Galicia

Decreto OEP 2026

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 21 Apr 26 13:01:00 CEST

Poñemos ao voso dispor a documentación sobre o Decreto de OEP da Xunta e o anexo de prazas previsto para 2026.

DOCUMENTACIÓN

José Francisco Méndez Castro: Galicia arrastra un absentismo estructural ligado al envejecimiento, la presión sobre el Sergas y el mayor desgaste laboral

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 07 May 26 12:13:00 CEST

El presidente de CSIF Galicia, José Francisco Méndez Castro, aseguró que el elevado absentismo laboral en Galicia responde a una combinación de factores estructurales como el envejecimiento de la población, el peso de sectores con alta carga física, la presión sobre el sistema sanitario y el aumento de los problemas de salud mental, y rechazó que el fraude sea una de las causas principales de la situación.

Durante una entrevista concedida al programa Matinal Líder, Méndez explicó que Galicia lleva años situándose entre las comunidades con mayores tasas de absentismo laboral y advirtió de que “no hay una varita mágica” para resolver el problema a corto plazo.

“El absentismo en Galicia no es algo nuevo. Ya ocupaba titulares en 2012 y tradicionalmente Galicia, junto a Asturias o País Vasco, ha estado entre las comunidades con mayores índices”, señaló.

El dirigente sindical explicó que uno de los factores clave es el envejecimiento de la población gallega. “Tenemos una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Eso es positivo porque vivimos más años, pero también genera más patologías crónicas”, afirmó.

Méndez añadió que el propio tejido productivo gallego contribuye a elevar las bajas laborales, al estar basado en sectores como la construcción, la pesca, la industria conservera o el sector primario, actividades con una elevada carga física y una mayor incidencia de dolencias musculoesqueléticas.

La presión sobre el Sergas agrava la duración de las bajas

El presidente de CSIF Galicia insistió en que otro de los grandes problemas es la saturación del sistema sanitario público, especialmente en relación con los tiempos de espera para pruebas diagnósticas, cirugías o rehabilitación.

“Las bajas no sólo son más numerosas, también son más largas porque hay una enorme presión sobre el Sergas”, explicó.

Aunque reconoció el incremento de plantilla realizado en los últimos años en el sistema sanitario gallego, Méndez señaló que el aumento de la población y la presión asistencial han dificultado absorber la demanda.

“El Sergas ha incrementado su estructura en miles de trabajadores, pero también se ha duplicado la población inmigrante trabajadora, imprescindible para nuestra economía, y eso genera más presión sobre los servicios públicos”, apuntó.

En este sentido, advirtió de que el déficit de profesionales sanitarios es un problema estructural que no puede resolverse de forma inmediata. “No es sólo cuestión de dinero. Faltan profesionales y resolver eso puede llevar una década”, aseguró.

El sindicato alerta del aumento del desgaste emocional y de los problemas de salud mental

Méndez también relacionó el incremento de las bajas psicológicas y por salud mental con el aumento de la presión laboral y social en determinados sectores, especialmente en sanidad y educación.

“La presión que sufren hoy los docentes o los sanitarios no tiene nada que ver con la de hace 20 años”, afirmó.

Como ejemplo, citó el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios y el desgaste emocional derivado tanto de la presión asistencial como de las dificultades personales y económicas de muchos trabajadores.

“El burnout tiene múltiples causas. Hay presión laboral, agresiones físicas y psicológicas, problemas económicos, conciliación y también la carga de cuidar a padres mayores mientras se trabaja y se atiende a los hijos, el conocido como síndrome del cuidador”, señaló.

Aun así, consideró positivo que actualmente existan más recursos y atención para patologías que antes no se trataban. “Cuando se ofertan servicios de salud mental, también aflora una demanda que antes estaba oculta”, explicó.

CSIF rechaza centrar el debate en el fraude

Preguntado por el posible fraude en las bajas laborales, el presidente de CSIF Galicia reconoció que “siempre existe un porcentaje”, pero insistió en que no es el origen principal del problema.

“Fraude puede haber, igual que existe fraude fiscal o delincuencia, pero honestamente no creo que sea uno de los elementos clave del absentismo”, sostuvo.

En cambio, defendió que muchas situaciones prolongadas responden a la lentitud de los procesos sanitarios. Como ejemplo, mencionó casos de profesionales sanitarios con lesiones musculares o de espalda que deben esperar meses para realizarse pruebas diagnósticas mientras continúan de baja.

“Eso no tiene que ver con fraude, sino con listas de espera”, afirmó.

“Lo que sobra es demagogia”

Méndez reclamó abordar el problema desde un punto de vista técnico y alejado de la confrontación política.

“Lo que sobra en este debate es basura demagógica. Lo que hace falta es trabajo técnico para agilizar procesos y mejorar el funcionamiento del sistema”, defendió.

El dirigente sindical advirtió además de que el envejecimiento de la población activa y el retraso de la edad de jubilación seguirán influyendo en el aumento de patologías crónicas y bajas laborales durante los próximos años.

“Vamos hacia vidas laborales más largas y eso implica convivir con más problemas de salud. Hay que ser realistas: el absentismo puede reducirse algo, pero seguirá siendo un reto estructural”, concluyó.

Cuerpos Generales Xunta: toma de posesión del concurso de traslados y elección de destino

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 12 May 26 10:50:00 CEST

En la reunión monográfica celebrada el 11 de mayo de 2026, la Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) nos traslada la siguiente información en relación con los procedimientos de elección de destino correspondientes a los procesos selectivos de cuerpos generales, así como sobre la previsión de fechas para las tomas de posesión de estos procesos y del concurso de traslados.

MODIFICACIÓN EN EL ORDEN DE ELECCIÓN DE DESTINO ANUNCIADO EN REUNIONES ANTERIORES

Según la información facilitada por la DXEP, se introduce un cambio en el orden del primer bloque de adjudicación, correspondiente a los procesos anteriores a la Ley 20/2021.

En concreto, la principal modificación afecta al proceso de promoción interna convocado en enero de 2020, que pasará a elegir destino con prioridad respecto a las convocatorias de acceso libre de diciembre de 2019.

De este modo, el orden previsto para la elección de destino del primer bloque será el siguiente:

Procesos de funcionarización (5 personas)
Promoción interna convocada en enero de 2020 (92 personas)
Convocatorias de acceso libre de diciembre de 2019 (721 personas)
Promoción específica (23 personas)
Convocatorias derivadas de los procesos de 2022 (489 personas)

Como ya se informó en fechas anteriores, dentro de este primer bloque, la elección de destino se realizará siguiendo el orden de clasificación por grupos/subgrupos de titulación. De este modo, elegirán destino en primer lugar las personas aspirantes del grupo A1 de cada una de las convocatorias incluidas en el bloque; posteriormente lo hará el grupo A2, seguido del C1, C2 y, finalmente, la agrupación profesional.

Una vez finalizado este primer bloque, continuarán los procesos selectivos de estabilización convocados por el sistema de concurso de méritos al amparo de la Ley 20/2021, siguiendo igualmente el orden de subgrupos: A1, A2, C1, C2 y agrupación profesional.

Por último, elegirán destino las personas aspirantes de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 convocados mediante el sistema de concurso-oposición, manteniéndose el mismo orden de grupos: A1, A2, C1, C2 y agrupación profesional.

DÉFICIT DE PLAZAS. INCLUSIÓN DE PUESTOS QUE NO PASARON POR EL CONCURSO

La DXEP reconoce la existencia de un déficit de plazas, especialmente en los grupos A1 y A2, en caso de no incorporarse plazas que no fueron ofertadas previamente en el concurso de traslados. Los criterios de selección o exclusión de plazas serían los siguientes:

Jefaturas de sección

Sobre esta cuestión, la Administración informó de que las 147 jefaturas de sección que no pasaron por el concurso de traslados no serán ofertadas en este procedimiento.

Por tanto, en relación a jefaturas de sección, se ofertarán 6 plazas que quedaron sin adjudicar en el concurso a las que se sumarán las 8 del Consorcio que no pasaron por el concurso al no estar publicada en la fecha de convocatoria la RPT.

Jefaturas de negociado

La DXEP informa de que ofertará jefaturas de negociado que no pasaron previamente por el concurso de traslados.

La Administración lo justifica señalando que existen 110 jefaturas de negociado que sí participaron en el concurso y quedaron desiertas, de las cuales aproximadamente el 90 % se encuentran en Santiago de Compostela. Bajo esta premisa, la DXEP pretende ofertar puestos de características similares a las que quedaron desiertas, que cuantifica en torno a 120 plazas, con el objetivo de paliar parcialmente el déficit existente, especialmente en el subgrupo A2.

Puestos base A1 y A2 la DXEP informa de que también se incluirán los puestos base de los subgrupos A1 y A2 que no pasaron por el concurso de traslados.

DÉFICIT DE PLAZAS. CREACIONES Y MODIFICACIONES

A pesar de las medidas anteriormente descritas, según la propia DXEP seguiría existiendo déficit de plazas, por lo que se abordará de forma inminente una modificación de la RPT para crear nuevos puestos base de los subgrupos A1 y A2, así como para modificar puestos ya existentes con el objetivo de abrirlos a otros grupos.

No obstante, la Administración no concretó el número de plazas necesarias ni garantizó que estas actuaciones no se lleven a cabo mediante amortizaciones de puestos.

TOMAS DE POSESIÓN

A pesar de la insistencia de CSIF, la DXEP no aportó fechas concretas sobre la publicación de los actos de elección de destino ni sobre los plazos posesorios correspondientes tanto al concurso de traslados como a estos procesos selectivos.

En todo caso, la Administración trasladó como previsión que durante el mes de junio se publicarían los actos de elección de destino y que, previsiblemente, a mediados de julio estarían finalizados los plazos posesorios.

Dada la previsión de fechas, CSIF insistió en la necesidad de que la DXEP dicte instrucciones que minimicen al máximo los problemas que van a surgir respecto al disfrute de los periodos vacacionales de las personas afectadas por estos procesos.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia exigen a la Dirección Xeral medidas urgentes para evitar el colapso de los Juzgados de A Coruña

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 19 May 26 16:44:00 CEST

A Coruña, 19 de mayo de 2026.– Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, que representan a la mayoría del personal de la Administración de Justicia en Galicia, mantuvieron este martes una asamblea con trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de A Coruña para abordar la situación generada tras la implantación de los Tribunales de Instancia, un proceso que califican de “improvisado” y que, según denuncian, está situando a los órganos judiciales “al borde del colapso”.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de asambleas que las organizaciones sindicales están desarrollando en las principales ciudades gallegas con el objetivo de trasladar al personal la evolución de la implantación de la ley de eficiencia, recoger incidencias y coordinar posibles actuaciones ante el empeoramiento de las condiciones laborales y del funcionamiento del servicio público.

Durante la reunión se expusieron algunas de las principales carencias detectadas en los juzgados, entre ellas la insuficiencia de personal, la distribución “caótica” de los espacios judiciales y las limitaciones de los sistemas informáticos utilizados en la tramitación de procedimientos.

Los sindicatos insisten en la necesidad de abrir de manera inmediata una negociación para ampliar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), al considerar que la carga laboral actual resulta “inasumible” para las plantillas existentes. Asimismo, advierten de que la reorganización física de los órganos judiciales está generando confusión tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía, dificultando el seguimiento y localización de expedientes.

Las organizaciones sindicales denuncian también que las aplicaciones informáticas continúan sin adaptarse a las nuevas plazas ni incorporar las modificaciones procesales derivadas de los cambios legislativos, lo que está ralentizando la tramitación de asuntos y aumentando los retrasos. A ello suman la “supresión arbitraria del teletrabajo”, que, según sostienen, empeora todavía más la organización diaria de los juzgados.

Según explican, esta situación está provocando un deterioro “sin precedentes” de las condiciones laborales del personal, con repartos de trabajo arbitrarios, prolongaciones de jornada y pérdida de movilidad funcional. Además, alertan de que estas deficiencias repercuten directamente en la ciudadanía mediante retrasos “inasumibles” en procedimientos relacionados con derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia.

En este contexto, las centrales sindicales consideran que la actual gestión compromete el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva y pone en riesgo la calidad de la Justicia como servicio público esencial.

Por ello, sindicatos y trabajadores de los Juzgados de A Coruña exigen a la Dirección General de Justicia la puesta en marcha urgente de una mesa de negociación que permita adoptar medidas inmediatas, entre ellas el incremento de plantillas mediante la ampliación de las RPT, la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten arbitrariedades en la distribución de cargas de trabajo y el nombramiento de personal de refuerzo.

Las organizaciones convocantes advierten de que, si no se atienden estas reclamaciones, iniciarán movilizaciones para visibilizar ante la opinión pública “el problema generado por la Dirección General de Justicia”. Del mismo modo, sostienen que, si los actuales responsables “no son capaces” de afrontar esta situación, la Xunta de Galicia debe “buscar personas idóneas que atiendan la voz unánime del personal gallego de Justicia”.

Acuerdo en el Congreso para que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 May 26 13:15:00 CEST

Los trabajadores de prisiones serán reconocidos como agentes de autoridad tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entre PSOE, PP y PNV, y gracias a las presiones ejercidas en los últimos años por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Este reconocimiento es una victoria para CSIF tras años reivindicando que los trabajadores de prisiones ostenten la condición de agentes de autoridad, que conlleva además una serie de mejoras en sus condiciones laborales, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos por intentos de estrangulamiento o apuñalamientos frustrados. Además, de modo habitual de producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Precisamente, cinco funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) sufrieron ayer lunes diversas heridas, hematomas, magulladuras y torceduras tras ser agredidos por un recluso ingresado en el módulo de enfermería de este centro penitenciario. En ocasiones incluso se han producido muertes, como ocurrió en marzo de 2024 con una cocinera de la prisión Más d’Enric (Tarragona).

Modificación de la Ley General Penitenciaria

Este acuerdo se ha alcanzado en el seno de la ponencia de dicha Comisión de Interior, encargada de la Proposición de Ley Orgánica -presentada por el PSOE- por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El acuerdo será en breve ratificado por la Comisión para comenzar su tramitación parlamentaria.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.

Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

CSIF estará vigilante para que la Comisión de Interior del Congreso ratifique este acuerdo cuanto antes para comenzar la tramitación parlamentaria, y que finalmente los trabajadores de prisiones sean considerados cuanto antes como agentes de la autoridad.

CSIF alerta de una posible exposición a gas radón en el edificio judicial de As Cigarreras, en A Coruña

beatriz.pampin.alvarez — Thu, 21 May 26 17:18:00 CEST

A Coruña, 21 de mayo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado de forma urgente a la Dirección Xeral de Xustiza y a la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, información detallada, evaluación actualizada y adopción de medidas preventivas ante la posible exposición a gas radón en el edificio de As Cigarreras, en A Coruña.

La petición se produce tras la preocupación trasladada por personal destinado en estas instalaciones, donde desarrollan su actividad laboral tanto personal funcionario de la Administración de Xustiza de la Xunta de Galicia como profesionales de los Equipos Técnicos del Juzgado de Menores.

Según ha podido conocer CSIF, hace más de dos años se habrían realizado mediciones de gas radón en el edificio sin que, hasta la fecha, las personas trabajadoras hayan recibido información oficial sobre los resultados completos de dichas mediciones, sus conclusiones técnicas ni, en su caso, las posibles medidas preventivas o correctoras adoptadas por la Administración.

Ante esta situación, CSIF también ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento, por parte de la Dirección Xeral de Xustiza, de la obligación de convocar trimestralmente el Comité de Seguridad y Salud, órgano en el que deberían abordarse cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, incluidas las mediciones de gas radón y las actuaciones derivadas de las mismas.

El sindicato considera imprescindible garantizar la transparencia y el derecho de las personas trabajadoras a conocer cualquier riesgo que pueda afectar a su salud laboral, especialmente en relación con un agente como el gas radón, cuya exposición prolongada está asociada a riesgos para la salud.

Por ello, CSIF exige a la Administración autonómica que facilite de manera inmediata toda la información relativa a las mediciones realizadas, evalúe la situación actual del edificio y adopte, en caso necesario, las medidas preventivas y correctoras oportunas para garantizar la seguridad y salud del personal que presta servicio en estas dependencias judiciales.

Medio Rural secuestra los derechos de promoción y movilidad de sus empleados públicos

beatriz.pampin.alvarez — Fri, 22 May 26 12:08:00 CEST

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2026.– Tras el reciente cambio en la Dirección Xeral de Defensa do Monte, la Consellería do Medio Rural está limitando injustificadamente la concesión de comisiones de servicio únicamente al personal perteneciente a la misma especialidad del puesto convocado, excluyendo de forma automática al personal funcionario de otras escalas o especialidades del mismo grupo o subgrupo.

Este nuevo criterio supone un cambio radical respecto al que venía aplicándose hasta ahora en Medio Rural bajo la dirección del anterior DX de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, en el que sí se permitía el acceso a puestos mediante comisión de servicios a personal de otras especialidades del mismo grupo o subgrupo, en aplicación de la Ley de Empleo Público de Galicia.

El artículo 96.2 de la Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, establece claramente que el personal funcionario podrá ocupar temporalmente puestos correspondientes a otra escala o especialidad de administración general o especial siempre que posea la titulación requerida y pertenezca al mismo grupo o subgrupo de clasificación.

La propia ley únicamente establece prioridad para el personal de la misma especialidad, pero en ningún caso exclusividad ni prohibición para el resto del personal del mismo grupo o subgrupo.

Sin embargo, desde la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural se está denegando de facto el acceso a estas comisiones de servicio al personal que cumple plenamente los requisitos legales, aplicando un criterio restrictivo impuesto tras el cambio en la Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Medio Rural no solo está ignorando lo establecido en la Ley de Empleo Público de Galicia, sino que está modificando unilateralmente el criterio que se venía aplicando desde el año 2023, sin ofrecer explicación ni motivación alguna y sin responder tampoco a las solicitudes de información formuladas por los empleados públicos afectados, en una clara maniobra de oscurantismo.

Medio Rural no se conforma únicamente con las denegaciones masivas de los derechos de movilidad, sino que reincide en atentar contra los derechos de los empleados públicos al no anunciar todas las plazas para los procesos de movilidad interna, y derivarlas directamente a las listas de contratación.

CSIF exige a Medio Rural el cumplimiento de la Ley de Empleo Público de Galicia y defiende el derecho del personal funcionario a acceder a las comisiones de servicio en condiciones de igualdad, tal y como además avalan recientes sentencias judiciales, y en esos términos se lo hemos trasladado.

Pese a ello, la Consellería de Medio Rural continúa haciendo caso omiso a las exigencias de CSIF y a las sentencias judiciales existentes, y mantiene, hasta el momento, este nuevo criterio excluyente implantado por la DX de Defensa do Monte, limitando injustificadamente las posibilidades de movilidad y promoción profesional del personal funcionario del SPIF.

CSIF seguirá defendiendo ante todas las instancias administrativas y judiciales el derecho del personal empleado público a acceder en condiciones de igualdad a las comisiones de servicio conforme a lo establecido en la Ley de Empleo Público de Galicia.

CSIF denuncia la modificación del decreto 37/26 y su impacto en el personal de las listas de contratación temporal de la Xunta de Galicia

beatriz.pampin.alvarez — Fri, 22 May 26 12:15:00 CEST

Santiago de La modificación del Decreto 37/2006, de 2 de marzo, por el que se regula el nombramiento de personal interino y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, supone un nuevo endurecimiento de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal y un grave perjuicio para miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de este sistema para acceder al empleo público.

Lejos de corregir la precariedad estructural existente, la reforma profundiza en un modelo basado en el control, las penalizaciones y la disponibilidad permanente del personal temporal, trasladando además a las personas aspirantes toda la carga burocrática y administrativa derivada de la gestión electrónica obligatoria.

Entre las principales consecuencias negativas de esta modificación destacan:

La suspensión automática en otras listas una vez aceptado un nombramiento o contrato, impidiendo que las personas puedan optar a mejoras laborales, jornadas más favorables o puestos más próximos a su domicilio, aun habiendo superado distintos procesos selectivos y abonado las correspondientes tasas de inscripción.
El incremento de la rigidez del sistema de llamamientos y de las penalizaciones, limitando la capacidad de conciliación, movilidad y mejora profesional del personal temporal.
La imposición progresiva de la gestión exclusivamente electrónica, que aumenta el riesgo de exclusiones automáticas, incidencias técnicas y pérdida de derechos por errores administrativos o fallos informáticos.
El refuerzo de un modelo de contratación orientado únicamente a cubrir necesidades organizativas de la Administración, sin garantizar estabilidad, seguridad jurídica ni condiciones dignas para el personal de las listas.

Resulta especialmente grave que estas medidas afecten de manera directa a colectivos ya altamente precarizados, como el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales dependientes de la Xunta de Galicia.

Además, esta modificación evidencia una clara desigualdad dentro de la propia Administración autonómica gallega, ya que existen otras consellerías y organismos públicos con sistemas de listas de contratación mucho más flexibles y menos perjudiciales para su personal.

Es especialmente significativo el caso del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), donde el funcionamiento de las listas permite mayores posibilidades de movilidad, mejora de empleo y compatibilidad entre categorías, evitando mecanismos tan restrictivos como los que ahora se pretenden consolidar en las listas reguladas por el Decreto 37/2006.

Esta diferencia de trato provoca un evidente agravio comparativo entre trabajadoras y trabajadores que desempeñan funciones similares dentro de servicios públicos esenciales de la misma Administración autonómica.

No resulta aceptable que personal sanitario, sociosanitario y asistencial dependiente de la Xunta tenga condiciones de gestión de listas más restrictivas y perjudiciales que el personal de otros organismos de la propia Xunta de Galicia.

Por todo ello, desde CSIF denunciamos:

El endurecimiento injustificado de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal.
La limitación de derechos y oportunidades laborales del personal temporal.
La consolidación de un modelo basado en penalizaciones y restricciones.
El agravio comparativo respecto de otros sistemas de listas existentes dentro de la propia Administración gallega.
La ausencia de medidas reales dirigidas a reducir la precariedad y mejorar la estabilidad laboral.

Asimismo, desde CSIF exigimos:

La retirada de aquellas modificaciones que supongan suspensión automática o bloqueo entre listas.
La implantación de mecanismos de mejora de empleo y movilidad similares a los existentes en otros organismos de la Xunta.
Garantías frente a exclusiones automáticas derivadas de incidencias electrónicas.
Mayor transparencia y negociación sindical efectiva.
Un modelo de contratación temporal que priorice los derechos laborales y la estabilidad del personal.

Porque garantizar servicios públicos de calidad también implica respetar y proteger los derechos de las personas trabajadoras que los sostienen diariamente.

Por último, queremos informar de que ya hemos trasladado a nuestros servicios jurídicos la reciente modificación del decreto de listas al objeto de estudiar la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al considerar que determinados aspectos de la nueva regulación podrían vulnerar derechos del personal empleado público y resultar contrarios a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso y la provisión de puestos en la Administración pública.

CSIF logra la primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar nocturnidad y festivos durante bajas, vacaciones y permisos

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 26 May 26 12:43:00 CEST

Santiago, 22 de mayo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia pionera en Galicia que reconoce el derecho del personal funcionario a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos. La resolución afecta a un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF), pero puede sentar un precedente con impacto para miles de empleados públicos de la Xunta de Galicia.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, estima íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales.

El fallo considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. Por tanto, la Administración no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

CSIF destaca que se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos. El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede abrir la puerta a reclamaciones masivas de empleados públicos que actualmente dejan de percibir estos complementos cuando están de baja, de vacaciones o disfrutan de permisos.

En el caso concreto del SPIF, CSIF estima que alrededor de 2.000 empleados públicos están afectados por el impago de estas compensaciones económicas durante períodos de incapacidad temporal, vacaciones y otros permisos retribuidos. El sindicato eleva esa cifra hasta cerca de 5.000 empleados públicos potencialmente afectados en el conjunto de la Xunta de Galicia.

Ante esta situación, CSIF reclama una solución negociada que permita reconocer este derecho de forma generalizada y evitar así miles de demandas judiciales contra la Administración autonómica.

Acción sindical realizada por CSIF

Desde CSIF recuerdan que esta reivindicación ya había sido trasladada en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Emprego Público en el marco de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, solicitando que la Xunta reconociese este derecho de manera pacífica y evitase así la judicialización masiva del conflicto.

Sin embargo, el sindicato denuncia que, hasta el momento, la Administración autonómica no ha atendido ninguna de sus peticiones ni ha mostrado voluntad de modificar el criterio aplicado respecto a estos complementos retributivos.

Tras esta primera sentencia favorable, CSIF volverá a exigir a la Dirección Xeral de Emprego Público que rectifique su postura y adapte de manera inmediata las nóminas y criterios retributivos de todo el personal afectado, evitando que los empleados públicos tengan que acudir individualmente a los tribunales para reclamar un derecho ya reconocido judicialmente.

La resolución judicial todavía puede ser recurrida en apelación por parte de la Xunta de Galicia.

NOVAS SANIDADE ABRIL 2026

javier.rio.lopez — Tue, 31 Mar 26 13:28:00 CEST

CSIF firma un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos para las personas con discapacidad

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 27 Mar 26 12:27:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para las que se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas convocadas en acceso libre y promoción interna.

El acuerdo contempla:

La adaptación de medios y ajustes necesarios en los procesos selectivos de acceso al empleo público. Estos ajustes podrán solicitarse en cualquier fase del proceso selectivo atendiendo tanto a barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicativas como a aquellas de carácter procedimental u organizativo.
La acreditación del grado de discapacidad se realizará mediante resolución o certificación del IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma. Así, ee establece una acreditación temporal hasta obtención de las certificaciones mediante declaración responsable.
Se reservarán para este turno al menos el 10% de las plazas convocada. Las no cubiertas en el acceso al empleo público, se acumularán a la siguiente oferta, siempre que no hubieran transcurrido tres años desde la publicación del Real Decreto de oferta en que fueron autorizadas.
El acceso a las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, se llevará cabo mediante convocatoria de pruebas selectivas independientes. En los procesos de promoción interna, las plazas no cubiertas en este turno, se cumularán al turno general.
Se procederá a las adaptaciones de los puestos de trabajo asignados y, en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, se podrá alterar el orden de prelación para la elección geográfica de las plazas.
Como novedad y gracias al empeño de CSIF, se reconocerá expresamente las situaciones de discapacidad sobrevenida que puedan producirse a lo largo de la vida laboral de las personas empleadas públicas, llevando a cabo las adaptaciones de puesto que sea necesarias. Las solicitudes de adaptaciones, se resolverá en el plazo de un mes y la resolución deberá establecer un plazo para la aplicación de dichas adaptaciones.
Se reconoce el derecho a la formación y cualificación profesional de los empleados con discapacidad, garantizando el acceso a la formación en las mismas condiciones que el resto de empleados.
Se promoverá la integración efectiva de la discapacidad en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Las unidades de inclusión, actuarán como estructuras de apoyo técnico y asesoramiento especializado y realizarán el seguimiento de las adaptaciones. Actuarán como referencia para los órganos de selección y los órganos de valoración en los procedimientos de provisión o movilidad.
Se reconoce la importancia de instrumentos no normativos como los protocolos de acogida, así como de otras medidas de acompañamiento e integración.

CSIF Ourense reconoce las políticas de igualdad en el ámbito local y distingue al Concello do Pereiro de Aguiar por su plan más innovador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 09 Mar 26 10:53:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ourense celebró un acto de reconocimiento a las políticas de igualdad en el ámbito local, en el que distinguió el plan de igualdad del Concello do Pereiro de Aguiar como el más innovador entre las administraciones públicas de la provincia.

El alcalde del municipio y presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, recogió la mención durante el acto de manos de la presidenta de CSIF Ourense, Concepción Rey. Durante su intervención, el regidor subrayó la necesidad de avanzar hacia una sociedad “igualitaria y justa” y apeló a la “unidad más allá de ideologías y colores” para seguir impulsando políticas de igualdad.

El encuentro también sirvió para rendir homenaje a la primera presidenta de CSIF en la provincia, la catedrática Marita Souto, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo del sindicato en Ourense.

Asimismo, se abordó el papel de la mujer en una sociedad cada vez más longeva en una intervención a cargo de Pablo García, vicepresidente de Ourensividad: Ourense longeva. Durante este apartado se realizó un reconocimiento especial a Esperanza Cortiñas, ourensana de 109 años.

El acto contó también con las intervenciones de Eva Fernández, secretaria nacional de Igualdad de CSIF, y de Ana García, secretaria autonómica de Igualdad, quienes reafirmaron el compromiso del sindicato con la justicia social y la igualdad real.

La jornada reunió además a diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo Cid, y el periodista de Cadena COPE Juan Maceiras, que ejerció como presentador del evento.

El encuentro puso en valor las iniciativas desarrolladas desde el ámbito local para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el papel de las instituciones y organizaciones sociales en la construcción de una sociedad más justa.

Día Internacional de la Mujer 8 Marzo de 2026. CSIF exige delegados sindicales en Igualdad, reforzar protocolos contra el acoso sexual en administraciones y luchar contra la discriminación

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 02 Mar 26 11:35:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una creciente presencia en el sector privado, se suma un año más a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema: “Por una igualdad real. De las leyes a los hechos”.

En esta jornada reivindicativa, alzamos la voz por todas las mujeres que sufren desigualdad en su vida laboral y social, reafirmando que los derechos reconocidos por ley deben convertirse en derechos efectivos. Así, remarcamos que “La igualdad de mañana se construye hoy” por lo que debemos seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes.

En CSIF nos referimos a las situaciones de desigualdad que afectan a la brecha salarial, conciliación y corresponsabilidad y violencia contra la mujer. Para ello es fundamental crear la figura del delegado/a especializada en Igualdad y Violencia de Género, que también podría prevenir y actuar ante denuncias de acoso, como los casos recientes de impacto mediático que involucran acusaciones de acoso sexual y laboral contra cargos de diversas administraciones públicas, en diferentes ámbitos (policía, ayuntamientos, organismos públicos…)

CSIF va a promover una revisión de los protocolos de acoso y para ello se va a dirigir, tanto a la Administración General del Estado, el Ministerio de Función Pública, como a las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estos son los principales asuntos que centran nuestra atención en este 8M.

• Brecha salarial y techo de cristal: En España, la brecha salarial de género sigue anclada en el 20%, reflejo de la discriminación persistente en el mercado de trabajo. Incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10 % inferior al de los hombres. Las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial, sufren más paro y son más de la mitad de las personas inactivas.

• Conciliación y corresponsabilidad: La mitad de los españoles considera que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres, desde su nacimiento a la escolarización, según el CIS. De hecho, ellas se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de menores o familiares (8 de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según la Seguridad Social).

Estas situaciones impactan directamente en sus ingresos y en sus pensiones futuras, perpetuando la desigualdad económica. Por tanto, es imprescindible avanzar hacia una conciliación real sin penalización laboral ni salarial.

• Violencia contra la mujer: La violencia de género es una de las expresiones más crueles de la desigualdad. El inicio del año ha sido el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días. La igualdad no será real mientras las mujeres sigan viviendo con miedo o sufran violencia por el hecho de ser mujeres.

Los recientes casos conocidos en distintos ámbitos institucionales y laborales demuestran que el problema no es aislado, sino estructural. Desde CSIF trasladamos nuestra solidaridad a las mujeres que sufren estas situaciones. Estos episodios nos obligan a reflexionar y exigir medidas concretas que ayuden y proteger de forma efectiva a las mujeres; por ello, proponemos la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo, tanto en la administracion pública como en la empresa privada, como herramienta clave para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva.

Recientemente alcanzábamos con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y por el Servicio a la Ciudadanía en el que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real y con la garantía de un entorno laboral libre de cualquier forma de discriminación. Entre las medidas acordadas, destaca la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género.

Además, las administraciones actualizarán de manera periódica los planes de igualdad, se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva efectiva, así como la incorporación de mecanismos de transparencia salarial. Porque la igualdad no es solo formal: se demuestra en hechos concretos, evaluables y medibles. Desde CSIF trabajaremos para que cada medida se implemente y se supervise de manera efectiva.

No podemos conformarnos con discursos elementales: es momento de pasar de las palabras a los hechos. Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justos y equitativos y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras.

En este 8 de Marzo, recordamos que la lucha por la igualdad no es solo una cuestión de principios, sino de justicia. Todo Por Todas.

IV Jornada Autonómica de Igualdad: El futuro no se improvisa, se negocia en igualdad

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 25 Feb 26 17:25:00 CET

Bajo el lema Igualdade 360º: O fío que tece o futuro , delegados y delegadas de CSIF Galicia participaron hoy en Santiago en la IV Jornada Autonómica de Igualdad, un encuentro que sirvió para analizar y fomentar medidas que garanticen la equidad de género a través del diálogo social y la negociación colectiva, tanto en salarios, como en corresponsabilidad y en salud mental.

La Secretaria Técnica de Igualdad en CSIF Galicia, Ana García campos, dio la bienvenida a los asistentes poniendo en valor el trabajo realizado desde la anterior edición hasta hoy, con participación activa en distintos planes de igualdad de ayuntamientos, empresas privadas e instituciones como el Valedor do Pobo, el Parlamento o el Consello de Contas.

“Ahora tenemos el reto de seguir siendo la luz de la igualdad en nuestros centros de trabajo”, añadió, convencida de que no habrá igualdad real si no hay una visión 360 de la misma. Esta transversalidad se visualizó a través de un programa que dedicó su sesión de la mañana, íntegramente, a las Auditorías Retributivas. Tras una primera exposición teórica, los delegados y delegadas participaron en un taller práctico para aprender a manejar esta herramienta y detectar las posibles desigualdades.

“Los sueldos en la administración pública son teóricamente iguales pero el hilo de esta igualdad se quiebra en la letra pequeña, en los pluses, complementos, etc y si el tiempo no vale lo mismo para un hombre y una mujer, entonces la igualdad realmente es un espejismo”, afirmó Ana García, antes de dar paso a María Hermo, directora de proyectos de Compensación y Talento, encargada de esta primera parte del programa.

Tras una comida de trabajo, la jornada continuó con la intervención de María Encarnación Sousa, Subdirectora Xeral Técnica de Planificación, y Laura Neira, Vicepresidenta de la Asociación Enfermería do Traballo, que abordaron los riesgos psicosociales e invisibilidad emocional en el empleo público.

Ambas coincidieron en alertar que si “la prevención no tiene en cuenta el género, es ineficaz” y advirtieron sobre el peligro de asumir la “presunción del cuidado” en las mujeres y no tener en cuenta el trabajo emocional como factor invisible que se debe incorporar a la evolución de los riesgos psicosociales para que esta sea una herramienta verdaderamente eficaz.

En este sentido, recordaron que, según datos recientes, casi un 11 por ciento de los problemas de salud mental tiene su origen en factores sociolaborales y, en el caso concreto de las mujeres, los problemas para conciliar están, en gran medida, detrás de este mayor desgaste.

Precisamente sobre conciliación y corresponsabilidad habló María Ángeles García Pérez, Consultora formadora en políticas de Igualdady responsabilidad social corporativa, en una ponencia titulada “Corresponsabilidad, la pieza clave para el empleo público del futuro”, durante la que recordó que los sesgos de género también están en la redacción de las normas.

Tras una mesa de testimonios bajo el lema: Eu tamén concilio, en la que se pudieron escuchar distintos relatos de superación de barreras en sectores masculinizados como la polícia, que fue moderada por la Secretaria nacional de Igualdad, Eva Fernández, esta dio por clausuradas las jornada haciendo un llamamiento a los asistentes para seguir trabajando para reforzar el compromiso del sindicato con la igualdad 360º como eje vertebrador de todos los sectores de la administración pública.

Eva Fernández destacó que CSIF seguirá luchando como ha venido haciendo en los últimos años para que el RD 902 sea de aplicación obligatoria también en la administraición pública para los funcionarios y aseguró que ya han trasladado una batería de medidas dentro del acuerdo marco firmado con UGT y CCOO para la mejora salarial y de derechos de los empleados públicos.

"El futuro no se improvisa, se negocia", concluyó, aludiendo a una de las ideas fuerza de las jornadas, "que tan bien enlaza con el que será nuestro mensaje para el próximo 8 de Marzo: "La igualdad del futuro se construye hoy".

Las Administraciones suspenden en Igualdad: las mujeres duplican en temporalidad y tiempo parcial a los hombres

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 20 Feb 26 12:42:00 CET

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MANIFIESTO DÍA IGUALDAD SALARIAL 22 DE FEBRERO 2026. CSIF exige políticas efectivas para reducir la desigualdad en el mercado de trabajo

La brecha salarial media permanece estancada por sexto año consecutivo en torno al 20 por ciento, según los últimos datos de la Agencia Tributaria (‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias’), correspondientes a 2024, y que recoge la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En concreto, el salario medio anual de los hombres se sitúa en 27.411 euros, mientras que el de las mujeres es de 22.255 euros.

Por su parte, en las administraciones públicas, aunque la brecha salarial es la mitad que la brecha media en España (un 10 por ciento frente al 20), comprobamos que en el sector específico de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales se eleva hasta el 23,7 por ciento –29.198 euros anuales para las mujeres frente a los 38.317 de ellos--, en este caso, según la última Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2023. La sanidad es el tercer sector con mayor brecha después de Actividades Administrativas y Servicios.

El dato de la brecha evidencia la discriminación que las mujeres sufren en el ámbito laboral, entre otros indicadores (como contratación parcial, temporal, excedencias por cuidados de hijos, familiares y dependientes, etc.) y el fracaso de las medidas establecidas en favor de la igualdad. A este ritmo, tardaríamos casi cuatro décadas en eliminar la brecha salarial, ya que a nivel general apenas se ha reducido tres puntos desde 2019 (página 6 del informe ‘Brecha Salarial’ de CSIF).

Además, nos preocupa la percepción todavía generalizada en España de que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres antes de su escolarización. Así lo mantiene el 46 por ciento de los españoles, según la última Encuesta Social Española Familia y Género del CIS.

Para nuestra organización, el mercado de trabajo, seis años después de la pandemia, sigue mostrando un alarmante retroceso en el camino hacia la igualdad. Los datos analizados nos indican que año tras año, las mujeres siguen siendo mayoritarias en la contratación temporal, las jornadas a tiempo parcial, o en excedencias por cuidado de hijos o familiares. En definitiva, seguimos hurtando horas de trabajo a las mujeres año tras año y se las vuelve a arrinconar perpetuando roles tradicionales que les hacen sacrificar su carrera profesional.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las administraciones públicas, un ámbito que debería ser ejemplar, suspenden en políticas de Igualdad, según la última EPA: las mujeres son claramente penalizadas respecto a los hombres en temporalidad, contratos a tiempo parcial, y contratos temporales de menos de un año.

Además, las cifras de inestabilidad en las administraciones son peores que en el sector privado:

Las mujeres asumen el 66,3 por ciento de los contratos temporales (646.600) frente al 33,7 por ciento de los hombres (328.900), una proporción que contrasta con el sector privado, donde la diferencia es de apenas tres puntos (51,3 frente al 48,6).
En la misma línea, en el sector público se registran 114.500 mujeres con contratos temporales de menos de un año, frente a 70.300 de los hombres, casi el doble. Igualmente, los contratos a tiempo parcial de ellas también superan en más del doble al de los hombres (141.500 frente a 57.800).

El Gobierno obviamente es responsable de estas cifras puesto que incumple la obligación de elaborar planes de igualdad y una auditoría salarial en el ámbito de las administraciones públicas.

Se da además la circunstancia de que aún hay comunidades autónomas que carecen de planes de igualdad, centenares de ayuntamientos que necesitan estas directrices y la propia Administración General del Estado tiene paralizado su desarrollo.

RESUMEN DE LOS DATOS ANALIZADOS

Datos medios del mercado laboral.

La diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 13 desde la pandemia. Según la última EPA, si en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más que hombres en contratación temporal, en el mismo periodo de 2025 había 368.100 más.
El número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de hombres por séptimo año consecutivo. En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 383.100, mientras que en el caso de los hombres es de 31.700. Dicho de otra manera: por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad hay 12 mujeres.
Si se miran las cifras de paro, sigue habiendo más mujeres (1,46 millones frente a 969.779 hombres, según datos del Ministerio de Trabajo y los Servicios Públicos de Empleo Estatal correspondientes a enero de 2026).
En la EPA se puede comprobar asimismo que en los matrimonios españoles hay casi el doble de mujeres que hombres en paro (562.500 mujeres frente a 320.900 hombres).
Las mujeres se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de hijos o familiares (ocho de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según datos de la Seguridad Social correspondientes a ese año).
Más de la mitad de las personas inactivas son mujeres (población de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni paradas: estudiantes, personas que se ocupan del hogar, jubilados, prejubilados, entre otros). Según la EPA, hay 17.374.000 personas inactivas, de las cuales las mujeres son más de la mitad (57 por ciento, porcentaje que se mantiene con ciertas variaciones en los últimos 11 años). En la misma línea, casi el 90 por ciento de las personas inactivas por labores de hogar son mujeres.

Propuestas de CSIF por la igualdad efectiva

Creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral
Análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresas privada, con medidas específicas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.
Limitar el uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones públicas, con especial atención a las mujeres.
Negociación e implantación de planes de igualdad todavía pendientes tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas, y protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo.
Puesta en marcha del registro oficial de Planes de Igualdad de Administraciones Públicas, auditorías específicas e integración del enfoque de género.
Fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización.
Creación universal de plazas para escuelas infantiles de 0 a 3 años de carácter público y gratuito.

*Fuentes utilizadas

En su ‘Informe Brecha Salarial 2026’ CSIF ha analizado diferentes indicadores correspondientes a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Encuesta de Población Activa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia

eva.fernandez.urbon — Wed, 11 Feb 26 00:08:00 CET

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Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde CSIF queremos visibilizar la importancia de garantizar la igualdad real de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción profesional de las mujeres en el ámbito científico y de la investigación, especialmente en el sector público.

A pesar de los avances, las mujeres continúan encontrando barreras estructurales que dificultan su desarrollo profesional en la ciencia, muchas de ellas relacionadas con la precariedad laboral, la falta de conciliación y los techos de cristal en el acceso a puestos de responsabilidad.

Por ello, desde CSIF exigimos:

Más mujeres en la ciencia, impulsando vocaciones científicas desde edades tempranas y eliminando estereotipos de género que aún condicionan las trayectorias académicas y profesionales de niñas y jóvenes.
Mayor inversión pública en investigación, que garantice empleo estable, condiciones laborales dignas y recursos suficientes para el personal investigador, evitando la precarización y la fuga de talento.
Igualdad profesional real, asegurando la igualdad salarial, el acceso equitativo a la promoción profesional y la presencia equilibrada de mujeres en puestos de dirección, liderazgo científico y toma de decisiones.
Medidas efectivas de conciliación y corresponsabilidad, que permitan compatibilizar la carrera científica con la vida personal y familiar, sin que la maternidad o los cuidados supongan un freno o penalización profesional.

Desde CSIF defendemos que apostar por la igualdad en la ciencia es apostar por una sociedad más justa, innovadora y avanzada, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo público, la investigación de calidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 04 Feb 26 13:24:00 CET

Madrid / Santiago, 4 de febrero de 2026- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan sólo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales. En Galicia, la incidencia en 2024 ha sido de 715 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del Estado, según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Las previsiones indican que en 2050 la cifra aumentará hasta 825 casos, por encima de la media estatal prevista.

Esta realidad refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

Día de la lucha contra el Cáncer, 4 de febrero

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 02 Feb 26 13:18:00 CET

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MANIFIESTO DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER - 4 DE FEBRERO 2026

Más investigación, más recursos sanitarios y en el ámbito laboral más protección

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, quiere llamar la atención sobre una realidad que sigue creciendo y que impacta de lleno en los sistemas de la salud, en las familias y también en el mundo del trabajo.
Según las estimaciones más recientes de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2025 se diagnosticaron 296.103 nuevos casos de cáncer en España, con una incidencia que continúa aumentando año tras año. Este incremento está relacionado con el envejecimiento de la población, pero también evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención, control y detección precoz.
Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia. En la actualidad, más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco o más años, un dato que refleja el valor incuestionable de la investigación científica y del trabajo de los profesionales sanitarios. Sin embargo, esta mejora no alcanza por igual a todos los tipos de cáncer, ya que algunos siguen diagnosticándose de forma tardía y presentan menores tasas de supervivencia. Para quienes trabajan o han trabajado, el impacto puede verse además agravado por condiciones laborales adversas, exposiciones a agentes cancerígenos o ausencia de medidas preventivas eficaces.

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el territorio.
Un sistema sanitario bajo presión.

El aumento de diagnósticos y la mayor supervivencia implican que cada vez más personas necesiten seguimiento prolongado, revisiones periódicas y tratamientos continuados. Esta realidad exige un Sistema Nacional de Salud (SNS) con capacidad de respuesta suficiente, algo que hoy no está garantizado.

Desde CSIF advertimos de que las plantillas sanitarias y los recursos técnicos no han crecido al mismo ritmo que las necesidades asistenciales, lo que se traduce en demoras, listas de espera, falta de profesionales especializados y desigualdades territoriales en los programas de cribado y en el acceso a tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Apostar por la sanidad pública es también una forma directa y eficaz de luchar contra el cáncer.
Cáncer laboral: una injusticia invisibilizada

El cáncer relacionado con la exposición a agentes cancerígenos en el entorno laboral sigue siendo una realidad claramente a penas reconocida. En 2025 se registraron únicamente 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, 105 de hombres y 14 de mujeres, una cifra que no refleja en absoluto la magnitud real del problema.
Esta infradeclaración impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían y, además, dificulta la prevención futura. Sin datos reales, no hay políticas eficaces, ni justicia laboral.

Desde CSIF reclamamos mayor vigilancia de la exposición a agentes cancerígenos, información a los profesionales expuestos y el reconocimiento efectivo de la sospecha de origen profesional cuando existan indicios razonables, aplicando el principio de protección a la persona trabajadora.

Desde CSIF exigimos en el Día Mundial contra el Cáncer:

• Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios epidemiológicos que permitan identificar causas y factores de riesgo, especialmente en el ámbito laboral.
• Refuerzo del Sistema Nacional de Salud, con más recursos humanos y tecnológicos, y una planificación que garantice atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
• Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
• Reconocimiento real de los casos de cáncer de origen laboral y ampliación del listado de enfermedades profesionales.
• Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestos a riesgos cancerígenos.
• Medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas con cáncer, tanto por contingencias comunes como profesionales.
• Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, que incluyan ayudas económicas, atención psicológica, acompañamiento social y recursos para la vida diaria, evitando situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Un compromiso firme con la vida y el trabajo digno

El Día Mundial contra el Cáncer no debe ser solo una jornada de concienciación, sino una oportunidad real para impulsar políticas eficaces que salven vidas. Desde CSIF renovamos nuestro compromiso con las personas afectadas por el cáncer y sus familias, con la investigación científica, con la sanidad pública y con la justicia laboral.