Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

paula.celis.lopez — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

paula.celis.lopez — Wed, 10 Jun 26 12:51:00 CEST

El Alto Tribunal considera que la figura del indefinido no fijo ya no constituye una medida adecuada para sancionar y reparar, abriendo dos vías principales según la situación del personal laboral afectado: la declaración de FIJEZA o el reconocimiento de una INDEMNIZACIÓN.

¿Cuándo puede obtenerse la FIJEZA?

La sentencia establece que la declaración judicial de trabajador fijo solo será posible cuando concurran simultáneamente dos requisitos:

Existencia de abuso de temporalidad: el abuso se produce cuando la relación laboral temporal se prolonga de forma inusual o anormalmente larga, especialmente en los supuestos de interinidad por vacante que superen los tres años de duración.
Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas: el trabajador debe haber participado y superado un proceso selectivo convocado para el acceso a plazas de personal laboral fijo, aunque en su momento no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes.

OJO: Haber formado parte de una bolsa de empleo temporal o haber superado procesos selectivos destinados exclusivamente a plazas temporales no genera, por sí solo, derecho a la fijeza conforme a esta nueva doctrina.

La alternativa: una INDEMNIZACIÓN reparadora

Cuando exista abuso de temporalidad pero el trabajador no reúna los requisitos exigidos para acceder a la condición de fijo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a reclamar una indemnización específica destinada a compensar los perjuicios sufridos.

Esta compensación puede adoptar dos modalidades, compatibles entre sí:

Indemnización por cese: se percibe cuando finaliza la relación laboral y, con carácter general, equivale a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Indemnización adicional por daño moral o material: como principal novedad, el Tribunal Supremo reconoce una compensación adicional para reparar la situación de precariedad derivada del abuso de temporalidad. Esta indemnización puede reclamarse incluso cuando el trabajador continúa prestando servicios.

¿Cómo se calcula la indemnización por daño moral?

En aquellos casos en los que no se acrediten daños de cuantía superior, la sentencia establece una indemnización mínima orientativa tomando como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías orientativas serían:

Entre 1.000 y 10.000 euros para situaciones de abuso producidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Entre 751 y 7.500 euros para abusos anteriores a esa fecha.

Recomendación de CSIF Cantabria

Desde CSIF Cantabria, recomendamos analizar cada situación de forma individualizada, ya que las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los procesos selectivos superados.

Si te encuentras en una situación de temporalidad prolongada o consideras que puedes haber sido víctima de abuso en la contratación temporal, ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas.

Estudiaremos tu caso para determinar si cumples los requisitos para solicitar la declaración de fijeza o reclamar las indemnizaciones que puedan corresponderte.

CSIF Cantabria continúa defendiendo la estabilidad en el empleo público y la protección de los derechos de las personas trabajadoras frente al abuso de la temporalidad.

CSIF se moviliza en todas las administraciones públicas ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.

Victoria judicial de CSIF: el TSJ de Cantabria reconoce el derecho a la excedencia por cuidado de hijo a personal laboral temporal y condena al Gobierno regional a una indemnización por los daños causados

paula.celis.lopez — Fri, 06 Feb 26 13:21:00 CET

El servicio jurídico de CSIF Cantabria ha obtenido una nueva e importante victoria judicial en defensa del derecho a la conciliación familiar de los empleados públicos, tras la sentencia dictada el 26 de enero de 2026 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que estima el recurso de suplicación interpuesto contra el Gobierno de Cantabria.

La sentencia revoca el fallo previo y reconoce que la Administración autonómica vulneró el derecho de la trabajadora a conciliar su vida familiar y laboral, al denegarle una excedencia por cuidado de hijo sin una motivación suficiente ni una verdadera ponderación de las circunstancias personales acreditadas.

La resolución resulta especialmente relevante porque el Tribunal reconoce el derecho a la excedencia incluso cuando la trabajadora no tiene la condición de personal laboral fijo ni ser su contrato de larga duración, desmontando así la interpretación restrictiva realizada por la Administración autonómica. En este caso, la trabajadora había visto desestimada su solicitud de excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor, al considerar el Gobierno regional que no cumplía los requisitos exigidos por el VIII Convenio Colectivo, al no tener la condición de trabajadora temporal de larga duración.

El Tribunal subraya que el derecho a la excedencia no puede quedar supeditado a criterios organizativos genéricos ni a decisiones automáticas, ni discriminar a trabajadores temporales respecto a los trabajadores fijos, teniendo además la excedencia solicitada una inherente dimensión constitucional especialmente protegida como es el cuidado de hijos y protección a la familia.

Como consecuencia del fallo, el Gobierno de Cantabria queda obligado a reconocer la medida de conciliación solicitada, sentando un precedente relevante para el conjunto del personal de la Administración autonómica y reforzando la protección judicial de estos derechos.

Desde el sindicato, se hace hincapié en que, pese a que el Juzgado de lo Social estimó parcialmente la demanda, no reconociendo indemnización alguna por los daños sufridos. Sin embargo, el TSJ de Cantabria corrige ahora ese criterio y reconoce expresamente la existencia de daños morales, al considerar evidente que la trabajadora fue privada injustamente de su derecho al cuidado de su hija en un momento especialmente sensible que obligó a que el cuidado de la menor fuera asumido por sus abuelos, con el consiguiente daño personal, familiar y emocional para la trabajadora.

El Tribunal concluye que esta privación del derecho a la excedencia solicitada vulneró de forma clara los derechos de la recurrente, subrayando que las normas convencionales no pueden aplicarse de forma automática ni descontextualizada, ni ser contraria a lo establecido en las disposiciones legales, especialmente cuando están en juego derechos vinculados a la protección de la familia y de los menores.

Desde CSIF Cantabria, se valora muy positivamente esta sentencia, que refuerza la protección judicial del derecho a la conciliación y envía un mensaje claro a las administraciones públicas: “la conciliación familiar no es un privilegio ni una concesión discrecional, sino un derecho real y exigible que debe garantizarse con independencia del tipo de vínculo laboral”. El sindicato destaca, además, la importancia de que el Tribunal reconozca los daños causados, algo poco habitual pero plenamente justificado en este caso, al haberse impedido el cuidado materno de la menor sin justificación alguna.

CSIF Cantabria destaca el trabajo de su servicio jurídico, que una vez más ha logrado corregir una actuación administrativa injusta y garantizar los derechos de los empleados públicos y recuerda que seguirá defendiendo en los tribunales a cualquier trabajador o trabajadora cuyos derechos laborales y familiares sean vulnerados, y exige al Gobierno de Cantabria que tome nota de esta sentencia y modifique su actuación, evitando interpretaciones restrictivas que obliguen a los trabajadores a acudir a los tribunales para ver reconocidos derechos básicos.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

📢 Si trabajas en el Gobierno de Cantabria y tienes algún problema, consulta con tu delegado sindical de CSIF Cantabria.

Teléfono: 942225613 / Email: autonomico39@csif.es

Nuestro sindicato continuará utilizando todos los instrumentos de negociación y defensa jurídica necesarios para velar por los derechos de los empleados públicos y por el respeto a los principios constitucionales que deben regir el acceso y la promoción en la función pública.

Victoria judicial de CSIF: Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Castro Urdiales a pagar por años de trabajo en categoría superior

paula.celis.lopez — Tue, 21 Oct 25 11:30:00 CEST

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria han obtenido una significativa victoria judicial en defensa de los derechos del personal funcionario en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander al conseguir que se estime íntegramente la demanda interpuesta por la asesoría jurídica de CSIF Cantabria contra el Ayuntamiento de Castro Urdiales por beneficiarse, de forma continuada, del trabajo en funciones superiores a una funcionaria sin reconocer su derecho a una retribución justa y se le condene a pagar a la trabajadora los intereses legales desde la fecha de la reclamación hasta que sea efectivo el abono de los mismos.

La funcionaria afectada, auxiliar administrativa (C2) de carrera adscrita al departamento de Personal/Recursos Humanos, venía realizando desde al menos 2009, de manera constante, habitual y reconocida, funciones propias del puesto de administrativo (C1), de mayor categoría, sin que el Ayuntamiento haya procedido ni a la formalización del nombramiento ni al abono de las diferencias retributivas correspondientes. Ante el silencio administrativo del Ayuntamiento a su solicitud presentada en junio de 2024, la afiliada, asistida por la Letrada de CSIF, acudió a los tribunales.

La sentencia reconoce que la trabajadora ha ejercido de forma habitual, constante y con responsabilidad funciones propias de un administrativo, sin que ello pueda considerarse una situación puntual o accidental y su derecho a percibir las diferencias salariales entre su puesto oficial y las funciones realmente desempeñadas, en el período no prescrito —esto es, desde junio de 2020 hasta junio de 2024—. El fallo se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la normativa aplicable tanto a nivel estatal como local, que vincula las retribuciones complementarias a las funciones efectivamente realizadas, con independencia de que haya existido o no un nombramiento formal.

Entre otros aspectos, el juzgado valora como prueba determinante un informe de la Secretaría del propio Ayuntamiento, así como declaraciones testificales, que confirman la asunción de funciones de mayor responsabilidad propias de la categoría superior, desarrolladas de forma continuada y estructural, y no de forma puntual u ocasional.

El fallo condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a abonar a la funcionaria las diferencias retributivas correspondientes a los últimos cuatro años no prescritos más los intereses legales desde la fecha de la reclamación hasta el pago efectivo. Además, el Juzgado impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales hasta un máximo de 500 euros.

La resolución judicial decreta que no es necesario un nombramiento formal cuando existe una realidad sostenida y reconocida de desempeño efectivo de funciones superiores, y recuerda que la administración no puede aprovecharse de estas situaciones irregulares que ella misma ha consentido o provocado. Así, este fallo, que reconoce una situación jurídica individualizada, es susceptible de extensión de efectos a otros empleados públicos en circunstancias similares, tal y como establece el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Desde CSIF Cantabria, se valora esta sentencia “como un precedente muy relevante” y anima a todos los empleados públicos que se encuentren en situaciones análogas a ponerse en contacto con su asesoría jurídica.

“No se puede permitir que la Administración se beneficie de forma continuada del trabajo en funciones superiores sin reconocer el derecho a una retribución justa. Esta sentencia es un paso más en la lucha contra el abuso estructural de funciones no reconocidas en la Administración Local”, ha declarado el equipo jurídico de CSIF Cantabria.

CSIF gana la primera sentencia que obliga a la Junta de Castilla y León a pagar el permiso parental con el salario completo

sofia.porrero.de-prado — Mon, 21 Jul 25 10:40:00 CEST

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Valladolid da la razón a CSIF y reconoce el derecho de un funcionario de la Consejería de Educación a disfrutar del permiso parental de ocho semanas con el salario completo y todas las cotizaciones sociales, anulando así la negativa de la Junta de Castilla y León a abonar ese dinero. Es la primera sentencia firme (nº 159/2025) que se gana sobre este derecho -reconocido por la Unión Europea- en la Comunidad. El sindicato independiente consigue -así- una importante victoria judicial en defensa de la conciliación y los derechos de los empleados públicos.

El Juzgado obliga a la Consejería de Educación a abonar íntegramente el salario de un funcionario que disfrutó del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de un menor, tal y como establece el artículo 49.g) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Aunque la Junta autorizó el disfrute del permiso, negó la remuneración del mismo. Ahora, la sentencia de 30 de junio de 2025 (ya firme, sin posibilidad de apelación) anula las resoluciones administrativas de la Junta y deja claro que la Directiva Europea 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y laboral, es directamente aplicable en España desde agosto de 2022, pese a que el Estado aún no la haya traspuesto plenamente a nuestro ordenamiento jurídico.

El juzgado recuerda, además, que otras resoluciones judiciales, como la del Juzgado nº17 de Barcelona en junio de 2025, han fallado en el mismo sentido. “En definitiva, CSIF está abriendo un camino claro para que los empleados públicos y, por extensión, también los del sector privado, puedan exigir que este permiso sea retribuido”, afirma CSIF.

Este sindicato destaca “el trabajo riguroso de nuestro equipo jurídico. Esta sentencia es un ejemplo más de que existe otra manera de hacer sindicalismo, de cómo nuestro compromiso con nuestros afiliados, y nuestro carácter profesional e independiente da resultados”.