Ávila

¿Cómo deben actuar los delegados sindicales en los procesos electorales?

Admin Admin — Sat, 21 May 22 11:27:26 CEST

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¿Cómo deben actuar los delegados sindicales en los procesos electorales? (tribunaavila.com)¿Cómo deben actuar los delegados sindicales en los procesos electorales? (tribunaavila.com)

El sindicato CSIF de Ávila, ha realizado este jueves una Jornada de formación en materia de 'El delegado sindical ante la mecánica de los procesos electorales', una acción dirigida a delegados, liberados y trabajadores, dando a conocer los diferentes conceptos y proporcionar estrategias a la hora de abordar los distintos factores en la mecánica electoral.

El objetivo de jornada ha sido atender y asesorar en la mejora de la convivencia en el ámbito laboral y en los conflictos que se puedan generar.

La formación ha sido impartida por el coordinador de formación de la Unión Autonómica de Madrid y secretario de la Comisión de Garantías Nacional, con el ánimo de orientar a todos los delegados, liberados y afiliados de la Unión Provincial de Ávila para el desarrollo de sus competencias y facultades en los diferentes sectores y ámbitos laborales de dicha provincia.

CSIF, JUPOL y JUCIL entregan al Defensor del Pueblo miles de quejas por recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios

Admin Admin — Tue, 05 Apr 22 08:32:07 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Puedes ver la rueda de prensa completa pinchando en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4jQgT8wTUU8

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional y JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.

Estas quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Igualmente, tanto CSIF como JUPOL y JUCIL estudian acciones jurídicas ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.

Según los datos recabados, el 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.

En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Señalamos, por su especial relevancia, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad.

Pedimos a las mutualidades que asuman su responsabilidad

Ante esta situación, exigimos a las mutuas que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes. Asimismo, reclamamos que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 por ciento de los encuestados reclama esta posibilidad.

En definitiva, reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada.

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, queremos que se concreten los siguientes datos: el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento; y que concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones. Recordamos las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados.

Estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. Ya advertimos entonces que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas.

Miguel Borra, reelegido presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para los próximos cuatro años

Admin Admin — Thu, 31 Oct 19 09:01:40 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesÁvila Image

Miguel Borra Izquierdo ha sido reelegido este jueves presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado—por los 470 compromisarios que participaron en el IX Congreso General Nacional de la central, celebrado en Valladolid.

Miguel Borra Izquierdo, nacido en Zaragoza en 1968. Licenciado en Ciencias Económicas, Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza; Master de gestión de la calidad en las Administraciones Públicas por la UNED. Pertenece al Cuerpo Técnico de la Función Administrativa en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Borra fue elegido por primera vez presidente de CSIF el 30 de noviembre de 2011, en el VII Congreso General Nacional.

Junto a Borra, Antonio Díaz García ha sido designado vicepresidente nacional y Begoña Montero Medina secretaria general nacional.

Asimismo, fueron designadas al frente de las secretarías de área: Francisco Lama Peaguda, Milagros Dorronzoro Fábregas, Encarna Abascal Pérez, Pedro Poves Oñate, Eva Fernández Urbón y Andrés Montero Lavado.

Estas son las prioridades de CSIF para los próximos 4 años.

Negociación de un nuevo acuerdo de mejora de empleo y condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de las administraciones públicas. 35 horas semanales en todas las administraciones públicas.

Los empleados públicos todavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 19,6 por ciento (más de un 20 por ciento si sumamos los recortes de las comunidades autónomas), desde 2010. Tenemos que poner fecha a esta recuperación y firmar un acuerdo plurianual.

En este contexto, reclamaremos la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, que permite que los empleados públicos perciban el 100% de la paga extra.

Igual Trabajo, igual salario. Habilitación de crédito para paliar las desigualdades retributivas existentes entre los empleados/as públicos/as dependientes de las diferentes administraciones públicas.

Plan de rejuvenecimiento de la Administración, renovación de 300.000 puestos de trabajo en 4 años y reducción de la temporalidad

CSIF propondrá la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de los empleados/as públicos, dentro de un plan de modernización de la Administración. Queremos impulsar un profundo debate en el marco de los Pactos de Toledo y el Diálogo Social para enmarcarlo en un Plan de recursos humanos y modernización de nuestras administraciones públicas.

Calculamos que en los próximos cuatro años se podrían renovar hasta 300.000 puestos de trabajo en toda España, con las consecuentes ofertas de empleo público (no queremos un empleado público de más, pero tampoco ninguno de menos).

CSIF reclamará asimismo la jubilación anticipada para determinados colectivos que desempeñan funciones especialmente penosas por coeficientes reductores de la edad de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social.

Por otra parte, la temporalidad en las administraciones supera ya a la del sector privado (28,2 frente al 25,9 por ciento del sector privado). Por eso, es preciso agilizar los procesos de reducción de temporalidad en el empleo público y la eliminación de la tasa de reposición.

Plan de Modernización de nuestras Administraciones Públicas y reversión servicios públicos externalizados

Revertir la competencia sobre los servicios públicos externalizados y privatizados. Esta medida debe ir unida a un compromiso en el que se determinen los servicios que siempre deben de ser prestados por las administraciones públicas. A lo largo de estos últimos años ha sido práctica habitual que, al amparo de la falta de recursos humanos en los servicios públicos, parte de ellos se hayan externalizado, incrementando sustancialmente el gasto público.

A ello debemos sumar la eliminación de competencias en servicios públicos esenciales (sanidad, nacionalidades, etc.) CSIF defenderá la reversión de dichos servicios a las distintas administraciones públicas y que estos sean prestados por empleados públicos

Reforma de la Ley Sindical.

En este sentido, para responder a la necesidad de trasladar al ámbito sindical el pluralismo democrático de la sociedad española, reclamamos la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa únicamente entre el 3 y el 5 por ciento.

La legislación sindical actual establece una coraza que impide crecer a otras opciones legítimas y deja sin representación a muchos ciudadanos.