Jaén

CSIF denuncia una nueva agresión en el centro penitenciario de Jaén

MARIA CARMEN Palacios Ruiz — Thu, 23 Jul 26 10:55:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización sindical mayoritaria en las Mesas Delegadas de Función Pública e Instituciones Penitenciarias, denuncia públicamente la grave agresión sufrida ayer por tres trabajadores en el Centro Penitenciario de Jaén.

Los hechos ocurrieron en el Módulo 9, módulo residencial de internos PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales). Los funcionarios observaron que algunos reclusos se encontraban bajo posibles efectos de sustancias tóxicas, por lo que procedieron a interrogar a uno de ellos. Fue en ese momento, mientras se le preguntaba por su estado, cuando el interno, sin mediar palabra, se revolvió contra los funcionarios presentes (dos funcionarios del módulo y un Jefe de Servicios) y comenzó a dar patadas y golpes a la par que los insultaba.

Como consecuencia de ello, el interno tuvo que ser reducido usando la fuerza física mínima imprescindible y fue trasladado posteriormente al módulo de aislamiento. Tuvieron que intervenir varios funcionarios de diferentes módulos, ya que el agresor se encontraba extremadamente alterado y no cejaba en su empeño de agredir a los compañeros. En el transcurso del forcejeo, un funcionario resultó herido en un codo teniendo que ser asistido por el servicio médico de la prisión.

Carencias estructurales y falta de medios

CSIF denuncia que este tipo de incidentes violentos se están produciendo con una preocupante frecuencia. Para la organización, esta situación es consecuencia directa de:

Insuficiencia de medios de defensa: El incidente vuelve a poner de manifiesto la indefensión con la que operan a diario los funcionarios.
Falta de recursos humanos: Se necesita una actualización de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) acorde con las necesidades actuales y urge elaborar un sistema que cubra las bajas y las vacantes por permisos de personal, especialmente durante el periodo estival. Además, CSIF considera que se deberían hacer controles más rigurosos y exhaustivos de toda la correspondencia y paquetería que entra en las prisiones, por lo que con un aumento de la plantilla, se podría hacer este tipo de inspecciones y así asegurar el correcto funcionamiento de los centros.
Deficiencias en atención sanitaria: Se evidencia una alarmante falta de atención psiquiátrica en las instituciones penitenciarias para gestionar perfiles especialmente conflictivos. El Módulo 9 PAIEM no puede ser un "cajón de sastre" donde ubicar a todos los internos que no se adaptan en otros módulos.
Régimen disciplinario desfasado: Se requiere una reforma y actualización urgente del marco disciplinario penitenciario, que data de 1981, para responder con mayor eficacia ante estas conductas.
Masificación penitenciaria: “Este incidente ocurre en un módulo donde actualmente el personal funcionario tiene que hacer malabares más propios del juego del Tetris para ubicar a un interno en una celda. La obligación de juntar a dos internos por celda genera constantes roces, más aún en época estival. Si a esto se le suma la peculiaridad de tratarse de internos del programa PAIEM, los conflictos están asegurados”, aseguran los propios profesionales.

Entre sus reivindicaciones principales, el sindicato reclama la incorporación de dispositivos de defensa menos letales, como pistolas taser, para intervenciones excepcionales en situaciones de extrema violencia.

Reconocimiento legal y respaldo al personal

Por otro lado, el sindicato ha valorado positivamente la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del reconocimiento como Agentes de la Autoridad para los trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias, un paso crucial que implicará que las agresiones a estos conlleven penas adicionales para las personas recluidas.

CSIF quiere reconocer explícitamente la impecable actuación de los trabajadores que intervinieron en el incidente. Gracias a su profesionalidad y experiencia fue posible controlar una situación extremadamente complicada y evitar consecuencias aún más graves.

Asimismo, la organización sindical recuerda que ha puesto a disposición de los trabajadores afectados su gabinete jurídico y el servicio CSIF Ayuda, con el fin de ofrecerles todo el asesoramiento legal y el apoyo psicológico que puedan necesitar.

Exigencias y medidas de urgencia

Ante la gravedad de los hechos, CSIF ha solicitado formalmente a la Dirección el traslado inmediato del interno implicado a un establecimiento penitenciario más adecuado a sus características, al entender que su permanencia en el centro de Jaén continúa generando situaciones de elevado riesgo para la plantilla, y exige celeridad absoluta en este trámite.

CSIF-A exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Wed, 22 Jul 26 11:53:00 CEST

El sindicato reclama la aplicación estricta del protocolo ante altas temperaturas y denuncia que la falta de efectivos agrava la exposición al estrés térmico en las tareas de reparto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor que azota Andalucía.

El sindicato ha reclamado a la empresa pública el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación efectiva del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

El protocolo de Correos establece que, cuando la AEMET activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13:00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17:00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados. CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma inmediata por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo.

“La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal. Cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

El sindicato ha reclamado igualmente que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF ha denunciado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones. La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

“La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, ha advertido Gómez.

Para CSIF, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de las y los trabajadores ni la prestación del servicio.

Campaña contra el estrés térmico

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña ‘Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales’, impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas.

La organización recuerda que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos. Por ello reclama una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor.

“Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves. Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, ha concluido Gómez.

Bajada de ratios, mejora salarial y más recursos: CSIF traslada a la consejera las prioridades de la educación pública andaluza

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Tue, 21 Jul 26 11:31:00 CEST

El sindicato defiende una negociación permanente para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la atención al alumnado
Reclama una apuesta decidida por la red pública frente a cualquier medida que suponga una mayor concertación de la enseñanza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha trasladado a la Consejería de Educación las prioridades del sistema educativo público para esta nueva legislatura, entre las que destacan la disminución de ratios, la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado y el refuerzo de los recursos destinados a los centros educativos.

En una reunión bilateral entre ambas partes, en la que han participado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, y la consejera de Educación, Carmen Castillo, el sindicato ha defendido que la política educativa debe sustentarse en el diálogo, la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente las y los profesionales de la enseñanza pública.

“La educación pública es uno de los ejes vertebradores del Estado de Bienestar y es la principal garantía de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social. La Administración debe hacer una apuesta decidida por ella con más inversión y mejores condiciones laborales para quienes la sostienen”, ha señalado García.

Entre los asuntos planteados, CSIF ha denunciado la supresión de más de 2.800 unidades en la enseñanza pública andaluza entre el curso 2019/2020 y el 2025/2026 y ha advertido de que el descenso de la natalidad no puede traducirse en un debilitamiento de la red pública. En este sentido, ha reclamado un plan de choque para frenar la pérdida de unidades y aprovechar la reducción del alumnado para disminuir las ratios, incrementar plantillas y ofrecer una atención más individualizada. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad y la orientación educativa.

En materia de Formación Profesional, CSIF ha denunciado que el nuevo modelo Dual está suponiendo una creciente sobrecarga para el profesorado, que asume funciones de coordinación, relación con las empresas, seguimiento del alumnado y resolución de incidencias sin contar con el tiempo ni los recursos suficientes. A esto hay que sumar la excesiva burocracia y continuas deficiencias del sistema Séneca, que dificultan la gestión y la labor educativa.

“Es evidente que hay que reforzar la inversión y la planificación en la FP pública para garantizar su calidad. Igual que resulta preocupante el mayor crecimiento de la oferta privada frente a la red pública, una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades”, ha explicado García.

De igual manera, la Central Sindical considera imprescindible contar con más financiación para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y avanzar en las medidas de climatización.

Nuevo acuerdo retributivo

En materia de condiciones salariales, García ha puesto en valor el acuerdo retributivo impulsado por CSIF en 2022, cuyo último tramo se abonó en septiembre de 2025 y que ha supuesto una mejora retributiva acumulada de entre 2.030 y 2.310 euros para los subgrupos A2 y A1, respectivamente; no obstante, el sindicato considera que la culminación de este acuerdo no puede suponer el final de las mejoras salariales. Por ello, ha reclamado la apertura de una negociación para alcanzar un nuevo acuerdo retributivo que permita equiparar las remuneraciones del profesorado andaluz, que vuelven a estar en el furgón de cola, con las de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus docentes.

“Andalucía debe aspirar a contar con el profesorado y los equipos directivos mejor retribuidos del país. La dignificación de la profesión docente pasa también por una mejora salarial que reconozca la responsabilidad y la dedicación de nuestros profesionales”, ha afirmado García.

En esta línea, CSIF ha reiterado la petición registrada ante la Consejería el pasado mes de marzo para iniciar la negociación para implantar el sexto sexenio, así como la revisión al alza de las cuantías de los sexenios actuales, con el objetivo de poner en valor la formación permanente, la experiencia profesional y la prolongación de la vida laboral del profesorado.

CSIF también ha reclamado un mayor reconocimiento para los equipos directivos ante el incremento de cada vez más responsabilidades y la sobrecarga que les genera. Por ello ha reclamado más recursos humanos y organizativos, una reducción de la carga burocrática y la consolidación de los complementos retributivos para todos sus integrantes.

Desarrollo del acuerdo educativo y defensa de la red pública

Durante el encuentro también se ha analizado el desarrollo del Acuerdo de 16 de julio de 2025 para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal docentes no universitario. CSIF ha destacado la importancia de seguir impulsando las medidas recogidas en dicho acuerdo conforme a los plazos establecidos con las organizaciones sindicales firmantes, con el objetivo de que sus avances repercutan de manera efectiva en el profesorado, el alumnado y el funcionamiento de los centros públicos.

Por otra parte, el sindicato ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que pueda debilitar la enseñanza pública, entre ellas una posible extensión de la concertación del Bachillerato. Para CSIF, cualquier ampliación de la oferta educativa debe realizarse fortaleciendo los institutos públicos, sus plantillas y sus recursos.

“Nuestro compromiso es seguir defendiendo un sistema educativo público fuerte, suficientemente financiado y con profesionales reconocidos y bien remunerados. Esa seguirá siendo la hoja de ruta de CSIF en todas las mesas de negociación”, ha concluido García.

CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la reutilización de cascos de protección en el INFOCA por poner en riesgo la seguridad de la plantilla

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Thu, 16 Jul 26 09:10:00 CEST

El sindicato exige la retirada inmediata de las instrucciones que permiten que los equipos de protección dejen de ser asignados individualmente a cada bombero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las instrucciones internas que permiten la reutilización de cascos de protección en el dispositivo INFOCA, ya que supone un grave riesgo para la seguridad de las y los bomberos forestales y contraviene la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Las instrucciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (ASEMA) establecen que los cascos MSA Gallet dejen de estar asignados de forma individual a cada trabajador para pasar a ser material de las distintas unidades operativas, de manera que puedan ser utilizados por diferentes efectivos tras sustituir únicamente los elementos interiores, como almohadillas y atalajes.

CSIF considera que esta medida es incompatible con la naturaleza de estos equipos, ya que se trata de equipos de protección individual (EPI), diseñados para proteger frente a riesgos que puedan ocasionar daños irreversibles o incluso la muerte durante las intervenciones en incendios forestales.

El secretario general de CSIF en la ASEMA, Gregorio López, ha lamentado que “la Agencia pretenda convertir un EPI en un elemento de uso compartido, algo que resulta incompatible con los principios más básicos de protección”. En este sentido, ha advertido de que “la seguridad de los trabajadores no puede supeditarse a criterios económicos ni de ahorro. Quienes cada verano se enfrentan al fuego para proteger a la ciudadanía merecen contar con equipos nuevos, personales y con todas las garantías”.

El sindicato ha recordado que un casco de protección está sometido durante toda su vida útil a impactos, altas temperaturas, radiación solar y otras condiciones extremas que pueden afectar a su comportamiento estructural, aunque exteriormente no presente daños visibles. Por ello, entiende que sustituir únicamente los elementos interiores no permite garantizar que el caso mantenga intactas sus prestaciones de seguridad.

Además, la reutilización por distintos trabajadores rompe la trazabilidad del equipo, impidiendo conocer con certeza su historial de uso, las incidencias sufridas o las condiciones a las que ha estado expuesto, aspectos esenciales para determinar si sigue siendo apto para proteger a su usuario.

“Un casco no es una herramienta que pueda pasarse de un trabajador a otro. Es un equipo de protección individual que puede marcar la diferencia entre regresar a casa después de una intervención o tener que hablar de lesiones de extrema gravedad o incluso de muertes. No vamos a permitir que se rebajen las condiciones de seguridad de los profesionales del INFOCA”, ha afirmado López.

En la denuncia presentada, CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que investigue estos hechos, requiera la retirada inmediata de las instrucciones que permiten reutilizar los cascos de protección y adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los bomberos y bomberas forestales dispongan de un casco nuevo, de uso exclusivamente personal y en perfecto estado.

El sindicato recuerda que esta denuncia llega después de haber reclamado formalmente a la dirección de la Agencia la revocación de estas instrucciones sin obtener una respuesta que garantice la protección de la plantilla.

Por último, CSIF ha reiterado que la seguridad y la salud laboral de los profesionales que integran el dispositivo INFOCA no son negociables y continuará utilizando todas las vías administrativas y legales a su alcance para exigir el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la dotación de equipos de protección que respondan a las máximas garantías de seguridad.

CSIF denuncia que Baeza se queda sin cobertura de la Policía Local por la inamovilidad de la postura del Ayuntamiento

MARIA CARMEN Palacios Ruiz — Mon, 13 Jul 26 12:42:00 CEST

Por la falta de agentes, el consistorio contrató servicio privado para controlar la circulación en un evento lo que podría incurrir en responsabilidad penal
El sindicato ya alertó la semana pasada de que la falta de acuerdo podría provocar la falta de cobertura del servicio de la Policía Local

La sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Baeza denuncia que la falta de acuerdo en relación a las horas extraordinarias entre la corporación y la plantilla de la Policía Local es el resultado directo de la irresponsabilidad y la falta de gestión por parte de la concejalía de personal. Coyuntura que ha provocado que este fin de semana se hayan registrado turnos sin efectivos policiales. Ante esta situación, la jefatura ha tenido que mantenerse cerrada.

CSIF ya denunció la semana pasada que una vez agotada la vía del diálogo por parte de la Concejalía de Personal, la plantilla acordó dejar de realizar servicios extraordinarios, cuya prestación tiene carácter voluntario. El acuerdo pretende mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los agentes, sus condiciones de trabajo, la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y determinadas cuestiones retributivas, sin embargo, ante la inamovilidad de la postura del equipo de gobierno se mantiene lo acordado entre la policía local de no hacer horas extras.

Como consecuencia directa de esta situación, no se ha dado cobertura policial a los exámenes de la Guardia Civil de este sábado por la mañana en el que ha habido más de 2.800 aspirantes ha dicho cuerpo y cuyo examen se ha celebrado en la ciudad. Tampoco se prestó atención a la ciudadanía y a los requerimientos en varios turnos de trabajo por encontrarse literalmente la Jefatura de Policía cerrada al no haber efectivos disponibles.

Asimismo, no se dio cobertura a la procesión de San Cristóbal, que en este caso desde la concejalía pertinente se optó por contratar servicio de seguridad privada y poner en manos de “personal no cualificado” la seguridad de las personas que asistían al evento. CSIF quiere hacer hincapié en este asunto, ya que las potestades públicas están reservadas y blindadas para ser ejercidas por personal funcionario, como en este caso es la limitación del derecho fundamental de la libre circulación o la ordenación del tráfico, funciones exclusivas de los agentes de la autoridad de la Policía Local en Baeza, por lo que esta contratación de servicio privado para tal efecto podría incurrir en responsabilidad penal hacia el consistorio.

Desde la sección sindical de CSIF en Baeza, “reiteramos que esta situación puede repetirse en los próximos meses, por lo que se apela a que sean estimadas las reivindicaciones del colectivo de la Policía Local, que como ya se ha explicado, no son tanto salariales, sino de mejora de la calidad del servicio a la ciudadanía y a la mejoras laborales de los agentes”, concluyen.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A reclama un plus de penosidad y peligrosidad para el personal de seguridad privada en los centros del SAS

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Mon, 13 Jul 26 10:00:00 CEST

El sindicato señala que el colectivo realiza una labor esencial en un contexto de elevada exposición a situaciones violentas y riesgos biológicos
Insta a la Junta de Andalucía a incorporar este complemento retributivo en los pliegos de contratación y a habilitar mecanismos de registro de agresiones a profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha solicitado a la Junta de Andalucía la creación de un plus específico de penosidad, peligrosidad y riesgo sanitario para el personal de seguridad privada que presta servicio en los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato ha señalado que estos profesionales desarrollan una labor esencial en un entorno especialmente complejo, caracterizado por una elevada exposición a situación de tensión, intervenciones en incidentes violentos y riesgos derivados de la propia actividad asistencial, circunstancias que justifican el reconocimiento a su trabajo con un complemento retributivo específico.

La petición del sindicato se produce en un contexto de incremento continuado de las agresiones registradas en el ámbito sanitario andaluz. Según los datos de la propia Consejería de Sanidad, en 2025 se alcanzó el mayor número de agresiones contabilizadas desde que existen registros oficiales, hasta alcanzar las 1.926, siendo 387 de ellas de carácter físico y 1.589 de carácter no físico; no obstante, CSIF ha subrayado que el personal de seguridad privada no aparece reflejado en estas estadísticas al tratarse de trabajadores y trabajadoras de empresas adjudicatarias, pese a que intervienen de forma directa en la contención de muchos estos episodios violentos.

En este sentido, la Central Sindical ha registrado un escrito ante la Administración en el que indica la necesidad de que se reconozca la especial penosidad y peligrosidad inherentes al desempeño de estos profesionales, cuya actividad implica además una exposición habitual a riesgos biológicos y situaciones de elevada carga física y psicológica.

“Los vigilantes de seguridad forman parte del funcionamiento diario de los centros sanitarios y asumen responsabilidades esenciales para garantizar la seguridad de profesionales y usuarios, pero esa labor no tiene un reconocimiento retributivo acorde con las condiciones en las que desempeñan su trabajo”, ha explicado Raúl Álvarez, responsable autonómico de Seguridad Privada de CSIF Andalucía.

Además, el sindicato ha recordado que ya existen precedentes de complementos retributivos similares en otros servicios externalizados vinculados al ámbito sanitario, como el de la limpieza de centros, e incluso en determinadas licitaciones públicas, por lo que considera “plenamente viable incorporar esta medida a los futuros contratos del servicio de vigilancia de los centros sanitarios andaluces”.

Entre las propuestas de CSIF figura la incorporación obligatoria de este plus en los pliegos de contratación, de forma que todas las empresas adjudicatarias estén obligadas a abonarlo a su plantilla con independencia de la provincia donde presten servicio; asimismo, solicita el reconocimiento formal de la laguna estadística que afecta al colectivo de seguridad privada en los sistemas de registro de agresiones del SAS e insta a la Administración a adoptar mecanismos de notificación y seguimiento específicos que permitan disponer de una radiografía real de los riesgos a los que se enfrenta el colectivo.

Para CSIF, la creación de este complemento específico supone un paso necesario para dignificar las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la sanidad pública andaluza y un reconocimiento a una realidad profesional marcada por una especial exposición al riesgo.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF te explica cómo completar el autobaremo de carrera profesional del SAS

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Tue, 07 Jul 26 14:48:00 CEST

Prensa y Comunicación

CSIF Sanidad Andalucía te explica paso a paso cómo realizar el autobaremo para la carrera profeisonal del Servicio Andaluz de Salud.