Galicia

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 05 Oct 26 12:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de 6 décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

CSIF es muy consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones.

Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

En este sentido, a lo largo de las próximas semanas velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

CSIF exige a Correos 15.000 contratos de refuerzo de forma inmediata para la Campaña electoral del 29-N

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 06 Oct 26 11:59:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicos, ha exigido a Correos 15.000 contratos de refuerzo de cara a la Campaña Electoral del 29-N.

CSIF exige a Correos que la contratación sea inmediata pues la solicitud del voto por correo ya ha empezado hoy, 6 de octubre. El volumen de trabajo subirá en los centros de trabajo y la plantilla de Correos, en la que desde hace años faltan uno de cada tres empleados, no puede hacer frente a un pico tan alto como este con los recursos de los que dispone en la actualidad.

CSIF es el primer sindicato en exigir una contratación a la altura de las circunstancias ante la previsible irrupción del voto por correo que en las últimas elecciones generales de 2023 ya batió récords históricos superando los tres millones de solicitudes y que los trabajadores y trabajadoras de Correos resolvieron, como siempre, con una profesionalidad intachable.

El sindicato exige que, desde el inicio, se cubran todos y cada uno de los puestos de reparto, clasificación y de las más de 2.300 sucursales de atención al cliente, que tiene Correos en toda España, para ofrecer el servicio público que merece la ciudadanía.

CSIF exige que la ley que reduce ratios y horario lectivo se apruebe por Real Decreto-Ley, tras el adelanto de elecciones

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 05 Oct 26 13:31:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, al disolver las Cortes, provoca que decaiga el proyecto de ley de reducción de ratios y horario lectivo acordado en febrero, que no llegará a aprobarse.

CSIF quiere dejar claro que esta pérdida no responde a un impedimento legal, sino a una decisión política. El Gobierno conserva la capacidad de aprobar un real decreto-ley hasta las elecciones, y la Diputación Permanente del Congreso puede convalidarlo con las Cortes disueltas, tal y como está haciendo estos días con las medidas de vivienda. Si la herramienta sirve para la vivienda, sirve para la educación. Si la reducción de ratios y horario lectivo se queda sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera.

Resulta especialmente llamativo que el anuncio coincida con el Día Mundial del Docente, que este año conmemora seis décadas protegiendo la profesión. Para CSIF, apoyar al profesorado no se demuestra con proclamas, sino cumpliendo: y la realidad es que la legislatura que el propio Gobierno llamó “la del profesorado” se cierra sin el Estatuto Docente, pendiente desde la LOMLOE; con la reforma de ratios y lectivas decaída; con una interinidad por encima del 30%, muy lejos del 8% comprometido con Bruselas; y sin la financiación del 7% del PIB garantizada por ley.

Este balance llega, además, en el peor momento. El informe PISA 2025 ha arrojado los peores resultados de toda la serie histórica de España, y el Panorama de la Educación 2026 de la OCDE confirma el diagnóstico que CSIF viene documentando: un profesorado que trabaja en condiciones de precariedad, con aulas saturadas, exceso de burocracia y falta de reconocimiento.

Para CSIF la conclusión es clara: una vez más, la educación ha quedado supeditada a los vaivenes políticos. Por eso el sindicato reclama un Pacto de Estado que la ponga a salvo de la inestabilidad, y exige que la reducción de ratios y horario lectivo no se pierda: por la vía del real decreto-ley de forma inmediata, si hay voluntad, y mediante su blindaje por ley, de forma firme e improrrogable, en la próxima legislatura.

CSIF, como organización independiente, exige a quien gobierne y a todas las fuerzas políticas, sin excepción, que la educación figure como prioridad real —y no nominal— en la legislatura que viene. CSIF estará vigilante durante la precampaña, la campaña y la constitución de las nuevas Cortes, en las mesas de negociación y, si hace falta, en la calle. Porque la educación es una cuestión de Estado, y una generación de alumnos no puede seguir esperando.

CSIF lleva a los ayuntamientos de Lugo un protocolo para prevenir las conductas suicidas en las Policías Locales

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 07 Oct 26 13:50:00 CEST

Lugo, 7 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado en los ayuntamientos de la provincia de Lugo en los que cuenta con representación en las plantillas de Policía Local un protocolo específico para la prevención de los problemas de salud mental y las conductas suicidas entre estos profesionales.

La iniciativa, bajo el lema «Tu vida importa. También detrás del uniforme», cobra especial relevancia ante la celebración, este sábado 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental. Con ella, CSIF pretende que los ayuntamientos incorporen de forma efectiva la salud mental a sus políticas de prevención de riesgos laborales y dispongan de herramientas adaptadas a las características y necesidades de sus Policías Locales.

El protocolo se articula en torno a cuatro ámbitos de actuación: prevención, detección, acompañamiento y protección. Entre sus objetivos está facilitar la identificación precoz de situaciones de riesgo y establecer mecanismos que permitan acompañar al profesional durante el proceso de atención y recuperación.

CSIF advierte de que los policías locales están expuestos en su trabajo a factores que pueden afectar a su bienestar psicológico: intervenciones en situaciones violentas o de especial dureza, accidentes graves, conflictos, presión profesional, turnos y dificultades de conciliación. A ello se suma que el temor al estigma o a posibles consecuencias profesionales puede convertirse en una barrera a la hora de pedir ayuda.

El sindicato considera necesario que las Policías Locales dispongan de medidas específicas en este ámbito, como ya ocurre en otros cuerpos de seguridad. La campaña ya había sido presentada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para su difusión en el conjunto de España. Ahora, CSIF traslada el protocolo directamente a los ayuntamientos lucenses con Policía Local en los que tiene representación, con el objetivo de que pueda servir como herramienta para sus responsables municipales, servicios de prevención y plantillas.

Para CSIF, proteger la salud laboral también implica anticiparse a los problemas de salud mental, facilitar que puedan detectarse a tiempo y garantizar que pedir ayuda no suponga un estigma para el profesional.

El sindicato recuerda, además, que el 024, Línea de atención a la conducta suicida, es un servicio nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, dirigido tanto a personas con pensamientos o riesgo de conducta suicida como a sus familiares y allegados. En situaciones de emergencia vital inminente debe contactarse directamente con el 112.

Los sindicatos del Ámbito exigen que el actual Proyecto de Ley de Estatuto Marco no “caiga en saco roto” y sea la referencia para el nuevo Gobierno

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 06 Oct 26 12:38:00 CEST

CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT subrayan que el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario acordado en esta legislatura con el Ministerio de Sanidad debe ser la referencia para que el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales retome y afronte de manera urgente la necesaria reforma del marco regulador de las condiciones de trabajo del conjunto del personal del Sistema Nacional de Salud.

Tras conocerse la convocatoria de elecciones generales, las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación han reiterado que el proyecto de Ley, que ya no podrá terminar su tramitación parlamentaria por la disolución de las Cortes Generales, no puede “caer en saco roto”, y tiene que ser una de las principales prioridades del nuevo Gobierno.

Al respecto, los sindicatos recuerdan que las negociaciones mantenidas en los últimos tres años con el Ministerio de Sanidad posibilitaron acordar un proyecto de Ley muy beneficioso para todo el personal de la sanidad pública, por lo que entienden que deberá ser el “punto de partida”, incluso incorporando nuevas mejoras, para el próximo Ejecutivo.

CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT apuntan que, de manera leal y constructiva, trabajaron en todo momento y durante más de tres años, dentro del órgano legitimado para negociar las condiciones de trabajo del personal estatutario, para que la reforma del actual Estatuto Marco, que data de 2003, contemplase las mejoras y avances que necesitan el conjunto del personal del SNS, buscando siempre establecer unas condiciones laborales básicas y comunes que verdaderamente supongan un paso adelante para todo el personal estatutario sin distinción entre categorías ni servicios de salud.

Mejoras sustanciales

Fruto de ese trabajo, añaden, fue el acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad que llevó al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley con mejoras muy relevantes en materia de jornada y descansos, conciliación, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, clasificación y desarrollo profesional. También incorporaba un avance decisivo para poder acceder a la jubilación anticipada y parcial en un futuro muy próximo.

De igual manera, las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación inciden en que el trabajo que realizaron llevó al Gobierno a decantarse por mantenerse fiel a la negociación desarrollada en el órgano legalmente establecido para ello hasta alcanzar el acuerdo que se firmó en enero y que ha permitido finalmente que se recogieran en el Proyecto de Ley iniciando su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Las presiones ejercidas por algunos colectivos y determinadas organizaciones sindicales en sentido contrario no lograron finalmente imponer su visión de un nuevo Estatuto Marco fragmentado e injusto que, en lugar de buscar el beneficio de todo el personal del SNS, a lo que hubiesen dado lugar era a crear diferencias y desigualdades sin justificación entre los y las profesionales de la sanidad pública, señalan.

Próximo año

“Tenemos claro que el texto del proyecto de ley acordado debe ser una de las primeras tareas que el nuevo Gobierno aborde con la mayor urgencia posible de cara a que, al inicio de la próxima legislatura, llegue de nuevo al Congreso de los Diputados y se inicie su tramitación para que pueda ser aprobada a lo largo del próximo año”, apuntan.

Las OOSS firmantes del texto, lamentan profundamente que todo el ruido generado en torno a la reforma del Estatuto Marco, basado en demasiadas ocasiones en informaciones equivocadas, interpretaciones interesadas o afirmaciones que no se correspondían con el contenido real del texto, haya contribuido a retrasar y dificultar su tramitación por parte de múltiples actores.

Esta última circunstancia, junto con el cambio de posición unilateral del Ministerio de Sanidad, con respecto a temas tan importantes como la mencionada jubilación anticipada y parcial, que finalmente entró en el texto definitivo por las presiones ejercidas, son la causa del retraso en la tramitación del nuevo Estatuto Marco, impidiendo que los frutos de una negociación seria y rigurosa sean hoy una realidad.

El resultado de esta situación es especialmente negativo para los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud: se mantiene vigente una norma aprobada en 2003 y se paraliza la posibilidad de avanzar en el reconocimiento y consolidación de nuevos derechos y mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales.

Quienes han contribuido a bloquear o retrasar este proceso deben ser conscientes de que impedir que avance el nuevo Estatuto Marco no supone mantener la situación a la espera de una norma mejor, sino a perpetuar el marco de 2003 y aplazar mejoras y derechos que los profesionales del SNS llevan años reclamando.

Por último, CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT reiteran que, al igual que han hecho en los últimos tres años, en la próxima legislatura seguirán trabajando fieles a su compromiso de lograr aprobar una Ley que garantice y consolide derechos comunes para todos los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud.

“Al nuevo Gobierno y a los partidos políticos que formen parte de las nuevas cámaras parlamentarias les pediremos que prioricen las necesidades de nuestro sistema sanitario y de los casi un millón de trabajadoras y trabajadores que forman parte del SNS y culminen una reforma fundamental para mejorar y modernizar sus condiciones laborales”, concluyen.

El TSXG admite a trámite el recurso de CSIF para reclamar los salarios de julio y agosto del profesorado interino

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 09 Oct 26 10:30:00 CEST

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2026. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar que el profesorado interino y sustituto que haya trabajado al menos 165 días durante el curso escolar cobre también los meses de julio y agosto y que ese periodo se reconozca como tiempo de servicio.

La reclamación tiene además carácter retroactivo. CSIF solicita el abono de las cantidades pendientes y el reconocimiento de la experiencia docente correspondiente a cursos anteriores, siempre dentro de los plazos legales de prescripción.

El sindicato exige así a la Consellería de Educación que cumpla lo establecido en el acuerdo sobre las condiciones de trabajo del profesorado interino y sustituto, recogido en una resolución de junio de 2017, que regula los derechos retributivos de este colectivo durante los meses de verano.

CSIF inició esta reclamación el pasado 10 de febrero mediante un escrito dirigido a la Xunta. Ante la falta de respuesta de la Administración, decidió acudir a los tribunales el 3 de julio.

El TSXG ha admitido ahora el recurso, mediante un decreto fechado el 1 de octubre, y ha dado a la Consellería un plazo de 20 días hábiles para entregar la documentación administrativa relacionada con el caso.

La admisión a trámite permite que la reclamación siga adelante, aunque todavía no supone el reconocimiento judicial del derecho a cobrar las cantidades solicitadas. Será el tribunal quien determine si procede atender las demandas de CSIF y con qué alcance.

El sindicato continuará defendiendo que se respeten los derechos económicos y laborales del profesorado interino y sustituto y recomienda a los docentes que puedan verse afectados que contacten con CSIF Enseñanza Galicia para recibir asesoramiento sobre su situación particular.

José Francisco Méndez Castro: Llevo 40 años de sindicalismo y nunca se ha convocado una huelga contra la oposición de un Gobierno

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 09 Oct 26 10:44:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la huelga convocada por el problema de acceso a la vivienda tiene un carácter fundamentalmente político. Así lo ha explicado el presidente del sindicato en Galicia, José Francisco Méndez, durante una entrevista en la Televisión de Galicia (TVG), en la que ha cuestionado tanto el planteamiento de la movilización como su celebración apenas 48 horas antes del inicio de la campaña electoral.

Méndez Castro ha reconocido que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España y que sus consecuencias afectan también a los empleados públicos. Según ha señalado, hay funcionarios que, después de dedicar hasta tres años a preparar una oposición y conseguir una plaza, se ven obligados a renunciar a su puesto de trabajo porque no pueden asumir el coste de la vivienda en destinos como Madrid o Baleares.

Sin embargo, el presidente de CSIF Galicia considera que la solución a esta situación corresponde a los responsables políticos y que deben ser los ciudadanos quienes valoren las propuestas de los distintos partidos en las urnas.

En este sentido, Méndez Castro ha defendido la independencia política de CSIF y ha cuestionado que la convocatoria se dirija contra los partidos de la oposición en lugar de exigir responsabilidades al Gobierno. «Llevo 40 años de sindicalismo y nunca se ha convocado una huelga contra la oposición de un Gobierno», ha afirmado.

El dirigente sindical ha recordado que CSIF ha promovido numerosas movilizaciones tanto contra gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, en el ámbito estatal y autonómico, en defensa de los derechos de los trabajadores.

Aunque ha expresado su respeto a las movilizaciones impulsadas por otros colectivos y organizaciones, Méndez ha insistido en que CSIF considera esta convocatoria esencialmente política, una interpretación que, a su juicio, viene reforzada por la fecha elegida para celebrarla.

El sindicato mantiene que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden, especialmente para los empleados públicos destinados a territorios con precios elevados, pero defiende que su actuación sindical debe centrarse en la protección de los derechos e intereses laborales de los trabajadores, con independencia de quién gobierne.

Comunicado conxunto SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF e CCOO.

laura.lopez.lopez — Fri, 09 Oct 26 09:17:00 CEST

Os sindicatos SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF e CCOO levamos meses demandando unha negociación real ante os problemas laborais derivados da implantación da Lei Orgánica 1/2025, de 2 de xaneiro, de medidas en materia de eficiencia do Servizo Público da Xustiza, boa mostra desa boa fe negocial foi a sinatura dos cinco sindicatos que presentan este escrito do acordo para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, en abril de 2025, que supuxo un fito importante para o incremento retributivo dos complementos percibidos polo persoal de xustiza da Comunidade.

Porén, estas melloras non poden ser a calquera prezo. A premura dos prazos na implantación dos Tribunais de Instancia, produciu desequilibrios notables no reparto das cargas de traballo, a amortización de facto de moitas prazas, trala decisión de crear postos de libre designación e xefaturas, e a negativa tozuda e caprichosa para crear áreas e equipos suficientes. A situación de moitas vilas e cidades é insostible, ao bordo do colapso, dos órganos xudiciais e das persoas que nelas traballan.

Malia as constantes advertencias das organizacións sindicais, a Dirección Xeral de Xustiza decidiu emprender unha fuxida cara adiante, cunha política de terra queimada, mantendo unha negociación irreal das RPT, deixando todo o poder de decisión nas mans dos secretarios coordinadores e coartando dereitos laborais básicos como a mobilidade ou o teletraballo.

Estas circunstancias, recoñecidas polo propio Director Xeral de Xustiza, e reflectidas nas actas da mesa sectorial, deron pé a asembleas en todas as cidades
galegas, para recoller que o sentir é xeral: a administración de xustiza está nun momento crítico, e o cambio de modelo máis importante da súa historia está a ser respondido pola Xunta de Galicia con medidas insuficientes, cando non contraproducentes. Boa mostra diso é que a última mesa sectorial foi hai catro meses, catro meses nos que non se adoptou ningún tipo de medida para paliar o desastre da implantación da NUMO no noso país.

Os sindicatos SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF e CCOO esiximos, como vimos facendo dende hai meses, a convocatoria inmediata de mesa sectorial, co fin de facer a diagnose colectiva oportuna dos problemas derivados da implantación dos Tribunais de Instancia e propor solucións que redunden nun mellor servizo público e na mellora dos dereitos laborais

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

La Consellería de Vivenda acumula cinco investigaciones de Inspección de Trabajo tras denuncias de CSIF

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 01 Sep 26 13:16:00 CEST

Santiago, 1 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales que afectan al personal de campo de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) en las cuatro provincias gallegas.

CSIF advierte de que el personal continúa realizando los trabajos sin una evaluación de riesgos definitiva y sin disponer de todos los EPI necesarios.“Más de un año después del primer borrador, su evaluación de riesgos sigue sin finalizar y la Administración reconoció en julio que no tenía una fecha prevista para hacerlo”, lamentan desde el sindicato.

Con esta nueva actuación, la Consellería de Vivenda acumula ya cinco investigaciones abiertas a raíz de denuncias de CSIF: dos en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), una en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), otra por vulneración de los derechos de los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud de la Consellería y esta última en la AXI.

Para CSIF, la existencia de actuaciones inspectoras en distintos organismos de la misma Consellería demuestra que no se trata de incidencias aisladas, sino de deficiencias preventivas que se repiten y que la Administración debe corregir de forma inmediata

Las denuncias de CSIF ya han provocado actuaciones correctoras

En la APLU, tras más de diez años y después de varios requerimientos de la Inspección gracias a CSIF, la Agencia se ha visto obligada a corregir sus deficiencias, realizar evaluaciones y mejorar la dotación preventiva. Ahora, ante la negativa a reponer determinados EPI deteriorados, se ha abierto una nueva actuación inspectora.

“Resulta especialmente llamativo que un organismo cuya función es exigir a los administrados el cumplimiento de la legalidad urbanística acumule, al mismo tiempo, actuaciones inspectoras por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales durante varios años. La APLU no puede exigir el cumplimiento de la ley hacia fuera y relajar sus propias obligaciones legales hacia dentro”, explican desde CSIF.

Además, fruto de otra investigación abierta gracias al sindicato por vulneración de los derechos de los delegados sindicales, el pasado 27 de julio la Inspección recordó a la Consellería su obligación de facilitar la documentación preventiva y la información sobre accidentes laborales desde el momento en que se tenga conocimiento de ellos.

CSIF exige soluciones

La Central Sindical subraya que aunque los incumplimientos preventivos de las Administraciones Públicas no conlleven las mismas sanciones económicas que en una empresa privada, no hace menos graves dichos incumplimientos.

En este sentido, recuerda que durante la última comparecencia, la propia inspectora señaló que, “de tratarse de una empresa privada, las situaciones denunciadas en la Consellería de Vivenda habrían dado lugar a sanciones”.

“Que no haya multa no rebaja la gravedad. Evaluar los riesgos y proporcionar la protección necesaria son obligaciones de la Administración y derechos de los trabajadores”, concluye CSIF.

CSIF denuncia que los trabajadores del edificio administrativo de Monelos soportan cada verano temperaturas de hasta 32 ºC y exige una actuación urgente

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 09 Jul 26 11:59:00 CEST

A Coruña, 8 de julio de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación que soporta el personal del Edificio Administrativo de Monelos, en A Coruña, donde las elevadas temperaturas registradas vuelven a poner en riesgo las condiciones de trabajo de cientos de empleados públicos. El sindicato reclama a la Xunta una intervención urgente para proteger a la plantilla y una solución estructural que evite que este problema se repita año tras año.

CSIF recuerda que ya el pasado año se realizaron mediciones en distintos despachos del edificio que registraron temperaturas superiores a los 27 ºC en todos los espacios analizados, con numerosos despachos por encima de los 30 ºC e incluso algunos que superaban los 32 ºC, situación que se vuelve a repetir estos días de altas temperaturas.

Para el sindicato, estos datos demuestran un problema estructural que afecta directamente a la salud, el bienestar y la capacidad de concentración del personal.

La organización sindical ya trasladó esta situación el pasado 25 de junio al Comité de Seguridad y Salud Laboral del edificio, donde reclamó la adopción de medidas preventivas frente al calor y actuaciones tanto inmediatas como de carácter permanente. Paralelamente, CSIF está planteando iniciativas similares en los distintos Comités de Seguridad y Salud Laboral de las consellerías cuyos trabajadores prestan servicio en Monelos y en otros edificios administrativos afectados por problemas de climatización.

Mientras no se acometa una actuación integral sobre el edificio —que incluya mejoras en la climatización, la fachada acristalada, la protección solar y otros elementos que condicionan la temperatura interior—, CSIF considera imprescindible adoptar medidas provisionales para reducir la exposición del personal al calor.

Asimismo, el sindicato reclama que se facilite el teletrabajo al personal destinado en los despachos con temperaturas más elevadas siempre que las funciones del puesto lo permitan.

CSIF considera que la Administración no puede seguir afrontando este problema únicamente cuando llegan las altas temperaturas y reclama una planificación que garantice unas condiciones ambientales adecuadas para el personal durante todo el año. "No es aceptable que cada verano se repita la misma situación sin una solución definitiva", concluye el sindicato

CSIF denuncia temperaturas de hasta 30 ºC sin climatización en varias escuelas infantiles de la Xunta durante la ola de calor

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 26 Jun 26 13:26:00 CEST

Santiago, 26 de junio de 2026.- CSIF ha denunciado las elevadas temperaturas registradas durante la reciente ola de calor en varias escuelas infantiles dependientes de la Consellería de Política Social, donde, según el sindicato, menores y trabajadoras permanecieron en instalaciones sin sistemas adecuados de climatización en los que se registraron temperaturas que superaron los 29º C.

La organización sindical ha trasladado esta situación a la Consellería de Política Social y ha solicitado la adopción inmediata de medidas preventivas frente a las altas temperaturas en las escuelas infantiles dependientes de este departamento.

Según explica CSIF, ha recibido denuncias por temperaturas elevadas en las escuelas infantiles de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, As Galeras, en Oleiros, Escuela Infantil Rosalia de Castro en Coia (Vigo), que registró temperaturas superiores a 30 grados, y las de San Roque, en Santiago, y Barro (Pontevedra) con temperaturas de más de 29º..

CSIF recuerda que los bebés constituyen el colectivo más vulnerable frente a las altas temperaturas. La Asociación Española de Pediatría advierte de que los menores de un año presentan una capacidad limitada para regular su temperatura corporal y que esta puede aumentar entre tres y cinco veces más rápido que la de un adulto. Por ello, recomienda que permanezcan en ambientes frescos y que los espacios destinados a su cuidado dispongan de sistemas adecuados de climatización o ventilación para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Para el sindicato, mantener durante horas un aula de bebés próxima a los 30 ºC sin climatización supone un riesgo que no puede normalizarse y exige una actuación inmediata por parte de la Administración autonómica.

CSIF recuerda además que la normativa en materia de prevención de riesgos laborales obliga a adaptar las condiciones ambientales de los centros de trabajo cuando se producen episodios de altas temperaturas o fenómenos meteorológicos adversos, con el fin de proteger tanto a las personas trabajadoras como a quienes reciben el servicio.

Ante esta situación, el sindicato reclama a la Xunta de Galicia la instalación urgente de sistemas de climatización adecuados en las escuelas infantiles que carecen de ellos. Mientras estas actuaciones no se materialicen, solicita la dotación inmediata de equipos profesionales de refrigeración que permitan mantener unas condiciones térmicas seguras para los menores y el personal.

Asimismo, pide la elaboración de un protocolo específico de actuación frente a episodios de calor en las escuelas infantiles, negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, que establezca medidas preventivas claras antes de que se produzcan situaciones de riesgo.

CSIF advierte de que, si la Xunta no adopta medidas de forma inmediata, promoverá las actuaciones oportunas ante la Inspección de Trabajo y los organismos competentes para garantizar la protección de la salud de los menores y de las trabajadoras de estos centros.

CSIF denuncia ante inspección de trabajo graves deficiencias preventivas que afectan al personal técnico de educación

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 23 Jun 26 12:50:00 CEST

CSIF ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales que afectan al personal técnico de las Unidades Técnicas de Educación.

Este personal realiza visitas a centros educativos y obras, comprueba incidencias constructivas, accede a cubiertas e instalaciones y se desplaza habitualmente por razón de servicio. Sin embargo, no dispone de una evaluación específica de los riesgos reales asociados a estos trabajos de campo ni de las medidas preventivas necesarias para desarrollarlos en condiciones seguras.

La situación adquiere especial gravedad porque este personal es precisamente el que debe intervenir ante muchas de las deficiencias que afectan a los centros educativos: filtraciones, humedades, problemas en cubiertas, incidencias en instalaciones u otros daños. No se puede exigir una respuesta inmediata ante situaciones potencialmente peligrosas mientras se mantiene a quienes deben evaluarlas y gestionarlas sin una prevención adecuada.

No hablamos de una cuestión menor ni de un mero problema organizativo. Hablamos de una plantilla que asume una elevada responsabilidad técnica, se enfrenta a situaciones potencialmente peligrosas y carece de medios suficientes, protocolos claros y apoyo preventivo adecuado. En muchos casos, además, utiliza vehículos, teléfonos, cámaras y otros recursos propios para trabajar.

CSIF denunció previamente esta situación ante la Consellería de Educación y solicitó medidas preventivas urgentes. Sin embargo, la Consellería no dio respuesta a la representación legal de las personas trabajadoras ni informó de actuaciones concretas para corregir las carencias trasladadas.

La Administración no puede sustituir una evaluación preventiva real por documentos centrados únicamente en el trabajo de oficina, ignorando los riesgos de los desplazamientos, el riesgo vial laboral, la fatiga, la meteorología, la dispersión territorial de los centros y la edad de la plantilla. Tampoco puede mantener al personal técnico sin vehículos oficiales suficientes, medios adecuados, formación específica ni protocolos claros para desarrollar sus funciones con seguridad.

CSIF ha solicitado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que requiera a la Consellería para que realice una evaluación específica de los riesgos de los trabajos de campo y una evaluación de riesgos psicosociales; dote al personal de EPI, vehículos oficiales y medios materiales adecuados; imparta la formación preventiva exigida por el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; y establezca protocolos claros para actuar ante visitas, obras, incidencias constructivas y situaciones inseguras.

Evaluar los riesgos, evitarlos, proporcionar medios adecuados, formar al personal y adoptar medidas preventivas no es opcional: es una obligación legal. La falta de medidas preventivas expone al personal técnico a riesgos que la Administración conoce y tiene obligación de corregir.

CSIF exige actuaciones inmediatas y efectivas para proteger al personal técnico de las Unidades Técnicas de Educación en las cuatro provincias y garantizar una respuesta preventiva real ante las deficiencias que afectan a los centros educativos.

Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 23 Jun 26 11:37:00 CEST

CSIF pone a tu disposición una infografía informativa para recordar las medidas de prevención y los derechos de las personas trabajadoras ante el estrés térmico derivado de las altas temperaturas.

La información recoge las obligaciones de las empresas y administraciones para evaluar los riesgos, adaptar las condiciones de trabajo cuando sea necesario y adoptar medidas preventivas como la reorganización de tareas, el incremento de pausas, la disponibilidad de agua potable, la ventilación adecuada o la habilitación de zonas de sombra.

Asimismo, recuerda que, ante avisos meteorológicos de alerta naranja o roja, es obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo y que las tareas con riesgo grave e inminente deben suspenderse o modificarse.

CSIF reclama un plan de adaptación al cambio climático para las escuelas infantiles y residencias de mayores de Pontevedra

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 19 Jun 26 12:32:00 CEST

Pontevedra, 19 de junio de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Consellería de Política Social e Igualdade la elaboración de un plan progresivo de adaptación de las escuelas infantiles y residencias de mayores de la provincia de Pontevedra a las nuevas condiciones climáticas, que incorpore criterios de confort térmico y eficiencia energética para garantizar la protección de la salud tanto de trabajadores como usuarios, en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

La organización sindical ha pedido que este asunto sea abordado en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Pontevedra, al considerar necesario evaluar si las infraestructuras actuales están preparadas para responder a los efectos del cambio climático y garantizar la protección de las personas usuarias y trabajadoras de estos servicios públicos.

CSIF advierte de que las altas temperaturas afectan especialmente a colectivos vulnerables como los niños y niñas de las escuelas infantiles y las personas mayores residentes en centros asistenciales, además de repercutir en las condiciones de trabajo del personal. Por ello, considera imprescindible analizar la situación actual de las instalaciones y adoptar medidas que permitan anticiparse a futuros escenarios climáticos.

Entre las peticiones trasladadas a la Administración figura la presentación de información detallada sobre el estado de los sistemas de climatización, ventilación y renovación de aire de los centros de la provincia, así como sobre las actuaciones de mantenimiento, revisión o mejora previstas.

Asimismo, el sindicato solicita una revisión de las evaluaciones de riesgos laborales relacionadas con la exposición al calor para comprobar que contemplan adecuadamente los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos y las medidas preventivas necesarias para afrontarlos.

CSIF también reclama que se informe de las medidas organizativas y preventivas establecidas para proteger la salud de los trabajadores durante los periodos de calor intensa, especialmente en el caso de las personas especialmente sensibles.

En aquellos centros donde se detecten deficiencias o limitaciones en los sistemas existentes, la organización sindical pide la adopción inmediata de medidas provisionales que garanticen unas condiciones ambientales adecuadas mientras se ejecutan las actuaciones correctoras necesarias.

La organización sindical defiende que la protección de la salud laboral y el bienestar de las personas usuarias exige una actuación preventiva y planificada, capaz de anticiparse a los efectos que el cambio climático puede tener sobre la prestación de los servicios públicos y sobre las condiciones de trabajo del personal.

CSIF denuncia que la Residencia Volta do Castro afronta un nuevo verano con problemas de calor y graves deficiencias sin resolver

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 16 Jun 26 12:26:00 CEST

Santiago, 16 de junio de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a denunciar ante la Consellería de Política Social e Igualdade la existencia de importantes deficiencias preventivas y de mantenimiento en la Residencia de Maiores Volta do Castro de Santiago de Compostela, poniendo especial atención en la falta de soluciones a los problemas derivados de las altas temperaturas que afectan al centro.

El sindicato recuerda que ya en agosto de 2025 trasladó a la Administración la situación de estrés térmico que sufría el personal, especialmente en la tercera planta de la residencia. Sin embargo, a las puertas de un nuevo periodo estival, CSIF asegura que los problemas persisten y que las medidas adoptadas resultan insuficientes para garantizar unas condiciones adecuadas tanto para las trabajadoras como para las personas residentes.

Durante una reciente visita al centro, representantes sindicales comprobaron además la existencia de nuevos riesgos relacionados con la seguridad y la prevención laboral. Entre ellos destacan zonas de trabajo sin ventilación adecuada, donde se realizan tareas de preparación y manipulación de medicación en condiciones especialmente preocupantes durante los episodios de calor.

Según trasladan las trabajadoras, en estos espacios se machacan comprimidos que generan polvo de medicación mientras se utilizan ventiladores para combatir las altas temperaturas. Esta situación puede favorecer la dispersión de partículas en el ambiente. Asimismo, se ha comunicado la manipulación de medicamentos citostáticos, sustancias potencialmente tóxicas que requieren protocolos específicos de seguridad, formación adecuada y medidas preventivas eficaces.

CSIF también ha detectado un importante deterioro de las instalaciones, con suelos en mal estado que pueden provocar caídas y cristales agrietados en distintas dependencias, algunos sujetos de forma provisional con cinta adhesiva.

Asimismo, el sindicato denuncia deficiencias en varios baños geriátricos que dificultan la movilización de residentes y generan riesgos tanto para usuarios como para trabajadores, además de problemas de evacuación de agua que favorecen resbalones y caídas.

A estas incidencias se suma la falta de información preventiva, ya que las trabajadoras consultadas aseguran no disponer de copia de la evaluación de riesgos de sus puestos, no haber recibido formación suficiente y no recordar simulacros de emergencia desde antes de la pandemia.

Por ello, exige a la Consellería de Política Social e Igualdade una intervención inmediata para revisar la evaluación de riesgos laborales, corregir las deficiencias detectadas, mejorar las condiciones de ventilación y climatización del centro y garantizar la seguridad tanto de las personas residentes como del personal trabajador.

La Inspección de Trabajo señala a Medio Ambiente por una infracción grave en prevención de riesgos laborales

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 10 Jun 26 14:00:00 CEST

Santiago, 11 de junio de 2026.– La Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento formal contra la Consellería de Medio Ambiente tras investigar el grave accidente laboral sufrido por un agente medioambiental del Parque Nacional das Illas Atlánticas en la Illa de Ons y constatar deficiencias preventivas graves. El organismo concluye que la Administración incumplió sus obligaciones de formación e información sobre los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables, calificando los hechos como una infracción grave en materia de seguridad y salud laboral.

La resolución avala las denuncias formuladas durante los últimos meses por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que venía advirtiendo de reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de la falta de transparencia en la gestión de la siniestralidad laboral y de las dificultades para acceder a documentación técnica relacionada con la investigación de este y otros accidentes.

El accidente se produjo cuando el agente medioambiental realizaba labores de vigilancia en una zona de difícil acceso de la Illa de Ons, sufriendo una caída por un desnivel rocoso que le ocasionó lesiones de gravedad y obligó a su evacuación en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Falta de protocolos y evaluaciones desactualizadas

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo revelan que el trabajador accidentado desempeñaba sus funciones sin disponer de un procedimiento de trabajo específico para la actividad que realizaba, sin haber recibido formación adaptada a los riesgos concretos del puesto y sin información suficiente sobre las medidas de protección necesarias para desarrollar su labor en condiciones seguras.

Asimismo, la Inspección constató que la evaluación de riesgos utilizada correspondía a un escenario anterior y no contemplaba las circunstancias reales en las que se produjo el accidente grave investigado. La resolución también subraya la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la tarea desarrollada y recuerda a la Consellería que la formación preventiva debe ser específica para cada puesto, actualizarse en función de la evolución de los riesgos y no puede sustituirse por formación genérica ni por documentación desactualizada.

CSIF critica el intento de responsabilizar al trabajador

Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF se lamenta la postura mantenida durante este tiempo tanto por los responsables del Servicio de Prevención como por la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral —que recae en la vicesecretaria xeral de la Consellería— y por el resto de las organizaciones sindicales presentes en este órgano.

Según denuncia el sindicato, en lugar de analizar con rigor qué había fallado en la organización preventiva y adoptar medidas correctoras, la respuesta consistió en cuestionar la labor fiscalizadora de CSIF e intentar trasladar la responsabilidad del accidente al propio trabajador.

«Los delegados de prevención no estamos para proteger a la Administración, sino para proteger a los trabajadores», señalan desde CSIF.

Tras este requerimiento de la Inspección de Trabajo, el sindicato anuncia que continuará exigiendo el acceso a toda la documentación preventiva relacionada con el caso y vigilando el cumplimiento de las medidas exigidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.