Castilla y León - Educación

CSIF reclama reforzar la Educación Especial ante el aumento de alumnos con necesidades específicas en la Comunidad.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 15 May 26 13:09:00 CEST

CSIF reclama reforzar la Educación Especial ante el aumento de alumnos con necesidades específicas en la Comunidad

El alumnado de Educación Especial crece un 29% en Castilla y León con la misma red de centros públicos y el sindicato independiente exige más plantilla, recursos y apoyo especializado.
CSIF reclama un plan urgente para reforzar la Educación Especial y la atención a la diversidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Consejería de Educación un plan autonómico urgente y específico para reforzar la atención a la diversidad en Castilla y León, especialmente en los centros y aulas de Educación Especial, ante el importante incremento del alumnado con necesidades educativas especiales registrado en los últimos años.

El sindicato independiente destaca que, entre los cursos 2022/2023 y 2025/2026, el alumnado atendido con necesidades educativas especiales (ACNEE) ha aumentado un 29,4%, pasando de 806 a 1.043 estudiantes en el presente curso, es decir, 237 alumnos más. Del total, 877 están escolarizados en centros específicos y 166 en aulas de atención a la diversidad Sin embargo, durante ese periodo de tres cursos, no se ha incrementado el número de centros específicos de Educación Especial ni el de centros ordinarios con aulas sustitutivas.

“Estamos sosteniendo una realidad educativa mucho más compleja prácticamente con la misma estructura”, advierte Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León. “La atención al alumnado con mayores necesidades de apoyo debe convertirse en una prioridad real del sistema educativo público”, subraya.

Por provincias, los mayores incrementos de alumnado se han producido en Valladolid (+57 alumnos), León (+52), Burgos (+41), Zamora (+22) y Ávila (+21), aunque el crecimiento alcanza a todo el territorio autonómico. Para CSIF, esta evolución evidencia la necesidad de planificar la atención educativa “con criterios de red” y reforzar especialmente las aulas sustitutivas en zonas rurales o alejadas de los centros específicos.

CSIF recuerda que los centros y aulas de Educación Especial atienden a alumnado con pluridiscapacidad, necesidades sanitarias complejas, problemas de movilidad, dificultades severas de comunicación o situaciones conductuales que requieren intervención especializada y apoyo permanente. Por ello, insiste en que no basta con ampliar aulas, sino que es imprescindible reforzar las plantillas y los recursos profesionales.

En este sentido, CSIF reclama más profesorado especializado y plantilla estable; una reducción real de ratios; refuerzo de la orientación educativa propia, más apoyo sanitario y social en los centros, mejora de espacios e infraestructuras; cobertura ágil de sustituciones; y el reconocimiento profesional mediante un complemento específico vinculado a la especial dificultad, penosidad o peligrosidad de estos puestos.

Además, el sindicato alerta de que el incremento del alumnado y de la complejidad de los casos no está siendo acompañado de un crecimiento proporcional de los recursos humanos. Un informe técnico elaborado por CSIF refleja que, mientras el alumnado en centros específicos ha aumentado un 29,5%, la plantilla funcional real de profesorado especialista PT y AL solo ha crecido un 21,2%.

CSIF considera especialmente preocupante que esta presión asistencial y educativa se produzca en muchos casos con problemas de espacio, falta de apoyos suficientes y una carga cada vez mayor para los profesionales. “La planificación no puede hacerse únicamente con criterios numéricos de matrícula; debe tener en cuenta la intensidad real de los apoyos educativos, sanitarios y conductuales que requiere este alumnado”, insiste el sindicato.

Asimismo, CSIF recuerda que pudo comenzar a analizar con mayor precisión la evolución de las plantillas tras la sentencia ganada frente a la Consejería de Educación por la ocultación de información sindical sobre la plantilla funcional real de los centros, lo que permitió disponer de datos homogéneos y fiscalizar la evolución de los recursos educativos.

El sindicato reclama a la Junta de Castilla y León que abra una negociación específica sobre Educación Especial y atención a la diversidad, con medidas estructurales y financiación suficiente para garantizar una atención educativa de calidad tanto al alumnado como a los profesionales que trabajan en estos centros y aulas.

DESCARGAR INFORME AQUÍ

CSIF INFORMA: guía interactiva de permisos, licencias y excedencias docentes en CyL.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 07 May 26 08:25:00 CEST

Guía de permisos y excedencias

Haz clic en cada recuadro para consultar la información.

Permisos

💍

Matrimonio / Pareja de Hecho

VER

🤰

Dolencia / Riesgo Embarazo

VER

🏥

Exámenes Prenatales

VER

👶

Nacimiento

VER

🏠

Adopción / Acogida

VER

👨‍🍼

Paternidad / Progenitor

VER

🍼

Nacimiento Prematuro

VER

🤱

Lactancia

VER

🗓️

Permiso Parental

VER

🧒

Guarda Legal

VER

🤒

Enf. Grave Familiar (1ºG)

VER

💊

Enfermedad

VER

🎗️

Hijo Cáncer / Enf. Grave

VER

🏥

Accidente / Hospitalización

VER

🖤

Fallecimiento

VER

⚖️

Deber Inexcusable

VER

🚛

Traslado Domicilio

VER

📚

Licencia Estudios

VER

✍️

Exámenes Finales

VER

💜

Violencia de Género

VER

☕

Asuntos propios
(NO RETRIBUIDO)

VER

☕

Asuntos Particulares
(MOSCOSOS)

VER

🚑

Ayuda Humanitaria

VER

🌍

Programas ayuda / cooperación

VER

📢

Acción Sindical

VER

🗓️

Año Sabático

VER

Excedencias

🧸

Cuidado hijos < 3 años

VER

👵

Cuidado Familiar

VER

✈️

Interés Particular

VER

🤝

Agrupación Familiar

VER

💜

Violencia de Género

VER

Grados de parentesco

Referencia visual útil para identificar rápidamente el grado de parentesco en permisos, fallecimiento, hospitalización y supuestos de conciliación.

1er grado

👤 Titular / Cónyuge / Pareja de hecho

👨 Padre / Madre

🧒 Hijo / Hija

🤝 Suegro / Suegra

🏠 Yerno / Nuera

2º grado

👵 Abuelo / Abuela

👶 Nieto / Nieta

👫 Hermano / Hermana

🤝 Cuñado / Cuñada

3er grado

👴 Bisabuelo / Bisabuela

🍼 Bisnieto / Bisnieta

👋 Tío / Tía

🙋 Sobrino / Sobrina

Nota práctica CSIF

📌 Revisa siempre si la norma habla de 1er o 2º grado.

📌 En algunos permisos también cuenta la convivencia efectiva.

📌 Si hay duda interpretativa, prima la justificación documental.

📌 Se consideran "hábiles" los días de lunes a viernes que no son festivos oficiales.

Modelos de solicitud

Accesos directos a los modelos de solicitud y a la tramitación electrónica para permisos, licencias y gestiones relacionadas.

Funcionarios

📝 Dirigidos al director del centro ↗

🏛️ Dirigidos a la Dirección Provincial o Consejería ↗

💻 Acceso a Tramitacyl ↗

Personal laboral

📝 Dirigidos al director del centro ↗

🏛️ Dirigidos a la Dirección Provincial o Consejería ↗

💻 Acceso al Tramita CyL ↗

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Permiso parcialmente retribuido. Curso 2026/27. Resolución provisional.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 14 May 26 12:56:00 CEST

RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

La Resolución 14 de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (285.8 KB) (15 páginas) resuelve con carácter provisional la relación de participantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la concesión de los permisos parcialmente retribuidos, para los funcionarios de carrera que imparten enseñanzas no universitarias en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, convocados por la Orden 197/2026, de 25 de febrero.

Plazo de presentación de alegaciones y desistimientos:
Desde el viernes 15 de mayo hasta el viernes día 22 de mayo de 2026, a través del siguiente enlace

Anexos que acompañan a la resolución:

RESUMEN Concurso de traslados CyL 2024-25. Estudio de las adjudicaciones definitivas.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 08 May 26 12:51:00 CEST

	MAESTROS	PES Y O.C.
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ
	INFORMACIÓN AQUÍ	INFORMACIÓN AQUÍ

Oposiciones PES y O.C. 2026 CyL. Nombramiento de los tribunales y de las comisiones de selección. Se adjunta CSIF INFORMA.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 05 May 26 07:52:00 CEST

CSIF INFORMA ESPECIAL TRIBUNALES:

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se nombran los tribunales y las comisiones de selección de los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, convocados por Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, y se determina la fecha de realización de la fase de oposición.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Mediante la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, se convocaron los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, así como el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

De conformidad con el apartado octavo.1 de la citada orden, el nombramiento de los tribunales y de las comisiones de selección de los procedimientos selectivos se efectuará mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Asimismo, de conformidad con el apartado octavo.1 y 3, la selección de las personas aspirantes en los distintos procedimientos selectivos se realizará por el tribunal o, en su caso, la comisión de selección nombrada al efecto, que se constituirá cuando existan dos o más tribunales de una misma especialidad, actuando, en caso contrario, el propio tribunal como comisión de selección.

Por su parte, el apartado noveno.1, establece que la fase de oposición de los procedimientos selectivos dará comienzo y concluirá los días que se determinen por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos.

Por lo expuesto,

RESUELVO

Primero.– Nombramiento de los tribunales y composición de las comisiones de selección.

1. Se nombran los tribunales referidos en el apartado octavo de la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, por la que se convocan los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, así como el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras, con la composición que figura en el anexo, teniendo en cuenta el apartado octavo.2 de la citada orden.

2. Conforme se dispone en el apartado octavo.3 de la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, se constituirán comisiones de selección para cada especialidad convocada cuando existan dos o más tribunales, con la siguiente composición:

a) Cuando existan dos tribunales de la misma especialidad en la misma provincia, la comisión estará constituida por la persona que presida el tribunal número 1, así como los dos primeros o las dos primeras vocales de este tribunal; y por la persona que presida el tribunal número 2, así como el primer o la primera vocal de este tribunal; ejerciendo la presidencia de la comisión la persona que ostente la presidencia del tribunal número 1.
b) De existir tres tribunales de la misma especialidad en la misma provincia, la comisión estará formada por la persona que presida el tribunal número 1, así como por el primer o la primera vocal de este tribunal; la persona que presida el tribunal número 2, así como el primer o la primera vocal de este tribunal; y la persona que presida el tribunal número 3; ejerciendo la presidencia de la comisión la persona que ostente la presidencia del tribunal número 1.
c) Cuando existan cuatro tribunales de la misma especialidad en la misma provincia, la comisión estará formada por las personas que presidan los cuatro tribunales y por el primer o la primera vocal del tribunal número 1; ejerciendo la presidencia de la comisión la persona que ostente la presidencia del tribunal número 1.
d) De existir cinco o más tribunales de una especialidad en la misma provincia, la comisión estará formada por las personas que presidan los cinco primeros tribunales; ejerciendo la presidencia de la comisión la persona que ostente la presidencia del tribunal número 1.

Ejercerá la secretaría, en todos los supuestos, el funcionario o la funcionaria con menor antigüedad en el cuerpo de entre quienes formen parte de la comisión, salvo que la comisión acuerde determinarlo de otra manera.

Segundo.– Constitución de los tribunales y de las comisiones de selección.

En el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, las direcciones provinciales de educación de las provincias donde se celebren las pruebas selectivas instarán a quienes ostenten la presidencia de las comisiones de selección y de los tribunales a su constitución conforme a lo establecido en el apartado octavo.5 de la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero.

Tercero.– Participación en los órganos de selección.

1. La participación en los órganos de selección, de conformidad con lo establecido en el apartado octavo.4 de la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, tiene carácter obligatorio.

2. La inasistencia injustificada a las distintas sesiones y actos del procedimiento, incluido el de constitución, con excepción de lo contemplado en el apartado octavo.4 de la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, en relación con las causas de dispensa, incluidas las de abstención y recusación referidas en el punto 6 del citado apartado, dará lugar a la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

3. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos la resolución de las posibles causas de dispensa, incluidas las de abstención y recusación, que pudieran presentarse.

Cuarto.– Fecha de realización de la fase de oposición.

Se determina la fecha de comienzo de la fase de oposición de los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades el sábado 20 de junio de 2026, y de conclusión antes del 17 de julio de 2026, salvo que, por circunstancias excepcionales, la Dirección General de Recursos Humanos autorice otro plazo a determinados tribunales.

Quinto.– Publicidad.

Con el objeto de dar mayor publicidad, la presente resolución será objeto de publicidad en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Directora General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 28 de abril de 2026.

La Directora Generalde Recursos Humanos,

Fdo.: Teresa Barroso Botrán

ANEXO (haz clic en el enlace para ver los listados):

TRIBUNALES DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO, ACCESO Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES

Toda la información sobre oposiciones aquí:

Webinar gratuito: Agresiones docentes, cómo actuar

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 12 May 26 11:57:00 CEST

CSIF Ayuda Profes organiza este webinar abierto a todos los docentes Próximo jueves 21 de mayo de 2026 a las 17h (horario peninsular) Impartido por Susana Fernández, abogada y docente de la Asesoría Jurídica de CSIF Educación Madrid...

Calendario escolar del curso 2026-27.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 29 Apr 26 12:50:00 CEST

Maestros interinos: curso 2025/2026. AISI semana del 11 al 15 de mayo de 2026. Adjudicaciones.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 14 May 26 10:14:00 CEST

Resolución de la adjudicación: AISI_Maestros_20260514__ResolucionAdjudicacion (148.6 KB) (4 páginas)
Anexo I: AISI_Maestros_20260514_Anexo_I_Adjudicaciones (165.1 KB) (8 páginas)
Anexo II: AISI_Maestros_20260514_Anexo_II_Alfabetico (322.8 KB) (46 páginas)
Anexo III: AISI_Maestros_20260514_Anexo_III_Retiradas (128.9 KB) (1 página)

TOMA DE POSESIÓN (apartado Tercero)

El personal que haya obtenido destino deberá efectuar la toma de posesión mañana viernes 15 de mayo de 2026, siguiendo las INSTRUCCIONES y aportando la documentación que al efecto señale la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN en la que haya obtenido la sustitución. Direcciones provinciales de educación - Portal de Educación

A través de este Formulario Web puede cumplimentar los datos requeridos para formalizar la toma de posesión: puede acceder pinchando esta imagen:

Quienes no formalicen la citada toma de posesión dentro del plazo y condiciones establecidas, se considerará que renuncian al puesto adjudicado suponiendo la eliminación de todas las listas en las que se encuentren incluidos hasta la nueva elaboración de las mismas.

RENUNCIAS (apartado Cuarto)

Las renuncias deberán realizarse mediante el correspondiente formulario de solicitud de renuncia, debiendo presentarlo junto con la documentación oportuna mañana viernes 15 de mayo de 2026, preferentemente en el registro de la Consejería de Educación o en las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las recibidas con posterioridad a ese plazo no se tendrán en consideración y tendrán el tratamiento de renuncias no justificadas.

Las renuncias alegadas por los aspirantes, tengan el carácter de justificadas o no, se extenderán a todas las listas de los diferentes cuerpos docentes en las que se encuentren incluidos.

A través de este Formulario Web puede cumplimentar los datos requeridos para renunciar al puesto adjudicado con o sin causa justificada. Puede acceder pinchando esta imagen:

Este es el calendario previsto (185.1 KB) (2 páginas) de los procesos a lo largo de este tercer trimestre de curso:

	Semana	Publicación de sustituciones	Plazo de petición de sustituciones	Adjudicación de sustituciones
PRIMARIA	Del 30 de marzo al 3 de abril	30 de marzo	Desde las 12:00 horas del 30 de marzo a las 12:00 horas del 31 de marzo	31 de marzo
	Del 6 al 10 de abril	7 de abril	Desde las 12:00 horas del 7 de abril a las 12:00 horas del 8 de abril	8 de abril
	Del 13 al 17 de abril	14 de abril	Desde las 10:00 horas del 14 de abril a las 10:00 horas del 15 de abril	15 de abril
	Del 20 al 24 de abril	21 de abril	Desde las 10:00 horas del 21 de abril a las 10:00 horas del 22 de abril	22 de abril
	Del 27 de abril al 1 de mayo	28 de abril	Desde las 10:00 horas del 28 de abril a las 10:00 horas del 29 de abril	29 de abril
	Del 4 al 8 de mayo	5 de mayo	Desde las 10:00 horas del 5 de mayo a las 10:00 horas del 6 de mayo	6 de mayo
	Del 11 al 15 de mayo	12 de mayo	Desde las 10:00 horas del 12 de mayo a las 10:00 horas del 14 de mayo	14 de mayo
	Del 18 al 22 de mayo	19 de mayo	Desde las 10:00 horas del 19 de mayo a las 10:00 horas del 20 de mayo	20 de mayo
	Del 25 al 29 de mayo	26 de mayo	Desde las 10:00 horas del 26 de mayo a las 10:00 horas del 27 de mayo	27 de mayo
	Del 1 al 5 de junio	2 de junio	Desde las 10:00 horas del 2 de junio a las 10:00 horas del 3 de junio	3 de junio
	Del 8 al 12 de junio	9 de junio	Desde las 10:00 horas del 9 de junio a las 10:00 horas del 10 de junio	10 de junio
SECUNDARIA	Del 30 de marzo al 3 de abril	30 de marzo	Desde las 12:00 horas del 30 de marzo a las 12:00 horas del 31 de marzo	31 de marzo
	Del 6 al 10 de abril	7 de abril	Desde las 12:00 horas del 7 de abril a las 12:00 horas del 8 de abril	8 de abril
	Del 13 al 17 de abril	14 de abril	Desde las 10:00 horas del 14 de abril a las 10:00 horas del 15 de abril	15 de abril
	Del 20 al 24 de abril	21 de abril	Desde las 10:00 horas del 21 de abril a las 10:00 horas del 22 de abril	22 de abril
	Del 27 de abril al 1 de mayo	28 de abril	Desde las 10:00 horas del 28 de abril a las 10:00 horas del 29 de abril	29 de abril
	Del 4 al 8 de mayo	5 de mayo	Desde las 10:00 horas del 5 de mayo a las 10:00 horas del 6 de mayo	6 de mayo
	Del 11 al 15 de mayo	12 de mayo	Desde las 10:00 horas del 12 de mayo a las 10:00 horas del 14 de mayo	14 de mayo
	Del 18 al 22 de mayo	19 de mayo	Desde las 10:00 horas del 19 de mayo a las 10:00 horas del 20 de mayo	20 de mayo
	Del 25 al 29 de mayo	26 de mayo	Desde las 10:00 horas del 26 de mayo a las 10:00 horas del 27 de mayo	27 de mayo
	Del 1 al 5 de junio	2 de junio	Desde las 10:00 horas del 2 de junio a las 10:00 horas del 3 de junio	3 de junio
	Del 8 al 12 de junio	9 de junio	Desde las 10:00 horas del 9 de junio a las 10:00 horas del 10 de junio	10 de junio

Quién puede participar:
Los interinos que formen parte de listas ordinarias que estén disponibles dentro del plazo que se establezca para realizar las peticiones de cada proceso.
Cómo participar:
Para optar a un puesto, el participante deberá realizar un número mínimo de peticiones: el 40% de las sustituciones catalogadas como obligatorias (igual que en los procesos de AISI del inicio de curso).
Si el participante no alcanza el mínimo de peticiones exigido se considera que no ha participado, quedando disponible en listas.
La participación en estos procesos es voluntaria por lo que:
Si no participa no será eliminado de listas y permanecerá disponible en las mismas.
Si no participa no será necesario que aporte justificación de no participar, por ninguna causa.
Aplicación informática:
Las peticiones se realizarán a través de la aplicación informática, autenticándose mediante el sistema Cl@ve.
Si se le adjudica una vacante:
Deberá contactar con la dirección provincial correspondiente para realizar la toma de posesión e incorporarse al centro.

La aplicación de consulta en línea, en el Portal de Educación, que permite consultar a los interinos su posición en tiempo real en las listas de diferentes especialidades, es la siguiente:

Toda la información sobre interinidades haciendo clic en la imagen:

Concurso de Traslados. Curso 2025/2026. Maestros. Adjudicación definitiva de destinos.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 08 May 26 07:30:00 CEST

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (835.7 KB) (4 páginas) , por la que se publica la parte dispositiva de la Orden de 6 de mayo de 2026, de la Consejería de Educación, por la que se adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de traslados de ámbito autonómico entre el personal funcionario de carrera y en prácticas dependiente de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y perteneciente al cuerpo de maestros, convocado, en el curso 2025/2026, por la Orden EDU/1196/2025, de 22 de octubre, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León.

Anexo I. Adjudicaciones definitivas de las personas participantes que han ejercido el derecho preferente a centro. (No hay adjudicaciones por derecho preferente a centro): CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_I_AdjudicacionesPorDPC_Nohay (95.6 KB) (1 página)
Anexo II. Adjudicaciones definitivas de las personas participantes que han ejercido el derecho preferente a localidad o zona: CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_II_AdjudicacionesPorDPL (116.2 KB) (1 página)
Anexo III. Adjudicaciones definitivas de las personas participantes por orden de mayor a menor puntuación: CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_III_AdjudicacionesPorPuntuacion (2.2 MB) (541 páginas)
Anexo IV. Listado alfabético general de las personas participantes con las puntuaciones obtenidas y el destino concedido o denegado: CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_IV_ALFABETICO (6.9 MB) (1835 páginas)
Anexo V. Listado de bajas de oficio. (el listado definitivo de participantes excluidos ya se publicó con los listados definitivos de participantes, el 4 marzo de 2026): CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_V_BajasDeOficio (97.6 KB) (1 página)
Anexo VI. Alegaciones estimadas, las alegaciones desestimadas, con indicación de la causa de su desestimación, y las modificaciones efectuadas de oficio, con indicación de su causa: CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_VI_RespuestaAlegaciones (270 KB) (22 páginas)
Anexo VII. Personas participantes que han presentado escrito de desistimiento: CTPR_2025-26_ResolDEF_Anexo_VII_Desistimientos (129.8 KB) (5 páginas)

Apartado Sexto de la resolución de 6 mayo de 2026.- Adjudicación de destinos provisionales.

Las personas que, habiendo participado con carácter obligatorio no hayan obtenido destino definitivo, deberán participar en el proceso de adjudicación informatizada de destinos provisionales (AIDPRO) para el curso 2026/2027, que se convocará mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos a la finalización del presente curso.

2025/2026

MAESTROS 2025-26	PES Y O.C. 2025-26
RESUMEN DE LAS ADJUDICACIONES DEFINITIVAS
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA	ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
VACANTES DEFINITIVAS	VACANTES DEFINITIVAS
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES	LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES
VACANTES PROVISIONALES	VACANTES PROVISIONALES
LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES	LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES
CALCULADORA DEL BAREMO DE MÉRITOS
CONVOCATORIA y CSIF INFORMA	CONVOCATORIA Y CSIF INFORMA

Interinos PES y otros cuerpos: Curso 2025-2026. AISI semana del 11 al 15 de mayo de 2026. Adjudicaciones.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 14 May 26 11:18:00 CEST

La Resolución de 14 de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (196.1 KB) (3 páginas) adjudica las sustituciones de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, en el procedimiento de adjudicación informatizada de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2025/2026, convocado por la Resolución de 12 de junio de 2025, de la misma dirección general.

Anexos que acompañan a la resolución:

Adjudicación por especialidades: Anexo I (148.7 KB) (12 páginas)
Listado alfabético de adjudicaciones: Anexo II (151.8 KB) (4 páginas)

TOMA DE POSESIÓN

El personal que haya obtenido destino deberá efectuar la toma de posesión cumplimentando el formulario y siguiendo las instrucciones y aportando la documentación que al efecto señale en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León la dirección provincial de educación en la que haya obtenido la sustitución.

A través de este formulario web puede cumplimentar los datos requeridos para formalizar la toma de posesión. Puede acceder pinchando esta imagen y acceder con Cl@ve Pin o cuenta educa.

Quienes no formalicen la citada toma de posesión dentro del plazo y con las condiciones establecidas se considerará que renuncian al puesto adjudicado suponiendo la eliminación de todas las listas en las que se encuentren incluidos hasta la nueva elaboración de estas.

RENUNCIA

Las renuncias deberán realizarse mediante el correspondiente formulario de solicitud de renuncia, debiendo presentarlo junto con la documentación oportuna preferentemente en el registro de la Consejería de Educación o en las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las renuncias alegadas por los aspirantes tengan el carácter de justificadas o no, se extenderán a todas las listas de los diferentes cuerpos docentes en las que se encuentren incluidos.

A través de este formulario web puede cumplimentar los datos requeridos para renunciar al puesto adjudicado con o sin causa justificada. Puede acceder pinchando esta imagen y acceder con Cl@ve Pin o cuenta educa.

Este es el calendario previsto (185.1 KB) (2 páginas) de los procesos a lo largo de este tercer trimestre de curso:

	Semana	Publicación de sustituciones	Plazo de petición de sustituciones	Adjudicación de sustituciones
PRIMARIA	Del 30 de marzo al 3 de abril	30 de marzo	Desde las 12:00 horas del 30 de marzo a las 12:00 horas del 31 de marzo	31 de marzo
	Del 6 al 10 de abril	7 de abril	Desde las 12:00 horas del 7 de abril a las 12:00 horas del 8 de abril	8 de abril
	Del 13 al 17 de abril	14 de abril	Desde las 10:00 horas del 14 de abril a las 10:00 horas del 15 de abril	15 de abril
	Del 20 al 24 de abril	21 de abril	Desde las 10:00 horas del 21 de abril a las 10:00 horas del 22 de abril	22 de abril
	Del 27 de abril al 1 de mayo	28 de abril	Desde las 10:00 horas del 28 de abril a las 10:00 horas del 29 de abril	29 de abril
	Del 4 al 8 de mayo	5 de mayo	Desde las 10:00 horas del 5 de mayo a las 10:00 horas del 6 de mayo	6 de mayo
	Del 11 al 15 de mayo	12 de mayo	Desde las 10:00 horas del 12 de mayo a las 10:00 horas del 14 de mayo	14 de mayo
	Del 18 al 22 de mayo	19 de mayo	Desde las 10:00 horas del 19 de mayo a las 10:00 horas del 20 de mayo	20 de mayo
	Del 25 al 29 de mayo	26 de mayo	Desde las 10:00 horas del 26 de mayo a las 10:00 horas del 27 de mayo	27 de mayo
	Del 1 al 5 de junio	2 de junio	Desde las 10:00 horas del 2 de junio a las 10:00 horas del 3 de junio	3 de junio
	Del 8 al 12 de junio	9 de junio	Desde las 10:00 horas del 9 de junio a las 10:00 horas del 10 de junio	10 de junio
SECUNDARIA	Del 30 de marzo al 3 de abril	30 de marzo	Desde las 12:00 horas del 30 de marzo a las 12:00 horas del 31 de marzo	31 de marzo
	Del 6 al 10 de abril	7 de abril	Desde las 12:00 horas del 7 de abril a las 12:00 horas del 8 de abril	8 de abril
	Del 13 al 17 de abril	14 de abril	Desde las 10:00 horas del 14 de abril a las 10:00 horas del 15 de abril	15 de abril
	Del 20 al 24 de abril	21 de abril	Desde las 10:00 horas del 21 de abril a las 10:00 horas del 22 de abril	22 de abril
	Del 27 de abril al 1 de mayo	28 de abril	Desde las 10:00 horas del 28 de abril a las 10:00 horas del 29 de abril	29 de abril
	Del 4 al 8 de mayo	5 de mayo	Desde las 10:00 horas del 5 de mayo a las 10:00 horas del 6 de mayo	6 de mayo
	Del 11 al 15 de mayo	12 de mayo	Desde las 10:00 horas del 12 de mayo a las 10:00 horas del 14 de mayo	14 de mayo
	Del 18 al 22 de mayo	19 de mayo	Desde las 10:00 horas del 19 de mayo a las 10:00 horas del 20 de mayo	20 de mayo
	Del 25 al 29 de mayo	26 de mayo	Desde las 10:00 horas del 26 de mayo a las 10:00 horas del 27 de mayo	27 de mayo
	Del 1 al 5 de junio	2 de junio	Desde las 10:00 horas del 2 de junio a las 10:00 horas del 3 de junio	3 de junio
	Del 8 al 12 de junio	9 de junio	Desde las 10:00 horas del 9 de junio a las 10:00 horas del 10 de junio	10 de junio

Quién puede participar:
Los interinos que formen parte de listas ordinarias que estén disponibles dentro del plazo que se establezca para realizar las peticiones de cada proceso.
Cómo participar:
Para optar a un puesto, el participante deberá realizar un número mínimo de peticiones: el 40% de las sustituciones catalogadas como obligatorias (igual que en los procesos de AISI del inicio de curso).
Si el participante no alcanza el mínimo de peticiones exigido se considera que no ha participado, quedando disponible en listas.
La participación en estos procesos es voluntaria por lo que:
Si no participa no será eliminado de listas y permanecerá disponible en las mismas.
Si no participa no será necesario que aporte justificación de no participar, por ninguna causa.
Aplicación informática:
Las peticiones se realizarán a través de la aplicación informática, autenticándose mediante el sistema Cl@ve.
Si se le adjudica una vacante:
Deberá contactar con la dirección provincial correspondiente para realizar la toma de posesión e incorporarse al centro.

La aplicación de consulta en línea, en el Portal de Educación, que permite consultar a los interinos su posición en tiempo real en las listas de diferentes especialidades, es la siguiente:

Toda la información sobre interinidades haciendo clic en la imagen:

Concurso de Traslados. Curso 2025/2026. PES y O.C. Adjudicación definitiva de destinos.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 08 May 26 07:36:00 CEST

La Resolución de 6 de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (837.5 KB) (4 páginas) publica la parte dispositiva de la Orden de 6 de mayo de 2026, de la Consejería de Educación, por la que se adjudican con carácter definitivo los destinos correspondientes al concurso de traslados de ámbito autonómico entre el personal funcionario de carrera y en prácticas perteneciente a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional a extinguir, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, maestros de taller de artes plásticas y diseño e inspectores de educación, convocado, en el curso 2025/2026, por la Orden EDU/1197/2025, de 22 de octubre, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León..

Anexos que acompañan a la resolución:

Relación definitiva de participantes que han obtenido plaza, ordenados por especialidad y puntuación: Anexo I (2.2 MB) (512 páginas)
Relación alfabética de participantes: Anexo II (5.4 MB) (1428 páginas)
Relación definitiva de alegaciones estimadas, desestimadas y modificaciones de oficio: Anexo III (222.4 KB) (40 páginas)
Relación de participantes que han presentado escrito de desistimiento: Anexo IV (134.3 KB) (4 páginas)

Apartado quinto.- Adjudicación de destinos provisionales.

Los concursantes que, habiendo participado con carácter obligatorio no hayan obtenido destino definitivo, deberán participar en el proceso de adjudicación informatizada de destinos provisionales 2026/2027 (AIDPRO), que se convocará mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos a la finalización del presente curso.

2025/2026

MAESTROS 2025-26	PES Y O.C. 2025-26
RESUMEN DE LAS ADJUDICACIONES DEFINITIVAS
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA	ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
VACANTES DEFINITIVAS	VACANTES DEFINITIVAS
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES	LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES
VACANTES PROVISIONALES	VACANTES PROVISIONALES
LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES	LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES
CALCULADORA DEL BAREMO DE MÉRITOS
CONVOCATORIA y CSIF INFORMA	CONVOCATORIA Y CSIF INFORMA

Licencias por estudios. Curso 2026-2027. Resolución provisional.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 07 May 26 13:22:00 CEST

LISTADO PROVISIONAL DE LICENCIAS CONCEDIDAS Y DENEGADAS:

La Resolución de 7 de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (222.6 KB) (2 páginas) resuelve el listado provisional de licencias concedidas y denegadas en el procedimiento de concesión de licencias por estudios destinadas al personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias para estudios y otras actividades de interés para el sistema educativo, en el curso, en el curso 2026/2027, convocadas por Orden EDU/196/2026, de 25 de febrero.

Plazo de presentación de alegaciones y desistimientos:

Hasta el 14 de mayo de 2026, incluido

Anexos que acompañan a la resolución:

Listado provisional de licencias concedidas y denegadas: ANEXO I (531.1 KB) (2 páginas)
Baremación provisional: ANEXO II (505.9 KB) (7 páginas)
Listado de subsanaciones, alegaciones y desistimientos: ANEXO III (561.5 KB) (4 páginas)

Alegaciones y desistimientos, mediante la cumplimentación y presentación electrónica del formulario disponible en los siguientes enlaces:

Plazo de presentación: hasta las 23:59:59 del día 14 de mayo de 2026

Publicado el 15 de abril de 2026, a las 13:30 h.

LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

La Resolución de 15 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (224.8 KB) (2 páginas) aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento de concesión de licencias por estudios destinadas al personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias para estudios y otras actividades de interés para el sistema educativo, en el curso 2026/2027, convocadas por Orden EDU/196/2026, de 25 de febrero.

Plazo de presentación de alegaciones y desistimientos:

Hasta el 22 de abril de 2026, incluido

Anexos que acompañan a la resolución:

Listado provisional de aspirantes admitidos: ANEXO I (516.7 KB) (3 páginas)
Listado provisional de aspirantes excluidos: ANEXO II (339.7 KB) (1 página)
Subsanaciones: ANEXO III (517.9 KB) (4 páginas)

CONVOCATORIA:

La Orden/EDU/196/2026, de 25 de febrero (1.1 MB) (23 páginas) (BOCYL de 14-mar-2026) convoca licencias por estudios destinadas al personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias para estudios y otras actividades de interés para el sistema educativo, en el curso escolar 2026/2027 y se delega la competencia para su resolución.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes y de la correspondiente documentación será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.: hasta el 18 de marzo de 2026, incluido.

Anexos que acompañan a la orden:

Documentación a presentar: Anexo I (226.4 KB) (1 página)
Baremo para la valoración de méritos: Anexo II (893 KB) (9 páginas)

Apartado Quinto.1 de la convocatoria: Solicitudes.

Quienes deseen solicitar estas licencias deberán cumplimentar y presentar solicitud de participación a través del correspondiente formulario electrónico que estará disponible, al igual que el resto de formularios a los que se hace referencia en esta convocatoria, una vez abierto el oportuno trámite, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en los siguientes enlaces:

Presentación de solicitudes

Desde las 9:00 horas del jueves 5 de marzo hasta las 23:59:59 del miércoles 18 de marzo de 2026

FICHA INFORMATIVA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL_Licencias por estudios (55.7 KB) (1 página)

Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF

jose-luis.narbona.moreno — Mon, 27 Apr 26 10:50:00 CEST

Informe del Sistema Educativo Español 2009–2025 · CSIF Educación Nacional Fuentes: MEFP · OCDE · INE · Eurostat

Los docentes llevan años diciéndolo. Aquí están los datos que lo demuestran.

El análisis más extenso elaborado por una organización sindical sobre el sistema educativo español. 16 años de datos oficiales. 7 bloques temáticos. Más de 80 gráficas.

Resumen Ejecutivo del Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025

Seleccione el informe

ALUMNADO GENERAL

Datos propiedad del estudio Informe del Sistema Educativo de CSIF en todas las Comunidades Autónomas de España

Oposiciones 2026 en CyL. Orden de actuación de los aspirantes en todos los procesos selectivos.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 05 May 26 19:47:00 CEST

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2026, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, por la que se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

La Resolución de 26 de enero de 2026 de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, por la que se anuncia la celebración del sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 24, del día 5 de febrero de 2026, designaba fecha, lugar y hora de celebración del sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos de esta Administración y de sus Organismos Autónomos.

Según el resultado de este sorteo, celebrado en el día 23 de febrero de 2026, el orden de actuación de los aspirantes en todos los procesos selectivos que se convoquen a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, cualquiera que sea la oferta de empleo de la que deriven, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «F», continuándose sucesivamente por orden alfabético, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra.

Valladolid, 24 de febrero de 2026.

El Viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano,(P.D. Orden PRE/1367/2022, de 3 de octubre)El Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración LocalP.S. (Orden PRE/1232/2023, de 26 de octubre)

Fdo.: José Miguel de Elías Hernández

Concurso de méritos para la selección y nombramiento, en 2026, de directores y directoras de centros públicos. Convocatoria.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 05 May 26 07:40:00 CEST

Corrección de errores de la Orden EDU/392/2026 (700.2 KB) (1 página) (BOCYL del 11-may-2026) advertido error en el texto remitido para su publicación de la Orden EDU/392/2026, de 30 de abril, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento, en 2026, de directores y directoras de centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación.

En la página 61, en el Anexo II, dentro del listado de las vacantes correspondientes a la provincia de Valladolid, se elimina la siguiente: I.E.S. PINAR DE LA RUBIA 47005863 VALLADOLID

Se amplía el plazo de presentación de las solicitudes hasta el día 19 de mayo de 2026, incluido.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta corrección de errores se entenderán válidamente presentadas.

La Orden EDU/392/2026, de 30 de abril (1.4 MB) (31 páginas) (BOCYL de 05-may-2026) convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento, en 2026, de directores y directoras de centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de las solicitudes junto con la documentación a que se refiere el apartado sexto será desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, hasta el 15 de mayo de 2026, incluido.

Presentación de solicitudes (apartado Quinto):

Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán cumplimentar y registrar su solicitud conforme al correspondiente formulario electrónico que estará disponible, al igual que el resto de formularios que se citan en esta orden, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www. tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).

Presentación de solicitudes:

Desde las 9:00:00 horas del miércoles 6 de mayo hasta las 23:59:59 horas del martes 19 de mayo de 2026

Anexos que acompañan a la orden:

Baremo de méritos y criterios de elaboración del proyecto de dirección: Anexo I (875.8 KB) (15 páginas)
Vacantes a cubrir: Anexo II (260.9 KB) (5 páginas)

FICHA INFORMATIVA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL_Selec. directores (73.6 KB) (1 página)

Una vez publicadas las resoluciones provisionales del procedimiento en la Dirección Provincial correspondiente, podrá acceder al formulario de alegaciones y subsanaciones en el siguiente enlace:

Oposiciones PES y O.C. 2026 CyL. Cálculo de la ratio definitiva Opositores/plaza.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 30 Apr 26 11:11:00 CEST

Toda la información sobre oposiciones aquí:

Comisiones de servicios. Secciones bilingües y lingüísticas (curso 2026/2027). Convocatoria.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 04 May 26 07:34:00 CEST

CONVOCATORIA

La Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (2.3 MB) (26 páginas) (BOCYL de 4-may-2026) convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2026/2027, de puestos vacantes en las secciones bilingües y lingüísticas en determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación.

Plazo de presentación de solicitudes:

Hasta el 15 de mayo de 2026, incluido

Tercero.– Solicitudes.

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar y presentar solicitud de participación a través del correspondiente formulario electrónico, dirigido a la Directora General de Recursos Humanos. Este formulario, al igual que el resto a los que se hace referencia en esta convocatoria, estarán disponibles, una vez abierto el oportuno trámite, en los siguientes enlaces:

Acceso a la presentación de solicitudes

Desde las 09:00 h. del martes 5 de mayo hasta las 23:59:59 del viernes 15 de mayo de 2026

Anexos que acompañan a la resolución:

Centros con secciones bilingües o lingüísticas (Cuerpo de Maestros): Anexo I (409.5 KB) (8 páginas)
Centros con secciones bilingües o lingüísticas (Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de E. Secundaria): Anexo II (270 KB) (5 páginas)
Órdenes y resoluciones de acreditación de la competencia lingüística: Anexo III (207.3 KB) (4 páginas)

INFORMACIÓN ADICIONAL: 983 41 19 94

Haz clic en la imagen para ver la información publicada relacionada con todas las comisiones de servicio:

Comisiones de servicio para programas de cooperación territorial: competencia matemática y lectora. Curso 2026/2027. Convocatoria.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 04 May 26 07:53:00 CEST

CONVOCATORIA:

La Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (1.1 MB) (22 páginas) (BOCYL de 4-may-2026) de la Consejería de Educación, convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios entre el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, de puestos docentes de mentores y mentoras en la competencia lectora para el desarrollo del Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia lectora en el ámbito de Castilla y León durante el curso 2026/2027.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de las solicitudes y de la correspondiente documentación será desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, hasta el 15 de mayo de 2026, incluido.

Anexos que acompañan a la resolución:

Relación de puestos ofertados: ANEXO I (119 KB) (2 páginas)
Baremo y disposiciones complementarias: ANEXO II (543.8 KB) (10 páginas)

ACCEDA A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:

Plazo de presentación de solicitudes: Desde las 09:00:00 horas del martes 5 de mayo hasta las 23:59:59 horas del viernes 15 de mayo de 2026.

FICHA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS (441 KB) (1 página)

Haz clic en la imagen para ver la información publicada relacionada con todas las comisiones de servicio:

CFIE. Asesores y directores. Convocatoria 2026-27.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 04 May 26 07:44:00 CEST

CONVOCATORIA:

La Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (1.2 MB) (30 páginas) (BOCYL de 04-may-2026) convoca concurso de méritos para la cobertura de puestos vacantes de dirección y asesorías de los centros de formación del profesorado e innovación educativa de la Consejería de Educación.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes y de la correspondiente documentación será desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, hasta el 15 de mayo de 2026, incluido.

Presentación de solicitudes (Apartado 3.1 de la convocatoria):

Quienes deseen participar en esta convocatoria, deberán presentar solicitud a través del correspondiente formulario electrónico que habrán de acompañar de la documentación indicada en el apartado cuarto. Este formulario, al igual que el resto a los que se hace referencia en esta convocatoria, estará disponible, una vez abierto el oportuno trámite en los siguientes enlaces:

Presentación de solicitudes

Desde las 9:00 h. del martes 5 de mayo hasta las 23:59:59 h. del viernes 15 de mayo de 2026

Anexos que acompañan a la resolución:

Plazas vacantes de asesoría: ANEXO I (188 KB) (2 páginas)
Baremo del concurso de méritos: ANEXO II (789.3 KB) (16 páginas)

Ficheros disponibles

Haz clic en la imagen para ver la información publicada relacionada con todas las comisiones de servicio:

Comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema educativo durante el curso 2026/27. Convocatoria.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 04 May 26 08:10:00 CEST

CONVOCATORIA:

La Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos (1.1 MB) (24 páginas) (BOCYL de 4-may-2026) convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema educativo para el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el curso 2026/2027.

Plazo de presentación de solicitudes (apartado quinto de la convocatoria)

Presentación de solicitudes (Apartado Tercero.1 de la convocatoria):

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar solicitud a través del correspondiente formulario electrónico.

Acceso a la presentación de solicitudes a través de los siguientes enlaces:

Presentación de solicitudes desde las 09:00 h. del martes 5 de mayo hasta las 23:59:59 h. del viernes 15 de mayo de 2026

Anexos que acompañan a la resolución:

Tipos de puestos: ANEXO I (137.5 KB) (2 páginas)
Proyectos: ANEXO II (121.3 KB) (2 páginas)
Baremo y disposiciones complementarias: ANEXO III (537 KB) (10 páginas)

Ficha informativa sobre tratamiento de datos de carácter personal: FICHA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS_DETERMINADOS PUESTOS (92.7 KB) (1 página)

Haz clic en la imagen para ver la información publicada relacionada con todas las comisiones de servicio:

Oposiciones 2026. Secundaria y otros cuerpos. Listados definitivos de admitidos y excluidos.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 30 Apr 26 07:34:00 CEST

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2026 (777 KB) (2 páginas) , (BOCYL de 30-abr-2026), de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la resolución de la misma fecha y dirección general, por la que se aprueban los listados definitivos de participantes admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, convocados mediante Orden EDU/2/2026, de 5 de enero.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2026 (190.9 KB) (2 páginas) , de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se aprueban los listados definitivos de participantes admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, convocados mediante Orden EDU/2/2026, de 5 de enero.

Listados definitivos de admitidos y excluidos

Listado definitivo de admitidos, ordenado por especialidad: Listado definitivo de admitidos oposiciones (2.2 MB) (511 páginas)
Listado definitivo de excluidos, con causa de exclusión: Listado definitivo de excluidos oposiciones (223.6 KB) (41 páginas)

Toda la infromación sobre oposiciones aquí:

Calculadora vacacional: ¿Cuántos días de vacaciones generadas y no disfrutadas me van a pagar este verano?

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 09 Apr 26 10:04:00 CEST

Inicio del periodo

Final del periodo

Periodos añadidos

He obtenido una vacante

🧾 ¿Cómo se pagan las vacaciones a los interinos docentes en Castilla y León?

✅ 1. Proporcionalidad

Los interinos generan derecho a vacaciones retribuidas en proporción al tiempo trabajado.

Por cada mes trabajado, se generan aproximadamente 2,5 días de vacaciones.
Si no pueden disfrutar de esos días (por ejemplo, porque finaliza su nombramiento en junio), se les abonarán en la nómina final como parte proporcional.
Si han trabajado más de cinco meses y medio (≈ 165 días) en el curso, los dos meses de verano cuentan solo como servicio a efectos de baremo de oposiciones e interinidades.

✅ 2. Pago en la nómina final

Cuando un interino cesa (por ejemplo, el 30 de junio), en su nómina de fin de contrato se le abonan:

Las vacaciones generadas y no disfrutadas. Estas deben computar como tiempo de servicio. Si no te las han reconocido como tal ponte en contacto con tu sede de CSIF.
La parte proporcional de la paga extra de junio.

✅ 3. Casos especiales: nombramientos de curso completo o vacante

Si un interino:

Tiene una vacante (nombramiento de larga duración), y
Está en activo en julio o agosto (el nombramiento finaliza el 31 de agosto).

Entonces sí puede disfrutar las vacaciones en verano (julio-agosto) como cualquier funcionario de carrera.
→ En este caso, no se pagan aparte, porque se consideran disfrutadas.

❗ Ejemplo práctico:

Si trabajaste desde el 10 de febrero al 25 de junio y no tienes vacante en verano, tu contrato termina en junio.
En tu nómina de junio te pagarán unos 12 días de vacaciones (dependiendo de los días exactos trabajados).

🧑‍🏫 Normativa de referencia:

Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
Instrucciones de final de curso (que cada año especifican cómo se computan y pagan las vacaciones para interinos)

CSIF lanza una campaña de firmas para que todos los centros educativos tengan enfermería.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 09 Sep 25 15:42:00 CEST

Apoyan el Consejo de Enfermería de Castilla y León, la Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León (Confapacal) y numerosas entidades del tejido asociativo de la Comunidad.
La enfermería escolar es clave para la seguridad y la inclusión del alumnado, por lo que CSIF reclama una ley que regule esta presencia en Castilla y León.
Este personal sanitario de los centros educativos liberaría a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con la presencia de los responsables del Consejo de Enfermería y las AMPAs (Confapacal) de los centros públicos de Castilla y León, y el apoyo de otras muchas entidades asociativas de diversas enfermedades de la Comunidad (como TDAH, celiaquía, diabetes, alergias, fibrosis quística, epilepsia…) han lanzado hoy -ante los medios- una campaña de recogida de firmas para impulsar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar en las Cortes autonómicas. El objetivo es garantizar que todos los centros educativos de Castilla y León cuenten con un enfermero o enfermera escolar, “una demanda de la comunidad educativa -docentes y familias- y de la sociedad, y una necesidad sanitaria que hay que cubrir”.

Cada día, miles de alumnos conviven en las aulas con sus enfermedades de larga duración o crónicas que requieren controles, medicación, tratamiento y vigilancia durante la jornada lectiva, También, hay que sumar cualquier emergencia que pueda producirse en el centro educativo, como accidentes, crisis de diferente tipología, indisposiciones, sintomatologías o afecciones propias del otoño-invierno.

“La figura de la enfermera escolar es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados. La presencia de personal sanitario en colegios e institutos no solo protege la salud de los menores, sino que asegura que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos, reduciendo el absentismo escolar. Será un pilar clave beneficioso para el sistema sanitario que la Junta tiene que incorporar ya. Castilla y León no puede quedarse atrás, a la cola, en este asunto. Reforzará el liderazgo de la calidad educativa de Castilla y León en España”, subraya el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro.

Afirma que la implantación del personal de enfermería se estima en un coste de unos 66,6 millones de euros, “un dinero asumible sin problemas, ya que solo supone un 0,48% del presupuesto autonómico, y además que verlo como una inversión en el sistema sanitario de la Comunidad”.

La enfermera es una agente de salud en la comunidad educativa que asiste y promueve y anima los hábitos de vida saludables en los alumnos y -también- en las familias. También, puede colaborar en la educación sexual; y ser un apoyo importante en cuestiones como el bouling u otros trastornos psicológicos que surjan, explica el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz.

Afirma que el trabajo de la enfermería escolar favorece una reincorporación más rápida, a los centros educativos, de alumnos que han requerido procesos hospitalarios largos, por ejemplo, en caso de cánceres infantiles, o que por otras razones asistenciales han estado tiempo sin asistir a clases. Hay estudios que avalan que la atención y la participación de estos estudiantes es mayor, con mejores rendimientos académicos, remarca Ruiz.

Esta asistencia sanitaria de enfermería en el ámbito escolar evita llamadas al 112 o traslados a las urgencias hospitalarias o de los centros de salud. Junto a los aspectos asistenciales, preventivos o formativos, el presidente de los Colegios de Enfermería destaca el de investigación, con la elaboración de estudios y la aportación de datos.

COMPARATIVA CON OTRAS COMUNIDADES Y PAÍSES

La enfermera escolar es una figura que ya está plenamente reconocida con coberturas del 100% en Reino Unido, Francia o Suecia, o del 80% en Alemania. En Estados Unidos, más del 75% de los centros educativos disponen de una enfermera escolar a tiempo completo, señala Enrique Ruiz.

Aunque en España la enfermera escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional (sí en alguna normativa autonómica), comunidades como Madrid o Andalucía ya cuentan con programas de esta asistencia sanitaria específica con coberturas del 70 y del 60%, respectivamente, y en otras empiezan a extender el servicio. En Castilla y León, ahora mismo, no existe ningún reconocimiento y regulación de la enfermera escolar, y tan solo hay 24 enfermeras en toda la Comunidad que atienden a más de un millar de centros.

El número de alumnos por enfermera escolar es de 500 en Reino Unido, 600 en Francia, 700 en Madrid 800 en Andalucía. CSIF quiere, con su iniciativa legislativa, “acercar esas ratios a Castilla y León (en 2023 era de un profesional sanitario por cada 14.000 alumnos), e incluso mejorarlas. Nuestros niños no pueden estar peor. Castilla y León necesita una Ley que garantice una cobertura completa y estable en todos sus centros educativos. “Invertir en enfermería escolar es ahorrar en el futuro, formando adultos más sanos y responsables de su bienestar”, insiste CSIF.

La presidenta de la Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León (Confapacal), María Soledad Alegre, agradece y aplaude la iniciativa legislativa popular que ha impulsado CSIF. Afirma que la enfermería escolar garantiza la atención y el acompañamiento sanitario que requieran los alumnos, algo que tranquiliza a los padres, y favorece la conciliación familiar y laboral. También, reduce el absentismo escolar, favorece mejores resultados académicos y se garantiza, “de verdad”, el derecho a libre elección del centro escolar.

“Si logramos compartir que el sistema educativo busca el pleno crecimiento de los niños y niñas, entenderemos que dentro de los colegios e institutos deben existir perfiles profesiones diferentes que atiendan necesidades diversas”, resalta María Soledad Alegre.

UNA LEY NECESARIA

CSIF registró el pasado 7 de mayo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en las Cortes de Castilla y León. Tras su aceptación por parte de la Mesa de las Cortes, y la validación de los pliegos de firmas, toca la recogida de las firmas, para que las Cortes tengan que votar si aprueba la consideración de la propuesta legislativa. El siguiente paso del Ejecutivo autonómico sería ponerse a trabajar en la redacción de la Ley de Enfermería Escolar que luego tendrá que aprobarse. “Es un camino que lleva su tiempo, pero lo importante es que hemos puesto en la agenda política de los grupos de las Cortes esta necesidad”, afirma CSIF.

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público en CyL. BOCYL 19/12/2025.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 19 Dec 25 07:36:00 CET

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La situación actual viene determinada por la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024 para 2025 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La imposibilidad de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026 antes del uno de enero de dicho ejercicio, conlleva que se mantendrá esta situación de prórroga presupuestaria al inicio de 2026.

Esta circunstancia impide, a diferencia de otros años, que se regule el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público de la comunidad para 2025 y 2026.

La situación de prórroga presupuestaria también se produce a nivel estatal, donde los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantienen prorrogados en este ejercicio 2025 y se mantendrán prorrogados al inicio de 2026. Coyuntura que determina que se haya aprobado el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, para hacer efectiva la parte de los incrementos retributivos correspondientes a 2025 y 2026, estableciendo esta disposición qué partes de la misma tienen carácter básico para todas las Administraciones Públicas.

De este modo, el artículo 1.1 establece el incremento retributivo con carácter básico del Estado para 2025: «En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.» También se establece con carácter básico en el artículo 1.2 que: «La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.»

Igualmente, el artículo 2 establece el incremento retributivo con carácter básico del Estado para 2026: «1. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.»; «2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.» «A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.» Además, en el artículo 2.3 establece: «La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.»

Así mismo, en el artículo 3.1 respecto de la efectividad del incremento salarial determina: «Las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.»

A la vista de la habilitación realizada por el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, el presente decreto-ley establece el incremento máximo de las retribuciones en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

En las medidas que se adoptan en el presente decreto ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y León para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decretos-leyes, según lo establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El decreto-ley permite trasladar en tiempo y forma a la normativa de la Comunidad de Castilla y León los criterios de incremento retributivo para los ejercicios 2025 y 2026. Por lo tanto, es su última finalidad el proceder al reconocimiento de los derechos retributivos de los sujetos afectados, independientemente de las vicisitudes que pueda haber sufrido la tramitación ordinaria de la normativa propia autonómica.

En la redacción de este decreto-ley se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como también los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ningún tipo, más allá de aquellas que obligan a la propia administración autonómica. Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jurídico y con el conjunto de las políticas públicas autonómicas, al tiempo que estimulará su mejor cumplimiento.

Asimismo, se garantizan los principios de responsabilidad, determinándose los órganos responsables de la ejecución y el control de las medidas incluidas en la norma, de accesibilidad, utilizándose una redacción clara y comprensible y una técnica normativa correcta, de eficiencia, puesto que se agilizan procedimientos y se eliminan cargas administrativas, y de transparencia, ya que la norma identifica claramente su propósito y lo explica con detalle. Hay que precisar que no se han realizado los trámites de participación pública previstos en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis 1.b) y 3.b) de dicha ley, que hace posible la excepción cuando en la norma concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan su aprobación urgente.

Este decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Las medidas contenidas en este decreto-ley han sido sometidas a previa negociación en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y ha sido informado por el Consejo de la Función Pública.

En su virtud, haciendo uso de la autorización prevista en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia y a iniciativa conjunta de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de diciembre de 2025

DISPONE

Artículo 1.– Incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Castilla y León para 2025.

1. Con efectos a 1 de enero de 2025, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

4. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2024.

Artículo 2.– Incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Castilla y León para 2026.

1. Con efectos a 1 de enero de 2026, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en el artículo 1º de este Decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026 y, adoptado el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros, se acordará el incremento global resultante que corresponda.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

4. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2025.

Artículo 3.– Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería de la Presidencia para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del presente decreto-ley.

Segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Advertido error en el texto remitido para su publicación, del Decreto-ley 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 244, de fecha 19 de diciembre de 2025, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 13

Donde dice:

«Artículo 3. – Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.»

Debe decir:

«Artículo 3. – Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.»

Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE 03/12/2025.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 03 Dec 25 08:19:00 CET

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Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

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TEXTO ORIGINAL

El Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extiende entre los años 2025 y 2028.

En este acuerdo se prevé para los citados años un incremento salarial que deberán recoger las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, al objeto de tratar el incremento de las retribuciones del personal al servicio público en 2025 y 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se ha reunido la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el 1 de diciembre de 2025.

Como quiera que la situación de prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantiene en la actualidad y se mantendrá al inicio de 2026, se hace necesario aprobar esta norma y hacer efectiva la parte del incremento correspondientes a 2025 y 2026.

En particular, su contenido se limita a regular exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2025 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año, y para aprobar con efectos de 1 de enero de 2026 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026.

De manera más precisa, en 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, establecidos por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y actualizados por el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Y para 2026 se establece una subida salarial consolidable del 1,5 por ciento respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, actualizados en este real decreto-ley, con efectos de 1 de enero de 2026. Adicionalmente, se aplicará otro incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento.

Las normas que regulan el incremento retributivo contenidas en este real decreto-ley, en tanto se les atribuye la naturaleza de norma básica, aplicable a todas las Administraciones públicas, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local.

Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y coordinación con la Hacienda estatal por los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

En las medidas que se adoptan en este real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley, considerando que los objetivos que se pretenden alcanzar no pueden conseguirse mediante la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia. Esta extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en los años 2025 y 2026 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF, que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal. Dada la situación de prórroga presupuestaria es necesaria la aprobación de esta norma que posibilite el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2025 y 1 de enero de 2026.

El contenido material del real decreto-ley se ajusta a las exigencias del precepto constitucional, no sobrepasando sus límites al no regular materias relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

En consecuencia y a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley resulta plenamente justificada.

III

Este real decreto-ley se adecua, igualmente, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente con la explicación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes.

En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, si bien la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se definen claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Igualmente, el principio de transparencia se garantiza mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y posterior remisión a las Cortes Generales para su convalidación en debate público. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía. Este real decreto-ley es dictado al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española y en el artículo 156.1, que atribuyen al Estado la competencia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y coordinación con la Hacienda estatal, respectivamente.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2025,

DISPONGO:

Artículo 1. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2025.

1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

3. Con efectos de 1 de enero de 2025, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena.dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2025, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 2. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2026.

1. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.

2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

3. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

4. Con efectos de 1 de enero de 2026, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en este real decreto-ley, se incrementarán en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en este real decreto-ley, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2026, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 3. Efectividad del incremento salarial.

1. Las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

2. En el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de diciembre de 2025, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Disposición adicional única.

En el ámbito estatal, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar en 2025 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 en los términos del artículo 1.1 y para actualizar en 2026 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 2, así como para dictar las instrucciones necesarias para el abono de las mismas.

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

1. Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y coordinación con la Hacienda estatal, por el artículo 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución Española.

2. El artículo 1, apartados 1 y 2, el apartado 3 salvo los preceptos citados en este que afecten exclusivamente al sector público estatal, el artículo 2, apartados 1, 2 y 3, el apartado 4 salvo los preceptos citados en este que afecten exclusivamente al sector público estatal y el artículo 3 apartado 1 de este real decreto-ley tienen carácter básico.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 2 de diciembre de 2025.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 14 May 24 05:46:00 CEST

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

LEY 5/2024, de 9 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

LEY 5/2024, de 9 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 se elaboran dentro del marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley –entre los que se encuentran las comunidades autónomas– se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades de España que ha superado el nivel de PIB previo a la pandemia. Nuestra economía ofrece en términos macroeconómicos un comportamiento mejor que la media nacional. Sin embargo, el contexto económico internacional y nacional actual no está exento de dificultades, riesgos y desafíos. La falta de dinamismo de los intercambios a nivel global, junto con la persistencia de significativas incertidumbres geopolíticas, están tensionando los mercados y podrían afectar a las cadenas de suministro y a los intercambios comerciales, lo cual dificultaría el descenso de la inflación, que a su vez redundaría en el mantenimiento de la actual política monetaria y en un endurecimiento de las condiciones financieras.

En este contexto, los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024 se han elaborado con un criterio de prudencia, considerando la senda prevista a medio plazo en el marco de la reactivación de las reglas fiscales. Con un objetivo claro de garantizar la equidad y calidad de los servicios públicos, consolidando el ritmo de crecimiento que se ha logrado para seguir generando en Castilla y León oportunidades de futuro, con una fiscalidad moderada, selectiva e inteligente, protegiendo y atendiendo de forma adecuada a todas las personas, vivan donde vivan, apostando por la familia y la juventud, invirtiendo en el desarrollo de las zonas rurales y en la dinamización demográfica como bases de la cohesión social y territorial, impulsando programas de financiación a pymes y autónomos que permitan seguir creando empleo aprovechando las potencialidades de nuestra comunidad, defendiendo nuestros intereses en el marco de la Unión Europea y reafirmando nuestro sólido compromiso con el municipalismo. En definitiva, avanzando hacia una Castilla y León que desarrolle, entre todos, nuevas vías de progreso y modernización para que nuestra tierra pueda responder a los poderosos desafíos que se nos plantean en un mundo globalizado, digitalizado e interconectado.

El pasado 12 de diciembre, el Consejo de Ministros estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para el período 2024-2026, fijando para la Comunidad de Castilla y León un objetivo de déficit del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto regional y un volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del 21,7 por ciento del Producto Interior Bruto regional.

El hecho de que el Estado no haya presentado aún el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 no impide que lo puedan hacer el resto de las Administraciones, dado que en este momento ya están fijados los parámetros en que se materializa el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera para cada una de ellas, requisitos esenciales para la elaboración del proyecto de presupuestos, y se ha comunicado por el Estado el importe de los recursos del sistema de financiación que corresponde a Castilla y León. Sin embargo, no se conocen algunos datos de especial importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, por lo que de manera cautelar los incrementos previstos en esta materia se supeditan a la regulación que establezca el Estado para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Ley se ha elaborado respetando los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2023, sin que el volumen de gasto exceda de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.

Así, la Junta de Castilla y León ha establecido el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2024 en 12.993,64 millones de euros, aprobado por las Cortes de Castilla y León el 7 de febrero de 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

La presente ley recoge los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para su correcta ejecución.

La Ley consta de treinta y siete artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II, destinado al régimen general de los créditos, se divide en dos capítulos. En el primero se regula el destino de los créditos y en el segundo la gestión de los gastos.

El título III trata de determinadas modificaciones de créditos.

El título IV se refiere a los gastos en materia de personal del sector público autonómico, y comprende dos capítulos: el primero destinado a los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal y el segundo a otras disposiciones en materia de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, que tratan respectivamente de las garantías y del endeudamiento, regula las operaciones financieras.

El título VII establece las cuentas que deben rendir las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX define la información a remitir a las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1.– Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad, que incluye el de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad, y el de la Política Agrícola Común.

b) Los presupuestos de los organismos autónomos Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

c) Los presupuestos de los entes públicos de derecho privado Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

d) Los presupuestos de explotación y de capital de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

e) Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones públicas Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Fundación Santa Bárbara, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León.

f) Los presupuestos de explotación y de capital del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ente público de derecho privado con el régimen presupuestario de las fundaciones públicas.

Artículo 2.– Aprobación de los créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, que incluye el de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y el de la Política Agrícola Común, por un importe total de ingresos y gastos de 13.150.669.634 euros.

En el estado de gastos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 12.189.061.812 euros.

En el estado de gastos de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 37.186.753 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 23.039.160 euros, al Procurador del Común por importe de 2.069.409 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 5.541.350 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 2.078.134 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.807.260 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.199.530 euros.

En el estado de gastos de la Política Agrícola Común (PAC) se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 924.421.069 euros.

2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por un importe de 1.338.291.354 euros.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por un importe de 4.737.263.022 euros.

4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 327.810.396 euros.

5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 257.598.680 euros.

6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 47.809.049 euros.

7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 88.673.496 euros.

8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.409.502 euros.

9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad se agrupan en programas y subprogramas. Su importe se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros
Deuda pública	1.784.512.335
Justicia	54.630
Seguridad ciudadana	19.032.513
Pensiones y otras prestaciones económicas	166.124.339
Servicios Sociales y promoción Social	1.194.163.027
Fomento del empleo	436.913.059
Vivienda y urbanismo	112.179.000
Sanidad	4.812.765.002
Educación	2.688.649.002
Cultura	152.819.530
Agricultura, ganadería y pesca	1.497.089.801
Industria y energía	228.628.244
Comercio y turismo	82.217.390
Infraestructuras	649.302.109
Investigación, desarrollo e innovación	210.037.869
Otras actuaciones de carácter económico	173.843.607
Alta dirección de la Comunidad	51.179.827
Administración general	125.688.096
Administración financiera y tributaria	50.262.209
Transferencias a administraciones públicas	127.032.528
TOTAL	14.562.494.117

10. Se aprueban los presupuestos de explotación y de capital de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad con su mismo régimen presupuestario con sus correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital:

a) Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 83.137.503 euros.

Presupuesto de capital: 366.457.776 euros.

b) Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 33.624.204 euros.

Presupuesto de capital: 51.201 euros.

c) Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 10.411.069 euros.

Presupuesto de capital: 92.670 euros.

d) Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 3.065.614 euros.

Presupuesto de capital: 5.000 euros.

e) Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 30.279.355 euros.

Presupuesto de capital: 2.693.738 euros.

f) Fundación Santa Bárbara:

Presupuesto de explotación: 2.766.984 euros.

Presupuesto de capital: 2.734.820 euros.

g) Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 22.105.846 euros.

Presupuesto de capital: 165.000 euros.

h) Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 5.783.932 euros.

Presupuesto de capital: 1.667.129 euros.

i) Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 858.416 euros.

Presupuesto de capital: -444.507 euros.

j) Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 4.199.698 euros.

Presupuesto de capital: -125.855 euros.

k) Consejo de la Juventud de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 856.240 euros.

Presupuesto de capital: -65.650 euros.

Artículo 3.– Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 3.176.122.000 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.– DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4.– Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2024 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud se hará tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria como al de proyecto de gasto que determine la consejería competente en materia de hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 0522.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 11 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

d) Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

e) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

CAPÍTULO II.– DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5.– Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de su asignación a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6.– Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueren insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7.– Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8.– Contratos y encargos.

1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros. Una vez autorizado un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición, no será necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León para la celebración de contratos basados o específicos que deriven de aquéllos.

Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la autorización del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la autorización del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no será necesaria si la Junta de Castilla y León hubiera tenido previamente ocasión de autorizar o conocer el expediente por cualquier causa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a los encargos que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a los medios propios personificados.

7. De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la consejería competente en materia de hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 9.– Convenios y encomiendas de gestión.

1. Los convenios que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 10.– Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con algún ingreso finalista requerirá un informe previo con toda la información técnicamente relevante para tramitar la modificación. El informe será emitido por:

a) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística cuando se trate de los fondos europeos a que se refiere el artículo 1, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/1060, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE+, al Fondo de Cohesión, al FTJ y al FEMPA, así como las normas financieras para dichos fondos, o norma que lo sustituya.

b) El secretario técnico del Organismo Pagador cuando las modificaciones afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER.

c) El centro directivo gestor en el resto de casos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2024 y excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la consejería competente en materia de hacienda, que tendrá carácter vinculante.

5. En 2024 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.

6. Si una modificación de crédito requiere la creación de nuevos subconceptos presupuestarios, éstos se crearán por el centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 11.– Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para el año 2024 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 0206.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de las vacunas incluidas en los programas vacunales.

d) Los consignados en la partida 0522.312A01.4800Z «Farmacia».

e) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

f) Los destinados a abonar los importes que procedan por las deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León generadas en el IRPF y no aplicadas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

g) Los consignados en la partida 0304.412C01.77052 «Seguros agrarios».

h) Los destinados al pago de actuaciones excepcionales ocasionadas por catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, que deberán ser declarados expresamente como tales por la Junta de Castilla y León.

i) Los consignados en la partida 0921.231B06.48071 «Ayudas a la natalidad».

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.– DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 12.– Normas generales.

1. Con efectos a 1 de enero de 2024, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

3. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2023.

Artículo 13.– Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios, que serán iguales a las de los funcionarios de la Administración del Estado para cada uno de los grupos en que se clasifiquen los Cuerpos o Escalas.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, el complemento de carrera profesional mensual en la categoría que se tenga reconocida de acuerdo con su grupo o subgrupo de pertenencia, el complemento específico percibido en el mes de devengo, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que serán iguales a las fijadas para los funcionarios de la Administración del Estado.

c) El complemento de destino, cuya cuantía será igual a la fijada por la Administración del Estado. No obstante, se mantienen a título personal las retribuciones del personal del Grupo E / Agrupaciones Profesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la Ley 6/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con su contenido, especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

e) La cuantía global del complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada sección y programa, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2023, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

f) El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera profesional horizontal del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2023. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

g) El complemento de consolidación punto 4º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

h) Los complementos personales y transitorios se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2024 incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

i) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en horarios nocturnos, así como en sábados, domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de noche y turno de sábados, domingos y festivos, respectivamente, por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

j) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

k) El personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

Artículo 14.– Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta.

1. Durante el año 2024, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2023 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2024, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2024, deberá solicitarse a la consejería competente en materia de hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2023.

Artículo 15.– Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2024 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 13 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 13 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007, de 7 de marzo.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2023, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a las asignadas para el ejercicio 2023.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2023.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2023. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

5. Durante el año 2024 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2023 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

7. Los contratos de alta dirección que se celebren durante el año 2024 deberán remitirse, al menos con 20 días de antelación a su formalización, para su autorización a iniciativa conjunta de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes preceptivos y vinculantes de los respectivos centros directivos. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos sin autorización.

Cuando sea necesaria alguna otra aprobación previa a la celebración del contrato, la autorización se recabará con anterioridad a aquélla.

Artículo 16.– Altos cargos.

1. La retribución para el año 2024 del presidente de la Junta de Castilla y León será como máximo la que se establezca para el ministro del gobierno, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2023. A esta retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2024 del vicepresidente y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán como máximo las que se establezcan para el secretario de estado, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023. A estas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios, los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo, así como las del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes, así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2024 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca para el subsecretario de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

El sueldo para el año 2024 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para el director general de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2023 en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley.

2. Para el año 2024 a los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2023 derivados del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad y carrera profesional que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición. Así mismo, podrán percibir el complemento de productividad que, en su caso, se les asigne de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. El presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la consejería competente en materia de hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

5. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 17.– Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 18.– Retribuciones de los cargos directivos de los entes públicos de derecho privado, las empresas y fundaciones públicas, y otras entidades del sector público institucional de la Comunidad.

1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las entidades del sector público institucional de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizados, con carácter previo a su designación o contratación, por la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, vista la propuesta de la persona titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

2. Las retribuciones que deban autorizarse en el ejercicio 2024 no podrán ser superiores a las establecidas para los altos cargos a los que estén asimilados los puestos, o para los directores generales de la Administración General de la Comunidad, en su defecto.

3. Las retribuciones de los puestos antes mencionados que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiere corresponderles.

4. Las obligaciones contenidas en este artículo se aplicarán a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco serán de aplicación a los organismos autónomos.

Artículo 19.– Otros contratos de alta dirección.

1. Los contratos de alta dirección no contemplados en el artículo anterior que se celebren durante el año 2024 dentro del sector público institucional de la Comunidad deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

2. Las retribuciones máximas de estos contratos no podrán ser superiores a las establecidas para los directores generales de la Administración General de la Comunidad.

3. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

4. Cuando sea necesaria la aprobación del contrato por el órgano de gobierno de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a aquélla.

5. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente artículo a los organismos autónomos.

CAPÍTULO II.– OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 20.– Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, y para las modificaciones de plantillas o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2024 será preciso informe previo de la consejería competente en materia presupuestaria para determinar o modificar las condiciones de trabajo, así como para las modificaciones de las plantillas o de las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos que conlleven variación en el gasto público.

Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del párrafo anterior, se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

2. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente apartado a los organismos autónomos.

3. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos que sean superiores a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21.– Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

A lo largo del ejercicio 2024 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio.

Artículo 22.– Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con duración determinada, con cargo a los créditos de gastos de personal.

1. Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.

a) Durante el año 2024, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

La ampliación de la duración del nombramiento de personal funcionario interino autorizado para la ejecución de programas de carácter temporal, sólo procederá en los casos de necesidad debidamente justificada, con autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

b) Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de sustitución de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los contratos laborales que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

c) La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario, de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como de los puestos de trabajo de personal docente en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación.

Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la consejería competente en materia de educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

d) Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral con duración determinada para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta o que presten servicios en el operativo de prevención y extinción contra incendios forestales.

e) Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

f) Durante 2024 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Otras entidades del sector público autonómico.

a) Durante 2024 no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda en aquellos entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

b) En el ámbito de aquellas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el apartado 1.b) de esta disposición, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales, en que sí se requerirá dicha autorización.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 23.– Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2024 contratos laborales de duración determinada en las modalidades previstas por la legislación aplicable.

2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados, a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieren derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación de personal laboral temporal podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual y sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación aplicable a la modalidad de contratación de duración determinada de que se trate.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas respecto de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

Artículo 24.– Contratos de actividades científico-técnicas.

1. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2024 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, requerirán autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2024, en el mismo marco del apartado 1 de este artículo, en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, requerirán autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesaria dicha autorización en los entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

3. No se requerirá el trámite de autorización previa en aquellos contratos que estén vinculados en su totalidad a financiación externa o a financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva.

4. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 25.– Indemnizaciones por razón del servicio.

Las indemnizaciones por razón del servicio se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley. Sus cuantías podrán verse actualizadas durante el año 2024 de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Las indemnizaciones o suplidos del personal al que se refiere el artículo 14 no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

TÍTULO V

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 26.– Disposiciones generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local,-que figura como anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 27.– Convenios con entidades locales.

No obstante lo establecido en el artículo 9.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la autorización del gasto que del mismo pudiere derivarse.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.– DE LAS GARANTÍAS

Artículo 28.– Avales.

1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiere conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2024 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

3. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2024 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2024 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 29.– De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.– DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 30.– Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto a la capacidad de endeudamiento de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 31.– Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A ella le corresponde, asimismo, la autorización del gasto de dichas operaciones.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2024, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

Artículo 32.– Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2024 hasta un importe de 1.545.357.708 euros de conformidad con lo previsto en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

a) Las operaciones de crédito que se formalicen por el importe de las amortizaciones anticipadas de deuda que efectúen los entes que integran el sector público autonómico, excluida la Administración General, así como aquellas que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de dichos entes, como consecuencia del proceso de reestructuración del sector público autonómico, o de la reordenación de su endeudamiento.

b) Las operaciones de crédito que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público autonómico.

c) Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento.

d) El endeudamiento no formalizado a lo largo del ejercicio por los entes del sector público autonómico en relación con el inicialmente previsto.

3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

4. A la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 33.– Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas o en el subsector de sociedades no financieras públicas según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. Durante el ejercicio 2024, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 25.000.000 euros.

3. No obstante, el límite establecido en el apartado anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO VII

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTROS ENTES

Artículo 34.– Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Sin perjuicio de lo previsto en el capítulo III del título VI de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, las empresas públicas, las fundaciones públicas y los demás entes con el mismo régimen presupuestario que éstas remitirán copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión cuando proceda su emisión, a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia al centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 35.– Consejos reguladores.

Los consejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 36.– Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.

1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto de las cantidades exigibles en el año 2023. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

2. Las tasas que, conforme a su normativa específica sean gestionadas mediante liquidación administrativa, se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

3. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

4. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería respectiva y previo informe del centro directivo competente en materia de tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

TÍTULO IX

REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 37.– Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la consejería competente en materia de función pública a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.– Prestación de servicios sociales.

1. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y su organismo autónomo, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrán formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica que forman parte de la Confederación de Caritas Española, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) y la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter autonómico, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas autonómicos de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto, aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

Tercera.– Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjere una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjere una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable.

3. Las diferencias retributivas que pudieren producirse en el caso del personal transferido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiere ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Cuarta.– Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de sus costes, así como cuanta información adicional le sea requerida a tal efecto.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2024 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de la Comunidad, deberá contarse con la autorización de la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

Quinta.– Planes y programas de actuación.

Corresponde al centro directivo competente en materia de presupuestos emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Sexta.– De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común» por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Séptima.– Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2024, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Octava.– Conciertos educativos.

1. Durante 2024 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

2. A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los importes de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2024 serán los que se detallan seguidamente:

a) Módulos de «otros gastos» y «personal complementario» en enseñanzas de Educación Especial:

EDUCACIÓN ESPECIAL
I. Educación Básica/Primaria. Plurideficientes
Otros gastos	10.431,11
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	27.495,59
II. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes
Otros gastos	13.137,16
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	41.271,70

b) Módulos de «otros gastos» para centros de Formación Profesional:

Serán los establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor, incrementados en las cuantías detalladas en la siguiente tabla para asumir la obligación de inclusión, en el sistema de la Seguridad Social, del alumnado que lleve a cabo la formación en empresa u organismo equiparado, de acuerdo con la organización correspondiente a cada ciclo formativo.

	Cuantía por unidad	Cuantía por alumno
Formación Profesional Básica (20 alumnos)	878,40	43,92
Grado Medio (30 alumnos)	1.462,80	48,76
Grado Superior (30 alumnos)	1.462,80	48,76

La cuantía correspondiente a cada centro se pagará de forma efectiva finalizado el curso escolar en función del número de alumnos que haya realizado las prácticas, previa justificación.

c) Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria se regirán por lo establecido al efecto en la ley de presupuestos generales del Estado en vigor.

Novena.– Plan Plurianual de Convergencia Interior y ayudas.

1. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar de los créditos necesarios en la forma en que se establezca en la norma que apruebe dicho mapa, con un máximo de 25 millones de euros, al Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior, previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

En el caso de que estas modificaciones afecten a créditos de distintas secciones, la autorización corresponderá a la Junta de Castilla y León.

2. El incremento experimentado en las trasferencias del Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma al que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2015 hasta el último ejercicio presupuestario vigente, tendrá la naturaleza de ayudas de la cooperación económica local general para el fomento de las mancomunidades y para el fomento de medidas para hacer frente a los desafíos demográficos en las pequeñas entidades locales, en la proporción que determine el Consejero competente en materia de administración local.

Décima.– Especialidad referida a la gestión de los fondos de los planes Next Generation EU y de otros fondos europeos.

1. Los contratos y sus modificaciones, los encargos y encomiendas a otros órganos o entidades de la Administración de Castilla y León o de otra Administración, las subvenciones, salvo las concedidas directamente por la Administración por razones que dificulten su convocatoria pública que sean superiores a 500.000 euros, los convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas y los convenios con entidades locales que tengan por objeto ejecutar actuaciones financiadas con los fondos de los planes Next Generation EU, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el Fondo Social Europeo Plus, con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, no precisarán autorización de la Junta de Castilla y León. En estos casos, cuando los importes superen los establecidos en los artículos 8.1 y 9.1, respectivamente, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León, en un plazo de 15 días, la autorización del gasto en el caso de contratos y encargos a medios propios y sus modificaciones, o bien la concesión de la subvención, la formalización de la encomienda de gestión, o la suscripción del convenio.

2. Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones, que estén financiadas total o parcialmente por los fondos europeos mencionados en el apartado anterior, precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen 1.000.000 de euros.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.

Uno. Imputación de las operaciones de gasto.

La imputación de las operaciones de gasto del presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 se realizará del siguiente modo:

1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos aprobados por la presente ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 no existiere el mismo crédito que en el presupuesto prorrogado o, existiendo, su dotación fuere insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad remitirá al respectivo servicio gestor una relación de las operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2024 con la especificación de los distintos expedientes afectados. El servicio gestor, en el plazo de treinta días, deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la mencionada relación.

3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio retenciones de crédito de no disponibilidad por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El Servicio de Contabilidad aplicará dichas retenciones a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

4. Hasta el momento en que se realicen las actuaciones relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en el apartado anterior, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

5. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de las anulaciones a las que se refieren los apartados anteriores se efectuará por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

6. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

Dos. Modificaciones presupuestarias.

La Consejería de Economía y Hacienda determinará cuáles de las modificaciones presupuestarias realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2024. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiere ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Segunda.– Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.– Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 9 de mayo de 2024.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

Oposiciones Docentes 2024

admin — Thu, 08 Feb 24 05:53:00 CET

ConvocatoriasEmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCastilla y León - Educación Image

PLAZAS

NOTA: Recuerde que tiene que tener habilitadas las ventanas emergentes para ver la distribución de plazas de los distintos cuerpos.

CONVOCATORIAS

Principado de Asturias	Plazo hasta el 30 de noviembre de 2023	Navarra	Plazo hasta el 14 de diciembre de 2023
Murcia	Plazo hasta el 20 de diciembre de 2023	Castilla y León	Maestros.Plazo hasta el 22 de diciembre de 2023 Secundaria.Plazo desde el 10 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024
Comunidad de Madrid	Estabilización: Plazo hasta el 10 de enero de 2024 Reposición: pendiente	Extremadura	Plazo hasta el 10 de enero de 2024
Cataluña	Plazo hasta el 19 de enero de 2024	Comunidad Valenciana	Plazo hasta el 15 de enero de 2024
Andalucía	Plazo hasta el 19 de enero de 2024	Cantabria	Maestros: Plazo del 21 de febrero al 11 de marzo de 2024 Otros cuerpos: Plazo del 30 de marzo al 18 de abril de 2023
Aragón	Cuerpo de Maestros (reposición) Cuerpo de EE.MM (reposición) Cuerpo de EE.MM (estabilización) Plazo de presentación de solicitudes Desde las 00:00 del jueves 8 de febrero hasta las 23:59 del martes 27 de febrero, ambos inclusive.

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DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 31/03/2023.

admin — Fri, 31 Mar 23 05:48:01 CEST

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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

–I–

El presente texto normativo versa sobre la materia del empleo público, sobre el régimen de «derechos y deberes» de dichos empleados, específicamente en relación a la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Constitución Española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, nuestra Norma Suprema obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según se establece en los artículos 23.2 y 103.3.

La modernización y mejora de la Administración Pública ha constituido un objetivo permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato constitucional de contar con una Administración eficaz en su actuar al servicio de los intereses generales.

Por otro lado, las Administraciones Públicas han tenido que hacer frente a desafíos derivados de importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su labor de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. Cambios que han afectado y afectan con especial intensidad a las organizaciones públicas, las cuales afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos. Todos estos objetivos de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la Administración, como es su capital humano.

La norma utiliza el cauce excepcional del Decreto Ley para modificar el régimen jurídico general de la jornada laboral semanal de los empleados públicos autonómicos, bajo la concurrencia de causas de extraordinaria y urgente necesidad.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a imagen y semejanza de la potestad atribuida al Gobierno de la Nación por el artículo 86 de la Constitución, atribuye a la Junta de Castilla y León en su artículo 25.4, la potestad de dictar normas con rango de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que no podrán afectar a la reforma del Estatuto, a la regulación y fijación de la sede o sedes de las instituciones básicas de la Comunidad, al régimen electoral, al presupuestario, al tributario y al de los derechos previstos en el Estatuto, ni tampoco regular materias para las que el propio Estatuto exija para su aprobación una ley de Cortes.

La figura del Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del gobierno.

Más allá de consideraciones políticas, o de conciencia social, que puedan reforzar la posición de los empleados públicos, ya que han jugado un papel fundamental durante estos años, especialmente durante la pandemia provocada por la Covid-19, garantizando la sanidad, la educación o los servicios sociales, y manteniendo en funcionamiento la Administración Autonómica para asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos de Castilla y León, la perspectiva estrictamente jurídica de su fundamentación es la única que debe apreciarse para analizar los motivos de la urgencia.

Qué duda cabe que la jornada laboral semanal, como derecho del empleado al descanso en cada periodo de siete días, es una submateria poliédrica, y que, por ello, admite muchos puntos de vista en su análisis y se proyecta sobre importantes derechos, cuya afectación, suficientemente explicada, sirve de fundamento para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de su modificación por este cauce extraordinario.

Además, razones de Justicia justifican que esta medida prevista en el texto normativo se extienda a todos los servidores públicos autonómicos, con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen, referidos a la Administración General y a los Organismos Autónomos. La universalidad que fundamenta esta reforma evita así la discriminación entre grupos y sectores.

En definitiva, la determinación del régimen jurídico del «tiempo de prestación de servicios de los empleados públicos», en cualquiera de sus vertientes o instrumentos –ya sea de jornada semanal, pero también del régimen de la jornada diaria, o de las vacaciones, permisos o licencias–, aunque sean generadores de derechos autónomos y que persiguen teleológicamente objetivos distintos, puede llegar a constituir causa de extraordinaria y urgente necesidad en su definición, concreción o modificación, en función de la situación fáctica real existente y circunstancias concurrentes al momento de su análisis, cuya motivación se pasa a desarrollar.

En primer lugar, el motivo del cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria y de limitación de los presupuestos públicos, derivado de la situación económica, puede afectar de forma muy importante al régimen de la jornada laboral semanal y fundamentar la urgencia de su modificación.

Se debe recordar que la jornada de trabajo de treinta y cinco horas semanales en el empleo público fue aprobada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con un carácter estable y permanente, a través del Decreto 134/2002, de 26 diciembre. La determinación de dicha jornada y horario del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adoptó al amparo de las competencias que le corresponden a la Comunidad.

Sin embargo, en el año 2011, la importante desviación del saldo presupuestario estimada para el conjunto de las Administraciones Públicas respecto al objetivo de estabilidad comprometido, determinó que el Gobierno de la Nación adoptase medidas de carácter urgente, que se plasmaron en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Una de las medidas acordadas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, fue el establecimiento, a partir del 1 de enero de 2012, aunque sólo para la Administración del Estado, de la jornada ordinaria de trabajo de promedio semanal no inferior a treinta y siete horas y treinta minutos.

El resto de Administraciones Autonómicas no fueron ajenas a este escenario, marcado por la ineludible necesidad de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de acelerar la reducción del déficit público. Así, las Cortes de Castilla y León aprobaron en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, un Título IV en el que se recogieron varias medidas en materia de personal destinadas a contribuir a la consecución de esos objetivos macroeconómicos, incluyendo ya para la Administración de la Comunidad la previsión de fijar en siete horas y treinta minutos el promedio diario de trabajo efectivo, lo que, en definitiva, conllevaba la jornada semanal de treinta y siete horas y treinta minutos, y su pormenorizada regulación a lo largo de sus tres Capítulos en los diferentes ámbitos –general, educativo y sanitario–.

Poco después, la jornada semanal de treinta y siete horas y treinta minutos se generalizó para el sector público del conjunto de Administraciones Públicas, y con carácter básico, por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Durante las pasadas legislaturas se ha trabajado intensamente por lograr los objetivos de consolidación fiscal aplicando una política fiscal y presupuestaria orientada a la reducción del déficit público que generara crecimiento económico y empleo.

Esta política fiscal y presupuestaria rigurosa combinada con la aplicación de las ambiciosas reformas estructurales aprobadas ha dado buenos resultados, prueba de ello es que se ha avanzado en el cumplimiento de las reglas fiscales y se ha recuperado la senda del crecimiento económico, restableciendo así la confianza internacional en la economía española y aumentando la recaudación tributaria. Todo ello está permitiendo de forma paulatina, con un impacto económico acorde a las posibilidades financieras, la compensación de los esfuerzos realizados.

Los empleados públicos han contribuido con un esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal.

A medida que aquella crisis se fue superando, progresivamente los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al igual que los del Estado y del resto de las Comunidades Autónomas, han ido recuperando los derechos que se vieron afectados por la situación económica. Así, en el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015/2019, que fue firmado el 29 de octubre de 2015 por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las Organizaciones Sindicales Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), se pactaron diversas acciones encaminadas a la progresiva retirada de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias, en materias tales como la devolución de la paga extraordinaria o la recuperación de los días adicionales de vacaciones por antigüedad.

El 25 de julio de 2017, la comisión de seguimiento del citado Acuerdo Marco pactó que «Cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de treinta y cinco horas, la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata».

Desde esta perspectiva económica, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, estableció con carácter básico que podrían retomar la jornada de treinta y cinco horas aquellas Administraciones que, cumpliendo el objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas, hubiesen cumplido determinados objetivos de déficit, deuda y regla de gasto.

La notificación oficial de que el Gobierno de Castilla y León había tenido éxito en el cumplimiento de estos tres objetivos se produjo en mayo de 2019, por lo que la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco pactó, con fecha 21 de mayo de 2019, recuperar la jornada laboral de treinta y cinco horas, volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2012, de 28 de febrero. La implantación efectiva de la jornada de treinta y cinco horas se realizaría a partir del 1 de junio de 2019.

No obstante, el establecimiento de la jornada de treinta y cinco horas semanales para los más de ochenta mil empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no pudo llevarse a cabo debido a su elevado impacto económico, en un momento caracterizado por la falta de ingresos, agravada por la pandemia en los años 2020 y 2021, y posteriormente por la crisis mundial derivada de la invasión de Ucrania, y todo ello con un sistema de financiación autonómica que la Junta de Castilla y León ha propuesto reiteradamente mejorar.

Ahora bien, en el actual contexto de recuperación económica, en el que la Comisión Europea acaba de elevar a un 1,4% las perspectivas de crecimiento del PIB español en 2023, y prevé que la economía española registre un crecimiento superior al previsto para la zona euro y para la propia Unión Europea, el propio Estado ha modificado su normativa básica sobre jornada semanal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2023, no previendo ya requisitos de estabilidad presupuestaria, y exigiendo sólo a la Administración correspondiente el control de la temporalidad en el empleo público.

Como la Administración de la Comunidad de Castilla y León dispone de la suficiencia financiera adecuada para acometerlo, es el momento de retomar de forma inmediata el compromiso asumido en 2019, poniendo fin a una medida que, debemos recordar, se estableció con un carácter temporal y excepcional.

En segundo lugar, la importancia del factor temporal en el ejercicio de la potestad autoorganizatoria de la Administración es otro de los motivos que amparan la urgencia.

Es preciso disponer de un margen temporal adecuado entre la modificación legal necesaria y la fecha acordada para el comienzo de la aplicación de la medida de la reducción de la jornada de trabajo semanal.

Además, es esencial que la implantación de la nueva jornada se lleve a cabo sin que se vean afectados los servicios públicos ni el nivel de calidad de las prestaciones, teniendo en cuenta la complejidad organizativa de la Administración castellano y leonesa, en la que prestan servicios más de ochenta mil personas.

La urgencia de la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas deriva de la necesidad de organizar cuanto antes la jornada de los empleados públicos, de forma muy especial en los ámbitos sanitario y educativo y, en todo caso, con un margen temporal suficiente que permita la adecuada adaptación tanto al período estival como al inicio del próximo curso escolar.

En efecto, en el presente caso resulta evidente que, de seguirse la tramitación legislativa ordinaria, la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas semanales para los empleados públicos se demoraría en exceso.

Significativamente, por lo que respecta al personal docente que presta sus servicios en centros públicos no universitarios, la recuperación efectiva de la jornada no podría tener lugar hasta el curso escolar 2024-2025, debido a necesidades ineludibles de planificación, puesto que, una vez iniciado el curso escolar 2023-2024, la implantación práctica de la jornada de treinta y cinco horas resultaría totalmente inviable, ya que se alteraría por completo la organización del curso en perjuicio no solo de los empleados públicos, sino también de los alumnos. Otro tanto ocurriría en entornos complejos, como el hospitalario, donde la reorganización de agendas y cuadrantes de personal, ante los turnos de vacaciones, y la consiguiente necesidad de contratación de personal sustituto, deben ser organizados con suficiente antelación antes de que comience el verano, con el fin de evitar que la adecuada prestación del servicio se vea perjudicada.

En tercer lugar, la motivación del incremento del empleo público que puede conllevar la adopción de la reducción de la jornada semanal, en un entorno social castigado por las cifras de desempleo, también justifican la urgente necesidad.

Efectivamente, ante la garantía de que con la implantación de la medida en ningún caso se va a resentir la calidad en la prestación de los servicios públicos, su puesta en marcha lógicamente ha de conllevar la creación de nuevos puestos de trabajo públicos.

La necesidad de impulsar el crecimiento económico con la mayor celeridad posible para contribuir a la creación de empleo público también puede justificar la concurrencia de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución española para recurrir a la figura del Decreto Ley.

En cuarto lugar, el motivo de protección de la necesaria conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo, también se ve afectado de forma importante por el régimen de la jornada laboral semanal, y fundamenta la concurrencia de urgencia en su modificación.

El número de horas de trabajo del empleado, y el modo en que se distribuyen, qué duda cabe que repercute en el tiempo libre que le resta para el desarrollo de sus actividades personales, bien con la familia o de carácter social, en definitiva, en las condiciones de bienestar del empleado.

La Constitución Española recoge en su artículo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición. En el artículo 39.1, el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en el artículo 9.2, atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con importantes reformas legislativas, como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas, en un marco más amplio de política de familia.

Por su parte, en el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio.

La reducción de la jornada laboral semanal de las treinta y siete horas y treinta minutos actuales a las treinta y cinco horas que contempla la norma, supone una indudable ventaja en la conciliación de la vida laboral con la vida personal, familiar y social de los empleados públicos.

Como cualquier trabajador cuando intercambia con la empresa parte de su tiempo vital, ofreciéndole su fuerza de trabajo, física y/o intelectual, el empleado público conserva su condición humana, siendo así que el tiempo de trabajo no puede imposibilitar que disfrute de sus derechos y el desarrollo de su personalidad, es decir, no se desprende de su humanidad. Se trata de elementos indispensables para que la dignidad del empleado público como persona sea protegida, erigiéndose en la actualidad un entramado de derechos en virtud de los cuales se propicia la conciliación de la vida personal, familiar y social.

En definitiva, resulta deseable y necesario que el empleado público disponga cuanto antes de tiempo suficiente para la realización de actividades de tipo personal, además de poder desarrollar una adecuada vida familiar, y poder participar en la vida social. También resulta adecuada la posibilidad de que se ofrezca la opción de la mejora de su cualificación educativa, cultural y profesional, permitiendo estas situaciones el derecho fundamental consistente en el libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución Española.

Además, resulta necesario proteger las necesarias atenciones a los hijos y familiares. La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de los últimos decenios, que hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas, y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

La medida contemplada en el proyecto de reducción de la jornada de trabajo semanal afecta a ambos sexos, e incide especialmente en potenciar la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres en la asunción de esas atenciones familiares –cuidado de hijos y familiares–, mediante la adopción de una de las llamadas acciones positivas, cumpliendo en este sentido el mandato dirigido a todos los poderes públicos de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal.

El favorecimiento de la asunción igualitaria de responsabilidades familiares, exige una actuación urgente y necesaria por parte de la Comunidad Autónoma, puesto que más de la mitad de la plantilla de la Administración Autonómica, las empleadas públicas, está viendo afectados sus derechos. Un mayor retraso en su aplicación, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que no puede ser asumido por una sociedad moderna como la nuestra.

Por ello, se precisa la adopción urgente de medidas, como la adoptada en este Decreto Ley, que buscan promover la conciliación de la vida personal, familiar y social, eliminando, o al menos reduciendo, desequilibrios y fomentando la mejor conciliación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la convicción de que dicha medida promoverá una mayor responsabilidad social en la Administración autonómica, en beneficio de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la sociedad en general.

Por ello, ya el I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León, aprobado por el Acuerdo 19/2021, de 18 de febrero, de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. de 22 de febrero de 2021), previó en su eje 4 el fomento de la inclusión de medidas de carácter transversal para la Administración Autonómica en lo que respecta a la ordenación del tiempo de trabajo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con los objetivos específicos de garantizar las medidas de conciliación en todas las organizaciones, desde el enfoque de género, y mejorar y aumentar las medidas de conciliación vigentes. En particular, se establecen una serie de medidas para el logro de estos objetivos, medidas que van dirigidas a hombres y a mujeres sin excepción, con el fin de facilitar a todas las empleadas y empleados públicos la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En quinto lugar, otro motivo indudable que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la norma es la adopción de medidas de protección social, mediante una jornada de trabajo más adecuada.

El establecimiento de altos ritmos de trabajo tiene una alta incidencia en la prevención de riesgos laborales. El número de horas de trabajo y el modo en que se distribuyen indudablemente repercuten en la salud y seguridad del empleado. Así, el tiempo de trabajo muestra una relación directa con las condiciones de bienestar del empleado público.

La reducción de la jornada laboral semanal también se centra en la mejora de la salud de los empleados. Las jornadas laborales excesivamente largas generan las principales fuentes de estrés en el trabajo, y se erigen en el primer motivo de causación de accidentes o bajas laborales.

En este contexto, no admite demora la mejora de la salud de los empleados públicos, que repercutirá en un incremento de su productividad, incidiendo a su vez en una mejora de los índices de absentismo por enfermedad.

De igual forma, y en último lugar, la puesta en marcha de la medida permitirá avanzar en el logro del ahorro energético y en una economía de bajas emisiones, al acortar la jornada y reducir la estancia de los empleados públicos en las dependencias y edificios públicos, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenible.

La consecución de la eficiencia energética viene derivada de la trasposición del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, donde se establecen los principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público.

Las Administraciones Públicas deben considerar e implementar aquellas medidas que permitan ajustar su consumo de energía y ejemplarizar su actuación en el conjunto de la sociedad. Por ello, en Castilla y León se apuesta por que las medidas sean obligatorias en todas las Administraciones, protegiendo en todo caso, por sus especiales circunstancias, los servicios sociales, la sanidad y la educación.

Y en este sentido, cobra una especial relevancia la implicación de los empleados públicos en la consecución del objetivo de ahorro energético de la Administración en el marco de la crisis energética que atravesamos.

Así, se han promocionado enormemente nuevas fórmulas de trabajo desde el domicilio, como el teletrabajo, que se han impuesto tras la pandemia. De igual forma, el ahorro de energía es la forma más rápida y económica de hacer frente a la actual crisis energética y de reducir las facturas.

No cabe duda de que la fijación de la jornada semanal de treinta y cinco horas permitirá el desarrollo del trabajo, con carácter general, durante siete horas diarias ininterrumpidas, sin tener que efectuar jornadas de mañana y tarde, con el consiguiente abaratamiento de funcionamiento de muchos edificios y dependencias públicas. En este ámbito, la Administración Autonómica puede y debe liderar este impulso, incorporando medidas de racionalización del uso de edificios administrativos, incluido el establecimiento de horarios de encendido y apagado de instalaciones, el control de las condiciones de temperatura para minimizar el consumo en climatización, o el despliegue de instalaciones de autoconsumo.

En este sentido, el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. de 10 de octubre de 2022), contempla en su apartado 1.4, sobre horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, temperatura del aire, iluminación, agua caliente, equipamiento informático y resto de instalaciones con consumo de energía, que tomando como referencia los horarios de apertura y cierre de los edificios públicos y la normativa que resulta de aplicación, se programarán los horarios de arranque y parada de las diferentes instalaciones consumidoras de energía, así como la temperatura del aire, de modo que se pueda minimizar el uso energético dentro de umbrales aceptables de confort y servicio, y se deberá prestar atención en la organización de los servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia y otros similares, de modo que no induzcan a una elevación del consumo de energía.

Por lo tanto, y en conclusión, los aspectos positivos que ofrece la disminución de la jornada laboral semanal de los empleados públicos autonómicos que hemos enunciado, como son el cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria y de limitación de los presupuestos públicos, la necesidad de abordar perentoriamente el ejercicio de la potestad autoorganizatoria, la posibilidad de un mejor reparto del trabajo y la consecuente creación de empleo, la necesaria conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo, la mejora de las condiciones laborales y del rendimiento a través de una distribución menos extenuante en la distribución de la jornada laboral, y el logro de una mayor eficiencia energética, justifican suficientemente la adopción urgente de la medida –dadas las circunstancias jurídicas, presupuestarias y sociales existentes que se han expuesto–, ya que se producirían daños o situaciones irreparables de demorarse su efectiva e inmediata aplicación.

En la actualidad, demorar la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas supondría prolongar la suspensión de un derecho de los empleados públicos que, como se ha señalado con anterioridad, se contempló por una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de Administraciones Públicas, como una medida dotada de temporalidad y excepcionalidad por razones económicas, que hoy han desaparecido.

Por último, el que se haya producido un retraso en el cumplimiento del objetivo de la recuperación de la jornada laboral semanal de treinta y cinco horas, y que ha persistido durante un tiempo –desde el pacto del año 2019–, no es óbice para que se haga frente a la solución por la vía de la legislación de urgencia, y que, en el momento actual, se haya convertido en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad atendiendo a las circunstancias y motivaciones concurrentes.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto Ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a la Junta de Castilla y León, y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica.

La necesidad justificadora del Decreto-Ley no puede entenderse como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público, entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y no al funcionamiento de los servicios públicos, sino que ha de entenderse con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En definitiva, el objetivo de esta reforma sobre la jornada laboral semanal en la Administración Autonómica no puede ser otro que el de convertirla en un factor de eficiencia y productividad, que garantice la prestación efectiva de los servicios públicos y posibilite el crecimiento económico, por cuanto se inspira en los siguientes principios ordenadores: apuesta por lo público, dota a la Administración del marco jurídico necesario para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos, incrementa el modelo de empleo público, con el centro en el personal y en la mejora de su calidad de vida, contribuyendo por otra parte, a impulsar y fortalecer una adecuada planificación de recursos humanos.

–II–

Por lo que atañe a la necesaria conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente, la norma cumple el doble criterio para valorar su existencia, el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el texto normativo.

Tanto desde el punto de vista de la estructura de la norma, como en relación con su contenido –la reforma de las normas necesarias para el establecimiento y la forma de aplicación de la medida de reducción de la jornada semanal de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a treinta y cinco horas–, todo ello queda conectado y responde a la necesaria vinculación con la situación de urgencia y necesidad fundamentada.

–III–

En la redacción de este Decreto-Ley se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como también los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamenta la medida que se establece, siendo el Decreto-Ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ningún tipo, más allá de aquellas que obligan a la propia Administración autonómica. Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jurídico y con el conjunto de las políticas públicas autonómicas, al tiempo que estimulará su mejor cumplimiento.

Asimismo, se garantizan los principios de responsabilidad, determinándose los órganos responsables de la ejecución y el control de la medida incluida en la norma, de accesibilidad, utilizándose una redacción clara y comprensible y una técnica normativa correcta, de eficiencia, y de transparencia, ya que la norma identifica claramente su propósito y lo explica con detalle. Hay que precisar que no se han realizado los trámites de participación pública previstos en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis 1.b) y 3.b) de dicha Ley, que hace posible la excepción cuando en la norma concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan su aprobación urgente.

–IV–

Desde un punto de vista competencial, corresponde al Estado establecer las bases del régimen jurídico de los derechos y deberes de «los funcionarios públicos», en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, y a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de acuerdo con aquella legislación básica en relación con la función pública autonómica y local.

Además, en el régimen de los funcionarios también quedan afectados los principios constitucionales de igualdad y solidaridad de los funcionarios de todas las Administraciones.

Y por último, la determinación jurídica de muchos de estos derechos y obligaciones también afecta a los instrumentos de contención del gasto público, de tal modo que puede verse afectada la competencia del Estado para determinar las bases de la planificación económica general, de acuerdo con el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española.

En relación al «personal laboral» vinculado al sector público, resulta relevante observar la competencia exclusiva que se encuentra atribuida al Estado en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española en materia de legislación laboral.

En este sentido, según el artículo 70.1.1º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, es competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León la organización y régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Asimismo, según el artículo 32.3 de la misma norma legal, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento, prevista en el citado artículo 70.1.1º, y de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen de los empleados públicos de la Comunidad y de su Administración Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18º de la Constitución.

Concretamente, en nuestro caso, la norma versa sobre la submateria de la jornada laboral semanal de los empleados públicos, contemplada en términos generales en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y es respetuosa con las exigencias normativas básicas establecidas en el apartado Dos de la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sobre la jornada de trabajo en el Sector Público, en su redacción dada por el apartado Dos de la disposición final vigésima octava de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Este Decreto-Ley se aprueba previa negociación colectiva, habiendo obtenido el voto favorable unánime de todas las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de la negociación.

El presente Decreto-Ley es promovido por la Consejería de la Presidencia en función de las atribuciones que le corresponden de acuerdo con el artículo 7.2.h) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 30 de marzo de 2023

DISPONE

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Jornada ordinaria de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y ámbito subjetivo de aplicación.

1. La jornada ordinaria de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a partir del 1 de junio de 2023, será de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, siempre que la legislación básica lo permita y en los términos establecidos en esta.

2. La jornada prevista en el apartado anterior será de aplicación a todos los empleados públicos, cualquiera que sea su régimen jurídico específico, que preste servicios en la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o sus Organismos Autónomos.

CAPÍTULO II

Sector de Educación

Artículo 2. Jornada laboral del personal docente en centros públicos no universitarios.

1. En el caso del personal docente en centros públicos no universitarios, la jornada prevista en el artículo anterior se implantará a partir del 1 de septiembre de 2023, comienzo del curso escolar 2023-2024.

2. La estructura de la jornada laboral del personal que desempeña funciones docentes en los centros públicos de enseñanzas no universitarias y en los servicios de apoyo a los mismos, será la siguiente:

a) Los maestros que impartan los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial permanecerán en su centro de destino veintiocho horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas y complementarias de obligada permanencia en el centro.

Las horas dedicadas a actividades lectivas serán veinticuatro semanales. A estos efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos como los períodos de recreo vigilado de los alumnos.

b) El profesorado que imparta los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Escolares de Régimen Especial permanecerá en su centro de destino veintiocho horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario individual, y complementarias computadas mensualmente.

La suma de la duración de los períodos lectivos y las horas complementarias de obligada permanencia en el centro, recogidas en el horario individual de cada profesor, será de veintitrés horas semanales. Aun cuando los períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, no se podrá alterar, en ningún caso, el total de horas de dedicación al centro.

Este profesorado impartirá como mínimo diecisiete períodos lectivos semanales, pudiendo llegar excepcionalmente a diecinueve cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. La parte del horario comprendido entre dieciocho y diecinueve periodos lectivos se compensará con las horas complementarias establecidas por la Jefatura de estudios, a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo.

c) Las horas de dedicación y/o permanencia en su centro de destino del personal docente adscrito a los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias será de veintiocho horas semanales, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias derivadas de las peculiaridades propias de su funcionamiento.

3. El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en el apartado anterior, hasta las treinta y cinco semanales, serán de libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria y, en el supuesto de los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias, para la realización de otras tareas necesarias para el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO III

Sector sanitario

Artículo 3. Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. A los meros efectos de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en turno diurno será el resultado de descontar, a los días que tiene el año natural, la suma de sábados y domingos que concurran en el año, de 14 festivos, de los días de vacaciones y asuntos particulares que se determinen normativamente y de multiplicar el resultado así obtenido, por siete horas de promedio diario de trabajo efectivo.

A los efectos de su realización, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrán abarcar el período comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible distribución irregular a lo largo del año. En todo caso, la jornada ordinaria se prestará dentro de los siguientes turnos:

– turno diurno

– turno diurno con jornada complementaria

– turno rotatorio

– turno nocturno

– turnos especiales

2. Realiza turno diurno el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y/o de tarde. Este turno abarcará desde las 8.00 horas hasta las 22.00 horas.

Con carácter general, la jornada ordinaria en turno diurno se realizará de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 horas a 22.00 horas, salvo para el personal que desempeñe su actividad ordinaria en unidades que exigen el funcionamiento permanente, continuado y ordinario durante todos los días de la semana, que será de lunes a domingo.

La jornada ordinaria de los Equipos de Atención Primaria se desarrollará tanto en horario de mañana como de mañana y tarde, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 22.00 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a la mejora de la oferta asistencial y a una mayor accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios, las Gerencias de Atención Primaria podrán establecer una jornada en horario de tarde a la semana, con un máximo de cinco horas de atención directa, en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud, cuyo municipio cabecera supere las 15.000 tarjetas sanitarias, distribuida equitativamente para aquellos puestos de trabajo que a la entrada en vigor de la presente norma, no tuvieran ya asignada la realización de alguna jornada de tarde.

Asimismo, las Gerencias de Atención Primaria podrán establecer una jornada en horario de tarde a la semana, con un máximo de cinco horas de atención directa, en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud Urbanas y Semiurbanas que sean declaradas como tales en la correspondiente norma reglamentaria. La declaración de Zona Básica de Salud Urbana o Semiurbana deberá ser negociada previamente en Mesa Sectorial.

La jornada semanal ordinaria del personal de Atención Especializada se realizará, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 22.00 horas. Para aquellos que a la entrada en vigor de la presente norma vinieran prestando servicios sólo en horario de mañana se mantendrá dicho horario, salvo para aquellas categorías que deban realizar su jornada ordinaria tanto en horario de mañana como de tarde alternativamente en función de las necesidades de servicio.

A los mismos efectos, el resto de profesionales de atención primaria y especializada que ya tuvieran asignada una o varias jornadas en horario de tarde, mantendrán dicho horario.

3. La jornada ordinaria de trabajo en cómputo anual del personal en turno diurno que venga obligado a realizar jornada complementaria en la modalidad de guardias de presencia física será el resultado de aplicar el sistema de ponderación que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Sanidad, sin que, en ningún caso, aquella pueda resultar inferior a 1420 horas anuales.

4. Realiza turno rotatorio el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y noche, en horario de tarde y noche o en horario de mañana, tarde y noche.

5. Realiza turno nocturno el personal que cumpla de forma permanente, su jornada anual en horario de noche. Este turno abarcará desde las 22.00 a las 8.00 horas.

6. La jornada anual del personal que, por necesidades de la organización y programación funcional de los centros, preste servicios en turno rotatorio o en turno nocturno, se determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas, de acuerdo con la ponderación que se establezca anualmente en la tabla aprobada por orden de la consejería con competencias en materia de sanidad, resultando de dicha ponderación una jornada anual de 1498 horas, por la realización de 42 noches para el turno rotatorio, y de 1420 horas, por la realización de 142 noches para el turno nocturno.

7. Cuando la jornada ordinaria anual de Médicos y Enfermeros de Área se realice en horario de noche, en ningún caso será inferior a 1420 horas de trabajo efectivo. La programación funcional del centro o institución sanitaria podrá prever para estos profesionales jornadas ordinarias diarias de hasta 24 horas atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales.

Artículo 4. Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en turnos especiales.

1. El personal de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria realizará una jornada ordinaria anual que se determinará en cada Gerencia de Atención Primaria en función de la ponderación entre la jornada a realizar correspondiente al turno diurno y la jornada a realizar correspondiente al turno nocturno, sin que en ningún caso la jornada ordinaria anual resultante pueda ser inferior a 1420 horas anuales de trabajo efectivo.

2. El personal sanitario de Emergencias Sanitarias realizará una jornada ordinaria anual, de lunes a domingo, de 1498 horas anuales de trabajo efectivo, que se ponderará en función del número de noches efectivamente trabajadas en el año, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 6 del artículo anterior. Atendiendo a las características específicas de la prestación del servicio en la Gerencia de Emergencias Sanitarias, la jornada ordinaria diaria de su personal sanitario comprenderá hasta 12 horas en el Centro Coordinador de Urgencias y hasta 24 horas, en el resto.

Artículo 5. Jornada complementaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. Atendiendo a la característica esencial del servicio público sanitario que ha de prestarse las 24 horas de todos los días del año y a fin de garantizar la cobertura de dicho servicio a los usuarios, el personal de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud vendrá obligado a realizar una jornada complementaria que se determinará de acuerdo con la programación funcional de la correspondiente Institución Sanitaria.

La realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 55/2003 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, vinieran realizando una cobertura de la atención continuada mediante la realización de guardias u otro sistema análogo, así como para el personal de aquellas otras categorías y unidades que se determinen por la Gerencia Regional de Salud.

2. En la jornada complementaria, la prestación de servicios de atención continuada en jornada complementaria podrá revestir las siguientes modalidades: presencia física, alerta localizada y mixta.

3. La realización de jornada complementaria en ningún caso tendrá la consideración ni el tratamiento previsto para las horas extraordinarias, ni vendrá afectada por las limitaciones que en cuanto a éstas puedan establecer las disposiciones vigentes. Su retribución específica se efectuará de conformidad con las normas, pactos o acuerdos que en cada momento resulten de aplicación.

4. Los horarios de prestación de servicio en jornada complementaria comprenderán de lunes a viernes, no festivos, desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, y sábados, domingos y festivos, desde las 8.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

Artículo 6. Disposiciones generales en materia de jornada del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. Con carácter general, la jornada ordinaria anual se distribuirá regularmente, a efectos de su cómputo, de forma mensual, resultando de obligado cumplimiento, en cada uno de los meses naturales del año, el número de horas que resulte de multiplicar el número de días laborables del mes por el promedio de siete horas diarias en el turno diurno o el que corresponda por aplicación de la ponderación y los descansos correspondientes, respecto de los turnos rotatorios y nocturnos.

En todo caso, el cómputo de la jornada complementaria y de la especial se tendrá en cuenta de forma separada de la ordinaria, a efectos de la observancia de la limitación de los tiempos de trabajo, de acuerdo con la normativa legalmente establecida.

2. La distribución de la jornada anual a efectos de su cómputo, podrá ser irregular en función de las necesidades organizativas o de planificación de cada centro, respetando, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal o el régimen de descansos alternativos, de acuerdo con lo que al efecto dispone la normativa legal, correspondiendo a las Gerencias de los centros llevar a cabo la citada distribución, previa información al órgano de representación unitaria del personal que corresponda.

3. Los días correspondientes a vacaciones, a permisos y licencias, no descontados en el apartado 1, establecidos en la normativa estatal o autonómica, así como a cualquier otro día de ausencia al trabajo debidamente justificado, se considerarán, con carácter general, a efectos de su cómputo, de siete horas de promedio diario.

4. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborables, debiendo quedar, en todo caso, los servicios sanitarios debidamente cubiertos. Dichos días se considerarán como jornada ordinaria efectivamente trabajada, a efectos del cómputo de la jornada ordinaria anual. El personal que como consecuencia de la organización de los servicios sanitarios deba realizar su jornada laboral ordinaria en los citados días, tendrá derecho a los descansos compensatorios correspondientes.

5. Se considera tiempo de trabajo el disfrute de los créditos de horas retribuidos para el ejercicio de funciones sindicales.

Se considera asimismo tiempo de trabajo el disfrute de todos los permisos reglamentariamente establecidos y ausencias justificadas, que no hayan sido tenidos en cuenta para el cómputo de la jornada ordinaria anual.

En el transcurso de la jornada laboral ordinaria, el personal dispondrá de un descanso diario de veinte minutos, los cuales se computarán como tiempo de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de servicios y se garantizará en todo momento por el responsable del servicio o unidad la presencia, al menos, de un 50 por ciento de la plantilla del mismo, organizándose el personal por turnos, de manera que los servicios y las unidades queden debidamente atendidos.

Asimismo, el personal que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que, por razones organizativas, tuviera que desarrollar su jornada ordinaria en horario de mañana y de tarde de forma continua, dispondrá de 30 minutos para comer. Este tiempo no será computado como jornada ordinaria de trabajo.

6. La diferencia entre el número de horas de la jornada ordinaria establecida en función del turno de trabajo que corresponda y la jornada efectivamente realizada por el personal, si esta fuera menor, tendrá el carácter de recuperable, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad a que ello pudiera dar lugar, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero.

La recuperación a que se refiere el párrafo anterior se efectuará dentro del correspondiente año, debiéndose contemplar las horas a recuperar dentro del calendario anual. Las Direcciones de las Instituciones Sanitarias, en función de la programación funcional del Centro, previa información a los órganos de representación unitaria del personal que correspondan, establecerán los horarios en que se llevará a cabo la recuperación.

En el caso de que el débito de horas de trabajo efectivo realizado en jornada ordinaria, en cómputo anual, se produzca por resultar imposible su cumplimiento como consecuencia de la aplicación de la jornada teórica prevista en cada año concreto, se adoptarán las medidas necesarias que permitan su aplicación.

Si por causas no imputables a la mera voluntad del personal de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el número de horas de trabajo efectivo realizado en jornada ordinaria, en cómputo anual, fuere superior al número de horas de trabajo efectivo de su correspondiente jornada ordinaria de trabajo, conforme se establece en la presente norma, el exceso de horas trabajadas será objeto de compensación con los descansos que correspondan. Dicha compensación se llevará a cabo dentro del año en que se hubieren devengado los descansos. Excepcionalmente, los descansos compensatorios podrán aplicarse durante el mes de enero del siguiente año.

Los días de compensación tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo a efectos de su cómputo en la jornada anual.

7. En el caso de puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación podrá exigirse el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior a la prevista como jornada ordinaria, respetándose en todo caso la duración de la jornada máxima semanal establecida en la normativa vigente en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

8. Las direcciones de cada centro e institución sanitaria establecerán los turnos y horarios de trabajo y la programación de los descansos, en base a los criterios generales que se establezcan por orden del consejero competente en materia de Sanidad, a las disposiciones mínimas de la ordenación del tiempo de trabajo y a las necesidades organizativas y asistenciales, de acuerdo con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo Décimo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y normativa concordante.

Disposición transitoria. Aplicación de la jornada ordinaria anual para el año 2023 en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

En el ámbito de los centros e instituciones sanitarias, la jornada ordinaria anual correspondiente al año 2023 tendrá en cuenta que, hasta el 31 de mayo, la jornada es de 37,5 horas de promedio semanal y, a partir del 1 de junio, de 35 horas de promedio semanal, lo que implica la aplicación de una jornada anual de 1578 horas para el turno diurno, de 1511 horas por la realización de 42 noches para el turno rotatorio, de 1440 horas por la realización de 144 noches para el turno nocturno, y de 1511 horas para el personal sanitario de Emergencias Sanitarias.

En el caso del personal de área, dado que con la jornada de 37,5 horas de promedio semanal le corresponde un promedio mensual de 140 horas distribuidas en 11 meses (1540 horas anuales), y con la jornada de 35 horas de promedio semanal pasaría a ser de 135 horas (1485 horas anuales), la aplicación de la jornada ordinaria anual durante el año 2023 para este personal será de 137 horas de promedio mensual (1507 horas anuales).

Dentro del mes siguiente a la publicación de la presente norma se negociarán todos los calendarios laborales que se vean afectados como consecuencia de la jornada máxima anual y se realizarán las actuaciones administrativas necesarias para su efectivo cumplimiento.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados:

– El Título IV y la disposición transitoria octava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
– El artículo 16.3 del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
– Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3 Jornada máxima anual ordinaria

La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los funcionarios públicos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en los años bisiestos), el total de sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), los días de vacaciones legalmente establecidos, y de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas de promedio diario de trabajo efectivo en lo que se refiere a la jornada ordinaria.»

Dos. Se modifica el artículo 4.1, que queda redactado como sigue:

«1. En los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación podrá exigirse el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior a la prevista como jornada ordinaria que, con carácter general, tendrá el límite máximo resultante de multiplicar por siete horas y treinta minutos el número de días considerados como de trabajo tenido en cuenta para el cálculo de la jornada máxima ordinaria.»

Tres. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6 Distribución regular de la jornada

1. La jornada anual se distribuye, a efectos de su cómputo, de forma mensual, resultando de obligado cumplimiento, en cada uno de los meses naturales del año, el número de horas de la jornada anual que resulte de multiplicar el número de días laborables del mes por el promedio de siete horas diarias.

2. Los días correspondientes a las vacaciones, a los permisos y a los días de ausencia de trabajo, se considerarán, con carácter general, a efectos de su cómputo, como de siete horas de promedio diario o la correspondiente en el calendario laboral del funcionario.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13 Horario general en las dependencias administrativas

La jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará, con carácter general, de lunes a viernes en régimen de horario flexible.

La parte principal, llamada tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias, que serán de obligada concurrencia para todo el personal entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La parte variable del horario constituye el tiempo de flexibilidad del mismo. A efectos de su cómputo y recuperación será la diferencia entre la jornada que corresponda y las cinco horas diarias que constituyen la parte fija del horario.

La parte variable o flexible del horario será la comprendida en los tramos horarios siguientes:

Entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes.

Entre las 14:00 y las 18:30 de lunes a jueves.

Entre las 14:00 y las 16:30 los viernes.

Con carácter general, las horas de la jornada que se presten en la parte flexible del horario se distribuirán a voluntad del funcionario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional derivado de las necesidades del servicio, podrá ser exigible la prestación en régimen de disponibilidad horaria dentro de la parte flexible del horario del mes al que corresponda, de hasta el 10% de la jornada mensual regular, que resulta de multiplicar el número de días laborables de cada mes por el promedio de siete horas diarias. Del uso de tal disponibilidad se dará cuenta de forma regular a la representación legal de los trabajadores.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 19, que queda redactado como sigue:

«3. Las ausencias por asistencia a cursos de los programas de formación organizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León previstas en los apartados anteriores, debidamente justificadas, tendrán la consideración de tiempo de trabajo a todos los efectos.

Respecto de los cursos impartidos en régimen de internado cada día de ausencia del trabajo por este motivo computará como siete horas de tiempo de trabajo.»

Disposición final segunda. Cláusula de salvaguardia del rango de normas reglamentarias.

Las modificaciones efectuadas por este Decreto-Ley en normas de rango reglamentario conservan su rango reglamentario.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de Sanidad para regular mediante orden los criterios generales para la planificación efectiva de la jornada por los centros e instituciones sanitarias, previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 30 de marzo de 2023.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero de la Presidencia,

Fdo.: Jesús Julio Carnero García

BOE 23/3/2023: Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).

admin — Thu, 23 Mar 23 09:12:54 CET

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de UniversidadCastilla y León - Educación Image

Sistema universitario

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

PDF (BOE-A-2023-7500 - 73 págs. - 675 KB)

Entrará en vigor dentro de veinte días.

Ante las numerosas peticiones recibidas, os adjuntamos así mismo las presentaciones actualizadas de CSIF en PDF que tratan de sintetizar y clarificar:

¿Cómo quedan las diversas figuras de Personal Docente e Investigador en la LOSU? La Estabilización y Adaptaciones de acreditaciones y de determinadas figuras vigentes de PDI.

Apoyo a la concentración en el MEFP del 19 de octubre de 2022 #AsíNoPodemosContinuar

admin — Wed, 05 Oct 22 08:26:30 CEST

Castilla y León - Educación

CSIF reclama reforzar la Educación Especial ante el aumento de alumnos con necesidades específicas en la Comunidad.

DESCARGAR INFORME AQUÍ

CSIF INFORMA: guía interactiva de permisos, licencias y excedencias docentes en CyL.

Guía de permisos y excedencias

Permisos

Excedencias

Grados de parentesco

Modelos de solicitud

Permiso parcialmente retribuido. Curso 2026/27. Resolución provisional.

RESUMEN Concurso de traslados CyL 2024-25. Estudio de las adjudicaciones definitivas.

Oposiciones PES y O.C. 2026 CyL. Nombramiento de los tribunales y de las comisiones de selección. Se adjunta CSIF INFORMA.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Webinar gratuito: Agresiones docentes, cómo actuar

Calendario escolar del curso 2026-27.

Maestros interinos: curso 2025/2026. AISI semana del 11 al 15 de mayo de 2026. Adjudicaciones.

TOMA DE POSESIÓN (apartado Tercero)

RENUNCIAS (apartado Cuarto)

Concurso de Traslados. Curso 2025/2026. Maestros. Adjudicación definitiva de destinos.

2025/2026

Interinos PES y otros cuerpos: Curso 2025-2026. AISI semana del 11 al 15 de mayo de 2026. Adjudicaciones.

TOMA DE POSESIÓN

RENUNCIA

Concurso de Traslados. Curso 2025/2026. PES y O.C. Adjudicación definitiva de destinos.

2025/2026

Licencias por estudios. Curso 2026-2027. Resolución provisional.

Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF

Oposiciones 2026 en CyL. Orden de actuación de los aspirantes en todos los procesos selectivos.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Concurso de méritos para la selección y nombramiento, en 2026, de directores y directoras de centros públicos. Convocatoria.

Presentación de solicitudes (apartado Quinto):

Anexos que acompañan a la orden:

Oposiciones PES y O.C. 2026 CyL. Cálculo de la ratio definitiva Opositores/plaza.

Comisiones de servicios. Secciones bilingües y lingüísticas (curso 2026/2027). Convocatoria.

Comisiones de servicio para programas de cooperación territorial: competencia matemática y lectora. Curso 2026/2027. Convocatoria.

CONVOCATORIA:

Plazo de presentación de solicitudes:

Anexos que acompañan a la resolución:

CFIE. Asesores y directores. Convocatoria 2026-27.

Ficheros disponibles

Comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema educativo durante el curso 2026/27. Convocatoria.

Oposiciones 2026. Secundaria y otros cuerpos. Listados definitivos de admitidos y excluidos.

Listados definitivos de admitidos y excluidos

Calculadora vacacional: ¿Cuántos días de vacaciones generadas y no disfrutadas me van a pagar este verano?

CALCULADORA DE PRÓRROGA VACACIONAL

Periodos añadidos

🧾 ¿Cómo se pagan las vacaciones a los interinos docentes en Castilla y León?

✅ 1. Proporcionalidad

✅ 2. Pago en la nómina final

✅ 3. Casos especiales: nombramientos de curso completo o vacante

❗ Ejemplo práctico:

🧑‍🏫 Normativa de referencia:

CSIF lanza una campaña de firmas para que todos los centros educativos tengan enfermería.

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público en CyL. BOCYL 19/12/2025.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE 03/12/2025.

TEXTO ORIGINAL

Artículo 1. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2025.

Artículo 2. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2026.

Artículo 3. Efectividad del incremento salarial.

Disposición adicional única.

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA