Nacional - Administración de Justicia

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

CSIF exige más funcionarios ante la creación de 500 unidades judiciales y 200 plazas fiscales

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 09:36:00 CEST

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CSIF informa de la publicación en el BOE de dos reales decretos que afectan directamente a la Administración de Justicia.

Por un lado, se crean 500 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026.

Por otro, se amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con 200 nuevas plazas.

Desde CSIF consideramos positivo que se refuerce la Justicia, pero reclamamos que este incremento venga acompañado también de una ampliación real de las plantillas de funcionarios.

No se pueden crear más unidades judiciales, más plazas judiciales y más plazas fiscales sin aumentar al mismo tiempo el personal que tramita, atiende, notifica, ejecuta y sostiene el funcionamiento diario de tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

La Justicia no funciona solo con jueces y fiscales.

Las plantillas del resto de personal al servicio de la Administración de Justicia ya soportan una elevada carga de trabajo.

Si no se crean nuevas plazas de funcionarios, estas medidas supondrán más sobrecarga, más retrasos y peor servicio a la ciudadanía.

Por ello, CSIF exige al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias transferidas:

La ampliación inmediata de las plantillas.
La creación de plazas estructurales.
La negociación con los sindicatos.
El refuerzo de tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

Más unidades judiciales y más fiscales exigen también más funcionarios.

CSIF seguirá reclamando una Justicia con medios suficientes, empleo público estable y condiciones laborales dignas para todo el personal.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.
- PDF (BOE-A-2026-14878 - 102 págs. - 4.443 KB)
- Otros formatos

Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica

Real Decreto 560/2026, de 8 de julio, por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.
- PDF (BOE-A-2026-14879 - 27 págs. - 1.165 KB)
- Otros formatos

CSIF requiere al Ministerio para que convoque el concurso de traslados de forma inmediata

emma.alvarez.bande — Thu, 10 Sep 26 10:44:00 CEST

CSIF insta al Ministerio a comunicar a las CCAA la petición de plazas fijando un plazo de una semana para que remitan las vacantes y resultas correspondientes señalando a las que incumplan dicho plazo.

Paralelamente, CSIF exige que se traslade a los sindicatos el borrador del concurso de traslados para su conocimiento y alegaciones y que se anuncie a las CCAA la fecha de publicación del concurso señalando a quienes no acepten ese calendario.

La pasividad de las administraciones en la gestión del personal está perjudicando seriamente los derechos de los funcionarios/as de Justicia y constituyen un agravio frente al personal de otros cuerpos y carreras que sí tienen la oportunidad de concursar durante el año con total normalidad.

Además, se está perjudicando seriamente el servicio público de justicia al no establecerse sistemas fiables y estables de provisión de puestos de trabajo en un momento en el que el funcionamiento interno está seriamente tocado por la precipitación y falta de criterio con los que se ha abordado la reorganización de las oficinas judiciales.

Finalmente, la ausencia de concurso obstaculiza la ejecución de los procesos selectivos, algo que ha reconocido abiertamente el Ministerio, ante la falta de plazas denominadas desiertas, es decir, para cumplir lo establecido en el artículo 488.3 de la LOPJ y en el artículo 28.2 del RD 1451/2005.

Ya no caben más excusas, ni siquiera aludir a la falta de personal, que es tan real como alarmante, para gestionar los recursos humanos y que, sin duda, expresa la indolencia y desprecio con el que se están gestionando los servicios públicos. A este respecto, CSIF reitera, una vez más, que la solución pasa por la creación de unidades administrativas, dotadas de personal suficiente y con carácter estable, que permitan poner fin a los continuos retrasos del Ministerio y garantizar una tramitación ágil, eficaz y con las debidas garantías.

Además, CSIF ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo por mal, pésimo, funcionamiento de las administraciones prestacionales, Ministerio y CCAA, que está perjudicando a miles de empleados/as públicos de Justicia y a millones de ciudadanos que sufren la carencia de medios en su relación con el servicio público de Justicia.

Publicado en el BOE el acuerdo sobre incremento del complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la AJ

admin — Thu, 30 Dec 21 10:11:49 CET

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Publicadas en el BOE de hoy las siguientes resoluciones:

Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia sobre incremento de complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las reformas procesales y organizativas y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la Administración de Justicia

El acuerdo se ha empezado a hacer efectivo ya en la nómina de diciembre que contiene:

La subida correspondiente del complemento específico de ámbito ministerio a este mes por un importe equivalente al 65% de las cantidades acordadas que se consolida en la nómina.
Los atrasos de ese porcentaje a enero de 2021.

En enero de 2022 se incrementará otro 20%, percibiéndose el 85% de la subida acordada y en enero de 2023 se completará esa subida añadiendo a la nómina, dentro del complemento específico, el 15% de lo acordado.

En cuanto a los LAJ, CSIF ha vuelto a instar al Ministerio para que tramite a la mayor brevedad la modificación de los dos reales decretos que permita el cobro de estas cantidades.

El acuerdo recoge asimismo el compromiso de negociación de las reformas procesales y organizativas, así como mejoras laborales y retributivas, entre otras; carrera profesional, guardias, complemento de violencia, plan de igualdad, oposiciones, etc., de todo el personal de justicia.

CSIF ha trasladado al Ministerio la solicitud de que, con el año nuevo, se ponga en marcha el desarrollo de la segunda parte del acuerdo en la forma establecida.

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

CSIF exige medidas organizativas pactadas para afrontar el escenario posterior a la fase aguda de la crisis en la que nos encontramos

admin — Wed, 22 Apr 20 16:39:42 CEST

EmpleoPlantillas-RPTPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaPersonal de UniversidadNacional - Administración de Justicia Image

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, convoca mañana 23 de abril, a los sindicatos más representativos de Justicia para, según dice, avanzar las líneas generales de la reforma normativa que prepara para afrontar la desescalada y evitar el colapso en los juzgados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, exigirá a Campo que aclare las actuaciones previstas ante el colapso que se avecina y garantice la salud de los empleados/as públicos.

Reclamamos al ministro de Justicia que nos aclare las actuaciones previstas para afrontar la carga extraordinaria de trabajo que prevemos como consecuencia de la progresiva reanudación de la actividad. La ciudadanía y las plantillas no deben pagar la falta de previsión del Ministerio ante el volumen de expedientes que están por llegar y exigimos medidas acordes a la nueva realidad.

Para CSIF no es el momento de grandes reformas procesales como plantea el CGPJ. No se puede pretender recuperar en quince días, el tiempo perdido en 20 años de desidia y de impulsos descoordinados en materia organizativa y tecnológica. Ni tampoco tiene sentido aprovechar esta tragedia para "colar" determinadas reformas de calado sin el análisis y el debate necesarios.

En el corto plazo, es necesario aplicar medidas organizativas que afecten a la jornada laboral, a la organización del trabajo (turnos de cita previa) o al incremento de plantillas entre otras, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, aprovechando en lo que se pueda la maltrecha tecnología con la que se cuenta en la Administración de Justicia y, en todo caso, negociando su implantación con las organizaciones sindicales.

Con la mirada puesta en el medio plazo para CSIF es posible avanzar en cuestiones concretas que se han puesto aún más en evidencia con esta crisis. Por un lado, hay que acabar con el caos tecnológico e implantar el expediente judicial electrónico de forma programada y desde el acuerdo. Por otro, la solución de los problemas de la Justicia no está en externalizar o privatizar parte de sus servicios como han propuesto algunos colectivos. La solución está en aprovechar y apostar por el enorme capital humano de la Justicia y su potencial. Este debe ser el centro de la negociación colectiva en el futuro próximo en Justicia

Una vez más, los funcionarios/as de Justicia vamos a ser los últimos en conocer los planes del Ministerio que, por otra parte, ya han sido anunciados en la prensa tras las múltiples reuniones mantenidas por el Ministro con instituciones y colectivos de todo tipo. Los mismos funcionarios/as que están haciendo posible que la Justicia preste servicios esenciales y no esenciales a los ciudadanos durante toda esta crisis de salud pública sin disponer de medios de protección adecuados y suficientes para preservar su salud y evitar contagios.

CSIF exige al Ministerio que, como servicio esencial, el personal de justicia sea sometido a pruebas fiables de detección de la COVID 19 para descartar contagios propios y evitar la propagación del virus. Hoy mismo, hemos propuesto al Ministro por escrito que sea la MUGEJU la que coordine este plan como está haciendo MUFACE para determinados colectivos. Y mientras no se hagan esos test CSIF exige que se faciliten mascarillas y demás elementos de protección a todos y cada uno de los efectivos que van a prestar servicios de forma presencial.

Desde el pasado 15 de abril, unos 12.000 funcionarios han vuelto al trabajo, una medida que CSIF ha recurrido por los riesgos que supone, al tiempo que exigimos que se hagan test de coronavirus a todo el personal de Justicia que se vaya reincorporando. Advertimos, por tanto, de que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales.

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