Galicia

Decreto OEP 2026

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 21 Apr 26 13:01:00 CEST

Poñemos ao voso dispor a documentación sobre o Decreto de OEP da Xunta e o anexo de prazas previsto para 2026.

DOCUMENTACIÓN

José Francisco Méndez Castro: Galicia arrastra un absentismo estructural ligado al envejecimiento, la presión sobre el Sergas y el mayor desgaste laboral

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 07 May 26 12:13:00 CEST

El presidente de CSIF Galicia, José Francisco Méndez Castro, aseguró que el elevado absentismo laboral en Galicia responde a una combinación de factores estructurales como el envejecimiento de la población, el peso de sectores con alta carga física, la presión sobre el sistema sanitario y el aumento de los problemas de salud mental, y rechazó que el fraude sea una de las causas principales de la situación.

Durante una entrevista concedida al programa Matinal Líder, Méndez explicó que Galicia lleva años situándose entre las comunidades con mayores tasas de absentismo laboral y advirtió de que “no hay una varita mágica” para resolver el problema a corto plazo.

“El absentismo en Galicia no es algo nuevo. Ya ocupaba titulares en 2012 y tradicionalmente Galicia, junto a Asturias o País Vasco, ha estado entre las comunidades con mayores índices”, señaló.

El dirigente sindical explicó que uno de los factores clave es el envejecimiento de la población gallega. “Tenemos una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Eso es positivo porque vivimos más años, pero también genera más patologías crónicas”, afirmó.

Méndez añadió que el propio tejido productivo gallego contribuye a elevar las bajas laborales, al estar basado en sectores como la construcción, la pesca, la industria conservera o el sector primario, actividades con una elevada carga física y una mayor incidencia de dolencias musculoesqueléticas.

La presión sobre el Sergas agrava la duración de las bajas

El presidente de CSIF Galicia insistió en que otro de los grandes problemas es la saturación del sistema sanitario público, especialmente en relación con los tiempos de espera para pruebas diagnósticas, cirugías o rehabilitación.

“Las bajas no sólo son más numerosas, también son más largas porque hay una enorme presión sobre el Sergas”, explicó.

Aunque reconoció el incremento de plantilla realizado en los últimos años en el sistema sanitario gallego, Méndez señaló que el aumento de la población y la presión asistencial han dificultado absorber la demanda.

“El Sergas ha incrementado su estructura en miles de trabajadores, pero también se ha duplicado la población inmigrante trabajadora, imprescindible para nuestra economía, y eso genera más presión sobre los servicios públicos”, apuntó.

En este sentido, advirtió de que el déficit de profesionales sanitarios es un problema estructural que no puede resolverse de forma inmediata. “No es sólo cuestión de dinero. Faltan profesionales y resolver eso puede llevar una década”, aseguró.

El sindicato alerta del aumento del desgaste emocional y de los problemas de salud mental

Méndez también relacionó el incremento de las bajas psicológicas y por salud mental con el aumento de la presión laboral y social en determinados sectores, especialmente en sanidad y educación.

“La presión que sufren hoy los docentes o los sanitarios no tiene nada que ver con la de hace 20 años”, afirmó.

Como ejemplo, citó el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios y el desgaste emocional derivado tanto de la presión asistencial como de las dificultades personales y económicas de muchos trabajadores.

“El burnout tiene múltiples causas. Hay presión laboral, agresiones físicas y psicológicas, problemas económicos, conciliación y también la carga de cuidar a padres mayores mientras se trabaja y se atiende a los hijos, el conocido como síndrome del cuidador”, señaló.

Aun así, consideró positivo que actualmente existan más recursos y atención para patologías que antes no se trataban. “Cuando se ofertan servicios de salud mental, también aflora una demanda que antes estaba oculta”, explicó.

CSIF rechaza centrar el debate en el fraude

Preguntado por el posible fraude en las bajas laborales, el presidente de CSIF Galicia reconoció que “siempre existe un porcentaje”, pero insistió en que no es el origen principal del problema.

“Fraude puede haber, igual que existe fraude fiscal o delincuencia, pero honestamente no creo que sea uno de los elementos clave del absentismo”, sostuvo.

En cambio, defendió que muchas situaciones prolongadas responden a la lentitud de los procesos sanitarios. Como ejemplo, mencionó casos de profesionales sanitarios con lesiones musculares o de espalda que deben esperar meses para realizarse pruebas diagnósticas mientras continúan de baja.

“Eso no tiene que ver con fraude, sino con listas de espera”, afirmó.

“Lo que sobra es demagogia”

Méndez reclamó abordar el problema desde un punto de vista técnico y alejado de la confrontación política.

“Lo que sobra en este debate es basura demagógica. Lo que hace falta es trabajo técnico para agilizar procesos y mejorar el funcionamiento del sistema”, defendió.

El dirigente sindical advirtió además de que el envejecimiento de la población activa y el retraso de la edad de jubilación seguirán influyendo en el aumento de patologías crónicas y bajas laborales durante los próximos años.

“Vamos hacia vidas laborales más largas y eso implica convivir con más problemas de salud. Hay que ser realistas: el absentismo puede reducirse algo, pero seguirá siendo un reto estructural”, concluyó.

Cuerpos Generales Xunta: toma de posesión del concurso de traslados y elección de destino

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 12 May 26 10:50:00 CEST

En la reunión monográfica celebrada el 11 de mayo de 2026, la Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) nos traslada la siguiente información en relación con los procedimientos de elección de destino correspondientes a los procesos selectivos de cuerpos generales, así como sobre la previsión de fechas para las tomas de posesión de estos procesos y del concurso de traslados.

MODIFICACIÓN EN EL ORDEN DE ELECCIÓN DE DESTINO ANUNCIADO EN REUNIONES ANTERIORES

Según la información facilitada por la DXEP, se introduce un cambio en el orden del primer bloque de adjudicación, correspondiente a los procesos anteriores a la Ley 20/2021.

En concreto, la principal modificación afecta al proceso de promoción interna convocado en enero de 2020, que pasará a elegir destino con prioridad respecto a las convocatorias de acceso libre de diciembre de 2019.

De este modo, el orden previsto para la elección de destino del primer bloque será el siguiente:

Procesos de funcionarización (5 personas)
Promoción interna convocada en enero de 2020 (92 personas)
Convocatorias de acceso libre de diciembre de 2019 (721 personas)
Promoción específica (23 personas)
Convocatorias derivadas de los procesos de 2022 (489 personas)

Como ya se informó en fechas anteriores, dentro de este primer bloque, la elección de destino se realizará siguiendo el orden de clasificación por grupos/subgrupos de titulación. De este modo, elegirán destino en primer lugar las personas aspirantes del grupo A1 de cada una de las convocatorias incluidas en el bloque; posteriormente lo hará el grupo A2, seguido del C1, C2 y, finalmente, la agrupación profesional.

Una vez finalizado este primer bloque, continuarán los procesos selectivos de estabilización convocados por el sistema de concurso de méritos al amparo de la Ley 20/2021, siguiendo igualmente el orden de subgrupos: A1, A2, C1, C2 y agrupación profesional.

Por último, elegirán destino las personas aspirantes de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 convocados mediante el sistema de concurso-oposición, manteniéndose el mismo orden de grupos: A1, A2, C1, C2 y agrupación profesional.

DÉFICIT DE PLAZAS. INCLUSIÓN DE PUESTOS QUE NO PASARON POR EL CONCURSO

La DXEP reconoce la existencia de un déficit de plazas, especialmente en los grupos A1 y A2, en caso de no incorporarse plazas que no fueron ofertadas previamente en el concurso de traslados. Los criterios de selección o exclusión de plazas serían los siguientes:

Jefaturas de sección

Sobre esta cuestión, la Administración informó de que las 147 jefaturas de sección que no pasaron por el concurso de traslados no serán ofertadas en este procedimiento.

Por tanto, en relación a jefaturas de sección, se ofertarán 6 plazas que quedaron sin adjudicar en el concurso a las que se sumarán las 8 del Consorcio que no pasaron por el concurso al no estar publicada en la fecha de convocatoria la RPT.

Jefaturas de negociado

La DXEP informa de que ofertará jefaturas de negociado que no pasaron previamente por el concurso de traslados.

La Administración lo justifica señalando que existen 110 jefaturas de negociado que sí participaron en el concurso y quedaron desiertas, de las cuales aproximadamente el 90 % se encuentran en Santiago de Compostela. Bajo esta premisa, la DXEP pretende ofertar puestos de características similares a las que quedaron desiertas, que cuantifica en torno a 120 plazas, con el objetivo de paliar parcialmente el déficit existente, especialmente en el subgrupo A2.

Puestos base A1 y A2 la DXEP informa de que también se incluirán los puestos base de los subgrupos A1 y A2 que no pasaron por el concurso de traslados.

DÉFICIT DE PLAZAS. CREACIONES Y MODIFICACIONES

A pesar de las medidas anteriormente descritas, según la propia DXEP seguiría existiendo déficit de plazas, por lo que se abordará de forma inminente una modificación de la RPT para crear nuevos puestos base de los subgrupos A1 y A2, así como para modificar puestos ya existentes con el objetivo de abrirlos a otros grupos.

No obstante, la Administración no concretó el número de plazas necesarias ni garantizó que estas actuaciones no se lleven a cabo mediante amortizaciones de puestos.

TOMAS DE POSESIÓN

A pesar de la insistencia de CSIF, la DXEP no aportó fechas concretas sobre la publicación de los actos de elección de destino ni sobre los plazos posesorios correspondientes tanto al concurso de traslados como a estos procesos selectivos.

En todo caso, la Administración trasladó como previsión que durante el mes de junio se publicarían los actos de elección de destino y que, previsiblemente, a mediados de julio estarían finalizados los plazos posesorios.

Dada la previsión de fechas, CSIF insistió en la necesidad de que la DXEP dicte instrucciones que minimicen al máximo los problemas que van a surgir respecto al disfrute de los periodos vacacionales de las personas afectadas por estos procesos.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia exigen a la Dirección Xeral medidas urgentes para evitar el colapso de los Juzgados de A Coruña

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 19 May 26 16:44:00 CEST

A Coruña, 19 de mayo de 2026.– Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, que representan a la mayoría del personal de la Administración de Justicia en Galicia, mantuvieron este martes una asamblea con trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de A Coruña para abordar la situación generada tras la implantación de los Tribunales de Instancia, un proceso que califican de “improvisado” y que, según denuncian, está situando a los órganos judiciales “al borde del colapso”.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de asambleas que las organizaciones sindicales están desarrollando en las principales ciudades gallegas con el objetivo de trasladar al personal la evolución de la implantación de la ley de eficiencia, recoger incidencias y coordinar posibles actuaciones ante el empeoramiento de las condiciones laborales y del funcionamiento del servicio público.

Durante la reunión se expusieron algunas de las principales carencias detectadas en los juzgados, entre ellas la insuficiencia de personal, la distribución “caótica” de los espacios judiciales y las limitaciones de los sistemas informáticos utilizados en la tramitación de procedimientos.

Los sindicatos insisten en la necesidad de abrir de manera inmediata una negociación para ampliar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), al considerar que la carga laboral actual resulta “inasumible” para las plantillas existentes. Asimismo, advierten de que la reorganización física de los órganos judiciales está generando confusión tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía, dificultando el seguimiento y localización de expedientes.

Las organizaciones sindicales denuncian también que las aplicaciones informáticas continúan sin adaptarse a las nuevas plazas ni incorporar las modificaciones procesales derivadas de los cambios legislativos, lo que está ralentizando la tramitación de asuntos y aumentando los retrasos. A ello suman la “supresión arbitraria del teletrabajo”, que, según sostienen, empeora todavía más la organización diaria de los juzgados.

Según explican, esta situación está provocando un deterioro “sin precedentes” de las condiciones laborales del personal, con repartos de trabajo arbitrarios, prolongaciones de jornada y pérdida de movilidad funcional. Además, alertan de que estas deficiencias repercuten directamente en la ciudadanía mediante retrasos “inasumibles” en procedimientos relacionados con derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia.

En este contexto, las centrales sindicales consideran que la actual gestión compromete el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva y pone en riesgo la calidad de la Justicia como servicio público esencial.

Por ello, sindicatos y trabajadores de los Juzgados de A Coruña exigen a la Dirección General de Justicia la puesta en marcha urgente de una mesa de negociación que permita adoptar medidas inmediatas, entre ellas el incremento de plantillas mediante la ampliación de las RPT, la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten arbitrariedades en la distribución de cargas de trabajo y el nombramiento de personal de refuerzo.

Las organizaciones convocantes advierten de que, si no se atienden estas reclamaciones, iniciarán movilizaciones para visibilizar ante la opinión pública “el problema generado por la Dirección General de Justicia”. Del mismo modo, sostienen que, si los actuales responsables “no son capaces” de afrontar esta situación, la Xunta de Galicia debe “buscar personas idóneas que atiendan la voz unánime del personal gallego de Justicia”.

Acuerdo en el Congreso para que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 May 26 13:15:00 CEST

Los trabajadores de prisiones serán reconocidos como agentes de autoridad tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entre PSOE, PP y PNV, y gracias a las presiones ejercidas en los últimos años por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Este reconocimiento es una victoria para CSIF tras años reivindicando que los trabajadores de prisiones ostenten la condición de agentes de autoridad, que conlleva además una serie de mejoras en sus condiciones laborales, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos por intentos de estrangulamiento o apuñalamientos frustrados. Además, de modo habitual de producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Precisamente, cinco funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) sufrieron ayer lunes diversas heridas, hematomas, magulladuras y torceduras tras ser agredidos por un recluso ingresado en el módulo de enfermería de este centro penitenciario. En ocasiones incluso se han producido muertes, como ocurrió en marzo de 2024 con una cocinera de la prisión Más d’Enric (Tarragona).

Modificación de la Ley General Penitenciaria

Este acuerdo se ha alcanzado en el seno de la ponencia de dicha Comisión de Interior, encargada de la Proposición de Ley Orgánica -presentada por el PSOE- por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El acuerdo será en breve ratificado por la Comisión para comenzar su tramitación parlamentaria.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.

Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

CSIF estará vigilante para que la Comisión de Interior del Congreso ratifique este acuerdo cuanto antes para comenzar la tramitación parlamentaria, y que finalmente los trabajadores de prisiones sean considerados cuanto antes como agentes de la autoridad.

CSIF alerta de una posible exposición a gas radón en el edificio judicial de As Cigarreras, en A Coruña

beatriz.pampin.alvarez — Thu, 21 May 26 17:18:00 CEST

A Coruña, 21 de mayo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado de forma urgente a la Dirección Xeral de Xustiza y a la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, información detallada, evaluación actualizada y adopción de medidas preventivas ante la posible exposición a gas radón en el edificio de As Cigarreras, en A Coruña.

La petición se produce tras la preocupación trasladada por personal destinado en estas instalaciones, donde desarrollan su actividad laboral tanto personal funcionario de la Administración de Xustiza de la Xunta de Galicia como profesionales de los Equipos Técnicos del Juzgado de Menores.

Según ha podido conocer CSIF, hace más de dos años se habrían realizado mediciones de gas radón en el edificio sin que, hasta la fecha, las personas trabajadoras hayan recibido información oficial sobre los resultados completos de dichas mediciones, sus conclusiones técnicas ni, en su caso, las posibles medidas preventivas o correctoras adoptadas por la Administración.

Ante esta situación, CSIF también ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento, por parte de la Dirección Xeral de Xustiza, de la obligación de convocar trimestralmente el Comité de Seguridad y Salud, órgano en el que deberían abordarse cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, incluidas las mediciones de gas radón y las actuaciones derivadas de las mismas.

El sindicato considera imprescindible garantizar la transparencia y el derecho de las personas trabajadoras a conocer cualquier riesgo que pueda afectar a su salud laboral, especialmente en relación con un agente como el gas radón, cuya exposición prolongada está asociada a riesgos para la salud.

Por ello, CSIF exige a la Administración autonómica que facilite de manera inmediata toda la información relativa a las mediciones realizadas, evalúe la situación actual del edificio y adopte, en caso necesario, las medidas preventivas y correctoras oportunas para garantizar la seguridad y salud del personal que presta servicio en estas dependencias judiciales.

Medio Rural secuestra los derechos de promoción y movilidad de sus empleados públicos

beatriz.pampin.alvarez — Fri, 22 May 26 12:08:00 CEST

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2026.– Tras el reciente cambio en la Dirección Xeral de Defensa do Monte, la Consellería do Medio Rural está limitando injustificadamente la concesión de comisiones de servicio únicamente al personal perteneciente a la misma especialidad del puesto convocado, excluyendo de forma automática al personal funcionario de otras escalas o especialidades del mismo grupo o subgrupo.

Este nuevo criterio supone un cambio radical respecto al que venía aplicándose hasta ahora en Medio Rural bajo la dirección del anterior DX de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, en el que sí se permitía el acceso a puestos mediante comisión de servicios a personal de otras especialidades del mismo grupo o subgrupo, en aplicación de la Ley de Empleo Público de Galicia.

El artículo 96.2 de la Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, establece claramente que el personal funcionario podrá ocupar temporalmente puestos correspondientes a otra escala o especialidad de administración general o especial siempre que posea la titulación requerida y pertenezca al mismo grupo o subgrupo de clasificación.

La propia ley únicamente establece prioridad para el personal de la misma especialidad, pero en ningún caso exclusividad ni prohibición para el resto del personal del mismo grupo o subgrupo.

Sin embargo, desde la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural se está denegando de facto el acceso a estas comisiones de servicio al personal que cumple plenamente los requisitos legales, aplicando un criterio restrictivo impuesto tras el cambio en la Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Medio Rural no solo está ignorando lo establecido en la Ley de Empleo Público de Galicia, sino que está modificando unilateralmente el criterio que se venía aplicando desde el año 2023, sin ofrecer explicación ni motivación alguna y sin responder tampoco a las solicitudes de información formuladas por los empleados públicos afectados, en una clara maniobra de oscurantismo.

Medio Rural no se conforma únicamente con las denegaciones masivas de los derechos de movilidad, sino que reincide en atentar contra los derechos de los empleados públicos al no anunciar todas las plazas para los procesos de movilidad interna, y derivarlas directamente a las listas de contratación.

CSIF exige a Medio Rural el cumplimiento de la Ley de Empleo Público de Galicia y defiende el derecho del personal funcionario a acceder a las comisiones de servicio en condiciones de igualdad, tal y como además avalan recientes sentencias judiciales, y en esos términos se lo hemos trasladado.

Pese a ello, la Consellería de Medio Rural continúa haciendo caso omiso a las exigencias de CSIF y a las sentencias judiciales existentes, y mantiene, hasta el momento, este nuevo criterio excluyente implantado por la DX de Defensa do Monte, limitando injustificadamente las posibilidades de movilidad y promoción profesional del personal funcionario del SPIF.

CSIF seguirá defendiendo ante todas las instancias administrativas y judiciales el derecho del personal empleado público a acceder en condiciones de igualdad a las comisiones de servicio conforme a lo establecido en la Ley de Empleo Público de Galicia.

CSIF denuncia la modificación del decreto 37/26 y su impacto en el personal de las listas de contratación temporal de la Xunta de Galicia

beatriz.pampin.alvarez — Fri, 22 May 26 12:15:00 CEST

Santiago de La modificación del Decreto 37/2006, de 2 de marzo, por el que se regula el nombramiento de personal interino y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, supone un nuevo endurecimiento de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal y un grave perjuicio para miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de este sistema para acceder al empleo público.

Lejos de corregir la precariedad estructural existente, la reforma profundiza en un modelo basado en el control, las penalizaciones y la disponibilidad permanente del personal temporal, trasladando además a las personas aspirantes toda la carga burocrática y administrativa derivada de la gestión electrónica obligatoria.

Entre las principales consecuencias negativas de esta modificación destacan:

La suspensión automática en otras listas una vez aceptado un nombramiento o contrato, impidiendo que las personas puedan optar a mejoras laborales, jornadas más favorables o puestos más próximos a su domicilio, aun habiendo superado distintos procesos selectivos y abonado las correspondientes tasas de inscripción.
El incremento de la rigidez del sistema de llamamientos y de las penalizaciones, limitando la capacidad de conciliación, movilidad y mejora profesional del personal temporal.
La imposición progresiva de la gestión exclusivamente electrónica, que aumenta el riesgo de exclusiones automáticas, incidencias técnicas y pérdida de derechos por errores administrativos o fallos informáticos.
El refuerzo de un modelo de contratación orientado únicamente a cubrir necesidades organizativas de la Administración, sin garantizar estabilidad, seguridad jurídica ni condiciones dignas para el personal de las listas.

Resulta especialmente grave que estas medidas afecten de manera directa a colectivos ya altamente precarizados, como el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales dependientes de la Xunta de Galicia.

Además, esta modificación evidencia una clara desigualdad dentro de la propia Administración autonómica gallega, ya que existen otras consellerías y organismos públicos con sistemas de listas de contratación mucho más flexibles y menos perjudiciales para su personal.

Es especialmente significativo el caso del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), donde el funcionamiento de las listas permite mayores posibilidades de movilidad, mejora de empleo y compatibilidad entre categorías, evitando mecanismos tan restrictivos como los que ahora se pretenden consolidar en las listas reguladas por el Decreto 37/2006.

Esta diferencia de trato provoca un evidente agravio comparativo entre trabajadoras y trabajadores que desempeñan funciones similares dentro de servicios públicos esenciales de la misma Administración autonómica.

No resulta aceptable que personal sanitario, sociosanitario y asistencial dependiente de la Xunta tenga condiciones de gestión de listas más restrictivas y perjudiciales que el personal de otros organismos de la propia Xunta de Galicia.

Por todo ello, desde CSIF denunciamos:

El endurecimiento injustificado de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal.
La limitación de derechos y oportunidades laborales del personal temporal.
La consolidación de un modelo basado en penalizaciones y restricciones.
El agravio comparativo respecto de otros sistemas de listas existentes dentro de la propia Administración gallega.
La ausencia de medidas reales dirigidas a reducir la precariedad y mejorar la estabilidad laboral.

Asimismo, desde CSIF exigimos:

La retirada de aquellas modificaciones que supongan suspensión automática o bloqueo entre listas.
La implantación de mecanismos de mejora de empleo y movilidad similares a los existentes en otros organismos de la Xunta.
Garantías frente a exclusiones automáticas derivadas de incidencias electrónicas.
Mayor transparencia y negociación sindical efectiva.
Un modelo de contratación temporal que priorice los derechos laborales y la estabilidad del personal.

Porque garantizar servicios públicos de calidad también implica respetar y proteger los derechos de las personas trabajadoras que los sostienen diariamente.

Por último, queremos informar de que ya hemos trasladado a nuestros servicios jurídicos la reciente modificación del decreto de listas al objeto de estudiar la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al considerar que determinados aspectos de la nueva regulación podrían vulnerar derechos del personal empleado público y resultar contrarios a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso y la provisión de puestos en la Administración pública.

CSIF logra la primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar nocturnidad y festivos durante bajas, vacaciones y permisos

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 26 May 26 12:43:00 CEST

Santiago, 22 de mayo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia pionera en Galicia que reconoce el derecho del personal funcionario a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos. La resolución afecta a un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF), pero puede sentar un precedente con impacto para miles de empleados públicos de la Xunta de Galicia.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, estima íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales.

El fallo considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. Por tanto, la Administración no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

CSIF destaca que se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos. El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede abrir la puerta a reclamaciones masivas de empleados públicos que actualmente dejan de percibir estos complementos cuando están de baja, de vacaciones o disfrutan de permisos.

En el caso concreto del SPIF, CSIF estima que alrededor de 2.000 empleados públicos están afectados por el impago de estas compensaciones económicas durante períodos de incapacidad temporal, vacaciones y otros permisos retribuidos. El sindicato eleva esa cifra hasta cerca de 5.000 empleados públicos potencialmente afectados en el conjunto de la Xunta de Galicia.

Ante esta situación, CSIF reclama una solución negociada que permita reconocer este derecho de forma generalizada y evitar así miles de demandas judiciales contra la Administración autonómica.

Acción sindical realizada por CSIF

Desde CSIF recuerdan que esta reivindicación ya había sido trasladada en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Emprego Público en el marco de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, solicitando que la Xunta reconociese este derecho de manera pacífica y evitase así la judicialización masiva del conflicto.

Sin embargo, el sindicato denuncia que, hasta el momento, la Administración autonómica no ha atendido ninguna de sus peticiones ni ha mostrado voluntad de modificar el criterio aplicado respecto a estos complementos retributivos.

Tras esta primera sentencia favorable, CSIF volverá a exigir a la Dirección Xeral de Emprego Público que rectifique su postura y adapte de manera inmediata las nóminas y criterios retributivos de todo el personal afectado, evitando que los empleados públicos tengan que acudir individualmente a los tribunales para reclamar un derecho ya reconocido judicialmente.

La resolución judicial todavía puede ser recurrida en apelación por parte de la Xunta de Galicia.

La Justicia avala a CSIF y condena a la Fundación Rof Codina por un nuevo caso de fraude de ley en la contratación de falsos becarios

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 04 Dec 25 10:01:00 CET

Lugo, 3 de diciembre de 2025.- El sindicato CSIF ha obtenido una sentencia favorable en un caso de fraude de falsos becarios, después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo confirmara que la Fundación Rof Codina utilizó una beca para encubrir una relación laboral. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora representada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la fundación a abonar 14.316,32 euros en diferencias salariales, además de aplicar un 10% de intereses moratorios, tras quedar acreditado que la afectada desempeñaba funciones propias de una veterinaria generalista con autonomía profesional.

El fallo responde a una reclamación por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese periodo, la trabajadora recibió 500 euros mensuales bajo la consideración de becaria, pese a desarrollar tareas propias de personal veterinario cualificado. El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. CSIF sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada. La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación. Según esos testimonios, los falsos becarios “expiden recetas y atienden pacientes sin presencia de tutor o responsable alguno”, desempeñando tareas equivalentes a las del personal contratado. Además, la definición incluida en el artículo 17 del convenio colectivo coincide con las funciones desarrolladas por la trabajadora.

Con la categoría profesional establecida, el juzgado procedió al cálculo de las diferencias salariales que dieron lugar a la condena económica, a las que se añade el interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF ha valorado esta resolución como una “victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario”. El sindicato destaca que esta sentencia se suma a otras actuaciones iniciadas para destapar la precariedad laboral en el sector sanitario y universitario.

La sentencia no es firme. La Fundación Rof Codina puede presentar recurso de suplicación ante el TSXG.

La justicia anula la supresión de la carrera profesional a dos bomberos forestales de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 02 Jul 25 12:46:00 CEST

Lugo, 2 de julio de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo ha emitido dos fallos sucesivos que reconocen íntegramente las demandas de dos bomberos forestales –uno jefe de brigada y otro bombero forestal de base– representados por los servicios jurídicos de CSIF Lugo. Las resoluciones anulan la supresión de los Grados I y II de carrera profesional y del complemento de desempeño acordada por la Consellería de Facenda e Administración da Xunta de Galicia, y obligan al Gobierno gallego a reactivar los pagos, devolver los atrasos (1.867,02 € y 2.319,68 €, respectivamente) e incluir los intereses legales.

El juzgado concluye que no existe base legal para suprimir los complementos retributivos por no haber superado un proceso de funcionarización. La Orden de 28 de marzo de 2019 reconoce expresamente el derecho del personal laboral fijo a acceder a la carrera profesional y al complemento de desempeño sin imponer esta condición. Vincular dichos derechos a un cambio en la naturaleza del vínculo laboral carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española y la cláusula 4ª del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que consideran que las condiciones de trabajo, como la carrera profesional, deben aplicarse de forma homogénea cuando las funciones desempeñadas son equivalentes.

El fallo destaca también que la propia Xunta ha mantenido estos complementos para otros trabajadores laborales no funcionarizados, lo que refuerza la existencia de un trato desigual e injustificado. Con base en esa doctrina, se revocan las decisiones administrativas de noviembre de 2022 y se reconocen los derechos adquiridos de los demandantes desde el 1 de enero de 2019.

Para CSIF, estas sentencias confirman el carácter unitario y homogéneo que debe regir la carrera profesional del personal fijo, ya sea funcionario o laboral y sientan un precedente de gran relevancia para decenas de profesionales afectados por la misma decisión en Galicia.

El sindicato celebra que la justicia haya corregido una decisión administrativa que generaba un trato desigual entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Los servicios jurídicos de CSIF continuarán trabajando para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos adquiridos del personal público.

CSIF logra sentencia favorable para un trabajador por modificación injustificada de sus condiciones de trabajo

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 15 May 25 14:17:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo ha estimado la demanda de un trabajador, representado por los Servicios Jurídicos de CSIF Lugo, declarando injustificada la modificación sustancial de sus condiciones laborales impuesta por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., responsable de prestar servicios de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo).

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador su turno rotatorio anterior y a abonarle una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales. El tribunal considera que INTEGRA vulneró lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, al no acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que motivaran el cambio, ni cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El trabajador, con contrato indefinido desde enero de 2023 y antigüedad reconocida desde 2013, desempeñaba funciones de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo). Hasta diciembre de 2024, su jornada se organizaba en turnos alternos de mañana y tarde (4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso). Sin embargo, en octubre de 2025 se le impuso un cambio a turno exclusivo de tarde, sin el preaviso legal ni justificación por escrito.

El fallo, contra el que no cabe recurso, refuerza la jurisprudencia previa en casos similares y supone un respaldo a la defensa de los derechos laborales ejercida por CSIF Lugo a todos los trabajadores, también del sector privado.

CSIF logra su segunda sentencia favorable contra la misma empresa de Chantada por impagos y falta de ocupación efectiva

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 24 Apr 25 12:42:00 CEST

Lugo, 24 de abril de 2025.- El Juzgado Social número 1 de Lugo ha dictado una nueva sentencia favorable a un trabajador representado por los servicios jurídicos de CSIF Lugo, declarando la extinción de la relación laboral debido a incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.

Se trata de la segunda victoria judicial de CSIF contra la misma empresa de Chantada por incurrir de nuevo en un delito de impagos salariales continuados y falta de ocupación efectiva de uno de sus trabajadores.

La sentencia, emitida el 9 de abril de 2025, reconoce la falta de ocupación efectiva y los continuados impagos salariales como causales suficientes para extinguir el contrato de trabajo según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En total, el empresario adeudaba al trabajador 6.152,36 euros en salarios correspondientes a diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025. Además, se constató que desde noviembre de 2024 el empleado carecía de ocupación efectiva, confirmado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En términos de indemnización, el tribunal ha fijado un monto de 5.423,37 euros, calculado conforme a los criterios del despido improcedente. Asimismo, la parte demandada fue condenada a abonar las costas procesales, incluyendo honorarios de la letrada de la parte actora, debido a su incomparecencia injustificada.

Esta resolución refuerza el compromiso de CSIF Lugo con la defensa de los derechos laborales y la protección de sus afiliados frente a incumplimientos empresariales. El sindicato celebra este avance hacia la justicia laboral y anima a los trabajadores afectados por situaciones similares a acudir a sus servicios jurídicos especializados.

Condenado un empresario de Lugo por impagos y retrasos salariales prolongados a un trabajador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 03 Mar 25 13:12:00 CET

Lugo, 3 de marzo de 2025.- El Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo ha dictado sentencia a favor de un trabajador afiliado a CSIF y reconoce su derecho a la extinción del contrato laboral con indemnización equivalente a un despido improcedente debido a impagos y retrasos reiterados por parte de la empresa en el abono del salario pactado y por no darle ocupación efectiva.

El fallo considera probado que la empresa incurrió en incumplimientos graves y continuados en el pago de los salarios del trabajador, quien se encontraba contratado desde febrero de 2023. La resolución judicial aplica el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la rescisión del contrato con derecho a indemnización en casos de impago o retrasos salariales prolongados. Además, la sentencia obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados.

Según la sentencia, la empresa adeudaba varios meses de salario y había realizado pagos irregulares sin especificar las mensualidades correspondientes. La demanda fue presentada tras la incomparecencia de la empresa en el acto de conciliación ante el SMAC, lo que reforzó la posición del trabajador en el litigio.

Desde la Central Sindical, que llevó el caso a través de los servicios jurídicos de CSIF valoran positivamente la resolución y consideran que es una demostración más de su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores, también del ámbito privado, donde la presencia de CSIF es cada vez mayor.

Correos condenada por discriminar por razón de sexo y de maternidad a una trabajadora

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 05 Dec 24 12:34:00 CET

Lugo, 4 de diciembre de 2024.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que reconocer el derecho al incremento salarial del 3,5 por ciento a una trabajadora pública a la que se le denegó durante su permiso tras haber sido madre, lo que constituye, según sentencia dictada por el Juzgado Nº1 de lo social de Lugo, un caso de “discriminación por razón de sexo y maternidad”.

La resolución, obtenida gracias a la labor de los servicios jurídicos de CSIF Lugo, establece que dicha trabajadora tiene derecho a un incremento en la base de cotización y en la prestación de maternidad percibida entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022, en función del aumento salarial retroactivo aprobado para todos los empleados públicos mediante el Real Decreto-Ley 18/2022.

La trabajadora, empleada en un puesto de atención al cliente en la oficina de Monterroso con jornada parcial, había disfrutado de su permiso de maternidad entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Durante este periodo, no se ajustó su base de cotización a dicho aumento. No obstante, la empresa sí actualizó su salario tras reincorporarse al trabajo.

El tribunal consideró en su fallo, que no es recurrible, que esta actuación vulneraba los principios de igualdad de trato y no discriminación recogidos en la Constitución Española, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y la Directiva Europea 92/85/CEE. Además, resalta que cualquier aumento salarial aprobado durante el periodo de descanso por maternidad debe reflejarse en la base reguladora de la prestación, garantizando una remuneración equivalente a la que habría recibido la trabajadora de no encontrarse en esta situación.

La sentencia condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a regularizar la base de cotización de la actora y abonar las cantidades correspondientes al incremento de la prestación de maternidad.

CSIF valora el sentido de esta sentencia porque reafirma la protección jurídica frente a la discriminación por razón de sexo, así como el compromiso de este sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras a disfrutar de condiciones laborales igualitarias durante su permiso de maternidad.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 Nov 24 13:00:00 CET

Lugo, 19 de noviembre de 2024.- Los servicios jurídicos de CSIF Lugo han conseguido la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la convocatoria de empleo público para el ejercicio 2024 del cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias por incumplir los acuerdos de promoción interna, al convocar 73 plazas mediante procedimiento de acceso por turno libre y 45 plazas por el procedimiento de promoción interna, cuando debían ofrecerse al menos 71 por este procedimiento.

CSIF ha reclamado de manera reiterada anta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIP) el cumplimiento de los acuerdos de promoción interna. Ante su inoperancia, los servicios jurídicos de CSIF Lugo presentaron una demanada ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo estima la medida cautelar solicitada por el funcionario del cuerpo de ayudantes de Insituciones Penitenciaria sque interpuso el recurso contra el REal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprobaron las plazas de nuevo ingreso y de promoción interna de este cuerpo.

En el recurso se alegó que la distribución de las plazas entre los diferentes turnos de acceso infringe el artículo 5 de la ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que dispone que el 60% de las vacantes que se convoquen se reservarán para su provisión en turno restringido a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que posean la correspondiente titulación, es decir, por promoción interna.

Se argumenta además, que si se ofertaban 118 plazas vacantes, según la citada ley, el 60% deberían corresponder al turno de promoción interna, es decir, al menos 71 y no 45 como se ofertaban en la convocatoria.

La Sala considera que en este caso concurren los presupuestos de apariencia de buen derecho y de preservación del interés legítimo del recurso y de los intereses en juego que fija la ley para la adopción de la medida cautelar.

Afirma que “el entendimiento directo del artículo 5 de la Ley 36/1977 no parece que pueda ser el que nos plantea la Administración del Estado pues, sin esfuerzo interpretativo alguno y a primera lectura, puede afirmarse que el precepto es suficientemente preciso. Lo que dice es que deben reservarse al turno de promoción interna el sesenta por ciento de las vacantes que se convoquen para el ingreso en los Cuerpos Especiales de Instituciones Penitenciarias, es decir, no de las que se convoquen por el turno libre”.

La Administración aún tiene la posibilidad de corregir de oficia la ratio elevando el número de plazas de la promoción interna a 110 plazas, cumpliendo así el Real Decreto. De no hacerlo los servicios jurídicos de CSIF irán hasta el final en su demanda y exigirán las responsabilidades debidas.

Noticia Europa Press: 'El TS suspende la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias por turno libre y promoción interna de 2024'.
Noticia Poderjudicial.es: 'El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias'.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.

CSIF celebra una sentencia que condena a Política Social a reconocer el derecho a cobrar la carrera profesional a una trabajadora laboral temporal del CAPM de Sarria

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 13 Sep 24 13:20:00 CEST

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Santiago de Compostela 14 de septiembre de 2023.- CSIF Galicia, a través de
los servicios jurídicos de CSIF Lugo, ha logrado el reconocimiento del acceso al
grado I y II de carrera profesional a una trabajadora del CAPM de Sarria, dependiente de la Consellería de Política Social, cuya relación con este organismo es de personal laboral, al ganar una sentencia emitida
por el Juzgado de lo Social nº4 de Lugo que falló a favor de la demandante y le
reconoció también una indemnización de 1.800 euros por vulneración de derechos
fundamentales.

El fallo judicial establece que la exclusión del personal temporal e indefinido no fijo
del sistema de carrera profesional de la Xunta de Galicia, implementado a través de
las órdenes de 2019, es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. La sentencia también se
apoya en normativa europea, como la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la
discriminación entre trabajadores temporales y fijos en cuanto a las condiciones
laborales, y señala que dicha exclusión carece de justificación objetiva.

La resolución judicial reconoce el derecho de la trabajadora, representada por CSIF,
a acceder al grado I de la carrera profesional con efectos retroactivos desde el 1 de
enero de 2019, y al grado II desde el 1 de enero de 2022. Asimismo, se condena a
la Xunta de Galicia al pago de las cantidades adeudadas por este concepto, que
ascienden a 4.246,46 euros, más los intereses legales correspondientes.

CSIF considera este fallo como un avance más en la defensa de los derechos de los
empleados públicos temporales;refuerza nuestra convicción de que no debe haber
diferencias injustificadas entre el personal fijo y temporal en la Administración.
Todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades de desarrollo
profesional.

Además de reconocer el derecho a la carrera profesional, el juzgado ha condenado
a la Xunta de Galicia al pago de una indemnización de 1.800 euros a la trabajadora por vulnerar su
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Esta indemnización resarce
el daño moral causado por la exclusión arbitraria del sistema de carrera profesional,
subrayando la importancia de tratar a todos los empleados con equidad.

El CSIF anima a todos los empleados públicos que se encuentren en situaciones
similares a reivindicar sus derechos y a denunciar cualquier trato discriminatorio. El
sindicato, comprometido con la igualdad en el empleo público, continuará llevando
a cabo acciones legales y sindicales para garantizar que los derechos de los
trabajadores temporales y no fijos sean respetados y defendidos en todo momento.