Nacional - Administración de Justicia

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

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En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

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En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

Ámbito Ministerio: modificación de la orden de creación de las oficinas de asistencia a las víctimas

emma.alvarez.bande — Sat, 22 Nov 25 09:29:00 CET

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CSIF justicia informa: publicada en el BOE la Orden PJC/1326/2025, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden PJC/1/2024, de 2 de enero, por la que se crean las unidades administrativas de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Audiencia Nacional, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla.

Se modifica el artículo 8:

«Artículo 8. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito dependientes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla, les corresponderán, entre otras funciones, las siguientes:

a) La información a las víctimas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, cuáles son sus derechos y como ejercitarlos.

b) La información a las víctimas sobre el procedimiento para la interposición de la denuncia penal, el lugar donde ésta se debe interponer, orientación sobre su contenido y forma, así como de su tramitación en el juzgado.

c) Información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas.

d) Información sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud.

e) Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en particular, sobre las ayudas por los daños causados por el delito y el procedimiento para reclamarlas.

f) El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo precisen, a lo largo de todo el procedimiento judicial, incluyendo la intervención psicológica en situaciones de crisis y garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las consecuencias traumáticas del delito.

g) Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la intimidación y las represalias.

h) Realizar entrevistas de acogida inicial dirigidas a detectar y analizar las necesidades de las víctimas, en el contexto de su evaluación individualizada.

i) Realizar contactos de seguimiento telefónico o por cualquier otro soporte digital, en todos los casos que se considere necesario y conveniente por el personal de la oficina.

j) La elaboración de un plan de apoyo psicológico para las víctimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de protección.

k) La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.

l) Derivar a la víctima, en el caso que sea necesario, a otras entidades o asociaciones dedicadas a la atención de víctimas específicas, incluidos los recursos sociales, así como realizar su seguimiento.

m) El acompañamiento de la víctima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a las distintas instancias penales.

n) La colaboración y la coordinación con los organismos, instituciones y servicios que pueden estar implicados en la asistencia a las víctimas: judicatura, fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, sobre todo en los casos de víctimas vulnerables con alto riesgo de victimización.

ñ) Valoración de las víctimas que precisen especiales medidas de protección con la finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia y apoyo deben ser prestadas.»

Noticias relacionadas: CSIF exige la exclusión del personal destinado y/o dedicado a atención a las víctimas de los acoplamientos.

Corrección de la Orden para la adaptación de medios en los procesos selectivos para el acceso de personas con discapacidad.

emma.alvarez.bande — Tue, 09 Sep 25 08:33:00 CEST

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CSIF JUSTICIA informa publicada la Corrección de erratas de la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

Registro civil: Aprobación del modelo 9 bis (Declaración de nacidos sin vida tras los seis meses de gestación)

admin — Thu, 27 Jul 23 06:27:58 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la siguiente resolución

Orden JUS/876/2023, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 1988 sobre ciertos modelos del Registro Civil.
- PDF (BOE-A-2023-17286 - 11 págs. - 242 KB)
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Entrada en funcionamiento de 14 juzgados

admin — Wed, 24 May 23 06:59:38 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la siguiente resolución

Orden JUS/511/2023, de 19 de mayo, por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de catorce juzgados, correspondientes a las programaciones de 2022.

Seguridad social: actualización indemnizaciones por accidentes de trabajo

admin — Mon, 08 May 23 06:14:39 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Orden ISM/450/2023, de 4 de mayo, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes.

- PDF (BOE-A-2023-10874 - 7 págs. - 343 KB)
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normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023

admin — Tue, 31 Jan 23 07:14:07 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA: publicada la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.

- PDF (BOE-A-2023-2472 - 39 págs. - 560 KB)
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Distribución del crédito presupuestario de los Juzgados de Paz

admin — Fri, 16 Sep 22 05:57:42 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA: publicada la Orden JUS/888/2022, de 12 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2022, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.

- PDF (BOE-A-2022-15118 - 2 págs. - 198 KB)
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Normativa: prórroga de la suspensión de los desahucios, atribución a determinados juzgados de competencias civiles y modificación competencias Sala C-A TS

admin — Tue, 28 Jun 22 06:18:04 CEST

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Publicada la siguiente normativa en el BOE:

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
- PDF (BOE-A-2022-10557 - 65 págs. - 616 KB)
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Página 89611: Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional" hasta el 31 de diciembre de 202

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Acuerdo de 23 de junio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
- PDF (BOE-A-2022-10736 - 2 págs. - 193 KB)
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Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- PDF (BOE-A-2022-10756 - 2 págs. - 194 KB)
- Se modifica el artículo 58 de la LOPJ :
- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá:
  
  Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.
  
  Segundo. De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley.
  
  Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.
  
  Cuarto. De la solicitud del Gobierno prevista en el artículo cuarto de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes.»

Gestión informatizada del Registro Civil y para la tramitación de solicitudes de becas del Ministerio de Justicia

admin — Thu, 09 Jun 22 09:01:58 CEST

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Publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:

Gestión informatizada

Orden JUS/523/2022, de 8 de junio, por la que se establece la obligatoriedad de relacionarse con medios electrónicos con la Administración para la tramitación de solicitudes y concesión de becas del Ministerio de Justicia para la preparación de oposiciones.
- PDF (BOE-A-2022-9498 - 2 págs. - 196 KB)
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Registro Civil. Gestión informatizada

Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se modifican las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg, a partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, aprobados por Instrucción de 16 de septiembre de 2021.
- PDF (BOE-A-2022-9499 - 2 págs. - 193 KB)
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