Jaén

CSIF denuncia el caos informático para expedir documentos en Extranjería, DNI y Pasaportes

maria-carmen.palacios.ruiz — Tue, 09 Jun 26 09:56:00 CEST

Interrupciones del sistema, pérdidas de conexión y aplicaciones lentas son las incidencias más habituales y que provocan retrasos o anulaciones de citas

El Sector de Administración General del Estado de CSIF Jaén denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

En la provincia de Jaén, esta situación está afectando a siete puestos de Extranjería, cuatro de ellos en la Subdelegación del Gobierno, dos en la Comisaría de policía y uno en Linares. En cuanto a los problemas de línea que afectan a los puestos de DNI y Pasaportes ascienden 18: ocho en Jaén, cuatro en Úbeda, tres en Linares y tres en Andújar.

“Esta situación se está alargando en el tiempo mucho más de lo esperado y está provocando una frustración muy alta tanto entre los empleados y empleadas públicas como en la ciudadanía que van a realizar sus trámites”, alerta Miguel González, responsable del sector de Administración General del Estado de CSIF Jaén, quien insiste en que no hay que hacer responsable a los propios trabajadores que se encuentran en las oficinas, estas personas que prestan el servicio y su responsabilidad es la que está haciendo que no colapse la situación.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos y acumulación de citas.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales, y además, del comienzo de la temporada estival que la renovación o expedición de DNI y Pasaportes es mucho mayor.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

maria-carmen.palacios.ruiz — Wed, 10 Jun 26 11:41:00 CEST

Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación
En Jaén, solo el 16,5% de los centros de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública jiennense y andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la responsable de CSIF Educación Jaén, Julia Carcelén.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

Carcelén ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 16,5% de los centros de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado Carcelén. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 450 centros educativos públicos de la provincia de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido Carcelén.

CSIF-A interpone un recurso contencioso administrativo contra un proceso selectivo de estabilización de personal laboral de la Junta por vulnerar la igualdad de acceso

admin — Tue, 24 Jan 23 12:12:07 CET

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El sindicato lamenta que la Administración puntúe de forma diferente con los mismos criterios a los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización dirigido a una parte del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, considera ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”. De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta. Además, las diferencias radican también en os criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF-A lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF-A estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

CSIF denuncia la contratación de trabajadores sociales mediante el SAE ignorando al personal disponible en bolsa con procesos selectivos superados

admin — Fri, 24 Jun 22 10:02:35 CEST

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El sindicato califica de “incomprensible” que la Junta cubra 153 plazas con personal externo existiendo 102 personas en listas de espera para ocupar puestos vacantes
Lamenta que la Administración cree duplicidades en materia de recursos humanos y haga gastos innecesarios en contratación de personal laboral en la Agencia de Servicios Sociales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, esté realizando contrataciones de trabajadores sociales mediante ofertas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir necesidades de personal, obviando al personal disponible en bolsas y tras haber superado un proceso selectivo.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que desde la Administración andaluza se sigan aumentando las contrataciones de personal laboral de la Agencia mediante este procedimiento cuando existe un cuerpo de funcionarios y una categoría de personal laboral de Trabajadores Sociales que han superado un proceso selectivo convocado por Administración y que forman parte de una bolsa. Por el contrario, “y sin explicación alguna” a este personal disponible no se le llama desde la Junta ante necesidades de personal para ocupar puestos disponibles”.

Dorado ha señalado que esta situación está generando un gran malestar entre los integrantes de estas bolsas al sentir que tras el esfuerzo realizado, tanto a nivel económico como personal, no son llamados por la Administración para ocupar un puesto de trabajo mientras observan “atónitos” como se hacen ofertas al SAE para ocupar necesidad de plazas.

Según el dirigente sindical, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha convocado diferentes ofertas de empleo, a través del SAE, para cubrir 153 plazas de trabajadores sociales mientras ya había disponible en las bolsas provinciales de la categoría de Trabajo Social de la Oferta de Empleo Público (OEP)– correspondientes a las convocatorias de 2003, 2005 y 2006- un total de 102 personas de todas las provincias andaluzas y, sin embargo, ninguna de ellas ha sido llamada para ocupar dichos puestos de trabajo.

Desde el sector de AGJA de CSIF-A, consideran que con esta forma de actuar la Junta está creando duplicidades en materia de recursos humanos y realizando gastos innecesarios en materia de contratación de personal laboral de esta entidad instrumental dependiente de la Consejería de Igualdad, en detrimento del personal funcionario interino y del personal laboral del VI Convenio Colectivo que han superado sus procesos selectivos y que están a la espera de ser llamados por la Administración andaluza para trabajar. A juicio de Dorado esta situación “supone una auténtica sangría de dinero público, es decir, de esos impuestos que a los ciudadanos nos cuesta tanto esfuerzo pagar”.

Posible usurpación de funciones

El dirigente sindical denuncia, además, que las ofertas realizadas “son tan genéricas en la especificación de las funciones a realizar por el personal contratado a través del SAE, que dejan entrever la posibilidad de que estas personas ejerzan potestades reservadas a personal funcionario”. Ante esta situación, desde CSIF-A “estaremos expectante y realizaremos las demandas que correspondan por usurpación de funciones reservadas a personal funcionario”, ha recalcado Dorado.

Igualmente, CSIF-A lamenta cómo está creciendo la Agencia de Servicios Sociales en la realización de contrataciones de personal propio mientras se va mermando el número de funcionarios para la gestión de los expedientes de valoración de la dependencia que llegan a tener un retraso medio de 18 meses, lo que está provocando que en algunos casos cuando llega la aprobación del mismo la persona beneficiaria ya haya fallecido.

Por otro lado, desde el sindicato no se entiende cómo existiendo esta necesidad de contratación continua por parte de la Agencia no se haya puesto en marcha la Bolsa Única Común (BUC) donde existen 7495 participantes en la categoría de Trabajadores Sociales para toda Andalucía. Dorado lamenta que “se haya generado una expectativa en los participantes de la BUC que se está supliendo con contrataciones externas”.