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admin — Thu, 11 Jan 24 11:48:00 CET

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Actualización de las retribuciones con la subida del 0,5% de octubre de 2023.

admin — Mon, 23 Oct 23 14:13:00 CEST

EmpleoRetribucionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoAragón - Enseñanza Image

ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES CON LA SUBIDA DEL 0,5 DE OCTUBRE DE 2023.

EL PROFESORADO SIGUE PERDIENDO PODER ADQUISITIVO. DATO CONTRA RELATO. TÚ ELIGES.

RETRIBUCIONES DOCENTES 2023

NOTA: Recuerde que tiene que tener habilitadas las ventanas emergentes para ver las retribuciones de cada CC.AA.

Profesores Sustitutos, ¿nueva bolsa de precariedad en la universidad?

admin — Mon, 16 Oct 23 16:24:31 CEST

EmpleoOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadAragón - Enseñanza Image

Con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) el Ministerio de Universidades que preside Joan Subirats publicitaba, entre otros asuntos, pretender acabar con la precariedad del Personal Docente e Investigador, especialmente con el abuso de ciertas figuras contractuales como el Profesorado Asociado.

Sin embargo, transcurridos 6 meses desde que entró en vigor el 12 de abril, la mayoría de los Profesores y Profesoras Asociados en las diferentes universidades públicas presentan una situación similar marcada por la inestabilidad, el no reconocimiento de su trabajo, la imposibilidad de acceso a la carrera académica y unas exiguas retribuciones. La mayoría de las universidades han optado por hacer una renovación temporal y retrasar al curso próximo el proceso de hacerles a los docentes, mediante concurso, un contrato LOSU indefinido. También se ha aplazado la posibilidad de poner en marcha los procesos de estabilización de Profesor Asociado doctor a la figura de Profesor Ayudante doctor.

Además, el resto de figuras del PDI laboral temporal siguen sin mejorarse y algunas, como es el caso de los Profesores y Profesoras Sustitutos, corren el riesgo de entrar en algunas universidades en una deriva de empeoramiento y precariedad alarmante.

La LOSU introduce con carácter general la figura del Profesor o Profesora Sustituta -ya existían figuras similares en la Universidad del País Vasco o en las universidades andaluzas donde eran interinos- que se está intentando regular a la carrera en diferentes universidades públicas a través de acuerdos transitorios de aplicación de la LOSU. Ya se han alcanzado acuerdos, por ejemplo, en las universidades de Valencia, Zaragoza o la Universidad Pública de Navarra. En otras como en la Universidad de Castilla-La Mancha o en las universidades públicas de Madrid se encuentra en pleno proceso de negociación y, finalmente, en algunas como la Universidad Politécnica de Cataluña se han aprobado sin acuerdo de la parte social.

Universidades como la del País Vasco (UPV) están realizando una interpretación restrictiva -a la que da pie la redacción de la LOSU- para precarizar aún más a este colectivo, sustituyendo jornadas completas por otras a tiempo parcial con evidente e importante reducción de sueldos. Ahora, gente con doctorado y experiencia docente e investigadora, estarán meses o años sustituyendo a un profesor a cambio de unos 800 euros mensuales. Esta política ya ha provocado una convocatoria de huelga el pasado 11 de octubre y no solo afectará a la calidad de la docencia (uno de cada diez profesores de la UPV es sustituto), sino que tiene importantes repercusiones en la carrera académica del profesorado universitario.

Por su parte, Profesores Sustitutos interinos de la Universidad de Sevilla se manifestaron ante el Rectorado criticando su precariedad laboral y lo ridículo de sus salarios que equivalen al 60% del que percibe un profesor Titular de Universidad. Desde CSIF pedimos que se cumplan los plazos establecidos en las convocatorias y no se dilaten 2 años para poder acceder a plazas de Ayudante Doctor y desarrollar sus carreras profesionales de manera justa y digna. En un escenario en el que la falta de profesores contratados ha obligado a suspender clases, reclamamos a la Universidad de Sevilla que revise su política de contratación y de utilización abusiva de la figura del PSI.

El tema de la compatibilidad y la gestión de las bolsas de profesores sustitutos se muestra también como un problema importante en diferentes universidades como la de Valladolid o Valencia, en especial, en titulaciones como Educación o Enfermería. Ya se han registrado casos en que un profesor que obtiene plaza por concurso de profesor sustituto tiene que abandonarla inmediatamente a no obtener la compatibilidad para esa figura.

La Ley de Incompatibilidades de 1984 se ha tornado en una losa en donde en muchas ocasiones no se puede cubrir la docencia con profesores sustitutos. La falta de compatibilidad para figuras que no sean profesores asociados es un serio problema que ya conoce la Crue y el Ministerio de Universidades que, de momento, no se ha pronunciado. Incluso, alguna universidad como la de La Rioja, está adoptando medidas excepcionales (en el certificado de horas que manda a la comunidad autónoma ponen “asimilado a profesor asociado”) para solventar la compatibilidad para los profesores sustitutos.

Tampoco se han escapado de problemas las nuevas bolsas de profesor sustituto en los campus de las universidades públicas catalanas. En la Universidad Autónoma de Barcelona se han tramitado con celeridad -aunque no con la suficiente como para evitar que, empezando el curso, faltara un cuantioso número de profesores- cerca de cuatrocientos contratos de profesorado sustituto de elevado número de créditos y asignados a cuatro, cinco y hasta seis asignaturas. Podrán vender que hay “cuatrocientos asociados menos” pero no conseguirán esconder la explotación laboral del profesorado precario que empezó a trabajar sin firmar el contrato ni la merma de la calidad de la enseñanza de la universidad pública.

Desde CSIF ya alertamos que la figura del Profesor Sustituto -sin financiación y sin una normativa adecuada- genera dudas y problemas y tiene el potencial riesgo de convertirse en una nueva bolsa de precariedad. Además, la falta de profesores, los problemas en la gestión de los contratos y la escandalosa precariedad, trastoca los calendarios, posterga las prácticas e irremediablemente afecta a la calidad de la docencia.

La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 43.700 docentes y una interinidad del 22,47 por ciento

admin — Thu, 07 Sep 23 09:59:31 CEST

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Madrid, 7 de septiembre de 2023. La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.

Déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado,clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores son algunos de los inconvenientes de este nuevo curso.

Y es que, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por su parte, la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. En este sentido, CSIF exige la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados de las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento).

Todos estos datos perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado. De hecho, en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5.

Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este Pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos. Y a partir de ahí, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales.
En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010.

Adjudicaciones Definitivas - Procesos de Concurso de Méritos de Plazas Docentes 2023

admin — Thu, 15 Jun 23 07:04:16 CEST

Concursos y movilidadOtros Concursos y MovilidadConvocatoriasEmpleoOposicionesOtros EmpleoNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalInterinoAragón - Enseñanza Image

Adjudicaciones definitivas (publicado en la web el 15 de junio de 2023)

A efectos informativos, se publica la adjudicación definitiva de las plazas de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraticiones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación publicado por Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso, idioma y puntuación.

Así mismo, a efectos informativos, se publica el listado general, ordenado alfabéticamente, de aquellos participantes en las convocatorias de las administraticiones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que han sido adjudicados, definitivamnte, en dos o más especialidades y, en su caso, idioma, en el mismo Cuerpo.

Dichos aspirantes, conforme a lo dispuesto artículo 10 del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, deberán optar por una de las plazas, en la forma que determine la Administración educativa competente.

Adjudicaciones múltiples en el mismo Cuerpo

Se publica, además, la lista general de participantes que, habiendo obtenido plaza en alguna de las administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, han resultado adjudicados también en las convocatorias realizadas por las Comunidades Autónomas de Galicia y de Cataluña.

Dichos aspirantes, conforme a lo dispuesto en el arrtículo 10 del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, deberán optar por una de las plazas, en la forma que determine la Administración educativa competente.

¿Se aprobará el nuevo RD de acreditación del profesorado universitario?

admin — Tue, 06 Jun 23 07:05:24 CEST

Concursos y movilidadOtros Concursos y MovilidadConvocatoriasEmpleoOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadAragón - Enseñanza Image

Por su interés, os trasladamos que ha sido publicado para información pública en la página web del Ministerio de Universidades el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Enlace: Audiencia e Información Pública - Espacio para la participación - (universidades.gob.es)

El plazo para realizar observaciones se extiende del 1 al 16 de junio de 2023, ambos inclusive.

A pesar de que el adelanto electoral crea fundadas dudas de que se pueda tramitar a tiempo este Real Decreto, desde el Ministerio de Universidades consideran “… que es un desarrollo normativo fundamental para la implantación de la LOSU, sin el cual aspectos tan importantes como las acreditaciones y los concursos quedarían sujetos a un marco normativo anterior, y en algún aspecto contradictorio, a la LOSU, lo que dificultaría mucho el trabajo de la ANECA en los próximos meses”.

Para CSIF, lo ocurrido vuelve a demostrar el despropósito que ha sido, en muchos aspectos, la tramitación de la LOSU. Una ley muy controvertida que hemos rechazado por no dar soluciones a la universidad del siglo XXI y por no mejorar los problemas de precariedad, inestabilidad y temporalidad del Personal Docente e Investigador.

Bajo ningún concepto se debió aprobar la LOSU sin tener “atado” este Real Decreto clave para su implementación. Como tantas veces ha ocurrido anteriormente, estas continuas “improvisaciones” al final las acaban pagando el PDI de las universidades españolas, colectivo al que las Administraciones Públicas siempre tienen maltratado con sus desarrollos normativos, lo que claramente hace imposible saber a qué atenerse ni a planificar con una mínima certidumbre sus carreras profesionales.

A pesar de todo ello, CSIF ha participado, junto a otros sindicatos y agentes universitarios, en las 5 reuniones del Grupo de Trabajo creado por el Ministerio para la modificación de este procedimiento de acreditación nacional, presentando alegaciones y propuestas para, en la medida de lo posible, mejorarlo.

En este Grupo de Trabajo, CSIF ha centrado sus reivindicaciones, entre otros, en los siguientes aspectos:

Simplificación del proceso de acreditación en cuanto a la objetividad (eliminar la arbitrariedad que a veces se produce actualmente), al mecanismo, a la burocracia y a los plazos de resolución.
Tal y como recoge la LOSU, que los méritos requeridos para una evaluación positiva para Profesorado Titular de Universidad se adecúen a la duración de la etapa inicial de la carrera académica, es decir, 6 años.
Que la acreditación vuelva a ser universal, con efectos para todos los campos independientemente de por el que se consiga.
Que el sistema actual y el nuevo puedan convivir durante un tiempo suficientemente extenso, con el fin de no cambiar las reglas de juego a mitad de camino.
Que sea efectivo, como recoge la LOSU, el derecho del profesorado con un perfil marcadamente multidisciplinar a ser evaluado de una forma global y adecuada a esas circunstancias y no por una sola comisión de evaluación.
Que haya una mejor consideración de los sexenios (investigación y transferencia) en los procesos de acreditación.
Que el requisito de movilidad para acreditarse al que hace referencia la LOSU no sea exigible a los PDI que ya hayan iniciado su carrera, es decir, con contrato vigente a la entrada en vigor de la LOSU.

Como podéis ver en el borrador que ahora sale a exposición pública, algunas de nuestras reivindicaciones se han incorporado (otras, lamentablemente para el PDI, es evidente que no). En nuestra línea habitual de trabajo, desde CSIF estamos haciendo todo lo posible por convertir el sistema de acreditación nacional en un sistema más justo, accesible y razonable.

INFORMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y PROCESOS SELECTIVOS

admin — Thu, 25 May 23 11:52:06 CEST

ConvocatoriasElecciones SindicalesEmpleoOposicionesOtros EmpleoNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoAragón - Enseñanza Image

Ante las últimas noticias y anuncios de alguna organización sindical irresponsable, CSIF aclara que no hay ninguna argumentación legal para expulsar a nadie de ningún proceso selectivo. Por tanto, las personas que obtengan plaza en el concurso de méritos podrán continuar en el concurso-oposición que se esté celebrando.

De no ser así, CSIF respaldará jurídicamente el derecho a participar en los procesos de libre concurrencia cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocaría.

CSIF ya advirtió del peligro que se corría por hacer coincidir los procedimientos de acceso al empleo público docente y no dejar tiempo suficiente para resolver los procesos adecuadamente. No podemos admitir que las Administraciones Educativas nieguen solucionar un problema creado por ellas vulnerando el derecho de las y los interinos y opositores.

La LOSU entra en vigor este miércoles

admin — Wed, 12 Apr 23 08:58:07 CEST

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Presenta muchos interrogantes y problemas entre los que os apuntamos:

La financiación queda al albur de los gobiernos autonómicos.
La tasa de reposición no renovará ni rejuvenecerá las plantillas de PDI y PAS.
La doble vía funcionarial y laboral perjudicará a profesores e investigadores
El profesorado asociado continua con su justa huelga indefinida.
Se trata de un texto poco ambicioso y muy generalista para el PAS
Cronificará la precariedad del PDI.
Ignora a predoctorales y posdoctorales.
No mejora el sistema retributivo del PDI.
No dice nada de los nuevos profesionales técnicos y gestores del PAS.
Fragmenta el Sistema Universitario Español y fomenta la politización de las universidades.

Extracto de la nota de la Secretaria General de Universidades (30 de marzo de 2023) sobre el proceso de acreditación a Profesor Ayudante Doctor tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) .

La Ley Orgánica del Sistema Universitario elimina la necesidad de poseer una acreditación para acceder a la figura contractual de Profesor/a Ayudante Doctor/a (PAD). Por otra parte, la disposición transitoria tercera de la LOSU, en su apartado 1, establece que la acreditación vigente de PAD o de la figura equivalente en la normativa autonómica, se considerará como un mérito preferente, dentro de los cuatro años posteriores a la aprobación de la Ley, a efectos del acceso a la figura de PAD.

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la LOSU, los procesos de acreditación a la figura de PAD ya no podrán solicitarse por parte de los interesados ni por tanto llevarse a cabo por parte de las agencias de evaluación de la calidad. Obviamente, aquellos procesos que se encuentren en marcha antes de la entrada en vigor de la Ley sí que podrán finalizarse conforme a la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud.

BOE 12/4/2023: Real Decreto 278/2023 que establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022

admin — Wed, 12 Apr 23 06:19:23 CEST

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
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TEXTO ORIGINAL

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece en su disposición final quinta que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley. Según la disposición citada, dicho calendario tendrá un ámbito temporal de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica, y en él se establecerá la implantación de las ofertas formativas, el sistema de orientación profesional, así como el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por otras vías del Sistema de Formación Profesional.

El calendario incluye, asimismo, la extinción gradual de los planes de estudios existentes y la equivalencia de titulaciones, certificados y acreditaciones.

Este mismo calendario recoge las modificaciones que deberán incorporar los currículos de ciertas ofertas de formación profesional, en particular los ciclos formativos y los, hasta ahora, certificados de profesionalidad.

Asimismo, el calendario facilitará la seguridad jurídica tanto a los centros de formación y a las empresas u organismos equiparados del Sistema de Formación Profesional, como a las personas en formación, estudiantes y trabajadores que ya hayan comenzado su itinerario formativo, garantizando la continuidad de los itinerarios de formación profesional ya iniciados.

La necesaria prudencia en el establecimiento de plazos para la generalización del nuevo Sistema de Formación Profesional no impide, sin embargo, un razonable margen de flexibilidad para permitir que las administraciones anticipen la implantación gradual de las nuevas ofertas formativas, cuando se den los supuestos que posibiliten dicha implantación. Este proceso de transformación progresiva deberá contribuir a estimular el necesario clima de renovación y adecuación a las expectativas respecto al nuevo Sistema de Formación Profesional destinado a jóvenes y personas trabajadoras.

El calendario tiene por objeto, en fin, proporcionar a los diferentes sectores implicados en la formación, la cualificación y recualificación profesional con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional y a las administraciones competentes una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cuatro años en el que se plantea el calendario.

En cuanto a su carácter de norma básica, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha cuestionado el establecimiento de normas básicas mediante normas reglamentarias persiguiendo la finalidad de excluir la incertidumbre jurídica que supondría que el Estado pueda oponer como norma básica a las comunidades autónomas «cualquier clase de precepto, legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango y estructura» (SSTC 80/1988 y 227/1988), considerando que «dado el carácter fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Constitución es la ley» (STC1/1982, F.1), procede indicar que el propio Tribunal Constitucional admite que «excepcionalmente» las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias en una serie de supuestos, entre los que se encuentra el siguiente, que resultaría de aplicación al presente real decreto: «Cuando la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos de la materia debido al «carácter marcadamente técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos (STC 131/1996)».

La norma se estructura en ocho capítulos, cinco disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. El capítulo I se dedica a establecer el objeto y ámbito de aplicación de la norma. El capítulo II corresponde a los elementos integrantes del Sistema de Formación Profesional, entre ellos, el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, el Catálogo Modular de Formación Profesional y el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional. El capítulo III está dedicado a los instrumentos de gestión del Sistema de Formación Profesional, refiriéndose al Registro Estatal de Formación Profesional, al Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales y al Registro General de Centros de Formación Profesional. En el capítulo IV se ordena el proceso de generalización de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional y de extinción de las anteriores, dando paso a los nuevos grados A, B, C, D y E. El capítulo V establece el régimen y modalidades de la oferta, concretamente en lo concerniente al régimen general, al régimen intensivo y a las modalidades de oferta de formación profesional. El capítulo VI establece el calendario de las condiciones de impartición de las ofertas en centros, empresas y organismos equiparados. El capítulo VII establece la fecha en que se hará pública la Estrategia General de Formación Profesional. Por último, el capítulo VIII se dedica a la evaluación y calidad del sistema, estableciendo la fecha de publicación del primer Informe sobre el Estado del Sistema de Formación Profesional. Por su parte, las disposiciones transitorias establecen los mecanismos de seguridad jurídica para asegurar el tránsito del sistema anterior al actual, y las disposiciones finales son las relativas al título competencial, a la habilitación para el desarrollo normativo, y a la entrada en vigor.

Esta norma responde a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exigen que estas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Los principios de necesidad y eficacia quedan garantizados, en tanto que este real decreto persigue el interés general, al proporcionar a los diferentes sectores con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cuatro años en el que se plantea el calendario que contiene dicha norma. A su vez, permite el desarrollo de las acciones encomendadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de formación profesional, siendo este real decreto el instrumento más adecuado para ello.

El principio de proporcionalidad se cumple al haber sido consultado tanto el contenido como las fechas que propone el calendario a los actores con legítimo interés y que se puedan ver afectados por el proceso de transición que en esta norma se establece. La regulación establecida, en cuanto a contenido y fechas, resulta proporcional a las necesidades previstas de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y a la capacidad de absorción por parte de las distintas administraciones, centros educativos, empresas, organismos equiparados, y otros elementos interesados, de las obligaciones que la norma impone.

Este real decreto cumple con el principio de seguridad jurídica, en tanto que el calendario objeto del mismo concede prioridad a la implantación de los grados y modalidades que, por formar parte del sistema educativo, requieren el establecimiento de una seguridad jurídica, tanto para los centros educativos, como para el alumnado, respecto de la continuidad de los itinerarios educativos ya iniciados. Por tanto, da cumplimiento estricto a dicho principio. La norma no supone la pérdida de derechos de ningún ciudadano que haya iniciado un proceso formativo en el ámbito de la formación profesional. Asimismo, no impone plazos imposibles a las administraciones en el proceso de adaptación al nuevo modelo establecido. Del contenido de la misma, y de las obligaciones que establece, no pueden derivarse daños a terceros en términos de pérdida de derechos u oportunidades de formación.

El real decreto cumple asimismo con el principio de transparencia, en tanto que, con carácter previo a la elaboración del proyecto y conforme a lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sustanciado el trámite de consulta pública, a fin de recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma, a los que se les ha facilitado información al respecto a través del portal web del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En las consultas realizadas han participado las comunidades autónomas a través de la Comisión de Formación Profesional y de la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación y de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, así como las Comisiones Permanentes del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación Profesional. Asimismo, el texto ha sido publicado en el Portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales pudieran ser realizadas.

Por último, el real decreto cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas a la ciudadanía.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas, ha sido informado el Consejo General de la Formación Profesional y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª, en relación con la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia de la Constitución Española.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 2023,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto establecer el calendario de aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (en adelante Ley Orgánica).

Artículo 2. Ámbito de aplicación del calendario.

El ámbito de aplicación alcanza a:

a) Los elementos integrantes del Sistema de Formación Profesional, así como los instrumentos de gestión previstos en el título I de la Ley Orgánica.

b) La implantación de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional y sus modalidades y regímenes recogidos en los títulos II y III de la Ley Orgánica, así como la extinción gradual de los currículos o planes de estudios de las actuales ofertas de formación en vigor y su equivalencia, a efectos académicos o profesionales.

c) Los elementos vinculados a la impartición de la formación profesional, como son los centros y su régimen de funcionamiento, la colaboración de las empresas u organismos equiparados, el profesorado y los perfiles formadores recogidos en los títulos IV y V de la Ley Orgánica, que se atendrán a las especificaciones recogidas en el desarrollo reglamentario correspondiente a la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

d) El procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral u otras vías, así como el servicio de orientación profesional en el marco del Sistema de Formación Profesional regulado por la Ley Orgánica, que se atendrán a las especificaciones recogidas en el desarrollo reglamentario correspondiente a la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

e) Los procesos de evaluación y calidad que han de desembocar en los informes del estado del sistema contemplados en la Ley Orgánica.

f) La participación en la gobernanza del Sistema de Formación Profesional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de acuerdo con lo establecido en el título XI de la Ley Orgánica, que se desarrollará de acuerdo con las especificaciones recogidas en el desarrollo reglamentario correspondiente a la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

CAPÍTULO II

Elementos integrantes del Sistema de Formación Profesional

Artículo 3. Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

Antes del 1 de septiembre de 2023 quedarán desarrollados reglamentariamente los contenidos y organización del Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, a que hace referencia el artículo 9.1 de la Ley Orgánica, sustituyendo al actual Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Artículo 4. Catálogo Modular de Formación Profesional.

Antes del 1 de septiembre de 2023 quedarán fijados los contenidos y alcance del Catálogo Modular de Formación Profesional, a que hace referencia el artículo 10 de la Ley Orgánica.

Artículo 5. Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.

Antes del 1 de septiembre de 2023 quedarán desarrollados reglamentariamente los contenidos y organización del Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, a que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica, y dejarán de ser operativos aquellos catálogos u ofertas formativas que incluyeran, hasta ese momento, ofertas de formación del Sistema de Formación Profesional, vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

CAPÍTULO III

Instrumentos de gestión del Sistema de Formación Profesional

Artículo 6. Registro Estatal de Formación Profesional.

1. Antes del 1 de septiembre de 2023 quedará desarrollado reglamentariamente el Registro Estatal de Formación Profesional, en los términos previstos en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica. El acceso electrónico a este registro estará plenamente operativo antes de la misma fecha.

2. Las obligaciones de inscripción a que hace referencia el artículo 15.1 de la Ley Orgánica serán de cumplimiento por parte de las administraciones competentes a partir de la entrada en vigor de la norma reguladora, serán complementarias al registro de títulos de formación profesional y cursos de especialización, que permanece vigente respecto de estas titulaciones, y sustituirán a los actuales registros de certificados de profesionalidad y de acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral del Sistema de Formación Profesional.

3. Los derechos de acceso de la ciudadanía al registro, consignados en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica, tendrán garantizado su ejercicio antes del 31 de diciembre de 2023.

Artículo 7. Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías no Formales e Informales.

1. El Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por la Experiencia Laboral o Vías no Formales e Informales estará desarrollado reglamentariamente y su acceso electrónico plenamente operativo, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley Orgánica, antes del 1 de septiembre de 2023.

2. Las obligaciones de inscripción a que hace referencia el artículo 17.1 de la Ley Orgánica serán de cumplimiento por parte de las administraciones competentes a partir de la entrada en vigor de la norma reguladora, y sustituirá al actual registro.

3. Los derechos de acceso de la ciudadanía al registro, consignados en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica, tendrán garantizado su ejercicio antes del 31 de diciembre de 2023.

Artículo 8. Registro General de Centros de Formación Profesional.

1. Antes del 1 de septiembre de 2023 quedará desarrollado reglamentariamente el Registro General de Centros de Formación Profesional, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica. El acceso electrónico a este registro estará plenamente operativo antes de la misma fecha.

2. Las obligaciones de inscripción a que hace referencia el artículo 20 de la Ley Orgánica deberán cumplirse o exigirse por parte de las administraciones competentes antes del día 1 de septiembre de 2023.

CAPÍTULO IV

Proceso de generalización de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional y de extinción de las anteriores

Artículo 9. Ofertas formativas de Grados A y de Grados B.

1. Antes del 1 de septiembre de 2023 las administraciones competentes comenzarán la oferta gradual de Grados A, en los términos previstos en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica, y de Grados B, en los términos previstos en los artículos 32, 33 y 34 de la citada norma. Estos Grados sustituirán a las actuales acciones formativas que estuvieran asociadas a los mismos estándares de competencia o elementos de competencia, a medida que se proceda a su publicación.

2. Las administraciones competentes podrán realizar una implantación anticipada de la oferta de Grados A y B en los términos establecidos en los artículos 29, 30, 32 y 33 derivados de las ofertas de Grado C, D y E en vigor en el momento de la anticipación.

3. El 1 de enero de 2024 se completará la impartición de ofertas de Grados A y B, y dejarán de impartirse las acciones formativas preexistentes.

Artículo 10. Oferta de Grados C.

1. Antes del 1 de septiembre de 2023 las administraciones competentes comenzarán la oferta gradual de Grados C, en los términos previstos en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica. Este Grado sustituirá a los actuales certificados de profesionalidad, a medida que se proceda a su publicación.

2. Las administraciones competentes podrán realizar una implantación anticipada de la oferta de Grados C en los términos establecidos en el artículo 35, derivados de las ofertas de Grado D y E en vigor en el momento de la anticipación.

3. El 1 de enero de 2024 se completará la impartición de ofertas de Grado C, sin perjuicio del mantenimiento de la oferta de Certificados de Profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria quinta.

Artículo 11. Oferta de Grados D.

1. En el año académico 2023-2024, comenzará la implantación gradual de las ofertas de Grado D, en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica. A lo largo de los dos años siguientes, y en el marco temporal del calendario establecido por el presente real decreto, se completará su implantación, y se extinguirán los currículos correspondientes de los actuales ciclos formativos.

2. En el año académico 2023-2024 se implantará, con carácter gradual, el primer curso de los ciclos formativos, Grados D, que cada administración educativa considere, atendiendo a sus criterios de planificación.

3. En el año académico 2024-2025 se completará la implantación del primer curso de todos los ciclos formativos, así como se continuará con la implantación del segundo curso de aquellos que hubieran sido implantados en primer curso por las administraciones educativas en el curso precedente.

4. En el año académico 2025-2026 se completará la implantación del segundo curso de todos los ciclos formativos.

5. La oferta de Grados D tendrá en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de sus respectivas disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Artículo 12. Oferta de Grados E.

1. En el año académico 2023-2024 se implantarán, con carácter gradual, las ofertas de Grado E, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica, que cada administración educativa considere, atendiendo a sus criterios de planificación.

2. En el año académico 2024-2025 se implantarán, con carácter general, las ofertas de Grado E, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica.

3. La oferta de los Grados E tendrá en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de sus respectivas disposiciones reglamentarias de desarrollo.

CAPÍTULO V

Régimen y modalidades de oferta

Artículo 13. Régimen general y régimen intensivo.

1. El 1 de septiembre de 2023 las administraciones competentes comenzarán a realizar las ofertas de los Grados C con carácter dual, en régimen general e intensivo, en los términos que establecen los capítulos II y III del título III de la Ley Orgánica y su desarrollo reglamentario, sin perjuicio de los periodos transitorios contemplados para la adaptación del periodo de formación en empresa hasta el 31 de diciembre de 2024, y para la transición del sistema de beca a contrato de formación en el régimen de formación profesional intensiva hasta el 31 de diciembre de 2028.

2. En el año académico 2023-2024 las administraciones educativas comenzarán a realizar las ofertas de los Grados D y, en su caso, E, con carácter dual, en régimen general e intensivo, en los términos que establecen los capítulos II y III del título III de la Ley Orgánica y su desarrollo reglamentario, sin perjuicio de los periodos transitorios contemplados para la adaptación del periodo de formación en empresa hasta el 31 de diciembre de 2024, y para la transición del sistema de beca a contrato de formación en el régimen de formación profesional intensiva hasta el 31 de diciembre de 2028.

Artículo 14. Modalidades de oferta.

1. Antes del 1 de septiembre de 2023 las administraciones competentes comenzarán a realizar las ofertas en modalidad semipresencial, virtual o mixta de Grados A, B, C, D o E, según las condiciones establecidas en el artículo 68 de la Ley Orgánica y su desarrollo reglamentario.

2. Antes del 1 de septiembre de 2023, y en el año académico 2023-2024, las administraciones competentes comenzarán la implantación de la oferta modular de Grados C, D o E, en las condiciones establecidas en el artículo 69 de la Ley Orgánica y su desarrollo reglamentario.

3. Antes del 1 de septiembre de 2023, y en el año académico 2023-2024, las administraciones competentes adaptarán las ofertas para colectivos específicos a las prescripciones recogidas en los artículos 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica, así como en sus desarrollos reglamentarios.

4. Las administraciones competentes ofertarán los programas formativos previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica, en los términos que en dicho artículo se especifican, así como en sus desarrollos reglamentarios, al inicio del curso 2023-2024.

5. A partir del curso escolar 2023-2024 las administraciones competentes podrán desarrollar programas formativos en empresas u organismos equiparados, en los términos previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica, así como de sus desarrollos reglamentarios.

CAPÍTULO VI

Centros y empresas u organismos equiparados

Artículo 15. Condiciones de impartición de las ofertas.

1. A partir del 1 de septiembre de 2023, los centros que impartan ofertas del Sistema de Formación Profesional deberán cumplir lo previsto en el capítulo I del título IV, el artículo 100, los títulos VIII y IX de la Ley Orgánica y sus desarrollos reglamentarios.

2. Asimismo, a partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas y organismos equiparados se acogerán a los términos establecidos en el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica, y su desarrollo reglamentario.

CAPÍTULO VII

Sistema de Orientación Profesional

Artículo 16. Estrategia general de orientación profesional.

El Gobierno, a través del instrumento correspondiente, hará pública antes de 31 de enero de 2024 la Estrategia general de orientación profesional a que hace referencia el artículo 97 de la Ley Orgánica.

CAPÍTULO VIII

Evaluación y calidad del sistema

Artículo 17. Informe sobre el estado del sistema.

El primer Informe sobre el estado del Sistema de Formación Profesional, en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley Orgánica, será presentado al Consejo General de la Formación Profesional y al Consejo Escolar del Estado en el mes de marzo de 2024.

Disposición transitoria primera. Vigencia de los catálogos y registros del sistema.

Los catálogos y registros actualmente vigentes mantendrán dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen.

Disposición transitoria segunda. Vigencia de la ordenación de los certificados de profesionalidad.

La ordenación de los certificados de profesionalidad actualmente vigentes mantendrá dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen.

Disposición transitoria tercera. Vigencia de la ordenación de los títulos de Formación Profesional y de los cursos de especialización.

1. La ordenación de los títulos de Formación Profesional y de los cursos de especialización actualmente vigentes mantendrá dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen y ordenan.

2. Las ofertas formativas que mantengan su vigencia al amparo de lo previsto en esta disposición podrán ser ofertadas a través de las modalidades general o intensiva previstas en los artículos 66 y 67, respectivamente, de la Ley Orgánica.

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de la ordenación de otros programas formativos.

Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la sección 4.ª del capítulo III del título III de la Ley Orgánica, artículos 70 y 71, relativos a otros programas formativos, continuará vigente la ordenación establecida en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición transitoria quinta. Vigencia de la ordenación e impartición de los certificados de profesionalidad.

1. Hasta tanto no se proceda reglamentariamente a su modificación, permanecerá vigente la ordenación de los certificados de profesionalidad recogida en cada uno de los reales decretos por los que se establecen y su oferta quedará integrada en los Grados C del Sistema de Formación Profesional con la denominación de certificados profesionales.

2. Las acciones formativas y procesos formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad iniciados, aprobados o autorizados antes del 1 de enero de 2024 continuarán impartiéndose hasta su finalización prevista.

Disposición final primera. Título competencial.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo.

Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de abril de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Educación y Formación Profesional,

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