Jaén

CSIF-A exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 22 Jul 26 11:53:00 CEST

El sindicato reclama la aplicación estricta del protocolo ante altas temperaturas y denuncia que la falta de efectivos agrava la exposición al estrés térmico en las tareas de reparto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor que azota Andalucía.

El sindicato ha reclamado a la empresa pública el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación efectiva del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

El protocolo de Correos establece que, cuando la AEMET activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13:00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17:00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados. CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma inmediata por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo.

“La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal. Cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

El sindicato ha reclamado igualmente que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF ha denunciado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones. La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

“La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, ha advertido Gómez.

Para CSIF, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de las y los trabajadores ni la prestación del servicio.

Campaña contra el estrés térmico

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña ‘Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales’, impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas.

La organización recuerda que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos. Por ello reclama una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor.

“Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves. Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, ha concluido Gómez.

Bajada de ratios, mejora salarial y más recursos: CSIF traslada a la consejera las prioridades de la educación pública andaluza

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 21 Jul 26 11:31:00 CEST

El sindicato defiende una negociación permanente para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la atención al alumnado
Reclama una apuesta decidida por la red pública frente a cualquier medida que suponga una mayor concertación de la enseñanza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha trasladado a la Consejería de Educación las prioridades del sistema educativo público para esta nueva legislatura, entre las que destacan la disminución de ratios, la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado y el refuerzo de los recursos destinados a los centros educativos.

En una reunión bilateral entre ambas partes, en la que han participado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, y la consejera de Educación, Carmen Castillo, el sindicato ha defendido que la política educativa debe sustentarse en el diálogo, la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente las y los profesionales de la enseñanza pública.

“La educación pública es uno de los ejes vertebradores del Estado de Bienestar y es la principal garantía de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social. La Administración debe hacer una apuesta decidida por ella con más inversión y mejores condiciones laborales para quienes la sostienen”, ha señalado García.

Entre los asuntos planteados, CSIF ha denunciado la supresión de más de 2.800 unidades en la enseñanza pública andaluza entre el curso 2019/2020 y el 2025/2026 y ha advertido de que el descenso de la natalidad no puede traducirse en un debilitamiento de la red pública. En este sentido, ha reclamado un plan de choque para frenar la pérdida de unidades y aprovechar la reducción del alumnado para disminuir las ratios, incrementar plantillas y ofrecer una atención más individualizada. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad y la orientación educativa.

En materia de Formación Profesional, CSIF ha denunciado que el nuevo modelo Dual está suponiendo una creciente sobrecarga para el profesorado, que asume funciones de coordinación, relación con las empresas, seguimiento del alumnado y resolución de incidencias sin contar con el tiempo ni los recursos suficientes. A esto hay que sumar la excesiva burocracia y continuas deficiencias del sistema Séneca, que dificultan la gestión y la labor educativa.

“Es evidente que hay que reforzar la inversión y la planificación en la FP pública para garantizar su calidad. Igual que resulta preocupante el mayor crecimiento de la oferta privada frente a la red pública, una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades”, ha explicado García.

De igual manera, la Central Sindical considera imprescindible contar con más financiación para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y avanzar en las medidas de climatización.

Nuevo acuerdo retributivo

En materia de condiciones salariales, García ha puesto en valor el acuerdo retributivo impulsado por CSIF en 2022, cuyo último tramo se abonó en septiembre de 2025 y que ha supuesto una mejora retributiva acumulada de entre 2.030 y 2.310 euros para los subgrupos A2 y A1, respectivamente; no obstante, el sindicato considera que la culminación de este acuerdo no puede suponer el final de las mejoras salariales. Por ello, ha reclamado la apertura de una negociación para alcanzar un nuevo acuerdo retributivo que permita equiparar las remuneraciones del profesorado andaluz, que vuelven a estar en el furgón de cola, con las de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus docentes.

“Andalucía debe aspirar a contar con el profesorado y los equipos directivos mejor retribuidos del país. La dignificación de la profesión docente pasa también por una mejora salarial que reconozca la responsabilidad y la dedicación de nuestros profesionales”, ha afirmado García.

En esta línea, CSIF ha reiterado la petición registrada ante la Consejería el pasado mes de marzo para iniciar la negociación para implantar el sexto sexenio, así como la revisión al alza de las cuantías de los sexenios actuales, con el objetivo de poner en valor la formación permanente, la experiencia profesional y la prolongación de la vida laboral del profesorado.

CSIF también ha reclamado un mayor reconocimiento para los equipos directivos ante el incremento de cada vez más responsabilidades y la sobrecarga que les genera. Por ello ha reclamado más recursos humanos y organizativos, una reducción de la carga burocrática y la consolidación de los complementos retributivos para todos sus integrantes.

Desarrollo del acuerdo educativo y defensa de la red pública

Durante el encuentro también se ha analizado el desarrollo del Acuerdo de 16 de julio de 2025 para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal docentes no universitario. CSIF ha destacado la importancia de seguir impulsando las medidas recogidas en dicho acuerdo conforme a los plazos establecidos con las organizaciones sindicales firmantes, con el objetivo de que sus avances repercutan de manera efectiva en el profesorado, el alumnado y el funcionamiento de los centros públicos.

Por otra parte, el sindicato ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que pueda debilitar la enseñanza pública, entre ellas una posible extensión de la concertación del Bachillerato. Para CSIF, cualquier ampliación de la oferta educativa debe realizarse fortaleciendo los institutos públicos, sus plantillas y sus recursos.

“Nuestro compromiso es seguir defendiendo un sistema educativo público fuerte, suficientemente financiado y con profesionales reconocidos y bien remunerados. Esa seguirá siendo la hoja de ruta de CSIF en todas las mesas de negociación”, ha concluido García.

CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la reutilización de cascos de protección en el INFOCA por poner en riesgo la seguridad de la plantilla

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 16 Jul 26 09:10:00 CEST

El sindicato exige la retirada inmediata de las instrucciones que permiten que los equipos de protección dejen de ser asignados individualmente a cada bombero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las instrucciones internas que permiten la reutilización de cascos de protección en el dispositivo INFOCA, ya que supone un grave riesgo para la seguridad de las y los bomberos forestales y contraviene la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Las instrucciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (ASEMA) establecen que los cascos MSA Gallet dejen de estar asignados de forma individual a cada trabajador para pasar a ser material de las distintas unidades operativas, de manera que puedan ser utilizados por diferentes efectivos tras sustituir únicamente los elementos interiores, como almohadillas y atalajes.

CSIF considera que esta medida es incompatible con la naturaleza de estos equipos, ya que se trata de equipos de protección individual (EPI), diseñados para proteger frente a riesgos que puedan ocasionar daños irreversibles o incluso la muerte durante las intervenciones en incendios forestales.

El secretario general de CSIF en la ASEMA, Gregorio López, ha lamentado que “la Agencia pretenda convertir un EPI en un elemento de uso compartido, algo que resulta incompatible con los principios más básicos de protección”. En este sentido, ha advertido de que “la seguridad de los trabajadores no puede supeditarse a criterios económicos ni de ahorro. Quienes cada verano se enfrentan al fuego para proteger a la ciudadanía merecen contar con equipos nuevos, personales y con todas las garantías”.

El sindicato ha recordado que un casco de protección está sometido durante toda su vida útil a impactos, altas temperaturas, radiación solar y otras condiciones extremas que pueden afectar a su comportamiento estructural, aunque exteriormente no presente daños visibles. Por ello, entiende que sustituir únicamente los elementos interiores no permite garantizar que el caso mantenga intactas sus prestaciones de seguridad.

Además, la reutilización por distintos trabajadores rompe la trazabilidad del equipo, impidiendo conocer con certeza su historial de uso, las incidencias sufridas o las condiciones a las que ha estado expuesto, aspectos esenciales para determinar si sigue siendo apto para proteger a su usuario.

“Un casco no es una herramienta que pueda pasarse de un trabajador a otro. Es un equipo de protección individual que puede marcar la diferencia entre regresar a casa después de una intervención o tener que hablar de lesiones de extrema gravedad o incluso de muertes. No vamos a permitir que se rebajen las condiciones de seguridad de los profesionales del INFOCA”, ha afirmado López.

En la denuncia presentada, CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que investigue estos hechos, requiera la retirada inmediata de las instrucciones que permiten reutilizar los cascos de protección y adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los bomberos y bomberas forestales dispongan de un casco nuevo, de uso exclusivamente personal y en perfecto estado.

El sindicato recuerda que esta denuncia llega después de haber reclamado formalmente a la dirección de la Agencia la revocación de estas instrucciones sin obtener una respuesta que garantice la protección de la plantilla.

Por último, CSIF ha reiterado que la seguridad y la salud laboral de los profesionales que integran el dispositivo INFOCA no son negociables y continuará utilizando todas las vías administrativas y legales a su alcance para exigir el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la dotación de equipos de protección que respondan a las máximas garantías de seguridad.

CSIF-A reclama un plus de penosidad y peligrosidad para el personal de seguridad privada en los centros del SAS

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 13 Jul 26 10:00:00 CEST

El sindicato señala que el colectivo realiza una labor esencial en un contexto de elevada exposición a situaciones violentas y riesgos biológicos
Insta a la Junta de Andalucía a incorporar este complemento retributivo en los pliegos de contratación y a habilitar mecanismos de registro de agresiones a profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha solicitado a la Junta de Andalucía la creación de un plus específico de penosidad, peligrosidad y riesgo sanitario para el personal de seguridad privada que presta servicio en los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato ha señalado que estos profesionales desarrollan una labor esencial en un entorno especialmente complejo, caracterizado por una elevada exposición a situación de tensión, intervenciones en incidentes violentos y riesgos derivados de la propia actividad asistencial, circunstancias que justifican el reconocimiento a su trabajo con un complemento retributivo específico.

La petición del sindicato se produce en un contexto de incremento continuado de las agresiones registradas en el ámbito sanitario andaluz. Según los datos de la propia Consejería de Sanidad, en 2025 se alcanzó el mayor número de agresiones contabilizadas desde que existen registros oficiales, hasta alcanzar las 1.926, siendo 387 de ellas de carácter físico y 1.589 de carácter no físico; no obstante, CSIF ha subrayado que el personal de seguridad privada no aparece reflejado en estas estadísticas al tratarse de trabajadores y trabajadoras de empresas adjudicatarias, pese a que intervienen de forma directa en la contención de muchos estos episodios violentos.

En este sentido, la Central Sindical ha registrado un escrito ante la Administración en el que indica la necesidad de que se reconozca la especial penosidad y peligrosidad inherentes al desempeño de estos profesionales, cuya actividad implica además una exposición habitual a riesgos biológicos y situaciones de elevada carga física y psicológica.

“Los vigilantes de seguridad forman parte del funcionamiento diario de los centros sanitarios y asumen responsabilidades esenciales para garantizar la seguridad de profesionales y usuarios, pero esa labor no tiene un reconocimiento retributivo acorde con las condiciones en las que desempeñan su trabajo”, ha explicado Raúl Álvarez, responsable autonómico de Seguridad Privada de CSIF Andalucía.

Además, el sindicato ha recordado que ya existen precedentes de complementos retributivos similares en otros servicios externalizados vinculados al ámbito sanitario, como el de la limpieza de centros, e incluso en determinadas licitaciones públicas, por lo que considera “plenamente viable incorporar esta medida a los futuros contratos del servicio de vigilancia de los centros sanitarios andaluces”.

Entre las propuestas de CSIF figura la incorporación obligatoria de este plus en los pliegos de contratación, de forma que todas las empresas adjudicatarias estén obligadas a abonarlo a su plantilla con independencia de la provincia donde presten servicio; asimismo, solicita el reconocimiento formal de la laguna estadística que afecta al colectivo de seguridad privada en los sistemas de registro de agresiones del SAS e insta a la Administración a adoptar mecanismos de notificación y seguimiento específicos que permitan disponer de una radiografía real de los riesgos a los que se enfrenta el colectivo.

Para CSIF, la creación de este complemento específico supone un paso necesario para dignificar las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la sanidad pública andaluza y un reconocimiento a una realidad profesional marcada por una especial exposición al riesgo.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF te explica cómo completar el autobaremo de carrera profesional del SAS

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 14:48:00 CEST

Prensa y Comunicación

CSIF Sanidad Andalucía te explica paso a paso cómo realizar el autobaremo para la carrera profeisonal del Servicio Andaluz de Salud.

CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF anuncia que la Policía Local de Baeza mantendrá la suspensión de los servicios extraordinarios ante la falta de avances en la negociación con el Ayuntamiento

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 06 Jul 26 13:58:00 CEST

El sindicato denuncia el bloqueo de las mejoras laborales planteadas para la plantilla y advierte de que la falta de efectivos puede afectar al refuerzo de eventos y dispositivos especiales

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha informado de que la Policía Local de Baeza mantendrá la decisión de no realizar servicios extraordinarios mientras no se produzcan avances reales en la negociación con el Ayuntamiento respecto a la situación laboral que atraviesa actualmente la plantilla.

Según ha informado la organización sindical, durante más de un año los representantes de CSIF han mantenido numerosas reuniones con el equipo de gobierno municipal con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitieran mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los agentes, sus condiciones de trabajo, la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y determinadas cuestiones retributivas.

Entre las principales propuestas planteadas figuraba la implantación de un nuevo sistema de turnos que facilitara la conciliación de los policías locales sin incremental el cómputo anual de horas respecto al resto del personal del Ayuntamiento; sin embargo, tras meses de trabajo técnico y negociación, esta iniciativa no fue finalmente aceptada por la Corporación municipal.

CSIF también lamenta la falta de cobertura de los servicios mínimos necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio. El sindicato defiende que cada turno debería contar, al menos, con tres agentes, una dotación que considera imprescindible para garantizar tanto la seguridad de los propios policías como una atención eficaz de los vecinos y vecinas de Baeza.

Otro de los asuntos pendiente es la actualización del Reglamento de la Policía Local. CSIF recuerda que en noviembre de 2025 presentó al Ayuntamiento un borrador completo para su estudio y tramitación; no obstante, pese a los distintos compromisos adquiridos verbalmente para abordar este documento -primero a comienzos de año, posteriormente antes de Semana Santa y más tarde antes de verano-, el texto continúa sin haber sido estudiado.

Asimismo, el sindicato denuncia que la plantilla lleva más de un año y medio sin recibir los uniformes y el calzado reglamentarios, carece de un plan de formación continuada y tampoco se han materializado las mejoras laborales y retributivas planteadas durante las negociaciones ni se ha retomado el proyecto de reorganización de los turnos de trabajo, una iniciativa que había generado importantes expectativas entre los agentes.

Ante la ausencia de avances y una vez agotada la vía del diálogo, la plantilla acordó dejar de realizar servicios extraordinarios, cuya prestación tiene carácter voluntario. Como consecuente de esta medida, el sindicato señala que en determinadas ocasiones no resulta posible reforzar eventos o servicios especiales y que algunos turnos pueden quedar atendidos únicamente por uno o dos agentes, una situación que considera insuficiente para garantizar el servicio en las condiciones deseable en una ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Tras la última reunión mantenida entre ambas partes, CSIF asegura que no ha sido posible alcanzar un acuerdo satisfactorio. Por este motivo, informa de que los agentes continuarán sin realizar servicios extraordinarios durante los próximos meses mientras no existan avances efectivos en la negociación, circunstancia que podría afectar al refuerzo de determinados eventos y dispositivos especiales.

Pese a ello, el sindicato insiste en su voluntad por mantener abiertas las vías de diálogo y negociación con el Ayuntamiento de Baeza. “Nuestro objetivo siempre ha sido alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos y vecinas de Baeza un servicio público de calidad, dotado de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor con las máximas garantías”, concluye CSIF.

CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:06:00 CEST

El sindicato señala que el nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social mantiene importantes incertidumbres sobre su aplicación y reclama más recursos que sean consolidables
Critica que la Consejería introdujera medidas de última hora sin consenso y con imposiciones a pesar de las posibles consecuencias para las plantillas docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha mostrado su preocupación tras la publicación del Decreto por el que se regula la atención educativa en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) al considerar que el texto definitivo confirma buena parte de las advertencias que la organización planteó durante su tramitación.

El sindicato ha señalado que el decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “mantiene importantes sombras relacionadas con la transparencia en la aplicación de determinados criterios y con la estabilidad de la financiación prevista”, al tiempo que ha alertado de “las posibles consecuencias para los derechos y la movilidad del profesorado”.

“La atención educativa al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad es una prioridad que CSIF siempre ha defendido y por la que nos hemos movilizado, pero precisamente por la importancia de la cuestión no podemos conformarnos con anuncios y titulares. Las medidas deben ir acompañadas de garantías de financiación suficiente y de absoluta transparencia en su aplicación”, ha explicado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En materia económica, CSIF ha resaltado que la propia norma condiciona buena parte de las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio y otra parte relevante de la financiación anunciada se vincula a fondos europeos. “Las políticas destinadas a compensar desigualdades educativas no pueden depender de recursos coyunturales. Hablamos de una necesidad estructural que requiere un compromiso presupuestario sólido y permanente. Por eso CSIF reclama una financiación estable, propia y plurianual por parte de la Junta de Andalucía”, ha afirmado García.

Otro de los aspectos rechazados por la Central Sindical es la incorporación de un criterio relacionado con la permanencia efectiva del profesorado inferior al 30 % para determinar qué centros podrán ser considerados de especial dificultad. “La Administración no ha explicado de forma suficiente como se aplicará ese criterio, qué datos se tendrán en cuenta ni cuántos centros podrían verse afectados, lo que genera serias dudas sobre la objetividad del procedimiento. La transparencia exige que los criterios sean claros, públicos y verificables”, ha denunciado García.

Del mismo modo, el sindicato ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de cubrir determinados puestos directivos mediante comisiones de servicio en estos centros. Esta medida puede reducir vacantes disponibles para otros procedimientos de provisión, limitar las opciones de movilidad del profesorado e introducir elementos de discrecionalidad que no contribuyen a la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, García ha exigido implementar mejoras para los equipos directivos que precisan de más recursos personales, mejora de sus condicionales laborales, reconocimiento profesional y no inventos administrativos de escasa efectividad, pero con efectos muy negativos sobre la oferta de vacantes y derechos el profesorado. “Fortalecer la dirección de los centros pasa por contar con más recursos, más apoyo y mejores condiciones laborales, y no por optar por fórmulas que puedan reducir vacantes o generar incertidumbre”, ha explicado la dirigente sindical.

Por otro lado, ha aclarado que el mantenimiento de los 414 cupos vinculados a compensatoria y difícil desempeño no responde a una concesión de la Administración, sino que es fruto de la presión de CSIF desde un principio frente a un modelo que, en sus primeras versiones, eliminaba los recursos existentes y suprimía al profesorado afectado.

CSIF ha reiterado su compromiso con la mejora de la atención educativa en las zonas con necesidades de transformación social y ha subrayado que esto solo será posible con recursos suficientes y estables, una gestión transparente y el respeto a los derechos del profesorado. “El alumnado vulnerable merece una respuesta seria y el profesorado precisa de respecto a sus derechos y una negociación real de las medidas que afectan a su labor profesional”, ha concluido García.