Castilla-La Mancha - Administración General del Estado

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 05 Oct 26 12:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de 6 décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

CSIF es muy consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones.

Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

En este sentido, a lo largo de las próximas semanas velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos

CSIF denuncia la agresión a tres funcionarios en La Torrecica y exige el traslado del interno a una prisión de máxima seguridad

Cándido de la Cruz Alcañiz — Thu, 01 Oct 26 13:41:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la agresión sufrida por tres funcionarios del centro penitenciario de Albacete ‘La Torrecica’ por parte de un interno especialmente violento, lo que ha provocado que uno de ellos se encuentre de baja, y reclama su traslado a un centro de máxima seguridad.

Los hechos comenzaron a las 8 horas del pasado 29 de septiembre cuando el interno fue trasladado a la sala de observación después de una pelea producida entre él y otro interno. Permaneció en esta sala aproximadamente durante dos horas para intentar que se calmara, pero cuando los funcionarios fueron a buscarlo comenzó a insultarles y a desafiarles.

Después de este incidente fue trasladado a una celda de aislamiento en la que produjo numerosos destrozos, llegando incluso a manipular la instalación eléctrica y quedando sin suministro eléctrico la zona de aislamiento. Tras ello, fue trasladado de nuevo a otra celda y en este proceso llegó a agredir y lesionar a tres funcionarios, permaneciendo uno de ellos de baja.

Tras dar aviso a la Policía Nacional, se personaron 5 agentes para intentar su traslado al Hospital General Universitario de Albacete para un reconocimiento, donde no se detectó nada anómalo y se decidió su regreso al centro penitenciario.

Durante este episodio, que se prolongó hasta la madrugada del 30 de septiembre, hubo que reforzar el turno de noche con personal del turno de día.

Para CSIF, este hecho demuestra las situaciones tan complejas a las que se enfrenta el personal de prisiones a diario y reclama el traslado de este interno a un centro adecuado a su perfil y su clasificación en primer grado. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones en el conjunto de centros penitenciarios, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

Reconocimiento agentes de la autoridad

El Senado aprobó ayer que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Trabajadores/as de la AEAT exigen el desbloqueo de la negociación para lograr mejores condiciones laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 30 Sep 26 10:00:00 CEST

Centenares de delegados/as de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de toda España y convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se han concentrado hoy frente en Madrid frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la AEAT.

La concentración de hoy en Madrid forma parte del calendario de movilizaciones iniciado el 6 de mayo, y que continuó con nuevas concentraciones las siguientes semanas, -incluyendo un paro de una hora en todos los centros de trabajo el 8 de junio-, contra el bloqueo por parte de la AEAT de la negociación en diferentes asuntos de materia laboral.

En concreto, en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo; incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles profesión de riesgo; la implantación de carrera administrativa y la regulación del teletrabajo.

CSIF denuncia que la plantilla de la Agencia Tributaria se encuentra al límite y sobrepasada por la falta de efectivos y unas condiciones laborales que no están a la altura de su profesionalidad y entrega. En este sentido, está previsto que en los próximos meses se produzcan nuevas movilizaciones por toda España si la AEAT continua sin sentarse a negociar y desbloquear los acuerdos pendientes.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

El Gobierno comunica el despido a la plantilla que gestiona vivienda pública mientras ultima el decreto: CSIF exige la subrogación en Casa 47

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 29 Sep 26 12:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, presentó hoy una demanda exigiendo la subrogación de la plantilla de la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Restructuración Bancaria (SAREB) a la entidad pública Casa 47.

Se da la paradoja de que el Gobierno ha comunicado el cese del contrato a las 247 personas empleadas del SAREB –el ‘banco malo’ creado por el Gobierno en 2016 para gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria--, coincidiendo con el cese de actividad de esta sociedad, mientras ultima la aprobación del decreto sobre vivienda.

CSIF entiende que la continuación de la labor de SAREB por Casa 47 constituye “una transmisión de unidad productiva”, por lo que debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva UE 2001/23/CE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

Sin embargo, en pleno debate sobre la crisis de la vivienda que afecta a España, el Gobierno abocará a la plantilla del SAREB a un despido colectivo para ahorrarse costes salariales, mientras que la entidad pública encargada de dar continuidad a sus funciones contratará y formará a nuevo personal para desarrollar el trabajo que actualmente se lleva a cabo en el SAREB, con el consiguiente gasto añadido de proceso selectivo y formación.

El total de viviendas a transmitir del SAREB a Casa 47 se cifra en más de 40.000, a lo que se suman cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar aproximadamente 55.000 viviendas. CSIF denuncia que la transmisión escalonada de activos ha devenido además en una confusión patrimonial entre ambas mercantiles.

Crisis de la vivienda en el empleo público

Por otra parte, CSIF manifiesta su preocupación y solidaridad con las personas más desfavorecidas ante la grave crisis de acceso a la vivienda que asfixia a miles de familias y particulares. Los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida y la diferencia retributiva.

De hecho, CSIF está constatando una realidad inédita hasta ahora con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién ganadas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda.

Se da la circunstancia de que estas personas deben trasladarse para atender nuestros colegios, hospitales, juzgados u oficinas de atención ciudadana pero muchas veces no pueden permitirse un techo bajo el que vivir.

Para evitar el arraigo de este problema y asegurar que ninguna infraestructura pública se quede sin personal, CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibran la equidad salarial con la realidad del mercado inmobiliario actual:

Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación y el coste real de la vida, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.
Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde la burbuja de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales para toda la ciudadanía y mientras tanto la Administración debe actuar con responsabilidad para evitar el desmantelamiento involuntario de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF no acude a los actos de la Merced en Prisiones ante la situación de olvido e indefensión de sus funcionarios

Cándido de la Cruz Alcañiz — Thu, 24 Sep 26 10:14:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte sobre los graves problemas que afectan diariamente a los trabajadores de prisiones y, a modo de protesta, no acudirá hoy a los actos programados con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

CSIF, primer sindicato en Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias, considera que la celebración de La Merced no puede servir para ocultar que las agresiones continúan aumentando, que existe una evidente falta de personal, que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) no se adecuan a las funciones actuales y que la formación prosigue siendo insuficiente e ineficaz.

Según datos recabados por CSIF, hay 6.200 nuevos internos desde 2024 y cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas. En los seis centros penitenciarios de la región (La Torrecica en Albacete, Cuenca, Ocaña I y Ocaña II en Toledo, y Alcázar y Herrera de la Mancha en Ciudad Real), la población reclusa alcanza los 1.850 internos.

La responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Castilla-La Mancha, Natalia Plaza, señala que “es preciso aumentar las plantillas, actualizar los protocolos, modernizar los medios coercitivos y potenciar la formación de todo el personal, y es que las agresiones, con insultos y amenazas diarias, son una triste realidad en los centros penitenciarios que a menudo se desconoce de puertas para afuera. Los perfiles de los internos son cada vez más violentos, además de aquellos que tienen problemas psiquiátricos ante los que no tenemos medios y que deberían estar en centros penitenciarios psiquiátricos”.

CSIF reivindica unas Instituciones Penitenciarias dignas, seguras y dotadas de los medios humanos y materiales necesarios, así como el reconocimiento y respeto que merecen los profesionales que garantizan diariamente el cumplimiento de los fines de la institución.

CSIF señala que, durante estos años, la principal mejora alcanzada para el colectivo ha sido el Acuerdo de Reclasificación de Centros, firmado con la participación del sindicato y que contemplaba medidas como mejoras económicas, revisión de horarios, adecuación de las RPT y avances en la Oferta de Empleo Público. Sin embargo, una vez más, el problema actual se encuentra en el incumplimiento de buena parte de este acuerdo en aquellos aspectos cuya aplicación depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Asimismo, CSIF confía en que, de una vez por todas, el próximo 30 de septiembre se cumpla una reivindicación histórica como el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad gracias a la presión y negociación desarrollada por la mediación e interlocución de la Central Sindical con los grupos parlamentarios, principalmente con PSOE y PP; previsiblemente será aprobada de manera definitiva en el Senado. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

CSIF asume esta medida como un importante triunfo, indispensable en el actual contexto de creciente violencia e inseguridad que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles.

CSIF se moviliza en todas las AA.PP ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.