Nacional - Administración de Justicia

CSIF pide a Justicia que cumpla los acuerdos alcanzados ante el adelanto electoral

emma.alvarez.bande — Tue, 06 Oct 26 10:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido al secretario de Estado de Justicia, ante el adelanto electoral, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados en materia de retribuciones y condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

CSIF también ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de enero, con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento, reactivar las negociaciones pendientes e impulsar las medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos adquiridos.

Este acuerdo contempla cuestiones fundamentales para el personal de Justicia como la carrera profesional, la supresión del Grupo IV de población, reglamento del Registro Civil y el teletrabajo, entre otras.

En este sentido, CSIF reclama que el adelanto electoral no paralice las negociaciones ni retrase el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, especialmente, que se avance en el desarrollo de la carrera profesional, el Registro Civil y el teletrabajo, así como que se culmine la tramitación ya iniciada para la supresión del Grupo IV de población.

El sindicato también se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025, y ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco.

CSIF es plenamente consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política, que ha desembocado en la convocatoria anticipada de elecciones. Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la mejora de los servicios públicos, también en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por ello, CSIF velará en las próximas semanas por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados y seguirá defendiendo las mejoras pendientes en materia retributiva, profesional y de condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige al Ministerio que priorice la resolución de los procesos selectivos y concursos atascados desde hace meses y años

emma.alvarez.bande — Wed, 28 Oct 26 11:52:00 CET

El pasado viernes, el Ministerio presentó una propuesta de criterios para la reordenación de efectivos dentro de su ámbito para afrontar una serie de “cambios quirúrgicos” en las relaciones de puestos de trabajo.

Para CSIF es intolerable que el Ministerio siga con sus “experimentos” mientras no da respuesta a miles de aspirantes y de funcionarios que esperan la resolución de esos procesos selectivos (algunos hicieron el examen hace más de dos años) y la convocatoria del concurso de traslados para tener la opción de volver a casa.

CSIF manifestó al Ministerio que el “reparto de miserias” no servirá de nada mientras haya más de 8.000 plazas en precario, pendientes de ser adjudicadas a personas que han superado procesos selectivos o que esperan tener la opción de cambiar de destino para regresar a “su casa”. Recordamos que CSIF ha denunciado al Ministerio ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión europea.

Además, en el ámbito del Ministerio, el 75% de las bolsas están agotadas lo que provoca la demora o paralización en el nombramiento de interinos, el acceso a la administración de justicia de personas sin una preparación mínima exigible o, directamente, que las mesas se queden vacías, eso sí, con todo el trabajo a cargo del resto del personal.

En este sentido, CSIF valora positivamente ese intento de objetivar al máximo la reordenación de efectivos, pero exige al Ministerio que lleve a la mesa propuestas para regular la redistribución de efectivos, las comisiones de servicio, las sustituciones (verticales y horizontales) o la normativa de interinos entre otras cuestiones.

La propuesta de reordenación del Ministerio adolece de coherencia con la propia LOPJ (arts. 528.2 y 523.2) y el RD 1451/2005 (arts. 66 y 67).

En sus alegaciones, CSIF ha exigido que toda propuesta de reordenación venga recogida en un plan que se presente a negociación donde se incluya la normativa, los términos de la oferta, los criterios generales de la reordenación, los criterios particulares para la reordenación concreta que tienen y el plan de formación,

CSIF advierte al Ministerio que, conforme a la normativa citada más arriba, la reordenación:

Debe recaer, en primer lugar, en plazas vacantes sin personal y si afectara a puestos cubiertos con personal temporal o titular deben establecerse mecanismos objetivos
Debe realizarse a través de procedimientos de voluntariedad
En el caso de que se tenga que llegar a una reasignación debe realizarse sobre parámetros objetivos.
No puede suponer ni pérdida de retribuciones ni cambio de municipio.
En el caso del personal interino se le tenga en cuenta el tiempo de servicios en el puesto de origen.
Debe ir acompañado de un plan de formación de apoyo.

Finalmente, el Ministerio propone que quienes lleven mochila de guardia dentro del centro de destino donde se quieren mover las plazas, tengan preferencia, si voluntariamente quieren participar, para ocupar nuevos puestos con código de guardia consolidando su derecho a cobrar guardias. No obstante, también propone que, si no participan en el proceso de reordenación, pierdan la mochila.

CSIF no se opone a la preferencia, pero solicita que, dado el carácter excepcional de las mochilas, el funcionario que cambia de puesto no quede “congelado” a efectos de concurso. CSIF se opone a la pérdida de la mochila por cuanto esa sanción convierte el proceso en forzoso y, en ausencia de voluntariedad, no puede perderse la mochila.

CSIF renueva su compromiso con la transparencia con la publicación de sus cuentas de 2025

fernando.molina.ortiz — Thu, 30 Jul 26 08:27:00 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, renovó hoy su compromiso con la transparencia publicando sus cuentas correspondientes a 2025 avaladas por una auditoría externa.

Tal y como destaca la Auditoría, las cuentas anuales de 2025 expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CSIF a 31 de diciembre de 2025, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la publicación de las cuentas auditadas del ejercicio 2012 y queremos seguir siendo ejemplares reafirmando un año más nuestra apuesta por la transparencia. Los datos se han difundido a los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales y estarán disponibles permanentemente en la web de nuestro sindicato (www.csif.es).

Los datos de la auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de diciembre de 2025, vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sustentan fundamentalmente por las cuotas de nuestros afiliados (34.643.374,86 euros de ingresos). Se observa un aumento de 2.242.547,86 de ingresos por este concepto respecto al año anterior como consecuencia del importante incremento de la afiliación experimentado en este periodo.

Como se puede observar, las cuotas de nuestros afiliados es la principal fuente de financiación de CSIF. Asimismo, CSIF percibe ingresos correspondientes a servicios prestados (fundamentalmente asesorías y formación sin cargo a subvenciones), a afiliados, empleados públicos y trabajadores en general, que ascienden a los 769.836,18 euros.

El aumento del número de afiliados unido al a los ingresos correspondientes a servicios prestados ha generado un excedente positivo (ahorro) de 7.658.795,47.

La situación patrimonial es muy saneada, tal y como se aprecia en el constante aumento del Fondo Social que pasa de 49.830.104,78 en 2017 a 84.759.768,00 en 2025.

La publicación de estos datos responde al compromiso del sindicato con la transparencia y nuestra firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públicos deben dar cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas.

La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas, hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y en definitiva fortalecer la democracia.

(Se adjunta un documento PDF con el Balance de Situación y Cuenta de Resultados)

CSIF renueva su compromiso con la transparencia con la publicación de sus cuentas de 2023

admin — Fri, 05 Jul 24 12:33:00 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Tal y como destaca la Auditoría, las cuentas anuales de 2023 expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CSIF a 31 de diciembre de 2023, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Los datos de la auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de diciembre de 2023, vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sustentan fundamentalmente por las cuotas de nuestros afiliados (30.786.867,29 euros de ingresos). Se observa un aumento de 821.907,63 de ingresos por este concepto respecto al año anterior como consecuencia del importante incremento de la afiliación experimentado en este periodo.

El aumento del número de afiliados unido al a los ingresos correspondientes a servicios prestados ha generado un excedente positivo (ahorro) de 3.700.019,04.

La situación patrimonial es muy saneada, tal y como se aprecia en el constante aumento del Fondo Social que pasa de 49.830.104,78 en 2017 a 78.713.883,88 en 2023.

(Se adjuntan documento PDF con el Balance de Situación y Cuenta de Resultados)

CSIF exige una subida para el resto de los cuerpos de la Administración de Justicia o de lo contrario convocará movilizaciones

admin — Tue, 28 Mar 23 11:13:53 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, exige al ministerio que dirige Pilar Llop que complete el acuerdo alcanzado con el colectivo de letrados con una subida salarial para el resto de los cuerpos.

Para CSIF, la actitud del ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia y advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, sin descartar ninguna medida de presión.

El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia.

Además, CSIF subraya que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia

La nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno fracasa por falta de medios

admin — Thu, 23 Mar 23 09:49:27 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de “comarcalización” de los juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas.

CSIF advierte de que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.

Según información recabada por CSIF, (sindicato mayoritario en la Justicia) las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, ha generado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.

Cuando el Gobierno aprobó este proyecto aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Pero la experiencia –que ahora se pretende generalizar en toda España-- ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia ahora solo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo 13.

En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos.

Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado. En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.

Además, con la agrupación judicial las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.

Por todo ello, desde CSIF reclamamos al Gobierno que revise este proyecto de “comarcalización”, que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado

admin — Thu, 16 Mar 23 12:55:35 CET

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Pese a que el texto recoge algunas de las mejoras propuestas por CSIF, está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una Ley de esta magnitud para que resultara aceptable para nuestra Organización, ya que, muchos aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos de la AGE, se regulan de forma deficiente e incompleta y otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas.

Entre los “desastres” de esta Ley, cabe destacar por su importancia y afectación a los trabajadores:

Falta generalizada de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes, posponiendo esta regulación a un desarrollo reglamentario posterior, lo que podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva.
Sin garantizar una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras que esta Ley contendrá, ni realizar ninguna alusión a las cuantías económicas que se aplicarán a las diferentes figuras.
No contempla el establecimiento de la tan reivindicada por CSIF jornada de 35 horas, desaprovechando un gran momento para su aplicación general en la AGE y faltando así a los compromisos adquiridos por la propia Administración en acuerdos de los que ya advertimos que no eran más que papel mojado en lo que a las mejoras laborales se refería.
En relación con el esperado y ansiado grupo B:
- CSIF exigía que la dotación de efectivos se llevara a cabo no sólo con nuevas incorporaciones sino, además, mediante la habilitación temporal para permitir el trasvase de efectivos desde el grupo C1 de aquellos que realizan las funciones y cumplen el resto de requisitos y esta justa reivindicación ha sido desoída por la Administración y el resto de Organizaciones Sindicales.
- Además, no se crean los cuerpos del grupo B de forma generalizada en todas aquellas áreas funcionales donde existe la titulación de Técnico Superior de la FP, procediendo sólo a la creación de tres cuerpos o escalas (Técnico Informático de Hacienda y Función Pública - grupo B, Escala Técnica Medioambiental - grupo B del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Cuerpo de Delineantes - grupo B del Ministerio de Hacienda y Función Pública), lo que es absolutamente insuficiente. Para mayor agravamiento de la situación, suprimen varios cuerpos y escalas (Escala Técnico Especialista INIA, Especialidad de Hacienda de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., plazas de bibliotecarios Nominados, y Escala de Operadores Mecánicos del Patronato de Apuestas Mutuas, Deportivas Benéficas) sin ninguna justificación o negociación previa con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
- No Garantiza que la racionalización de Cuerpos y Escalas que anuncia la Administración se lleve a cabo tras la necesaria negociación con las Organizaciones Sindicales.
- Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, pueda crear o modificar los subgrupos existentes saltándose la reserva de Ley prevista en el artículo 9 de la propia Ley.

Evaluación del desempeño: Aunque, como ya trasmitimos, se añaden algunas mejoras propuestas por CSIF como la participación sindical en el establecimiento de los criterios generales y el seguimiento posterior de su aplicación en las Unidades, aún faltan cuestiones fundamentales como:
- Garantizar la participación sindical en la Comisión de Evaluación del Desempeño.
- La contemplación de situaciones particulares (bajas médicas, licencias, etc.)
- Eliminar la posibilidad de la facultad de remoción del puesto.
- Eliminar los retrasos en su aplicación efectiva:
  - Seis meses hasta la entrada en vigor de la Ley,
  - Otros seis meses para establecer los criterios de evaluación.
  - Más, un plazo sin determinar, para que los Departamentos desarrollen sus instrumentos de planificación estratégica.
  - Y, además, sin efecto en los dos primeros años tras todos los pasos anteriores.
Carrera profesional. Inadmisible en los términos en los que se regula, ya que:
- No se establecer ni asegura un plazo corto de aplicación efectiva y además está condicionada al desarrollo previo de la evaluación del desempeño.
- No se establece la correspondiente reserva presupuestaria.
- No se contempla el reconocimiento de la carrera desarrollada por los trabajadores en los años previos a su establecimiento.
- Se fijan cuatro tramos, pero no se hace alusión a las cuantías económicas que se asignarán a cada tramo.
- No se garantizar la extensión y aplicación de la carrera profesional a todo el Personal Laboral de la AGE.
No contempla ninguna alusión a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias.
No incluye la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, previa modificación del EBEP, ni la prorrogación automática de la vida laboral a voluntad del trabajador ni la incentivación retributiva de la prolongación voluntaria en el servicio activo.
No establece la aplicación efectiva del teletrabajo en los términos suscritos en el acuerdo de Teletrabajo en la AGE (medios aportados por la Administración, negociación de los puestos susceptibles de desempeño bajo esta modalidad en las Mesas Departamentales y fijación de la modalidad general de tres días a la semana en teletrabajo). Además de no asegurar su implementación sin más demoras (seguimos esperando tras dos años la publicación del RD de Teletrabajo conforme al acuerdo alcanzado)
No procede a la actualización de las indemnizaciones por servicio (dietas por alojamiento, manutención, kilometraje por uso de vehículo propio) ni su obligatoria revisión con periodicidad anual. Tampoco determina la eliminación de las diferencias a percibir por los grupos actualmente establecidas.
No eliminación de la movilidad forzosa ni de las limitaciones a la movilidad voluntaria intra e inter administrativa, introduciendo nuevas restricciones a esta última.
No garantiza el carácter voluntario de las atribuciones temporales de funciones.
No garantiza la igualdad eliminando la brecha salarial de las retribuciones complementarias (gratificaciones extraordinarias y productividades).
No garantiza la obligatoriedad de realizar, por parte de la Administración, aportaciones a los planes de pensiones y contratos de seguro colectivo.
Excedencias voluntarias. Aunque introduce algunas mejoras propuestas por CSIF, sigue estableciendo para el personal funcionario:
- Plazos demasiado elevados en las de interés particular.
- No se contemplan las excedencias especialmente protegidas (cuidado de hijos o familiares, violencia de género o violencia terrorista) para el personal interino.
- Se elimina la ampliación de la reserva de puesto para la excedencia de cuidado de hijos o familiares.
No acepta nuestra propuesta de que el nombramiento del personal directivo sea fruto de la carrera profesional y mantiene, únicamente, la libre designación para tal fin.

CSIF DARÁ TRASLADO DE TODAS SUS PROPUESTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTENTAR RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN TRÁMITE PARLAMENTARIO Y QUE ESTA LEY SUPONGA REALMENTE MEJORAS EN LAS CONDICONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS.

CSIF reclama un debate honesto y realista sobre la mejora y viabilidad del sistema de pensiones

admin — Thu, 16 Mar 23 11:38:49 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos.

CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entendemos que el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones.

Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF queremos advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigimos que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.

Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años.

Exigimos por tanto un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF –no solo a los sindicatos de clase, que han venido siendo cómplices de los diferentes recortes-- para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, pedimos que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.

Hay que recordar que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias --una pérdida de hasta 8.000 euros al año--. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización.

Lamentamos que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario.

CSIF reclama a Justicia instrucciones claras para que los registros civiles apliquen de manera correcta la ‘ley trans’

admin — Wed, 01 Mar 23 10:12:29 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reclamado al departamento de Pilar Llop que facilite a las/os empleados de los registros civiles instrucciones claras para aplicar de manera correcta la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’. Esta ley, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, regula por primera vez la autodeterminación de género y entra mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

A menos de 24 horas de que empiece a regir esta norma, los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo. Sin embargo, las plantillas del Registro Civil aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios ni la formación necesaria para que, en aplicación de la ‘ley trans’, asistan de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo.

La variación del sexo recogida por la ‘ley trans’ es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas.

En el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación.

En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”, comprobar la documentación y dictar resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad.

En este sentido, el sindicato presidido por Miguel Borra subraya que el plazo de un año que establece la ley para el desarrollo reglamentario es demasiado tiempo.

CSIF te informa sobre pensiones en Clases Pasivas y del RGSS

admin — Wed, 11 Jan 23 15:14:00 CET

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CSIF convoca movilizaciones contra la imposición de los tribunales de instancia y el resto de reformas en la organización de la Justicia

admin — Wed, 30 Nov 22 07:57:11 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración de Justicia, ha decidido iniciar una campaña de movilizaciones contra la imposición por parte del Ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa, que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores. Las movilizaciones comenzarán hoy 30 de noviembre, a las 12,00 horas, con una concentración frente al Ministerio de Justicia.

La última reunión del día 18 de noviembre con el Ministerio sirvió para constatar su nula voluntad de negociar el futuro modelo de la organización de la Justicia y su impacto sobre las condiciones laborales de trabadores/as de esta administración.

Tras el acuerdo salarial formado con CC.OO y UGT que agrava la pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde 2010, el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la Ley de Eficiencia Organizativa (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores.

Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará a finales o principios del próximo año, supone una amenaza directa a la negociación colectiva. Los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

A todo esto, hay que añadir la privatización que se está impulsando desde el ministerio con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución a los procuradores.

De hecho, tenemos constancia de que el Ministerio y las comunidades autónomas ya han elaborado en la Conferencia Sectorial los modelos de referencia de las oficinas (Unidad de Tramitación y servicios comunes) de los Tribunales de Instancia, de las Oficinas de Justicia en el Municipio y están, ahora negociando los modelos de relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas y del Registro civil. De hecho, conforme a lo tratado en esa conferencia sectorial, ya se están produciendo recortes de derechos en algunas oficinas judiciales (Badajoz, Ciudad Real o Segovia), donde se están reduciendo la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente.

Desde el Ministerio tampoco aclaran el futuro de los complementos de violencia o los complementos de los servicios comunes de notificaciones que, de no incluirse en las nuevas rpts, supondrían una vulneración de acuerdos previos. Tampoco aclara el Ministerio cómo va a proceder para ubicar al personal afectado en los nuevos puestos de trabajo ni sobre los mecanismos de movilidad forzosa que pretende emplear con este fin.

Es inaceptable que los funcionarios/as de Justicia tengan que ser los paganos de los nuevos Tribunales de Instancia, con una reforma a coste cero, en una administración además que tiene un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable.

Por eso, como ya avisamos desde CSIF, nos vemos abocados al conflicto.