pide a Justicia que cumpla los acuerdos alcanzados ante el adelanto electoral

emma.alvarez.bande — Tue, 06 Oct 26 10:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido al secretario de Estado de Justicia, ante el adelanto electoral, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en materia de retribuciones y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

CSIF también ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de enero, con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento, reactivar las negociaciones pendientes e impulsar las medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos adquiridos.

Este acuerdo contempla cuestiones fundamentales para el personal de Justicia como la carrera profesional, la supresión del Grupo IV de población, reglamento del Registro Civil y el teletrabajo, entre otras.

En este sentido, CSIF reclama que el adelanto electoral no paralice las negociaciones ni retrase el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, especialmente, que se avance en el desarrollo de la carrera profesional, el Registro Civil y el teletrabajo, así como que se culmine la tramitación ya iniciada para la supresión del Grupo IV de población.

El sindicato también se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025, y ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco.

CSIF es plenamente consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política, que ha desembocado en la convocatoria anticipada de elecciones. Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la mejora de los servicios públicos, también en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por ello, CSIF velará en las próximas semanas por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados y seguirá defendiendo las mejoras pendientes en materia retributiva, profesional y de condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige al Ministerio que priorice la resolución de los procesos selectivos y concursos atascados desde hace meses y años

emma.alvarez.bande — Wed, 28 Oct 26 11:52:00 CET

El pasado viernes, el Ministerio presentó una propuesta de criterios para la reordenación de efectivos dentro de su ámbito para afrontar una serie de “cambios quirúrgicos” en las relaciones de puestos de trabajo.

Para CSIF es intolerable que el Ministerio siga con sus “experimentos” mientras no da respuesta a miles de aspirantes y de funcionarios que esperan la resolución de esos procesos selectivos (algunos hicieron el examen hace más de dos años) y la convocatoria del concurso de traslados para tener la opción de volver a casa.

CSIF manifestó al Ministerio que el “reparto de miserias” no servirá de nada mientras haya más de 8.000 plazas en precario, pendientes de ser adjudicadas a personas que han superado procesos selectivos o que esperan tener la opción de cambiar de destino para regresar a “su casa”. Recordamos que CSIF ha denunciado al Ministerio ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión europea.

Además, en el ámbito del Ministerio, el 75% de las bolsas están agotadas lo que provoca la demora o paralización en el nombramiento de interinos, el acceso a la administración de justicia de personas sin una preparación mínima exigible o, directamente, que las mesas se queden vacías, eso sí, con todo el trabajo a cargo del resto del personal.

En este sentido, CSIF valora positivamente ese intento de objetivar al máximo la reordenación de efectivos, pero exige al Ministerio que lleve a la mesa propuestas para regular la redistribución de efectivos, las comisiones de servicio, las sustituciones (verticales y horizontales) o la normativa de interinos entre otras cuestiones.

La propuesta de reordenación del Ministerio adolece de coherencia con la propia LOPJ (arts. 528.2 y 523.2) y el RD 1451/2005 (arts. 66 y 67).

En sus alegaciones, CSIF ha exigido que toda propuesta de reordenación venga recogida en un plan que se presente a negociación donde se incluya la normativa, los términos de la oferta, los criterios generales de la reordenación, los criterios particulares para la reordenación concreta que tienen y el plan de formación,

CSIF advierte al Ministerio que, conforme a la normativa citada más arriba, la reordenación:

Debe recaer, en primer lugar, en plazas vacantes sin personal y si afectara a puestos cubiertos con personal temporal o titular deben establecerse mecanismos objetivos
Debe realizarse a través de procedimientos de voluntariedad
En el caso de que se tenga que llegar a una reasignación debe realizarse sobre parámetros objetivos.
No puede suponer ni pérdida de retribuciones ni cambio de municipio.
En el caso del personal interino se le tenga en cuenta el tiempo de servicios en el puesto de origen.
Debe ir acompañado de un plan de formación de apoyo.

Finalmente, el Ministerio propone que quienes lleven mochila de guardia dentro del centro de destino donde se quieren mover las plazas, tengan preferencia, si voluntariamente quieren participar, para ocupar nuevos puestos con código de guardia consolidando su derecho a cobrar guardias. No obstante, también propone que, si no participan en el proceso de reordenación, pierdan la mochila.

CSIF no se opone a la preferencia, pero solicita que, dado el carácter excepcional de las mochilas, el funcionario que cambia de puesto no quede “congelado” a efectos de concurso. CSIF se opone a la pérdida de la mochila por cuanto esa sanción convierte el proceso en forzoso y, en ausencia de voluntariedad, no puede perderse la mochila.

Publicado en el BOE el acuerdo sobre incremento del complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la AJ

admin — Thu, 30 Dec 21 10:11:49 CET

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Publicadas en el BOE de hoy las siguientes resoluciones:

Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia sobre incremento de complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las reformas procesales y organizativas y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la Administración de Justicia

El acuerdo se ha empezado a hacer efectivo ya en la nómina de diciembre que contiene:

La subida correspondiente del complemento específico de ámbito ministerio a este mes por un importe equivalente al 65% de las cantidades acordadas que se consolida en la nómina.
Los atrasos de ese porcentaje a enero de 2021.

En enero de 2022 se incrementará otro 20%, percibiéndose el 85% de la subida acordada y en enero de 2023 se completará esa subida añadiendo a la nómina, dentro del complemento específico, el 15% de lo acordado.

En cuanto a los LAJ, CSIF ha vuelto a instar al Ministerio para que tramite a la mayor brevedad la modificación de los dos reales decretos que permita el cobro de estas cantidades.

El acuerdo recoge asimismo el compromiso de negociación de las reformas procesales y organizativas, así como mejoras laborales y retributivas, entre otras; carrera profesional, guardias, complemento de violencia, plan de igualdad, oposiciones, etc., de todo el personal de justicia.

CSIF ha trasladado al Ministerio la solicitud de que, con el año nuevo, se ponga en marcha el desarrollo de la segunda parte del acuerdo en la forma establecida.

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

CSIF exige medidas organizativas pactadas para afrontar el escenario posterior a la fase aguda de la crisis en la que nos encontramos

admin — Wed, 22 Apr 20 16:39:42 CEST

EmpleoPlantillas-RPTPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaPersonal de UniversidadNacional - Administración de Justicia Image

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, convoca mañana 23 de abril, a los sindicatos más representativos de Justicia para, según dice, avanzar las líneas generales de la reforma normativa que prepara para afrontar la desescalada y evitar el colapso en los juzgados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, exigirá a Campo que aclare las actuaciones previstas ante el colapso que se avecina y garantice la salud de los empleados/as públicos.

Reclamamos al ministro de Justicia que nos aclare las actuaciones previstas para afrontar la carga extraordinaria de trabajo que prevemos como consecuencia de la progresiva reanudación de la actividad. La ciudadanía y las plantillas no deben pagar la falta de previsión del Ministerio ante el volumen de expedientes que están por llegar y exigimos medidas acordes a la nueva realidad.

Para CSIF no es el momento de grandes reformas procesales como plantea el CGPJ. No se puede pretender recuperar en quince días, el tiempo perdido en 20 años de desidia y de impulsos descoordinados en materia organizativa y tecnológica. Ni tampoco tiene sentido aprovechar esta tragedia para "colar" determinadas reformas de calado sin el análisis y el debate necesarios.

En el corto plazo, es necesario aplicar medidas organizativas que afecten a la jornada laboral, a la organización del trabajo (turnos de cita previa) o al incremento de plantillas entre otras, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, aprovechando en lo que se pueda la maltrecha tecnología con la que se cuenta en la Administración de Justicia y, en todo caso, negociando su implantación con las organizaciones sindicales.

Con la mirada puesta en el medio plazo para CSIF es posible avanzar en cuestiones concretas que se han puesto aún más en evidencia con esta crisis. Por un lado, hay que acabar con el caos tecnológico e implantar el expediente judicial electrónico de forma programada y desde el acuerdo. Por otro, la solución de los problemas de la Justicia no está en externalizar o privatizar parte de sus servicios como han propuesto algunos colectivos. La solución está en aprovechar y apostar por el enorme capital humano de la Justicia y su potencial. Este debe ser el centro de la negociación colectiva en el futuro próximo en Justicia

Una vez más, los funcionarios/as de Justicia vamos a ser los últimos en conocer los planes del Ministerio que, por otra parte, ya han sido anunciados en la prensa tras las múltiples reuniones mantenidas por el Ministro con instituciones y colectivos de todo tipo. Los mismos funcionarios/as que están haciendo posible que la Justicia preste servicios esenciales y no esenciales a los ciudadanos durante toda esta crisis de salud pública sin disponer de medios de protección adecuados y suficientes para preservar su salud y evitar contagios.

CSIF exige al Ministerio que, como servicio esencial, el personal de justicia sea sometido a pruebas fiables de detección de la COVID 19 para descartar contagios propios y evitar la propagación del virus. Hoy mismo, hemos propuesto al Ministro por escrito que sea la MUGEJU la que coordine este plan como está haciendo MUFACE para determinados colectivos. Y mientras no se hagan esos test CSIF exige que se faciliten mascarillas y demás elementos de protección a todos y cada uno de los efectivos que van a prestar servicios de forma presencial.

Desde el pasado 15 de abril, unos 12.000 funcionarios han vuelto al trabajo, una medida que CSIF ha recurrido por los riesgos que supone, al tiempo que exigimos que se hagan test de coronavirus a todo el personal de Justicia que se vaya reincorporando. Advertimos, por tanto, de que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales.

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