Girona

CSIF prepara acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 10 Sep 26 11:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.

El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:

- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

- Coordinación entre administraciones.

- Utilización o no de mecanismos europeos.

CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:

Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.

Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.

Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.

Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.

Justicia. CSIF reclama refuerzos ante el incremento de carga de trabajo en el Servicio Común de Tramitación —especialmente en el área penal de instrucción y en el servicio de guardia—, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Forense.

Ademas, reclamamos que esos puestos se cubran con personal con experiencia y/o formación mediante sustitución o comisión de servicios. Hemos pedido también la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la protección del personal ante esa sobrecarga.

Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.

Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.

CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha comprobado de primera mano la difícil situación que se está viviendo en Ceuta.Pincha en cada imagen para ver el vídeo.

La DGT agoniza en Cataluña: 19 funcionarios dejan su plaza y CSIF alerta de un “colapso anunciado”

Gisela Sesé Echevarría — Tue, 08 Sep 26 09:33:00 CEST

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Girona pierde 4 efectivos en el último concurso y una plaza queda desierta; 14 de los 19 funcionarios que abandonan sus plazas se marchan definitivamente de Cataluña

Barcelona, 8 de septiembre de 2026. – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que Cataluña pierde personal de Tráfico a marchas forzadas. El último concurso general de provisión de puestos de trabajo de la Jefatura Central de Tráfico deja 19 plazas vaciadas o con cambio de destino en las cuatro provincias catalanas y dos plazas desiertas, según los datos de la resolución publicada hoy en el BOE.

Para CSIF, el resultado confirma una situación que ya es estructural: los funcionarios llegan a Cataluña, pero se marchan en cuanto encuentran una oportunidad para cambiar de destino. De las 19 personas que dejan sus plazas, 14 abandonan definitivamente Cataluña y solo 5 se reubican dentro del territorio catalán.

El caso de Girona es especialmente grave. La Jefatura Provincial pierde 4 efectivos y una plaza queda desierta de un total de solo 6 puestos convocados. Barcelona pierde 7 funcionarios y también deja una plaza sin cubrir, mientras que Lleida y Tarragona pierden 4 efectivos cada una.

“Cataluña es un destino de paso y el Ministerio lo está permitiendo”

CSIF denuncia que el problema ya no puede presentarse como una situación puntual derivada de un concurso de traslados. La fuga de funcionarios pone en cuestión la capacidad de las jefaturas para mantener los servicios con unas plantillas suficientes y estables.

«Cataluña se ha convertido en un destino de paso para los funcionarios del Estado. Vienen porque necesitan una plaza, pero se marchan a la primera oportunidad. El Ministerio sabe perfectamente qué está pasando y, aun así, continúa sin poner sobre la mesa ninguna solución real.»

El sindicato señala directamente la falta de incentivos económicos y el elevado coste de vida como uno de los principales factores que explican esta situación. Sin medidas que compensen esta realidad, CSIF considera imposible retener a los profesionales y evitar que las plantillas se vacíen concurso tras concurso.

El problema acaba pagándolo el ciudadano

El impacto no quedará limitado a las oficinas de la Administración. CSIF advierte de que la pérdida de efectivos se traducirá en más esperas para obtener el permiso de conducir, retrasos en la tramitación de vehículos y más dificultades para conseguir cita previa y ser atendido.

Las cifras dan la dimensión del problema: más de un 66% de las plazas convocadas en Cataluña quedan vacantes o vaciadas tras la resolución del concurso.

«Lo que hoy pierde Tráfico en personal, mañana lo pagará la ciudadanía en forma de esperas, retrasos y peor servicio. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras las jefaturas se quedan sin efectivos.»

CSIF exige al Ministerio que actúe

Ante este escenario, CSIF reclama al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico un plan de choque inmediato que permita recuperar los efectivos perdidos y frenar la fuga de profesionales.

El sindicato exige:

Un complemento de territorialidad o una indemnización por residencia que compense el coste de vida en Cataluña y haga posible retener a los funcionarios.
La cobertura inmediata de las 16 vacantes generadas y plazas desiertas, mediante comisiones de servicio o personal interino de refuerzo.
Un dimensionamiento real de las plantillas en las próximas Ofertas de Empleo Público, con plazas fijas de adscripción en las jefaturas catalanas.

CSIF considera que no basta con convocar plazas: hay que conseguir que los funcionarios quieran quedarse. Si el Ministerio no actúa, advierte el sindicato, la pérdida de personal continuará deteriorando unos servicios que ya trabajan al límite.

CSIF exige que el Ministerio deje de tratar Cataluña como un destino provisional y actúe de una vez para garantizar plantillas estables, suficientes y capaces de prestar el servicio público que merece la ciudadanía.

CSIF lleva al Ayuntamiento de Palamós ante la APDCAT y amenaza con acudir a la vía penal por no ejecutar sentencias firmes sobre los salarios de la Policía Local

Gisela Sesé Echevarría — Mon, 07 Sep 26 10:56:00 CEST

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El sindicato y los agentes afectados ya han registrado un requerimiento ante el Consistorio y han comenzado a presentar denuncias por la difusión masiva de datos personales de policías en expedientes administrativos

Girona, 7 de septiembre de 2026.– El conflicto entre el Ayuntamiento de Palamós y su Policía Local sube de nivel. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado un requerimiento sindical ante el Consistorio y ha comenzado a presentar denuncias ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) después de que el Ayuntamiento no haya ejecutado, según denuncia el sindicato, las sentencias firmes que reconocen determinados complementos salariales durante vacaciones y permisos y, además, haya difundido información personal y procesal de varios agentes.

El sindicato denuncia que el Ayuntamiento remitió de forma masiva a los policías notificaciones administrativas que incluían íntegramente un informe jurídico externo en el que aparecen los nombres y apellidos de seis agentes, junto con información sobre la situación procesal de la plantilla. El documento señala expresamente, además, a dos policías a los que el Consistorio niega el pago de los complementos reclamados.

Para CSIF, esta actuación supone una exposición innecesaria de datos personales de los trabajadores y podría vulnerar los principios de minimización de datos y confidencialidad establecidos en la normativa de protección de datos. Por este motivo, los agentes afectados han comenzado a formalizar denuncias individuales ante la APDCAT.

“No se puede convertir una reclamación laboral en una exposición pública de los policías afectados, ni utilizar informes internos para señalar nominalmente a trabajadores delante del resto de la plantilla. El Ayuntamiento debe rectificar inmediatamente esta práctica”, reclama CSIF.

Sentencias firmes y una reclamación económica todavía sin resolver

El segundo frente abierto por el sindicato tiene que ver con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. CSIF exige al Ayuntamiento que abone los complementos retributivos reconocidos por sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según recoge el expediente analizado por el sindicato.

La notificación municipal sobre la reclamación de los complementos de nocturnidad y festividad durante vacaciones, permisos e incapacidad temporal no reconoce actualmente el pago de los atrasos reclamados, que pueden alcanzar los cuatro últimos años. El Ayuntamiento argumenta que está pendiente una nueva valoración de puestos y una adecuación de la estructura retributiva de la Policía Local.

Al mismo tiempo, el Consistorio sí contempla que estos complementos se integren en la retribución ordinaria en el futuro, una vez se apruebe la nueva estructura salarial. Sin embargo, esta decisión no supone el reconocimiento ni el pago de las cantidades atrasadas reclamadas por los agentes.

Para CSIF, utilizar una futura reorganización salarial para retrasar el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes resulta jurídicamente inadmisible.

“Una sentencia firme no puede quedar aparcada porque el Ayuntamiento esté revisando su estructura salarial. Las resoluciones judiciales se cumplen y los trabajadores no pueden seguir esperando indefinidamente para cobrar unas cantidades que reclaman al amparo de decisiones judiciales firmes”, señala el sindicato.

CSIF da diez días al Ayuntamiento antes de emprender nuevas acciones

El requerimiento registrado por CSIF reclama el cese inmediato de la difusión de datos personales, la rectificación de las prácticas denunciadas y el abono de los complementos retributivos reconocidos judicialmente.

El sindicato advierte de que, una vez transcurrido el plazo de diez días otorgado en el requerimiento, acudirá a la vía contencioso-administrativa si el Ayuntamiento no rectifica su actuación. Asimismo, CSIF anuncia que estudiará e iniciará la vía penal por la posible existencia de responsabilidades por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, en relación con los costes que, a juicio del sindicato, está generando el retraso en la ejecución de las resoluciones.

El conflicto afecta también a otros miembros de la plantilla. El propio informe jurídico incorporado al expediente municipal sostiene que las sentencias afectan directamente a los policías que fueron parte demandante y que no se extienden automáticamente al conjunto de la plantilla, aunque otros agentes podrían beneficiarse si presentan sus propias reclamaciones.

CSIF considera que esta situación está generando una incertidumbre innecesaria entre los agentes y reclama al Ayuntamiento una solución que ponga fin al conflicto, ejecute las resoluciones judiciales y garantice el respeto a los derechos de los trabajadores.

CSIF exige al Ayuntamiento de Palamós que deje de dilatar el cumplimiento de las sentencias, respete la confidencialidad de sus policías y pague lo que corresponda: los derechos reconocidos por los tribunales no pueden quedar sometidos a más esperas ni a nuevas excusas administrativas.

CSIF denuncia que la manca de personal deixa docents sense cobrar, sense plaça i esperant mesos per resoldre els seus tràmits

Gisela Sesé Echevarría — Fri, 04 Sep 26 11:06:00 CEST

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El sindicat alerta d’expedients bloquejats des del juliol, retards en els subsidis de MUFACE i estadis i professors que passen una hora al telèfon sense aconseguir resposta dels serveis territorials

Barcelona, 4 de setembre de 2026.– La manca de personal administratiu està tenint conseqüències directes sobre el professorat: docents que arriben al setembre sense estar incorporats a la borsa d’interins, treballadors que no cobren a temps prestacions o complements que els corresponen i professionals que passen hores intentant contactar amb l’Administració sense obtenir resposta. Aquesta és la situació que denuncia la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) Educació Catalunya, que reclama al Departament d’Educació i Formació Professional un reforç urgent de les plantilles i una atenció administrativa que estigui a l’altura de les necessitats del sistema educatiu.

El sindicat considera que la situació ha deixat de ser un problema merament burocràtic. Quan un expedient s’encalla, les conseqüències les acaba pagant el docent, ja sigui en forma de pèrdua d’oportunitats laborals, retards econòmics o incertesa sobre drets que ja li corresponen.

Un dels casos traslladats a CSIF és el d’un docent que va presentar al juliol la documentació per incorporar-se a la borsa de personal interí i que, arribat el setembre, encara no hi figurava inscrit. Mentre l’expedient continua pendent, pot quedar fora de nomenaments als quals tindria dret a optar.

«No podem parlar d’un simple retard burocràtic quan aquest retard pot comportar que una persona no pugui començar a treballar. Darrere de cada expedient hi ha una persona que està esperant una resposta i, moltes vegades, en depèn per cobrar o accedir a una plaça», adverteix David Aguilera, responsable de CSIF Educació Catalunya.

Els retards administratius provoquen perjudicis econòmics i laborals

CSIF alerta, a més, de casos de docents de baixa que han patit retards en el cobrament del subsidi corresponent de MUFACE perquè la documentació necessària no s’hauria tramitat a temps.

El sindicat també ha rebut consultes de professors que, tot i complir els requisits per al reconeixement d’un estadi, continuen esperant que la seva sol·licitud sigui gestionada i, per tant, no han percebut a la nòmina les quantitats que els corresponen.

«No és admissible que una persona pateixi un perjudici econòmic perquè l’Administració no ha tingut capacitat per tramitar la seva documentació a temps. El professorat no pot assumir les conseqüències d’una manca estructural de personal», denuncia Aguilera.

Una hora trucant per acabar sense resposta

La situació tampoc millora quan el docent intenta resoldre personalment el seu problema. CSIF recull queixes de professionals que passen una hora intentant contactar telefònicament amb els serveis territorials, per acabar sent derivats d’un número a un altre, repetir el seu cas diverses vegades o fins i tot perdre la trucada sense obtenir cap solució.

El sindicat considera que aquesta forma d’atenció s’ha normalitzat de manera inacceptable i reclama recuperar una atenció telefònica eficaç i una atenció presencial per a aquells assumptes que no es poden solucionar mitjançant formularis, correus electrònics o respostes automatitzades.

«Trucar a l’Administració no pot convertir-se en una cursa d’obstacles. No és raonable que un docent hagi d’invertir una hora o més per intentar parlar amb algú i, després de tot aquest temps, continuar sense una resposta», assenyalen des del sindicat.

CSIF: «El problema no és el PAS, són unes plantilles insuficients»

CSIF vol deixar clar que la seva denúncia no assenyala el personal administratiu, sinó la manca de recursos amb què el Departament obliga a treballar aquests professionals.

«No assenyalem el personal PAS. Fan la feina que poden amb els recursos que tenen. Si cada persona ha d’assumir més expedients dels que materialment pot gestionar, el problema no és el treballador; el problema és que el Departament no ha dimensionat correctament les plantilles», sosté el responsable de CSIF Educació Catalunya.

Per això, el sindicat reclama més personal PAS, millors condicions laborals, reforços específics a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials i més recursos per acabar amb l’acumulació d’expedients. També exigeix una atenció telefònica que permeti obtenir resposta en un termini raonable i recuperar l’atenció presencial quan sigui necessària.

CSIF adverteix que no es pot parlar d’una educació pública de qualitat si l’Administració no garanteix també una gestió eficaç dels professionals que sostenen el sistema.

«No podem exigir una escola pública de qualitat mentre deixem sense recursos els serveis que han d’atendre els seus treballadors», afirma Aguilera.

CSIF exigeix al Departament que deixi de tractar aquests retards com a simples incidències administratives i actuï de manera immediata: quan un docent no cobra, no entra en una borsa o no pot accedir a una plaça per un expedient bloquejat, qui està pagant el preu de la manca de personal és el treballador.

Movilización de CSIF en Barcelona por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del acuerdo marco en Correos

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 03 Sep 26 11:27:00 CEST

CSIF se moviliza en Cataluña por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del acuerdo marco en Correos

Gisela Sesé Echevarría — Wed, 02 Sep 26 09:31:00 CEST

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Convocatoria concentración: jueves 3 de septiembre, de 11.00h a 12.00h, en las principales oficinas de Correos de cada provincia

En la última década se han perdido más de 22.000 empleos en Correos en toda España y el 70% del personal de oficinas tiene contratos a tiempo parcial

CSIF reclama el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024, que contempla el refuerzo de plantilla, las 35 horas semanales, la transformación de jornadas parciales en contratos a tiempo completo y un plan de rejuvenecimiento

Barcelona, 2 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convoca este jueves 3 de septiembre, de 11.00 h a 12.00 h, concentraciones de sus delegados ante las principales oficinas de Correos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, para denunciar la falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento por parte de la empresa pública postal del Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024. Las concentraciones tendrán lugar simultáneamente en las cuatro provincias, como muestra del malestar de la plantilla ante la situación que atraviesa Correos y ante la falta de avances en los compromisos adquiridos por la empresa.

El Acuerdo Marco contemplaba, entre otras medidas, el refuerzo de las plantillas, la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la transformación de las jornadas parciales en contratos a tiempo completo y el desarrollo de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.

CSIF denuncia que, pese al tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo, los compromisos siguen sin materializarse, mientras la falta de personal continúa afectando a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y al servicio que se presta a la ciudadanía.

Más de 22.000 empleos perdidos en una década

La falta de contratación de refuerzos ha supuesto la pérdida de más de 22.000 empleos en Correos durante los últimos diez años, pasando de unos 66.000 trabajadores a los aproximadamente 44.000 actuales en el conjunto del Estado.

De ellos, más de 4.000 tienen actualmente una jornada a tiempo parcial, con salarios que oscilan entre los 800 y los 900 euros.

Esta situación tampoco se ha corregido con las últimas convocatorias de empleo. En la convocatoria de 7.757 plazas de 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, una parte importante de estos trabajadores continúa en esta situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad se concentra especialmente en las oficinas de Correos, donde se sitúa el 70% de los contratos parciales. Sin embargo, a estos mismos trabajadores se les pide en numerosas ocasiones realizar horas complementarias, una situación que, para CSIF, evidencia la necesidad de transformar estas jornadas en contratos a tiempo completo.

Correos dispone de recursos para cumplir el acuerdo

CSIF considera que Correos cuenta con recursos económicos suficientes para abordar las medidas comprometidas.

La financiación del Servicio Postal Universal (SPU), con 250 millones de euros, y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), con 806 millones de euros hasta 2030, permite a la empresa disponer de margen para mejorar las condiciones laborales, reforzar las plantillas y garantizar un servicio público de calidad.

En este sentido, CSIF reclama que estos recursos se traduzcan en más empleo estable, mejores condiciones laborales y una mejora efectiva del servicio postal.

Un plan de rejuvenecimiento que sigue sin arrancar

Otro de los compromisos pendientes es el plan de rejuvenecimiento de la plantilla.

Actualmente, más de 9.500 empleados laborales llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado con el objetivo de rejuvenecer una plantilla cuya edad media supera los 52 años.

El plan establece que los trabajadores que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán la posibilidad de acogerse a una salida voluntaria. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ninguna salida, mientras CSIF reclama también el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Inicio de un calendario de movilizaciones

Las concentraciones de este jueves constituyen el inicio de un calendario de movilizaciones de CSIF para reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco y denunciar la situación de las plantillas de Correos.

La movilización tendrá continuidad el jueves 17 de septiembre en toda España y culminará el miércoles 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid.

CSIF Cataluña reclama a Correos que abandone la pasividad y adopte medidas inmediatas para recuperar empleo de calidad, reducir la precariedad y garantizar un servicio postal público adecuado a las necesidades de la ciudadanía.

El sindicato no descarta dar continuidad a las movilizaciones con nuevas acciones más contundentes si la empresa mantiene su falta de respuesta ante las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Fecha: jueves, 3 de septiembre de 2026
Hora: de 11.00 h a 12.00 h
Lugar: principales oficinas de Correos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

Barcelona: Oficina de Correos, plaza Antonio López, s/n
Girona: Oficina de Correos, avenida Ramón Folch, 2
Lleida: Oficina de Correos, Rambla Ferran, 16
Tarragona: Oficina de Correos, plaza de Corsini, s/n

CSIF denuncia que funcionaris docents treballen a més de 300 quilòmetres de casa mentre s’adjudiquen vacants properes a interins

Gisela Sesé Echevarría — Tue, 01 Sep 26 10:21:00 CEST

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El sindicat reclama una segona fase de reubicació per al professorat desplaçat i adverteix que alguns funcionaris es plantegen tornar a la borsa d’interins per poder treballar a prop de casa

Barcelona, 1 de setembre de 2026. — La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que hi ha docents funcionaris que comencen el curs a centenars de quilòmetres del seu domicili mentre, poques setmanes després, apareixen vacants molt més properes que s’adjudiquen a personal interí. És la situació que denuncia CSIF Educació Catalunya, que considera que l’actual sistema d’adjudicacions deixa sense possibilitat de millorar la seva destinació el professorat funcionari que ha estat desplaçat.

El cas més extrem recollit pel sindicat és el d’una docent que aquest setembre iniciarà el seu tercer curs consecutiu a més de 300 quilòmetres del seu domicili. Després d’obtenir una plaça en les adjudicacions d’estiu, ha comprovat com durant el mes d’agost han aparegut vacants més properes que poden ser cobertes per personal interí, però a les quals ella ja no pot optar.

La situació ha arribat fins al punt que la docent es planteja renunciar a la seva condició de funcionària de carrera i tornar a la borsa d’interins, ja que considera que podria tenir més possibilitats de treballar a prop de casa.

«Arribes a preguntar-te si aprovar unes oposicions t’ha servit per empitjorar la teva vida. Em plantejo si, tornant a la borsa, tindria més opcions de treballar a prop de casa. Que una funcionària arribi a pensar això demostra que alguna cosa no funciona».

Per a CSIF, aquest cas evidencia una disfunció del sistema de provisió de places. El responsable de CSIF Educació Catalunya, David Aguilera, subratlla que el problema no és l’accés dels interins a les vacants, sinó que l’Administració no ofereix al funcionari desplaçat cap possibilitat de millorar la seva destinació quan apareixen noves places.

«Estem arribant a una situació difícil d’explicar: professorat funcionari enviat obligatòriament a centenars de quilòmetres mentre posteriorment apareixen places que permeten treballar molt més a prop del domicili a persones que encara són a la borsa».

El sindicat reclama que el Departament d’Educació habiliti una segona fase de reubicació o millora de destinació per al funcionariat que s’hagi vist obligat a acceptar una plaça lluny del seu domicili. CSIF planteja fórmules com una reubicació extraordinària, la millora de destinació o la priorització del professorat desplaçat abans que determinades vacants sobrevingudes passin a altres procediments de cobertura.

La problemàtica, a més, es pot prolongar durant el curs. A partir del setembre es poden generar noves vacants com a conseqüència de jubilacions i altres necessitats sobrevingudes, que també podrien quedar fora de l’abast de les persones que ja han estat destinades lluny del seu domicili.

«No podem assumir que una adjudicació de juny o juliol sigui intocable, encara que després apareguin places que corregirien una situació manifestament perjudicial. Si l’Administració sap que cada any es generen vacants posteriorment, ha de preveure un mecanisme per reordenar-les», afirma Aguilera.

CSIF considera que hi ha marge administratiu per corregir aquesta situació i reclama al Departament que actuï ja sobre els casos generats aquest estiu i estableixi un sistema estable per evitar que es tornin a repetir els propers cursos. El sindicat critica, així mateix, que la realitat del professorat desplaçat tingui un pes insuficient en el debat sindical educatiu, malgrat l’impacte que els desplaçaments prolongats tenen sobre la conciliació, les despeses i la vida personal dels docents.

L’organització vincula aquesta problemàtica amb el model de provisió de llocs de treball i manté la seva exigència de derogar el Decret de Plantilles, ja que considera que tant els desplaçaments forçosos com aquest model afecten directament la mobilitat, la transparència i les condicions laborals del professorat.

La docent afectada resumeix la reivindicació com una qüestió d’oportunitat i de justícia:

«No demano que em regalin una plaça. Demano que, si després apareix una vacant a prop de casa, tingui almenys l’oportunitat d’optar-hi abans d’haver de passar un tercer any consecutiu a més de 300 quilòmetres».

CSIF exigeix al Departament d’Educació que no normalitzi que un funcionari de carrera s’hagi de plantejar tornar a ser interí per poder conciliar i treballar a prop del seu domicili:

«Quan una persona es planteja deixar de ser funcionària perquè considera que tindria més opcions de conciliació tornant a ser interina, el sistema està enviant un missatge molt preocupant. Això no es pot normalitzar».

CSIF alerta del colapso en la Administración del Estado en Girona: el SEPE pierde 56 efectivos mientras nadie elige la provincia como destino

Gisela Sesé Echevarría — Wed, 05 Aug 26 10:06:00 CEST

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El último concurso de traslados deja cero incorporaciones al SEPE en Girona, 42 plazas desiertas y la marcha de 14 trabajadores. El sindicato exige un complemento de territorialidad para frenar la fuga de personal y garantizar la atención a la ciudadanía.

Girona, 5 de agosto de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta del deterioro que sufre la Administración General del Estado (AGE) en la provincia de Girona tras conocerse la resolución del último concurso general de méritos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los datos reflejan, según denuncia el sindicato, una situación "crítica": ningún funcionario ha solicitado Girona como destino, mientras que 42 plazas han quedado vacantes y otros 14 empleados han obtenido traslado fuera de la provincia. En total, el organismo acumula ya 56 puestos sin cubrir, una circunstancia que, a juicio de CSIF, compromete seriamente la capacidad de respuesta del servicio, especialmente a las puertas del incremento de carga de trabajo que acompaña al final de la temporada turística.

Para CSIF, estos resultados evidencian un problema estructural que trasciende al propio SEPE y afecta al conjunto de la Administración General del Estado en Girona.

"Nadie quiere venir a trabajar a la Administración General del Estado en Girona porque las condiciones económicas no compensan el coste real de vivir en la provincia. Esta situación pone en riesgo la continuidad y la calidad de unos servicios públicos esenciales", denuncia CSIF Girona.

El sindicato atribuye esta falta de atractivo a dos factores principales. Por un lado, el elevado coste de la vivienda y del nivel de vida en Girona, que hace prácticamente imposible que los salarios de entrada de la AGE permitan afrontar los gastos básicos. Por otro, la creciente diferencia retributiva respecto a otras administraciones públicas presentes en el territorio.

CSIF recuerda que tanto la Generalitat de Catalunya como las administraciones locales ofrecen mejores condiciones salariales para puestos de similar responsabilidad y cualificación, una circunstancia que favorece la salida constante de profesionales hacia estos organismos y dificulta la cobertura de las vacantes estatales.

Ante esta situación, el sindicato reclama a la Delegación del Gobierno que impulse de manera urgente la creación de un complemento de territorialidad, o una medida retributiva equivalente, que compense el sobrecoste de residir en Girona, siguiendo modelos ya existentes en otros territorios como Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla.

"Si el Ministerio no compensa el sobrecoste de vivir en Girona ni corrige la brecha salarial con el resto de administraciones, las plantillas seguirán vaciándose. No se puede garantizar una atención de calidad a la ciudadanía si antes no se garantizan unas condiciones laborales que permitan atraer y retener profesionales."

CSIF advierte de que la falta de personal ya repercute en el funcionamiento de los servicios estatales de la provincia y reclama al Gobierno una respuesta inmediata para evitar que la pérdida continuada de efectivos termine provocando una parálisis de la Administración General del Estado en Girona. El sindicato insiste en que invertir en las plantillas no solo es una cuestión de justicia para los empleados públicos, sino una garantía para que la ciudadanía reciba unos servicios públicos eficaces y de calidad.

CSIF denuncia un convenio "impuesto" que deja sin derechos sociales a la plantilla del Ayuntamiento de Lloret hasta 2031

Gisela Sesé Echevarría — Mon, 03 Aug 26 13:23:00 CEST

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La central sindical acusa al Ayuntamiento, Intersindical y UGT de cerrar un acuerdo sin transparencia, sin consultar a los trabajadores y con mejoras económicas condicionadas a futuras decisiones municipales.

Girona, Lloret de Mar, 3 de agosto de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la aprobación de un convenio colectivo para el Ayuntamiento de Lloret de Mar que, según el sindicato, "hipoteca" los derechos de la plantilla hasta 2031 al centrarse únicamente en aspectos económicos y dejar fuera cuestiones fundamentales como la conciliación, los permisos o las condiciones laborales.

CSIF sostiene que el acuerdo fue aprobado sin un proceso de negociación real, sin asambleas informativas y sin permitir que los empleados municipales conocieran o debatieran el contenido del texto antes de su votación. Ante esta situación, los representantes de CSIF y FEPOL del personal funcionario abandonaron la Mesa General de Negociación en señal de protesta, al negarse a respaldar un convenio que consideran impuesto y aprobado sin las garantías de transparencia y participación de la plantilla.

El sindicato recuerda que la reapertura de la negociación fue posible gracias a la presión ejercida durante meses por la Policía Local, un colectivo que asumió importantes pérdidas económicas durante el conflicto laboral. Sin embargo, denuncia que el resultado final no responde a las reivindicaciones planteadas por la plantilla y que el proceso acabó desarrollándose con falta de transparencia y participación.

Además, CSIF advierte de que las supuestas mejoras retributivas anunciadas quedan condicionadas a la futura valoración de puestos de trabajo, a informes técnicos y presupuestarios pendientes y, en última instancia, a la voluntad del propio Ayuntamiento, por lo que considera que las garantías para su aplicación son insuficientes.

"No se estaba negociando un nuevo convenio, sino mejoras puntuales. En la última reunión esas mejoras se transformaron, de forma inesperada, en un convenio cerrado hasta 2031 que deja prácticamente fuera los derechos laborales y sociales de la plantilla."

CSIF también critica el papel desempeñado por Intersindical y UGT durante el proceso negociador, al considerar que facilitaron la aprobación del texto sin consultar previamente a los trabajadores y sin garantizar un debate abierto sobre su contenido. Asimismo, la organización expresa su respaldo a sus delegados del personal laboral, que —según denuncia— firmaron el documento sometidos a una fuerte presión durante la propia negociación.

"No vamos a legitimar acuerdos cerrados de espaldas a los trabajadores. La negociación colectiva solo tiene sentido cuando se ejerce con transparencia, participación y respeto a toda la plantilla."

CSIF anuncia que continuará informando directamente a los empleados municipales, visitando los centros de trabajo y defendiendo la recuperación de los derechos laborales y sociales que, a su juicio, este convenio deja fuera. La organización reitera que seguirá trabajando para que ningún acuerdo vuelva a imponerse sin la participación de quienes deben aplicarlo y sufrir sus consecuencias.