Comunidad Valenciana - Educación

CSIF POR LA DEFENSA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO

admin — Wed, 06 Apr 22 15:11:24 CEST

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El mutualismo administrativo se trata de un derecho adquirido por los funcionarios a la atención sanitaria después de años de abandono. El mutualismo se reguló en 1975 para dar cobertura a todos los funcionarios y adecuar las prestaciones sanitarias a las establecidas para los trabajadores del Régimen General. Se trataba por tanto de corregir la discriminación que sufrían los funcionarios, que carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria a través de las compañías privadas, pagando el cien por cien de las medicinas.

En la actualidad, las mutuas dan cobertura sanitaria a más de dos millones de personas trabajadoras y beneficiarios (MUFACE 1.483.860; ISFAS 536.314 y MUGEJU 91.714).

El 80 por ciento de los funcionarios opta cada año por este modelo, lo que supone un plebiscito anual que avala su permanencia.

Sin embargo, en los últimos años hemos asistido con indignación a varios intentos, por parte de algunos partidos políticos y sindicatos de clase de eliminar el MUTUALISMO ADMINISTRATIVO bajo el falso argumento de que se trata de un privilegio. Pero no es así. La asistencia que prestan las entidades médicas se realiza bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto, con la referencia de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que tienen que cumplir obligatoriamente. Estas condiciones son diferentes a las que la misma entidad ofrece en el seguro privado.

Solo la perseverancia y la firme oposición y movilización de CSIF ha logrado que a día de hoy se mantenga el mutualismo como acción protectora para el colectivo. Además, si desapareciera este modelo, más de dos millones de personas pasarían a engrosar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, con el riesgo de colapso del sistema y el incremento de costes.

CSIF, JUPOL y JUCIL han constatado que se ha producido en el último año un deterioro en la prestación sanitaria a los mutualistas debido a la infrafinanciación de los conciertos. Según una encuesta sobre más de 5000 mutualistas hemos comprobado que se han producido recortes en cuadros médicos, especialidades y centros hospitalarios. El 50% de los encuestados han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual.

Además, advertimos por su especial relevancia sobre las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos, que, en muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscar otras alternativas, con la incertidumbre que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad y que quiebra el principio de continuidad asistencial que regulan los propios conciertos, por el que deben velar las mutualidades.

Por todo ello, CSIF, JUPOL y JUCIL exigen al Gobierno que incremente el presupuesto de los conciertos sanitarios.

Además, CSIF junto a JUPOL convoca una concentración el próximo día 18 de abril a las 12:00 horas ante la Dirección General de Muface en Madrid, Paseo Juan XXIII, n° 26, por el deterioro de la prestación sanitaria a los mutualistas y beneficiarios, exigiendo al Gobierno acabar con cualquier intento de eliminar el Mutualismo Administrativo e incrementar la dotación económica de los conciertos de las tres mutualidades.

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CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

admin — Fri, 17 Sep 21 11:57:21 CEST

MufaceMugejuPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesComunidad Valenciana - Educación Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.

Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

En este sentido, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.