Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

paula.celis.lopez — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

paula.celis.lopez — Wed, 10 Jun 26 12:51:00 CEST

El Alto Tribunal considera que la figura del indefinido no fijo ya no constituye una medida adecuada para sancionar y reparar, abriendo dos vías principales según la situación del personal laboral afectado: la declaración de FIJEZA o el reconocimiento de una INDEMNIZACIÓN.

¿Cuándo puede obtenerse la FIJEZA?

La sentencia establece que la declaración judicial de trabajador fijo solo será posible cuando concurran simultáneamente dos requisitos:

Existencia de abuso de temporalidad: el abuso se produce cuando la relación laboral temporal se prolonga de forma inusual o anormalmente larga, especialmente en los supuestos de interinidad por vacante que superen los tres años de duración.
Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas: el trabajador debe haber participado y superado un proceso selectivo convocado para el acceso a plazas de personal laboral fijo, aunque en su momento no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes.

OJO: Haber formado parte de una bolsa de empleo temporal o haber superado procesos selectivos destinados exclusivamente a plazas temporales no genera, por sí solo, derecho a la fijeza conforme a esta nueva doctrina.

La alternativa: una INDEMNIZACIÓN reparadora

Cuando exista abuso de temporalidad pero el trabajador no reúna los requisitos exigidos para acceder a la condición de fijo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a reclamar una indemnización específica destinada a compensar los perjuicios sufridos.

Esta compensación puede adoptar dos modalidades, compatibles entre sí:

Indemnización por cese: se percibe cuando finaliza la relación laboral y, con carácter general, equivale a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Indemnización adicional por daño moral o material: como principal novedad, el Tribunal Supremo reconoce una compensación adicional para reparar la situación de precariedad derivada del abuso de temporalidad. Esta indemnización puede reclamarse incluso cuando el trabajador continúa prestando servicios.

¿Cómo se calcula la indemnización por daño moral?

En aquellos casos en los que no se acrediten daños de cuantía superior, la sentencia establece una indemnización mínima orientativa tomando como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías orientativas serían:

Entre 1.000 y 10.000 euros para situaciones de abuso producidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Entre 751 y 7.500 euros para abusos anteriores a esa fecha.

Recomendación de CSIF Cantabria

Desde CSIF Cantabria, recomendamos analizar cada situación de forma individualizada, ya que las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los procesos selectivos superados.

Si te encuentras en una situación de temporalidad prolongada o consideras que puedes haber sido víctima de abuso en la contratación temporal, ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas.

Estudiaremos tu caso para determinar si cumples los requisitos para solicitar la declaración de fijeza o reclamar las indemnizaciones que puedan corresponderte.

CSIF Cantabria continúa defendiendo la estabilidad en el empleo público y la protección de los derechos de las personas trabajadoras frente al abuso de la temporalidad.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 05 Oct 26 12:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de 6 décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

CSIF es muy consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones.

Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

En este sentido, a lo largo de las próximas semanas velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos

Más de 100.000 empleados/as de empresas públicas seguimos esperando las 35 horas semanales

alfredo.varona.arche — Tue, 22 Sep 26 09:56:00 CEST

Tras el acuerdo, que logró CSIF con Función Pública CLIC AQUÍ, en el que se impulsaba la jornada de 35 horas semanales, el sindicato insiste en su aplicación inmediata para los más de 100.000 trabajadores/as de empresas públicas que seguimos esperándolas.

Y por eso CSIF exige iniciar en todas las empresas y entidades públicas su negociación... ¡YA! y sin más dilación.
Porque, tal y como reivindica CSIF, para aplicar las 35 horas no hace falta ni siquiera firmar un nuevo Convenio tal y como se demuestra en las empresas públicas que ya comenzaron a aplicarlas (Renfe, Adif, Aena, RTVE, FNMT.....)
CSIF exige voluntad de negociar a las empresas y respetar al Gobierno, que ya ha eliminado las limitaciones que existían para implantar las 35 horas en busca de "la administración del siglo XXI".

En definitiva, las empresas públicas tampoco deben dar la espalda a las 35 HORAS SEMANALES, porque:

Fomentan la CONCILIACIÓN SIN PERDER DINERO y crean EMPLEO que son cuestiones básicas en el día a día.
Por lo tanto, CSIF continuará trabajando para que las 35 horas se apliquen en todas las empresas públicas, sin excepción, porque todas pertenecen a la misma familia: el Estado.

CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación entre administraciones durante todo el año

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 23 Jul 26 12:38:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar. La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

CSIF demanda una prevención más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas. En este sentido, denunciamos una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos.

Las principales carencias detectadas son la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.

CSIF propone las siguientes medidas para mejorar la lucha contra los incendios forestales:

Un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas. También es necesario que estas mantengan plantillas mínimas de bomberos forestales durante todo el año, así como de medios materiales, con criterios objetivos (superficie forestal, riesgo de incendio, etc).
Realizar tareas de prevención los 12 meses del año. Es necesario evitar los despidos al finalizar la campaña de verano, realizar cortafuegos y caminos más amplios para evitar que los incendios se propaguen, y aumentar los puntos de abastecimiento de agua. Es imprescindible eliminar vegetación alrededor de los núcleos de población.
Refuerzo de plantilla de bomberos forestales. Hay que reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo y mejorar sus condiciones laborales.
Desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales.
Garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones.
Renovación de los Equipos de Protección Individual (EPI), mejora de los medios materiales y vehículos especializados, y adaptación de dispositivos a cada territorio. Actualmente el material es escaso o está obsoleto.
Regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales. En algunos casos, las jornadas de trabajo pueden llegar hasta 16 horas consecutivas.

Agradecimiento a los profesionales y solidaridad con las víctimas

CSIF quiere destacar la valentía de todas y todos los profesionales y voluntarios que combaten actualmente los incendios forestales, y reiteramos nuestro más profundo pésame a las víctimas y sus familias por las pérdidas sufridas.
CSIF seguirá luchando por un sistema de prevención y extinción de incendios que esté a la altura de los retos actuales.

CSIF convoca movilizaciones en Correos el 3 de septiembre, en toda España, por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del acuerdo marco

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 15 Jul 26 11:03:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado movilizaciones en Correos el próximo mes de septiembre ante el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024 por el que se comprometió a reforzar la plantilla, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento.

Las movilizaciones comenzarán los jueves, 3 y 17 de septiembre, ante las Jefaturas provinciales de Correos de toda España y culminarán en una gran concentración en Madrid, el miércoles 30 de septiembre, con trabajadores/as de toda España.

El acuerdo marco pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

Pues bien, la falta de contratación de refuerzos ha supuesto una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años (un tercio), pasando de los 66.000 y a los 44.000 actuales. De estos, más de 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 700 y los 800 euros.
Esta situación no se ha corregido en los últimos años. En la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentran el 70 por ciento de los contratos parciales. Sin embargo, a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030 lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo. Pero, es más, la empresa tampoco cubre las bajas médicas.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF iniciará movilizaciones en el mes de septiembre para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.

CSIF exige reforzar la adaptación de puestos, distribución de tareas, formación y planes de inclusión en el trabajo

encarna.abascal.perez — Mon, 02 Dec 24 06:31:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, con el lema: “Inclusión Real: Igualdad de derechos y equilibrio en reparto de tareas”. También instamos a las Administraciones Públicas y al sector privado a que asuman su responsabilidad en la construcción de espacios laborales verdaderamente inclusivos.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador con discapacidad es aquel que, por sus características personales o su estado biológico conocido -incluido el que tenga reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial- sea más vulnerable a los riesgos derivados de su trabajo. Por ello, es necesaria una evaluación de riesgos laborales específica para garantizar la correcta la adaptación de su puesto de trabajo y un sistema de evaluación y gestión del desempeño para garantizar una adecuada organización.

En este sentido, CSIF recuerda que la diversidad es fuente de riqueza que fortalece nuestras organizaciones y nuestra sociedad, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una verdadera inclusión laboral que garantice no solo la incorporación, sino la plena integración y desarrollo profesional de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del trabajo.

Esta inclusión debe materializarse en acciones concretas y medidas efectivas que transformen nuestros espacios laborales en entornos verdaderamente inclusivos, donde cada persona pueda desarrollar su potencial en igualdad de condiciones.

Por desgracia, la realidad que nos encontramos en los centros de trabajo es la falta de criterios inclusivos en el diseño, adaptación de los puestos de trabajo, en la organización de las tareas y en las medidas de accesibilidad que, entre otras muchas consecuencias, provoca que la gestión de la diversidad sea con frecuencia muy deficiente. Estas deficiencias, además, generan nuevos riesgos y desequilibrio en el reparto de tareas en la plantilla.

Por ello, desde CSIF exigimos tanto a la Administración como al sector privado:

Adaptación de puestos
Refuerzo de personal y distribución equitativa de cargas
Formación en integración
Protocolos de apoyo y evaluación continua
Asistencia técnica y personal de apoyo
Planes de emergencia inclusivos

Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 25 Oct 24 11:37:00 CEST

Casi el 46 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental, según una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

La encuesta, que lleva por nombre ‘¿Cómo te sientes?’ y se presenta con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de las/os empleados públicos, y se ha realizado mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años) , trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

Datos de la encuesta

El 76 por ciento de los empleados públicos reconocen abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos. En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (12 por por ciento) y otras sustancias (17 por ciento). En concreto, los motivos más mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.

Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales.

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.

CSIF dispone del gabinete ‘CSIF Ayuda’ donde presta apoyo jurídico y orientación psicológica a trabajadores/as que la necesiten en el ámbito laboral.

CSIF reclama al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentran:

Más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada.
Ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada.
Aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones.
Desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención para ofrecer en una red de apoyo sociosanitario profesional.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’) y otros trastornos del comportamiento.
Reconocimiento efectivo de los trastornos mentales como causa de accidente laboral (actualmente se reconocen como contingencia común).
Programas de apoyo psicológico al empleado gratuitos en los centros de trabajo.
Programas de formación en gestión emocional y de salud mental dirigidos a trabajadores/as.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concienciación sobre la importancia de la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y violencia.
Implantación de políticas de rehabilitación y retorno progresivo al trabajo (aplicación efectiva de los artículos 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

CSIF informa sobre la Campaña de la GRiPE Y COVID19 y sus medidas preventivas

encarna.abascal.perez — Thu, 03 Oct 24 11:29:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaCantabria Image

CSIF te informa que ya ha comenzado la campaña de vacunación frente a la Gripe y COVID-19, entre las Recomendaciones del Sistema Nacional de Salud para la temporada 2024-2025 en España, se recomienda la administración de vacunación a ciertos grupos de población:

Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer estas infecciones.
Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad, entre los que están los siguientes colectivos profesionales:
- Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.
- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:
  - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local, así como las Fuerzas Armadas.
  - Bomberos.
  - Servicios de protección civil.

Puedes consultar en nuestra ficha informativa las medidas preventivas y los síntomas frecuentes.

Los empleados públicos pierden un 7% de poder adquisitivo desde la firma del acuerdo entre Gobierno, CC.OO y UGT

alfredo.varona.arche — Fri, 12 Jul 24 12:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que las/os empleados públicos, entre los que estamos los trabajadores/as de empresas públicas, acumulan una pérdida del 6,8% desde la firma del acuerdo en 2022 entre Gobierno, CC.OO y UGT, y de cerca del 20% desde los recortes de 2010, teniendo en cuenta el último dato del IPC conocido hoy.

CSIF exige un nuevo acuerdo salarial vinculado al IPC, con cláusula de revisión salarial, que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010.

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana, previsiblemente, el techo de gasto para el próximo año, lo que supone el punto de partida para preparar los Presupuestos Generales de 2025.

En este contexto, CSIF reclama desde ya iniciar la negociación en la parte que afecta a las empresas públicas, en concreto, el citado nuevo acuerdo salarial, así como la oferta de empleo público para 2025.

Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

Crisis de la Vivienda

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

Más de 100.000 empleados/as de empresas públicas seguimos esperando las 35 horas semanales

Tras el acuerdo, que logró CSIF con Función Pública CLIC AQUÍ, en el que se impulsaba la jornada de 35 horas semanales, el sindicato insiste en su aplicación inmediata para los más de 100.000 trabajadores/as de empresas públicas que seguimos esperándolas.

Y por eso CSIF exige iniciar en todas las empresas y entidades públicas su negociación... ¡YA! y sin más dilación.

Porque, tal y como reivindica CSIF, para aplicar las 35 horas no hace falta ni siquiera firmar un nuevo Convenio tal y como se demuestra en las empresas públicas que ya comenzaron a aplicarlas (Renfe, Adif, Aena, RTVE, FNMT.....)

CSIF exige voluntad de negociar a las empresas y respetar al Gobierno, que ya ha eliminado las limitaciones que existían para implantar las 35 horas en busca de "la administración del siglo XXI".

En definitiva, las empresas públicas tampoco deben dar la espalda a las 35 HORAS SEMANALES, porque:

Fomentan la CONCILIACIÓN SIN PERDER DINERO y crean EMPLEO que son cuestiones básicas en el día a día.

Por lo tanto, CSIF continuará trabajando para que las 35 horas se apliquen en todas las empresas públicas, sin excepción, porque todas pertenecen a la misma familia: el Estado.

CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación entre administraciones durante todo el año

CSIF convoca movilizaciones en Correos el 3 de septiembre, en toda España, por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del acuerdo marco

Las movilizaciones comenzarán los jueves, 3 y 17 de septiembre, ante las Jefaturas provinciales de Correos de toda España y culminarán en una gran concentración en Madrid, el miércoles 30 de septiembre, con trabajadores/as de toda España.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF iniciará movilizaciones en el mes de septiembre para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.

CSIF exige reforzar la adaptación de puestos, distribución de tareas, formación y planes de inclusión en el trabajo

Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos

CSIF informa sobre la Campaña de la GRiPE Y COVID19 y sus medidas preventivas

Los empleados públicos pierden un 7% de poder adquisitivo desde la firma del acuerdo entre Gobierno, CC.OO y UGT