Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

paula.celis.lopez — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

paula.celis.lopez — Wed, 10 Jun 26 12:51:00 CEST

El Alto Tribunal considera que la figura del indefinido no fijo ya no constituye una medida adecuada para sancionar y reparar, abriendo dos vías principales según la situación del personal laboral afectado: la declaración de FIJEZA o el reconocimiento de una INDEMNIZACIÓN.

¿Cuándo puede obtenerse la FIJEZA?

La sentencia establece que la declaración judicial de trabajador fijo solo será posible cuando concurran simultáneamente dos requisitos:

Existencia de abuso de temporalidad: el abuso se produce cuando la relación laboral temporal se prolonga de forma inusual o anormalmente larga, especialmente en los supuestos de interinidad por vacante que superen los tres años de duración.
Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas: el trabajador debe haber participado y superado un proceso selectivo convocado para el acceso a plazas de personal laboral fijo, aunque en su momento no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes.

OJO: Haber formado parte de una bolsa de empleo temporal o haber superado procesos selectivos destinados exclusivamente a plazas temporales no genera, por sí solo, derecho a la fijeza conforme a esta nueva doctrina.

La alternativa: una INDEMNIZACIÓN reparadora

Cuando exista abuso de temporalidad pero el trabajador no reúna los requisitos exigidos para acceder a la condición de fijo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a reclamar una indemnización específica destinada a compensar los perjuicios sufridos.

Esta compensación puede adoptar dos modalidades, compatibles entre sí:

Indemnización por cese: se percibe cuando finaliza la relación laboral y, con carácter general, equivale a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Indemnización adicional por daño moral o material: como principal novedad, el Tribunal Supremo reconoce una compensación adicional para reparar la situación de precariedad derivada del abuso de temporalidad. Esta indemnización puede reclamarse incluso cuando el trabajador continúa prestando servicios.

¿Cómo se calcula la indemnización por daño moral?

En aquellos casos en los que no se acrediten daños de cuantía superior, la sentencia establece una indemnización mínima orientativa tomando como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías orientativas serían:

Entre 1.000 y 10.000 euros para situaciones de abuso producidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Entre 751 y 7.500 euros para abusos anteriores a esa fecha.

Recomendación de CSIF Cantabria

Desde CSIF Cantabria, recomendamos analizar cada situación de forma individualizada, ya que las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los procesos selectivos superados.

Si te encuentras en una situación de temporalidad prolongada o consideras que puedes haber sido víctima de abuso en la contratación temporal, ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas.

Estudiaremos tu caso para determinar si cumples los requisitos para solicitar la declaración de fijeza o reclamar las indemnizaciones que puedan corresponderte.

CSIF Cantabria continúa defendiendo la estabilidad en el empleo público y la protección de los derechos de las personas trabajadoras frente al abuso de la temporalidad.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

El Secretario de Estado se compromete con CSIF a negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Justicia

admin — Wed, 20 Dec 23 11:29:27 CET

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Tras conocer el contenido de Disposición Adicional novena del Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo aprobada ayer en Consejo de Ministros tras varias semanas de tramitación y publicado hoy en el BOE, CSIF valora muy positivamente este compromiso de negociación del Secretario de Estado de Justicia.

El Secretario de Estado cumple y ratifica de forma expresa la voluntad que comunicó inicialmente a todos los sindicatos por vía telefónica hace dos meses y que reiteró nada más ser nombrado por la misma vía el pasado 29 de noviembre

CSIF, fiel al compromiso adquirido en el mes de julio tras la suspensión de las movilizaciones, ha venido exigiendo al Ministerio pasos hacia la apertura de la negociación durante estas últimas semanas. En este sentido, CSIF valora muy positivamente este compromiso de negociación del Secretario de Estado de Justicia que, esperamos, se concrete el próximo mes de enero con una convocatoria.

Las movilizaciones y la huelga, el sacrificio de miles de compañeros y compañeras, han servido para abrir esta negociación y CSIF está preparado para afrontar la negociación de un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Justicia, recuperar la normalidad en los órganos judiciales y poner las bases de la Justicia del futuro.

La Disposición Adicional del Real Decreto Ley es del siguiente tenor literal:

“Disposición adicional novena. Personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.

En atención a la imprescindible implicación de los profesionales de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en el proceso de transformación comprometido en el Plan Estratégico «Justicia 2030» y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con el objetivo de lograr una mejora de la eficiencia organizativa, procesal y digital en aras de una administración más ágil, eficiente, adaptada a la ciudanía, sostenible y transparente, y puesto que este proceso de transformación tiene una especial incidencia en la adaptación de las funciones que realizan estos profesionales, por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se llevarán a cabo las actuaciones precisas para reconocer e identificar esta incidencia.”

El texto de este Real Decreto Ley, que se venía gestando desde hace varios meses, recoge medidas relacionadas con la eficiencia digital y procesal e incluye una cláusula sobre negociación del teletrabajo en Justicia que había pedido CSIF públicamente para lo que se da un plazo de doce meses. (Disp.Final. 6ª del RDLey)

Además, el Real Decreto ley contiene medidas generales sobre acceso al empleo público, evaluación del desempeño y carrera profesional que son objeto de valoración por CSIF en este enlace.