Nacional - Administración de Justicia

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

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En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

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En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

MUFACE: convenio con el C.G. de Colegios Oficiales de podólogos

admin — Sat, 11 Jun 22 17:35:57 CEST

Muface

Publicada la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

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CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

admin — Fri, 17 Sep 21 11:57:21 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.

Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

En este sentido, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.

CSIF se planta ante la falta de negociación en el Ministerio de Justicia

admin — Wed, 07 Apr 21 16:43:03 CEST

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Bajo el lema Justicia sin medios, nos sobran los motivos, decenas de delegados de CSIF se han concentrado enfrente de la sede del Ministerio de Justicia para exigir más medios para la Administración de Justicia.

Además, CSIF como sindicato mayoritario en Justicia, ha exigido al Ministerio de Justicia que convoque la mesa de negociación para dar salida a las principales reivindicaciones del sector que están pendientes desde hace años.

Como ya hemos informado CSIF, ha presentado una propuesta de acuerdo de incremento del complemento específico de 350 euros mensuales en tres años a razón de 150, 100 y 100.

Junto a esta histórica y justa reivindicación del personal del ámbito del Ministerio, CSIF propone desarrollar la carrera profesional incluida en la LOPJ en el año 2018, la revisión de las guardias y la productividad, la consolidación del complemento de violencia sobre la mujer y su recuperación en aquéllos ámbitos donde no se percibe, la negociación de las formas de provisión de puestos de trabajo (interinos, sustituciones y comisiones de servicio), el fomento de la promoción profesional real y efectiva desde Auxilio a Letrados, la revisión de la oficina judicial y de la oficina fiscal favoreciendo dicha promoción real y la carrera horizontal.... etc...

Por otro lado, CSIF ha advertido al Ministerio que no va a tolerar que la modernización de la Justicia se haga a costa de los derechos laborales y las condiciones de trabajo del personal de Justicia tal y como ha sucedido con el teletrabajo en los últimos días.

La Justicia 2030 que impulsa el Ministerio debe poner como protagonistas a los funcionarios y funcionarias de Justicia y la mejora en sus condiciones laborales y derechos debe ser, junto con el incremento y mejora de los medios personales y materiales el eje del cambio.

CSIF ha advertido al Ministerio de Justicia que, de no cambiar de actitud, seguirá en la calle exigiendo respeto al derecho de negociación colectiva y a los funcionarios y funcionarias de Justicia que hacen posible que la Justicia funcione a pesar de la precariedad y ausencia de medios.

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Enlaces relacionados:

MANIFIESTO: Por una Justicia con medios, NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

CSIF convoca una concentración el 7 de abril para exigir a Justicia más medios tecnológicos y refuerzos de plantillas

CSIF convoca mañana una concentración e inicia una campaña de movilizaciones ante el deterioro de la Justicia

Video con declaraciones parte 1

Video concentración parte 2

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Medios:

Confilegal- CSIF se concentra frente al Ministerio de Justicia

Video ABC- CSIF reclama al Ministerio más personal y medios materiales para la Justicia

EUROPA PRESS: CSIF reclama ante el Ministerio de Justicia más personal y medios para hacer frente a la saturación de los juzgados

El Confidencial- El sindicato CSIF se manfiesta para pedir medios personales y materiales ante la saturación de la Justicia

OK DIARIO: CSIF avisa del colapso judicial que causa el Gobierno

VozPopuli: CSIF se concentra ante el Ministerio para exigir más medios personales y materiales para la Justicia

EL ESPAÑOL: El sindicato de funcionarios reclama más medios en Justicia ante el colapso de los juzgados por la Covid

ECONOMÍA DIGITAL: La Justicia se planta ante Campo: protesta ante el Ministerio para reclamar un refuerzo en la plantilla

ABC: CSIF reclama ante el Ministerio de Justicia más personal y medios

20MINUTOS: CSIF reclama ante el Ministerio de Justicia más personal y medios

El Mundo CSIF denuncia el deterioro de la Justicia

Video.- La Sexta Los sindicatos denuncian la falta de medios y piden negociar las reformas pendientes

Audio.- Radio Nacional Convocamos concentraciones. Exigimos más medios y negociación colectiva

public://field/video/Los empleados públicos del mutualismo administrativo recibirán la vacuna del Covid19, a partir de marzo.mp4

admin — Wed, 30 Dec 20 11:31:00 CET

MufacePrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

El colectivo de empleados y empleadas públicas dependientes del mutualismo administrativo recibirán la vacuna del Covid19, a partir del próximo mes de marzo, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Tras la reivindicación de CSIF, la directora general de MUFACE informó que la vacunación se realizará desde las comunidades autónomas, con la creación de un registro único de control y seguimiento.

Para ello, la mutualidad está en contacto con el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas con el fin de evitar las incidencias acontecidas en la vacunación de la gripe común, así como en la aplicación de las PCR por falta de coordinación entre el sistema del mutualismo administrativo y el Sistema Nacional de Salud.

Desde Muface también se nos indica, no obstante, que en el caso de que se produzca algún tipo de incidencia cuando los mutualistas sean convivientes o hayan tenido un contacto estrecho con alguna persona que haya dado positivo en Covid, debe ponerse en conocimiento del sistema sanitario de la comunidad autónoma.

Por otra parte, el sector estatal de Ambulancias de CSIF se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para que les informe de cuándo se va a proceder a la vacunación de este colectivo, teniendo en cuenta de que están en primera línea por su contacto diario con pacientes que pueden estar contagiados.

CSIF también ha reclamado un refuerzo de las plantillas de la sanidad para agilizar la vacunación.

El ministro de Seguridad Social debe trasladar un compromiso público con el régimen de clases pasivas, ante la alarma generada

admin — Tue, 05 May 20 12:38:44 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas exige al ministro de Seguridad Social un compromiso público sobre el futuro de las prestaciones y pensiones del régimen de clases pasivas.

La modificación legislativa introducida mediante Real Decreto-ley, aprovechando el estado de alarma, de la estructura orgánica del régimen del que depende las pensiones de un gran número de funcionarios ha generado alarma y desconfianza en el colectivo y CSIF ha exigido un compromiso al Ministro de Seguridad Social, en el que se garantice que el acceso a las pensiones y prestaciones del régimen de clases pasivas se mantendrán en los mismos términos que los actuales, ya que esta medida se ha realizado sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin debate parlamentario.

De hecho, CSIF como primer sindicato de los funcionarios de este país ha alzado la voz ante las dudas que genera entre los funcionarios esta medida y sobre la posible extinción del régimen de las clases pasivas o la modificación de las prestaciones como consecuencia de una integración en el régimen general de la Seguridad Social, máxime teniendo en cuenta que el actual Ministro de Seguridad Social en su anterior etapa como presidente de la AIReF, en un informe de enero de 2019, aconsejaba incrementar la edad de jubilación voluntaria y el número de años de cotización.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar esta modificación por el procedimiento de urgencia y sin negociación, solicitando su conversión en un Proyecto de Ley, con el fin de que se puedan exigir explicaciones al Gobierno mediante enmiendas que ofrezcan garantías o que pudieran eliminar esta modificación.

De no prosperar en vía parlamentaria la transformación en Proyecto de Ley, CSIF instará la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 sobre el trasvase de Clases Pasivas a Seguridad Social, por no reunir los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.