Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

paula.celis.lopez — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

paula.celis.lopez — Wed, 10 Jun 26 12:51:00 CEST

El Alto Tribunal considera que la figura del indefinido no fijo ya no constituye una medida adecuada para sancionar y reparar, abriendo dos vías principales según la situación del personal laboral afectado: la declaración de FIJEZA o el reconocimiento de una INDEMNIZACIÓN.

¿Cuándo puede obtenerse la FIJEZA?

La sentencia establece que la declaración judicial de trabajador fijo solo será posible cuando concurran simultáneamente dos requisitos:

Existencia de abuso de temporalidad: el abuso se produce cuando la relación laboral temporal se prolonga de forma inusual o anormalmente larga, especialmente en los supuestos de interinidad por vacante que superen los tres años de duración.
Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas: el trabajador debe haber participado y superado un proceso selectivo convocado para el acceso a plazas de personal laboral fijo, aunque en su momento no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes.

OJO: Haber formado parte de una bolsa de empleo temporal o haber superado procesos selectivos destinados exclusivamente a plazas temporales no genera, por sí solo, derecho a la fijeza conforme a esta nueva doctrina.

La alternativa: una INDEMNIZACIÓN reparadora

Cuando exista abuso de temporalidad pero el trabajador no reúna los requisitos exigidos para acceder a la condición de fijo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a reclamar una indemnización específica destinada a compensar los perjuicios sufridos.

Esta compensación puede adoptar dos modalidades, compatibles entre sí:

Indemnización por cese: se percibe cuando finaliza la relación laboral y, con carácter general, equivale a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Indemnización adicional por daño moral o material: como principal novedad, el Tribunal Supremo reconoce una compensación adicional para reparar la situación de precariedad derivada del abuso de temporalidad. Esta indemnización puede reclamarse incluso cuando el trabajador continúa prestando servicios.

¿Cómo se calcula la indemnización por daño moral?

En aquellos casos en los que no se acrediten daños de cuantía superior, la sentencia establece una indemnización mínima orientativa tomando como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías orientativas serían:

Entre 1.000 y 10.000 euros para situaciones de abuso producidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Entre 751 y 7.500 euros para abusos anteriores a esa fecha.

Recomendación de CSIF Cantabria

Desde CSIF Cantabria, recomendamos analizar cada situación de forma individualizada, ya que las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los procesos selectivos superados.

Si te encuentras en una situación de temporalidad prolongada o consideras que puedes haber sido víctima de abuso en la contratación temporal, ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas.

Estudiaremos tu caso para determinar si cumples los requisitos para solicitar la declaración de fijeza o reclamar las indemnizaciones que puedan corresponderte.

CSIF Cantabria continúa defendiendo la estabilidad en el empleo público y la protección de los derechos de las personas trabajadoras frente al abuso de la temporalidad.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF pide al Parlamento Europeo una investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 24 Sep 26 10:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.

Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.

En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.

CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.

También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.

Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:

Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

Coordinación entre administraciones.

Utilización o no de mecanismos europeos.

IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:

- Sanidad: sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.

- Justicia: incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.

- Prisiones: incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.

- Seguridad y Orden Público: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.

- Educación: sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.

- Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.

- Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

- Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).

CSIF reclama reforzar la prevención laboral en 2027 con más recursos y mayor implicación de empresas y administraciones

paula.celis.lopez — Thu, 30 Jul 26 11:46:00 CEST

La planificación preventiva para 2027, regulada por la Resolución de 7 de julio de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece el Plan General de Actividades Preventivas que desarrollarán las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social durante el próximo ejercicio. Este plan prioriza el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las personas trabajadoras autónomas y a los sectores con mayor siniestralidad laboral, incorporando además la perspectiva de género en las actuaciones preventivas. El plan se enmarca en la fase final de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, cuyo Plan de Acción (2025-2027) pone el foco en los nuevos riesgos laborales, especialmente los de carácter psicosocial, los derivados de la digitalización y los relacionados con los cambios en la organización del trabajo.

Un plan orientado al asesoramiento y la prevención

Entre los principales aspectos de la planificación preventiva para 2027 destacan:

Prioridad para las pymes, las personas autónomas y los sectores con mayor índice de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Las actuaciones de las mutuas tendrán un carácter exclusivamente asesor, divulgativo, formativo e innovador, sin sustituir en ningún caso las obligaciones legales que corresponden a las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.
El presupuesto destinado a estas actividades no podrá superar el 0,7 % de los ingresos obtenidos por cuotas de contingencias profesionales de cada mutua.
Las mutuas presentaron sus programas de actuación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 16 y el 31 de diciembre de 2026.

CSIF exige una prevención más eficaz y con mayores recursos

Desde CSIF valoramos que la planificación preventiva mantenga como prioridad la reducción de la siniestralidad laboral y la promoción de una cultura preventiva. No obstante, consideramos que estos objetivos solo podrán alcanzarse si las medidas previstas se acompañan de una mayor implicación de todos los agentes responsables y de una financiación suficiente.

En este sentido, el sindicato reclama:

Que las mutuas refuercen las actuaciones preventivas, ampliando el asesoramiento técnico y las acciones de formación dirigidas a empresas y trabajadores.
Que empresas y administraciones públicas faciliten la información, la coordinación y la colaboración necesarias para garantizar la eficacia de las medidas preventivas.
Que se prioricen los riesgos que más afectan actualmente a la salud de las personas trabajadoras, especialmente los riesgos psicosociales, los trastornos musculoesqueléticos, la exposición a temperaturas extremas y los derivados de la transformación digital.
Que se destinen recursos humanos y económicos suficientes para desarrollar una prevención eficaz y de calidad, evitando que las actuaciones queden limitadas a meros trámites administrativos.

La prevención debe ser una prioridad permanente

CSIF recuerda que invertir en prevención supone reducir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y bajas laborales, además de mejorar la salud, el bienestar y la productividad en los centros de trabajo.

Por ello, el sindicato continuará defendiendo una política preventiva basada en la anticipación de los riesgos, la participación de las personas trabajadoras, el fortalecimiento de los servicios de prevención y el compromiso efectivo de empresas, administraciones y mutuas con la seguridad y salud laboral.

Solo mediante una prevención real, dotada de medios suficientes y adaptada a los nuevos retos del mundo del trabajo, será posible avanzar hacia entornos laborales más seguros, saludables y de mayor calidad.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.

El radón, bajo lupa: CSIF exige evaluaciones urgentes en centros de trabajo de zonas prioritarias bajo el lema de su campaña: “MEDIR ES PREVENIR. ACTUAR ES PROTEGER

encarna.abascal.perez — Mon, 09 Mar 26 10:00:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCantabria Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha iniciado una batería de solicitudes formales en centros de trabajo de todo el territorio nacional para exigir el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de exposición al gas radón.

Bajo el lema MEDIR ES PREVENIR. ACTUAR ES PROTEGER, CSIF reclama la realización inmediata de mediciones en aquellos centros situados en municipios declarados de actuación prioritaria y en todos los edificios con puestos de trabajo en planta baja o bajo rasante, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre protección de la salud frente a radiaciones ionizantes.

Un riesgo invisible pero real

El radón es un gas radiactivo de origen natural que se acumula en espacios cerrados y que la Organización Mundial de la Salud identifica como la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la primera en personas no fumadoras. Se trata de un agente cancerígeno reconocido científicamente, cuya exposición prolongada incrementa significativamente el riesgo para la salud.

En España, el nivel de referencia está fijado en 300 Bq/m³ como promedio anual en lugares de trabajo. Cuando se supera este umbral, la normativa obliga a adoptar medidas correctoras para reducir la concentración al nivel más bajo razonablemente posible.

Desde junio de 2024, las empresas y Administraciones cuyos centros estén ubicados en zonas de actuación prioritaria están obligadas a realizar mediciones. Sin embargo, CSIF ha detectado que en numerosos centros todavía no se han efectuado evaluaciones o no se ha informado adecuadamente a los trabajadores.

CSIF recuerda que la protección frente al radón no es voluntaria. Es una obligación legal derivada de:

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a garantizar una protección eficaz de la salud.
El Real Decreto 665/1997 sobre agentes cancerígenos.
El Real Decreto 1029/2022, que regula específicamente la exposición al radón.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que contempla sanciones por incumplimientos en materia preventiva.
No evaluar este riesgo puede suponer una infracción grave o muy grave, además de generar responsabilidades administrativas e incluso penales si se producen daños a la salud.

CSIF, a través de sus delegados y delegadas de prevención, está registrando solicitudes formales en centros de trabajo de toda España para exigir:

Información sobre si se han realizado mediciones de radón.
Entrega de los informes técnicos correspondientes.
Incorporación del riesgo por radón a la evaluación de riesgos laborales.
Adopción de medidas correctoras en caso de superación del nivel de referencia.
Información y formación específica a los trabajadores.
Seguimiento periódico en el Comité de Seguridad y Salud.

En caso de detectarse incumplimientos, CSIF no descarta trasladar la situación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

“Medir es prevenir. Actuar es proteger” con esta campaña, CSIF quiere trasladar un mensaje claro: el radón no se ve, no huele y no avisa. La única forma de prevenir es medir. Y cuando se detecta el riesgo, la única respuesta responsable es actuar.

Desde el sindicato insistimos en que la prevención no es un gasto, sino una inversión en salud pública. La protección de las personas trabajadoras es una obligación constitucional y una condición imprescindible para garantizar entornos laborales seguros.

CSIF continuará impulsando esta iniciativa en todo el territorio nacional hasta que se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa en todos los centros afectados al igual que está informando a los profesionales para que conozcan sus riesgos y sus derechos.

CSIF presenta sus alegaciones para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

encarna.abascal.perez — Tue, 27 Jan 26 11:06:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCantabria Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un amplio y ambicioso paquete de propuestas en el marco de la consulta pública para la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y del Reglamento de los Servicios de Prevención, con el objetivo de convertir la prevención en una herramienta real y eficaz, adaptada a la actual realidad del trabajo en España.

Tras más de 30 años de vigencia de la LPRL, CSIF considera imprescindible una reforma profunda que corrija fallos estructurales, combata el incumplimiento sistemático de la normativa y garantice igualdad de protección con independencia del sector, la empresa o la administración en la que se trabaje. Estas propuestas han sido trasladadas formalmente al Ministerio y reforzadas mediante un escrito dirigido a la ministra de Trabajo, en el que CSIF reclama voluntad política y plazos concretos para su desarrollo.

Prevención real frente a prevención de papel

CSIF denuncia que, en demasiados centros de trabajo, la prevención se ha reducido a un trámite documental, externalizado y alejado de la organización real del trabajo. Por ello, las propuestas sindicales apuestan por integrar la prevención en la gestión diaria, reforzar el papel de los servicios de prevención propios y garantizar su calidad, independencia y dimensionamiento adecuado.

Entre las propuestas más destacadas, CSIF plantea:

Aplicar la LPRL a todas las actividades, incluidas aquellas con especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.
Regular la ratio suficiente de inspectores de trabajo, técnicos de prevención, personal médico y de enfermería de servicios de prevención, reforzando las plantillas, entre otras.
Reconocer expresamente la salud mental y los riesgos psicosociales como parte del derecho a la protección eficaz, con evaluaciones obligatorias y periódicas.
Garantizar evaluaciones de riesgos presenciales y multidisciplinares, evitando las evaluaciones “de despacho”.
Regular la desconexión digital y la salud digital, como nuevos derechos preventivos frente a la sobrecarga y la hiperconectividad.
Regulares medidas de emergencia relacionadas con la ciberseguridad y la digitalización.
Más participación sindical y más control.
Incorporar variables de edad, diversidad generacional, perspectiva de género y lenguaje inclusivo.
Formación preventiva obligatoria con mínimo de 8 horas, práctica y presencial, adaptada al puesto y a la persona trabajadora.
Crear un Real Decreto específico sobre riesgos psicosociales, con participación sindical y control efectivo.
Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

CSIF sitúa la participación de los delegados y delegadas de prevención en el centro de la reforma, puesto que son la voz de las personas trabajadoras. Entre sus propuestas figura el reconocimiento de un crédito horario específico, el acceso real a la documentación preventiva y la presencia obligatoria de la representación sindical en visitas de servicios de prevención e Inspección de Trabajo.

Asimismo, el sindicato propone reforzar el papel de los comités de seguridad y salud, reduciendo los umbrales para su constitución y dotando de carácter vinculante a determinados acuerdos cuando existan riesgos graves para la salud.

Vigilancia de la salud y protección a lo largo de la vida laboral

Otro eje central de las propuestas de CSIF es la vigilancia de la salud, que debe dejar de ser un mero reconocimiento médico. CSIF plantea potenciar la vigilancia colectiva, incorporar profesionales de psicología y psiquiatría en los servicios de prevención y crear un sistema público de vigilancia de la salud postocupacional, especialmente para enfermedades profesionales de larga latencia.

También se proponen medidas específicas para la adaptación de puestos, el retorno al trabajo tras bajas prolongadas, la protección de personas especialmente sensibles y una ampliación de la protección en situaciones de maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

CSIF considera que esta reforma es una oportunidad histórica para situar la salud laboral como un eje central de las políticas públicas. Por ello, exige al Gobierno que escuche a al conjunto de la representación sindical de nuestro país y no solo “a los de siempre”, incorpore estas propuestas al anteproyecto de ley y garantice una normativa más clara, más exigente y con consecuencias reales ante el incumplimiento.

Para CSIF, la prevención de riesgos laborales no es una carga para empresas y administraciones, sino una inversión en salud, empleo de calidad y cohesión social. Sin una reforma valiente, será una oportunidad perdida, la LPRL seguirá sin responder a los riesgos reales del trabajo del siglo XXI.

CSIF entrega su distinción de Honor a Felipe VI por su compromiso con las/os empleadas/os públicos

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 11 Dec 25 12:37:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha otorgado a su majestad el rey Felipe VI nuestra Distinción de Honor por su compromiso y defensa de los servicios públicos, y en reconocimiento a su papel constitucional como garante de la unidad, nuestro estado de bienestar y la dignificación de las/os servidores públicos, en todos los niveles de las administraciones.

En una audiencia con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, la delegación de CSIF, encabezada por su presidente, Miguel Borra, puso en valor el papel del jefe de Estado, especialmente en momentos muy difíciles para nuestro país, junto a Su Majestad la Reina: acompañando a las víctimas de catástrofes, visitando las zonas afectadas y mostrando apoyo directo y cercano al personal de emergencias y personal voluntario.

Recordamos especialmente la dana, los incendios forestales, la erupción del volcán en la isla de La Palma o la epidemia del covid. Para CSIF, el papel de la Corona pone en valor y representa la generosidad, entrega y compromiso que caracteriza a la sociedad española en las circunstancias complicadas y trágicas de nuestro país.

Esta audiencia es muy relevante para CSIF también para evidenciar el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento mutuo entre la Corona y los servidores públicos y para poner en valor la labor de trabajadores y trabajadoras de todas las administraciones y empresas públicas, poco reconocidos en sus condiciones laborales, lo que contrasta con su labor fundamental, que suele destacarse en momentos difíciles por parte de nuestros gobernantes, en medios de comunicación.

En la audiencia, la delegación de CSIF y el Rey tuvieron la oportunidad de analizar los principales retos de nuestras administraciones públicas y el reciente Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que ha permitido desbloquear la congelación salarial, el pago de retrasos de 2025, y un incremento salarial acumulado del 11,4 por ciento de aquí a 2028.

Entre los retos de nuestras administraciones públicas, CSIF señaló el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, Administración General del Estado, entre otros) por falta de inversión adecuada, la excesiva politización de las administraciones (CSIF siempre ha defendido un pacto de Estado en materia de las Administraciones Públicas), el envejecimiento de las plantillas y necesidades de refuerzo de personal en ámbitos fundamentales como el SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad; el abuso de la temporalidad, y la necesidad de reforzar las plantillas donde sea necesario, cumpliendo así con lo establecido en el Acuerdo, que elimina la actual tasa de reposición, la pérdida del poder adquisitivo desde la bajada de sueldo de 2010 o la demora en la resolución de los procesos selectivos pendientes.