Galicia - Administración General de las Comunidades Autónomas

¡Subida salarial ya!

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 04 Apr 25 09:50:00 CEST

Santiago / Madrid, 4 de abril.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha vuelto a salir a la calle en todo el país hoy para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.

En Galicia, las movilizaciones se llevaron a cabo ante la delegación del Gobierno de A Coruña y las subdelegaciones del Gobierno de las restantes provincias (Lugo, Ourense,y Pontevedra) entre las 12 y las 13,00 horas.

De entrada, ante la imposibilidad manifiesta del Gobierno para sacar adelante unos presupuestos, exigimos de manera inmediata que se aplique la subida pendiente del 0,5 por ciento adicional que aún se nos debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar. Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente.

CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo, pero se siguen sin concretar mejoras por parte de la Administración, salvo la jubilación parcial, que para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año, por la falta de previsión del Gobierno. CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados que se vean afectados por este retraso.

En definitiva, estos son nuestros objetivos:

Aprobar cuanto antes la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024, que todavía está pendiente.
Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.

La Xunta pagará 7.500 euros a una emisorista de Ponteareas por vulnerar su derecho a la igualdad, gracias a CSIF

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 28 Aug 24 12:34:00 CEST

CSIF Galicia celebra un nuevo éxito de sus servicios jurídicos en la provincia de Pontevedra, a favor de una trabajadora del servicio de extinción de incendios, que optaba a un puesto mejor, pero se le excluyó sin una explicación "razonable ni proporcionada", según explica la sentencia, recogida por el diario Faro de Vigo.

Tras una primera sentencia favorable, del juzgado de lo Social nº2 de Vigo, esta trabajadora -una emisorista de Ponteareas- no conforme con la indemnización, quiso recurrir al TSXG, que volvió a darle la razón y elevó la cuantía, de tal manera que la Xunta deberá pagarle 7.500 euros por vulnerar su derecho a la igualdad.

Puedes leer la información completa, tal y como la recoge el diario, a continuación o PINCHANDO AQUÍ

⇒ "La explicación que ofrece la Administración no es razonable ni proporcionada". Así de contundente se muestra el titular del Juzgado de lo Social n.º 2 de Vigo ante la decisión de la Xunta de Galicia de vetar el acceso a un puesto mejor de una emisorista que trabaja en el Distrito Forestal XVII O Condado - A Paradanta. El Gobierno gallego, dictamina el juez, vulneró su derecho fundamental a la igualdad y tendrá que indemnizar a su empleada.

La sentencia de primera instancia, además de anular la resolución administrativa correspondiente, situó en 1.500 euros la cuantía que debería recibir la trabajadora por el daño moral producido. Pero ella no se conformó y acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de elevar hasta los 7.501 euros la compensación. Contra el fallo aún cabía recurso de casación.

El TSXG, en todo caso, sí da por válidos los argumentos del juez de instancia para condenar a la Xunta. La emisorista presta servicios como personal laboral temporal en el centro de trabajo de Ponteareas, en un puesto discontinuo con una duración de seis meses al año. A principios del año pasado, el Gobierno autonómico anunció que convocaba una plaza de idénticas características, pero para nueve meses anuales. Ella se presentó, pero la Jefatura de Medio Rural en Pontevedra no propuso a ningún candidato y optó por cubrir la vacante con personal de las listas de contratación.

Un bombero en las tareas de extinción de un incendio de A Cañiza, en el distrito forestal en el que trabaja la emisorista / Anxo Gutiérrez

En la convocatoria del puesto no se especificaba que el puesto excluyese a los trabajadores temporales porque fuese plaza en vacante con reserva, que es lo que luego arguyó en su resolución la Xunta. Dado que después el trabajo fue para otro trabajador temporal, "la Administración demandada debería ofrecer una justificación objetiva y razonable de la pretereción (postergación) de la demandante", según la sentencia, que no observa que se haya producido tal explicación. La conclusión a la que llega el togado es que el Ejecutivo cercenó el derecho de la empleada porque de ocupar ella la nueva plaza, la suya debería ser tratada en su cobertura como si fuese fija.

Actuación arbitraria

Los magistrados, por tanto, ve demostrado que la emisorista fue discriminada y que se actuó con arbitrariedad por ser temporal asimilable al indefinido no fijo. Una vez que se constata que se ha vulnerado el principio de igualdad, es el empresario (en este caso la Administración) el que "debe destruir la presunción de discriminación".

La legislación y la jurisprudencia establecen que no todo incumplimiento empresarial que se concrete en un determinado trabajador frente al resto de la plantilla es relevante a efectos de incumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. Pero la Xunta no ha conseguido demostrar que este sea uno de esos casos y no ha eliminado "toda sospecha" de que ocultó la lesión de un derecho fundamental.

Una vez avalada la decisión del juez de instancia, los magistrados del TSXG entran a analizar la cuantía de la indemnización. Consideran que se trata de una infracción muy grave y, por tanto, la sanción debe de ser más elevada para reparar el daño moral causado y para evitar una actuación similar en el futuro. El rango que establece la ley para faltas muy graves en materia laboral va de 7.501 a 225.018 euros; la demandante pedía 9.000 euros, pero finalmente la dejan en la parte más baja de la horquilla.

CSIF gana la primera sentencia en Galicia que reconoce la fijeza de una trabajadora de la Xunta con contrato temporal, en aplicación del reciente fallo del TJUE

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 07 Mar 24 12:13:00 CET

Santiago, 7 de marzo - CSIF Galicia gana la primera sentencia que reconoce la condición de fija a una trabajadora de la Xunta de Galicia (Consellería de Política Social) en aplicación de la reciente sentencia del TJUE, al considerar el cese como improcedente y dar la opción a la propia trabajadora de elegir entre la readmisión o indemnización correspondiente.

Tras la petición de aclaración de sentencia por parte de los servicios juridícos de CSIF,por haber contradicción entre el fallo y el cuerpo de la sentencia, finalmente la resolución es clara y otorga el derecho de elegir a la trabajadora, no a la administración.

La demandante prestaba sus servicios para la Consellería de Política Social con contrato de interinidad por vacante desde abril de 2013 y, pese a haber solicitado la inclusión de su plaza dentro del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/21, fue cesada con fecha del 3 de octubre de 2023.

El fallo dictado por el Juzgado Nº1 de lo Social de Ourense recuerda que el TJUEestablece que, a falta de medidas en el derecho nacional para prevenir ysancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales prorrogados sucesivamente, la conversión de estos contratos temporales en fijos puede ser una salida.

En este sentido, la sentencia considera que el tiempo transcurrido entre la fecha en la que la trabajadora fue contratada y la fecha del cese es lo suficientemente amplio para considerar la relación laboral de carácter fijo, al excederse con mucho el plazo máximo de tres años que establece el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público para la cobertura reglamentaria de una plaza.

CSIF se felicita por este fallo, que vuelve a poner en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado la administración del estado y autonómicas a lo largo de los últimos decenios.

“Tal y como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar. Las medidas disuasorias tampoco han sido efectivas. Por eso, como ya advertimos, desde CSIF reclamamos endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y que el gobierno asuma ya en los próximos presupuestos el compromiso de eliminar la tasa de reposición”.

Así mismo, desde CSIF reiteran su compromiso para velar por la seguridad jurídica y porque concluyan de manera satisfactoria los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021, que no deben verse afectados por estas sentencias.