Jaén

Empleadas y empleados públicos son galardonados en los Premios Jaén por el Empleo Públicos que organiza CSIF

admin — Mon, 19 Feb 24 09:08:13 CET

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El sindicato pone en valor la labor de los profesionales de Salud Responde en la mención especial

Jaén, 15 de febrero de 2024

CSIF Jaén ha celebrado esta tarde la gala de los Premios Jaén por el Empleo Público en el Teatro Darymelia. Con el patio de butacas lleno, la primera edición ha culminado eligiendo a los cinco profesionales más votados de las categorías de Seguridad y Emergencias, Educación, Administración y otros servicios públicos, Sanidad y Justicia.

Tras un mes de votaciones por parte de la ciudadanía y 15.918 votos emitidos las cinco personas y colectivos ganadores han sido: el grupo de operarios adscritos a la Policía Local del Ayuntamiento de Jaén en la categoría de Seguridad y Emergencias; en Educación, el claustro del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, en Administración y otros Servicios Públicos, el equipo del DNI de Jaén; Alejandro Pérez, médico en el centro de salud de El Valle de Jaén en la categoría de Sanidad y Aurora Brieva, gestora procesal y administrativa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares en Justicia.

CSIF Jaén se une así a CSIF Granada y CSIF Huelva y pone en marcha unos premios para poner el valor el trabajo diario de los 40.000 profesionales al servicio de las Administraciones Públicas que hay en la provincia de Jaén. “Quienes educan a nuestros hijos e hijas, quienes nos ayudan con trámites administrativos, quienes nos curan o quienes patrullan las calles, vosotros y vosotras sois una representación del gran trabajo que realizan los empleados públicos, pero sois vosotros quienes habéis sido elegidos por la ciudadanía por destacar, por realizar vuestra funciones, no solo con la profesionalidad y el deber que tienen todos y cada uno de los empleados públicos, sino por vuestra implicación y compromiso por y para la ciudadanía”, ha destacado Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén.

Miguel Borra, presidente de CSIF Nacional, Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, y Juan Carlos González, de CSIF Jaén, han asistido al evento y han reivindicado la necesidad de reconocer el trabajo de los empleados públicos, de mejorar sus condiciones laborales y de pactar un acuerdo en el que los trabajadores y trabajadoras no sigan perdiendo poder adquisitivo.

Al final de la tarde, el sindicato ha reconocido la función esencial de los trabajadores y trabajadoras de Salud Responde. Más de 200 profesionales que se encuentran en las instalaciones de Jaén y ofrecen a toda Andalucía información sobre la Sanidad tan solo con descolgar el teléfono. Desde CSIF llevamos denunciando muchos años la precariedad laboral que lleva sufriendo este personal y esta tarde ha querido hacer una mención especial a este colectivo perteneciente a la empresa privada, pero que está al frente de un servicio público.

Desde CSIF queremos agradecer a Caja Rural de Jaén el patrocinio de estos premios y del resto de las actividades que desde el sindicato realizamos. CSIF, como agente social, nos implicamos en la sociedad y Caja Rural de Jaén también ha estado siempre colaborando con la sociedad Jienense.

CSIF ofrece nuevos cursos dirigidos al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía

admin — Mon, 03 Apr 23 11:27:47 CEST

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CSIF te ofrece nuevos cursos dirigidos al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. Los cursos, actualmente en proceso de homologación por el Instituto Andaluz de Admnistración Pública (IAAP), comenzarán el próximo 24 de mayo:

- La protección de datos en España: La Ley Orgánica 372018 y el Reglamento Europeo 2016/679. 80 horas.

- Recursos online para la comunicación y coordinación de grupos de trabajo. 30 horas.

- Sensibilización ambiental y buenas prácticas: protección ambiental. Sostenibilidad y huella ecológica. 50 horas.

- Riesgos psicosociales del teletrabajo. Marco normativo. 30 horas.

- Actividades educativas basadas en el juego. Música, teatro y yoga en las escuelas infantiles. 30 horas.

- El control de la actividad financiera en la Junta de Andalucía. 30 horas.

- Lenguaje administrativo no sexista e imagen igualitaria en la práctica de la gestión pública. 20 horas.

- Formación de formadores. Metodología didáctica. 50 horas.

- El ámbito competencial de la comunidad autónoma de Andalucía. 30 horas.

- Alergias e intolerancias alimentarias. Abordaje nutricional de la salud y la alimentación. 40 horas.

- La evaluación de políticas públicas. 30 horas.

- Arquitectura de género en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. 30 horas.

Las personas interesadas puedes realizar su inscripción a través del campus virtual de CSIF Andalucía.

CSIF protesta para exigir que se revisen las cuantías que reciben los empleados de la Junta por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo

admin — Tue, 28 Mar 23 11:19:15 CEST

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El sindicato lamenta que unos tres mil profesionales en toda Andalucía, en su mayoría conductores, están sujetos a la aplicación de un normativa que no se actualiza desde 2006 y que genera agravios comparativos con los altos cargos

CSIF se ha concentrado este martes en Jaén ante la sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en señal de protesta por las obsoletas cuantías que reciben los empleados públicos por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo y para exigir soluciones. El sindicato también se ha concentrado en el resto de las delegaciones territoriales de este departamento.

La central sindical ha denunciado de forma reiterada y por escritos dirigidos tanto a la Consejería de Hacienda como a la Dirección General de Recursos Humanos, el deterioro de las condiciones laborales a las que están expuestos unos tres mil profesionales, en su mayoría conductores, a quienes se les aplica una normativa que no se actualiza desde 2006 y que genera graves diferencias entre el personal al servicio de la Administración.

Desde el sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A se ha indicado que “es urgente que la Junta reaccione y ofrezca soluciones que pongan fin a las cuantías desactualizadas que reciben los empleados públicos y que les impiden hacer frente a las exigencias del servicio que prestan, además de generar diferencias aberrantes con el personal que ocupa altos cargos en la Junta”.

Alcázar López, responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF en Jaén de ha detallado que los trabajadores “ven cómo con las escasas partidas asignadas para pernoctar fuera de su residencia, siempre por motivos laborales, no pueden hacer frente al pago de un alojamiento digno, por lo que se ven obligados a pagarlo de su bolsillo, aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio, e incluso, aceptar pernoctar en habitaciones compartidas”.

Este tipo de situaciones se generan habitualmente en el colectivo de conductores, cuando el alto cargo para el que prestan su servicio se ve obligado a modificar su agenda de manera imprevista y tienen que pernoctar fuera de su residencia. En estos casos, explica CSIF, el alto cargo dispone de una cuantía que le permite alojarse “sin apenas dificultades en cualquier hotel, sin embargo, en el caso del conductor la búsqueda de alojamiento se complica”.

En primer lugar, el protocolo les obliga a contactar con la agencia de viajes adjudicataria de la licitación de este servicio, que en la mayoría de los casos, cuando se producen cambios de agenda y se les intenta localizar, están fuera de horario de oficina y han cerrado. En segundo lugar, si consiguen un alojamiento de manera urgente, en la mayoría de los casos el coste es superior a la cuantía que tienen designada para ello, por lo que este empleado público se ve obligado a pagar la diferencia de su bolsillo o volver a altas horas de la madrugada a su localidad o provincia y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo. Esta circunstancia duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral e impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio.

Con las movilizaciones de este martes, CSIF quiere visibilizar “este agravio tan injusto” entre un personal y otro al servicio de la misma Administración.

Normativa obsoleta

La normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006 y publicada en BOJA nº 143, de 26 de julio de 2006. El sector de AGJA de CSIF-A critica la dejadez por parte de la Administración por no haber actualizado esta directriz en años y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años.

CSIF lamenta que la Administración en lugar de proceder a actualizar las cantidades ha optado por un “mecanismo de compensación” para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes, cuando los importes superan la cuantía establecida en la orden de 2006. Dicho mecanismo consiste en “cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes”. En este sentido, desde CSIF lamentan que en ocasiones los empleados públicos “se ven obligados a elegir entre dormir o comer”.

La central sindical reclama una “solución urgente” para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores e insiste en que, al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicios y que al resto de trabajadores cuyos desplazamientos si están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer.

CSIF reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en que se encuentran

admin — Fri, 03 Feb 23 12:27:31 CET

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El sindicato reclama a la Administración una Orden y un Carta de Servicios para clarificar las funciones de este colectivo que integra a casi un centenar de trabajadores en Andalucía
Solicitan que se cambie el grupo profesional al que pertenecen para poder equipararse en condiciones laborales a sus homólogos en otras comunidades autónomas

CSIF reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en el que se encuentran. Para ello, el sindicato reitera a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que desarrolle una Orden que acabe con la precaria situación laboral que padece este colectivo y que ya ha sido denunciada por la central sindical en varias ocasiones.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado que la Junta “no mueva ficha” para regularizar al colectivo de celadores forestales y que aún no haya respondido a la propuesta de proyecto de Orden que la central sindical le hizo el 21 de marzo de 2022 para subsanar las deficiencias laborales que padecen.

El responsable sindical denuncia que el Gobierno andaluz “se olvida año tras año de los celadores forestales y los ningunea e ignora cada vez que reclaman mejorar sus condiciones laborales, a pesar del gran trabajo que desarrollan para proteger el medio ambiente y exponerse a riesgos constantes”. En muchas ocasiones este colectivo, que aglutina a 96 profesionales en toda Andalucía, 18 de ellos en Jaén, ejerce las mismas funciones que los agentes de medio ambiente, e incluso, los sustituyen en caso de jubilación porque esas plazas no se reponen.

CSIF solicita a la Junta que, para acabar con los agravios comparativos que se generan entre ambos colectivos, -agentes y celadores forestales- al realizar las mismas funciones pero desde regímenes jurídicos diferentes, se elabore por parte de la Consejería una “Carta de Servicios de los Celadores Forestales”, sujetos al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta que garantice la protección de las potestades administrativas.

Para CSIF es urgente que a estos trabajadores se les dote de herramientas legales de las que carecen por el momento y se les reclasifique del grupo IV, al que pertenecen, al grupo III, de manera que se equiparen al personal que ejerce las mismas funciones en el resto de comunidades autónomas.

El sector de AGJA recuerda a la Junta que en 2018 ya emitió una Resolución por la que se expedían los certificados de profesionalidad, derivados del procedimiento de acreditación de competencias, que permitían a los celadores forestales realizar funciones de una categoría superior. Pese a ello, CSIF-A critica que la Junta sigue sin pagar a este colectivo en función de esa responsabilidad y asunción de competencias y les niega la reclasificación, aun cuando el coste de la misma es ínfimo. En este sentido, el sindicato reclama a la Junta que remunere a los trabajadores por las competencias y funciones que realizan y que ella misma reconoce.

Además, Dorado considera lamentable que se vaya a proponer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el próximo 8 de febrero con un coste total de 1.202.645,10€ -938.967,24€ respecto a salarios a los que habría sumar un coste de Seguridad Social de 263.677,86€- mayoritariamente para costear la creación de nueve Puestos de Libre Designación (PLD) y por el contrario a los celadores forestales se les siga sin reconocer el trabajo que realizan correspondiente a una categoría superior. “Si pasase esto en la empresa privada nos llevaríamos las manos a la cabeza”, apunta el dirigente sindical.

Petición de reunión de la Subcomisión de Vigilancia

El sector de AGJA además reclama que se resuelva esta indefensión y que se convoque lo antes posible una reunión de la Subcomisión de Vigilancia de la Consejería de Sostenibilidad para debatir y acordar los términos de la orden y sea publicada a la mayor brevedad posible. Además, pide la convocatoria de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo para iniciar el procedimiento de reclasificación de los celadores forestales del grupo IV al grupo III.

Por último, el presidente andaluz del sector de AGJA urge a la Consejería de Sostenibilidad a que se siente a hablar para tratar este asunto y “nos convoque a una reunión lo antes posible”, teniendo en cuenta que desde CSIF-A la hemos solicitado ya en varias ocasiones.

CSIF-A interpone un recurso contencioso administrativo contra un proceso selectivo de estabilización de personal laboral de la Junta por vulnerar la igualdad de acceso

admin — Tue, 24 Jan 23 12:12:07 CET

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El sindicato lamenta que la Administración puntúe de forma diferente con los mismos criterios a los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización dirigido a una parte del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, considera ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”. De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta. Además, las diferencias radican también en os criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF-A lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF-A estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

CSIF rechaza que los 23.000 empleados públicos jienenses de la Administración Autonómica se vuelvan a quedar este año sin ayudas de Acción Social y reprocha a la Junta su falta de voluntad para retomarlas

admin — Thu, 12 Jan 23 12:13:29 CET

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Estas prestaciones, que sirven para atender situaciones de necesidad personal o familiar, no cuentan con consignación presupuestaria en 2023, a excepción de las de discapacidad, y dejaron de concederse hace más de una década

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha rechazado de plano que las empleadas y los empleados públicos de la Administración Autonómica, que en Jaén son unos 23.700, vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011.

Según el secretario de Acción Sindical de CSIF Andalucía, Manuel Pérez, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otra cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”.

El responsable sindical ha explicado que “tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas desde CSIF a lo largo del pasado año con distintos responsables de la Administración, ésta ha mareado la perdiz con el objetivo de que no diera tiempo poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido”.

“El resultado es que el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros”, según ha detallado el secretario de Acción Sindical de CSIF-A.

El “paripé” de la Administración

“En resumidas cuentas, la Administración ha estado haciendo el paripé, demorando y mareando la perdiz para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez año sin ellas”, ha lamentado el dirigente sindical.

Manuel Pérez ha argumentado además que otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

“Desde CSIF seguiremos trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los empleados y empleadas públicas de la comunidad andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos”, ha concluido el responsable sindical.

CSIF denuncia la falta de negociación de la Administración de la Junta para la creación de la bolsa específica de personal funcionario interino

admin — Tue, 27 Dec 22 09:10:04 CET

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El sindicato lamenta que no se cumpla la normativa de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se cambien los criterios de acceso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia la falta de negociación de la Administración de la Junta de Andalucía para la creación de la bolsa específica de personal funcionario interino tras su participación en los procesos selectivos correspondientes a las convocatorias de estabilización. Según la normativa vigente dicha bolsa debe integrar a aquellas personas que no superen el proceso selectivo correspondiente pero sí obtengan la puntuación que la convocatoria considere suficiente.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que la Administración autonómica incumpla la disposición adicional cuarta de la ley 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y “se salte a la torera los procesos de negociación con las organizaciones sindicales”.

Pese a que la Junta tenía el compromiso de informar a los sindicatos de las modificaciones al documento de creación de la bolsa específica de personal funcionario interino, “nos encontramos que el Consejo de Gobierno ha aprobado su regulación a través del Decreto-ley 12/2022 de 29 de noviembre sin estar cerrada la negociación”, explica Dorado.

Para el responsable sindical esta forma de proceder de la Junta es “deplorable” y atenta contra lo recogido en el artículo 33 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) respecto a la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. En este sentido, el estatuto especifica que dicha negociación debe estar sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, articulándose mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales, “algo que se ha obviado en este caso”, ha explicado Dorado.

Para el sector de AGJA de CSIF-A este Decreto-Ley no da cumplimiento a lo establecido por la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, puesto que en lugar de establecer como requisito para formar parte de la bolsa específica el haber participado en el proceso selectivo correspondiente y, aún sin superarlo, haber obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente, se exige que el candidato haya prestado servicios durante al menos quince años.

Para CSIF este requisito que establece el Decreto-Ley de la prestación de servicios durante al menos quince años, provoca una diferencia de trato discriminatoria en el acceso al empleo de los candidatos e incumple el único requisito que impone la Ley 20/2021 en su disposición adicional cuarta. En este punto, la central sindical denuncia que la Junta “está vulnerando los derechos fundamentales establecidos en el artículo 23.2 de la Constitución y no da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y eficacia”.

CSIF pide que la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía despolitice la Administración y reclama mayores garantías para las potestades públicas

admin — Tue, 20 Dec 22 11:29:00 CET

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El sindicato subraya que la evaluación del desempeño no es un instrumento sancionador y enfatiza que no supondrá en ningún caso pérdida retributiva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha expresado su deseo de que la futura Ley de la Función Pública de Andalucía despolitice y modernice la Administración, al tiempo que ofrezca mayores garantías sobre las potestades públicas del personal funcionario.

Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública para valorar el proyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, que ha calificado como “positivo en su globalidad” ya que “Andalucía necesita contar en este ámbito con una Ley actualizada y adaptada al siglo XXI”, al tiempo que ha destacado su carácter integral y los avances que plantea en cuanto a conciliación laboral, formación, promoción profesional y agilización de procesos.

No obstante, la responsable sindical ha matizado que el texto es susceptible de “mejoras que son vitales para que la futura norma responda a las necesidades de las empleadas y los empleados públicos y de la propia ciudadanía”, entre las que ha citado mayores garantías en la movilidad por razones de salud y en las potestades públicas, sobre las que ha reclamado que haya “la garantía jurídica necesaria que permita que dejemos de vernos abocados a la judicialización como consecuencia de la vulneración de las mismas”.

Respecto a la despolitización de la Administración, CSIF considera necesario ampliar la carrera profesional del personal funcionario hasta el máximo nivel (nivel 30), disminuyendo en contrapartida el número de puestos ocupados por el procedimiento de libre designación, según ha explicado Salgado.
La vicepresidenta de CSIF-A, que ha confiado en que dichas mejoras se incorporen al texto durante el trámite parlamentario en la Cámara andaluza, se ha referido a la evaluación del desempeño, “un concepto sobre el que se ha generado cierta desinformación” y que la dirigente sindical ha desvinculado del régimen sancionador, que ya se rige por la normativa básica sobre régimen disciplinario y por lo dispuesto en el Título XII del texto del proyecto de Ley, según ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que “un resultado negativo en la evaluación del desempeño no supondrá en ningún caso pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado”. “Desde CSIF estamos tranquilos con el trabajo realizado en este sentido y hemos protegido con uñas y dientes los principios básicos contemplados en el TREBEP --Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público-- para esta evaluación y así lo seguiremos haciendo en su posterior desarrollo reglamentario”, ha enfatizado a este respecto.

La organización sindical ha confiado en que el trámite parlamentario sirva para enriquecer la norma de la que finalmente se dote Andalucía para actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario del sector público andaluz y para “modernizar, agilizar y despolitizar de verdad la Administración”, ha concluido Yolanda Salgado.

CSIF se reúne con el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo para exponer la situación en la que se encuentra el personal laboral en sus centros

admin — Fri, 16 Dec 22 12:49:45 CET

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La falta de cobertura de vacantes y sustituciones es el principal problema que sufren los laborales en Educación

CSIF Jaén ha mantenido una reunión en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén como primera toma de contacto en esta nueva legislatura. Alcázar López y Berta Fernández, miembros del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, y Juan Carlos González, presidente de la Unión Provincial de CSIF, han puesto sobre la mesa la situación a la que se encuentra el personal laboral de los centros dependientes de dicha Delegación.

En primer lugar, CSIF ha destacado a Francisco José Solano, delegado territorial, junto con el jefe de personal, Pablo Antonio Jiménez Roldán, y el secretario general, Juan Manuel Castellano Montoro, que han asistido al encuentro, que el primer problema que sufre el personal laboral de Escuelas Infantiles, Colegios de Infantil y Primaria, Institutos y Residencias Escolares es la sobrecarga de trabajo por la falta de personal. “La falta de cobertura de vacantes y sustituciones en estos centros dependientes de Educación es el principal problema que nos encontramos ahora mismo”, manifiesta Alcázar López, responsable de AGJA CSIF Jaén, quien añade que si a esto le unes la falta de actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo genera conflictos entre los propios trabajadores debido a la sobrecarga en sus funciones.

Desde CSIF se ha solicitado que se aligere los trámites para comenzar los llamamientos de la Bolsa Única Común en todas sus categorías, ya que las bolsas de trabajo de algunas están agotadas y la contratación de puestos de trabajo por oferta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dificulta que estos llamamientos sean más rápidos. Con respecto a este tema, desde la Delegación se ha asegurado que a comienzos de 2023 empezarán el llamamiento de 24 categorías por medio de la Bolsa Única, entre ellos Médicos, personal técnico de Integración Social o de Cocina, etc.

El sindicato espera que esta toma de contacto sea la primera de muchas y poder trabajar por los servicios públicos y por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en los centros dependientes de la Delegación.