Andalucía - Empresa Privada

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

Sindicatos denuncian el trato discriminatorio de Clece entre las plantillas de Torrecárdenas y el HAR de El Toyo

estefania.garcia.soria — Fri, 15 May 26 11:40:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a CGT y UGT, sindicatos que ostentan la mayoría en el comité de empresa de Clece, empresa encargada del servicio de limpieza y gestión de residuos de la plataforma hospitalaria de Almería, denuncian el trato discriminatorio que la empresa ejerce entre sus plantillas del Hospital Universitario Torrecárdenas y el Hospital de Alta Resolución de El Toyo.

Los sindicatos explican que, desde que se produjera la nueva adjudicación del servicio en el mes enero a la empresa de limpieza, los 12 trabajadores y trabajadoras del HAR están sufriendo una grave situación de desigualdad frente al resto de profesionales que trabajan en Torrecárdenas, lo que además supone un incumplimiento del pliego de condiciones por parte de Clece. Según explican, esta docena de trabajadores cuentan con peores condiciones laborales en materia salarial, de permisos retribuidos, horarios y otras coberturas laborales.

Es por ello que las centrales sindicales exigen la implantación inmediata y urgente del Convenio Colectivo de afectación a toda la plantilla y, por tanto, el cumplimiento del pliego de condiciones con el que la empresa se compromete a aplicar las mismas condiciones laborales a todos sus trabajadores y trabajadoras, independientemente del centro de trabajo en el que desarrollen su labor.

Esta situación ha sido trasladada por los sindicatos tanto a la Dirección de Clece en Almería como a la Dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas, solicitando la rectificación de este agravio comparativo y solicitando que se cumpla con lo estipulado en las condiciones del contrato.

Por otro lado, los sindicatos también denuncian un déficit de personal de un 10 por ciento en Clece dado que, actualmente la plantilla cuenta con 202 trabajadores y trabajadoras, cuando la plantilla debería está conformada por un total de 224 profesionales. A esto también se añade un “estado deficiente” de vestuarios o la ausencia de un estar para el tiempo de descanso del personal.

Esta situación, unida a la falta de aplicación del convenio y, por tanto, el incumplimiento del pliego de condiciones, está generando una “situación de incertidumbre y deterioro” tanto del servicio como de las condiciones laborales de la plantilla. Es por ello que los sindicatos exigen que solucione esta problemática laboral de inmediato e insta a Clece a que priorice la calidad del servicio y el cumplimento de los derechos de la plantilla y solicita a la Dirección de Torrecárdenas que vele por el cumplimento los mismos.

Primera jornada de huelga completa en el Metro de Granada con un seguimiento total de la plantilla

virginia.castano.munoz — Fri, 15 May 26 12:43:00 CEST

Los sindicatos que forman el Comité de Empresa de Avanza Metro Granada -CSIF, CCOO y UGT- se han movilizado este viernes en una manifestación por el centro de la ciudad coincidiendo con el primer día de huelga completa en este servicio. Los sindicatos han subrayado que "la plantilla del Metro de Granada no está pidiendo privilegios sino que está reclamando condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio".

En este sentido y ante las declaraciones realizadas por la dirección de Avanza sobre la huelga, el Comité de Empresa ha criticado que la empresa haya intentado vender como una gran mejora una supuesta subida salarial del 23,5%, ocultando que dicha propuesta se reparte en cuatro años: 4% en 2026, 3% en 2027, 3% en 2028 y 12% en 2029. Es decir, durante los tres primeros años la plantilla apenas recuperaría el IPC, manteniéndose prácticamente con los salarios actuales hasta 2029.

Además, Avanza ha afirmado pública y falsamente que esta propuesta equipararía los salarios con Metro Sevilla. La realidad es que actualmente existe una diferencia salarial del 28% respecto a Sevilla, por lo que ni siquiera aplicando íntegramente esa subida en 2026 se alcanzaría una equiparación real.

A esto hay que sumar que Metro Sevilla tiene el IPC garantizado en convenio y volverá a negociar mejoras a principios del próximo año, y que Metro Málaga ya ha firmado una subida salarial del 27%, partiendo de unas condiciones económicas, laborales y sociales superiores a las de Metro Granada. La realidad es evidente: Metro Granada sigue siendo el metro andaluz con peores condiciones.

Igualmente, cualquier mejora social o laboral que pudiera negociarse —como descansos, conciliación, limitación de conducción continuada o contratación de personal— tendría que descontarse de ese mismo 23,5%, reduciendo sustancialmente la subida salarial real.

Todo esto se produce, señala el Comité de Empresa, en un momento en el que además se prevé la próxima ampliación de la línea de Metro entre Armilla y Las Gabias, que supondrá más carga de trabajo, más tiempo de conducción y mayores necesidades operativas para una plantilla que ya viene denunciando falta de descanso y necesidad de más contratación.

Resulta especialmente grave que la empresa pretenda desacreditar las reivindicaciones de la plantilla mientras habla de salarios “muy por encima de la media de Granada”, cuando muchos trabajadores apenas alcanzan actualmente salarios netos cercanos a los 1.450 euros mensuales trabajando a turnos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y festivos.

Además, la conducción del Metro de Granada se realiza “a la vista”, por lo que es completamente manual y no está automatizada como ocurre en otros metros andaluces como Málaga o Sevilla. Cada conductor debe afrontar más de 50 cruces con tráfico rodado y peatones en cada viaje, lo equivale a más de 1.000 cruces diarios bajo atención y responsabilidad directa. Esa carga de tensión, concentración y responsabilidad operacional no existe en los otros metros andaluces.

CSIF Andalucía denuncia nuevas incidencias en el sistema de gestión telefónica del 061 y exige soluciones urgentes “ante una situación insostenible”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 19 May 26 13:30:00 CEST

El sindicato advierte de que los reiterados problemas técnicos dificultan la atención de emergencias y perjudican un servicio esencial para la ciudadanía
Reclama un convenio sectorial propio y el rescate público del servicio, que actualmente está externalizado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado nuevas incidencias en el sistema de gestión telefónica del 061, una situación que vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias técnicas que sufre un servicio esencial para la atención de emergencias sanitarias.

El sindicato ha explicado que este mismo lunes, concretamente, se ha producido “una ralentización severa del sistema de gestión de llamadas”, que se traduce en demoras en la presentación de formularios de intervención e impide su cumplimentación en tiempo real, lo que obliga al personal a solicitar espera a las personas usuarias. La incidencia se extiende, además, al bloqueo parcial de las comunicaciones internas, que imposibilita el envío de escuchas médicas, así como también se ve alteradas las comunicaciones externas, con afectación a las llamadas salientes a recursos como uvis móviles, ambulancias y centros de salud.

El sindicato ha advertido de que estos problemas técnicos “se repiten de manera reiterada” y entorpecen gravemente el trabajo del personal de gestión telefónica, que en numerosas ocasiones se ve obligado a trabajar sin las herramientas informáticas necesarias, teniendo que recurrir incluso a sistemas manuales para poder prestar la atención. “Estamos hablando de un servicio en el que cada segundo cuenta y en el que un fallo técnico puede retrasar la respuesta ante una emergencia e incluso comprometer la vida de una persona; sin embargo, a pesar de que la aplicación Centros en Red lleva diez años dando problemas por la falta de mantenimiento, aún no se ha adoptado las soluciones necesarias”, ha señalado CSIF.

Ante esta nueva incidencia, la Central Sindical ha presentado un escrito dirigido al Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente de la Junta de Andalucía, para exigir que se adopten “medidas urgentes ante una situación que resulta insostenible” y que garanticen la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, así como que se revisen los recursos técnicos y humanos de los centros coordinadores.

El sindicato, además, ha incidido en que las deficiencias técnicas que se producen con frecuencia en el aplicativo generan situaciones de enorme tensión y presión sobre el personal, lo que menoscaba la salud laboral de unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la ciudadanía andaluza.

En este sentido, CSIF ha vuelto a reivindicar que el personal de gestión telefónica del 061, al igual que el del 112, “no realiza labores de telemarketing pese a que actualmente se rige por el convenio de contact center. “Estos trabajadores y trabajadoras no venden productos ni gestionan campañas comerciales, sino que atienen llamadas de emergencias sanitarias en las que puede estar en riesgo la vida de las personas”, ha subrayado el sindicato.

Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con un convenio colectivo propio que reconozca la especificidad, la responsabilidad y la carga emocional de este trabajo y que permita dignificar las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Asimismo, CSIF ha reiterado su exigencia de que la Junta de Andalucía rescate este servicio, actualmente externalizado, y lo integre dentro de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA). Para el sindicato resulta “incomprensible” que un servicio estratégico para la atención de emergencias sanitarias continúe dependiendo de empresas concesionarias mientras persisten problemas estructurales tanto técnicos como laborales.

Finalmente, CSIF ha querido poner en valor la profesionalidad y el compromiso del personal de gestión telefónica del 061 y del 112, que “saca adelante el servicio pese a las continuas incidencias y a unas condiciones laborales que no se corresponden con la enorme responsabilidad que asume cada día”.

CSIF reclama más protección, estabilidad y reconocimiento para los profesionales de la seguridad privada en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 21 May 26 10:32:00 CEST

El sindicato denuncia los bajos salarios y el intrusismo laboral que soporta el sector, que emplea a 14.000 personas en la comunidad autónoma
Pide avances hacia las 35 horas semanales, mejoras en el acceso a la jubilación parcial y el reconocimiento como agentes de la autoridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado mejoras laborales y un mayor reconocimiento para los más de 14.000 profesionales de la seguridad privada en activo en la comunidad.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Seguridad Privada, que tiene lugar este jueves, la organización sindical ha puesto en valor la labor que desempeña este colectivo en la protección de la ciudadanía y ha advertido de que las condiciones laborales continúan siendo insuficientes pese a la responsabilidad y el riesgo que asumen diariamente. En este sentido, CSIF ha señalado que los salarios siguen siendo bajos y ha alertado de la pérdida continuada de poder adquisitivo que sufren estos trabajadores.

El responsable autonómico de Seguridad Privada de CSIF Andalucía, Raúl Álvarez, ha explicado que “aunque se han producido avances en materia retributiva por el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada para el período 2027-2030, las subidas salariales son insuficientes si no se vinculan a la evolución real del IPC”; asimismo, ha lamentado que “continúe pendiente la recuperación de los recortes aplicados desde 2014 en las pagas extraordinarias, que han supuesto una merma aproximada del 20 % por la supresión de pluses como transporte y vestuario”.

Álvarez ha insistido en que “llevamos años soportando un sueldo medio que ronda el Salario Mínimo Interprofesional o apenas lo supera, especialmente en subcontratas o empresas de bajo coste, con jornadas que superan las diez horas diarias y con escasa compensación por nocturnidad, festivos o turnicidad”.

CSIF también ha defendido la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales como una medida necesaria para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y mejorar las condiciones del sector. “La tecnificación y profesionalización de la seguridad privada permiten avanzar hacia una reducción de jornada sin condicionantes”, ha señalado el responsable sindical, quien también ha reclamado “un día de asuntos propios real”.

La Central Sindical ha advertido además de la falta de motivación existente en el sector, una situación que dificulta la incorporación de nuevos profesionales. De hecho, de los aproximadamente 20.000 vigilantes con titulación existente en Andalucía, unos 6.000 no ejercen actualmente la profesión.

El sindicato ha mostrado igualmente su preocupación por la falta de reconocimiento social e institucional que padecen los vigilantes de seguridad, “a quienes en demasiadas ocasiones se les devalúan sus funciones pese al papel esencial que desempeñan”. En este contexto, Álvarez ha recordado que durante la pandemia por la COVID-19 estos profesionales fueron considerados trabajadores esenciales.

Otro de los principales problemas denunciados por CSIF es el intrusismo laboral derivado de la proliferación de empresas que operan sin estar habilitadas conforme a la ley. “La falta de inspecciones eficaces y el descontrol en determinadas adjudicaciones públicas favorece la aparición de empresas piratas que incumplen el convenio colectivo del sector”, ha denunciado Álvarez, “lo que supone una competencia desleal y pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a las empresas al confiar servicios sensibles a personal no cualificado”. A ello se suma, según ha apuntado, la insuficiencia de las sanciones actuales para combatir este problema.

CSIF también ha alertado de las agresiones físicas y verbales que sufren de forma habitual los vigilantes de seguridad y ha reclamado a administraciones y empresas mayores medidas de protección y recursos adecuados para garantizar la seguridad y salud de las plantillas. Asimismo, el sindicato ha señalado la necesidad de actualizar la formación de los profesionales para que puedan responder de forma eficaz ante situaciones de emergencia o riesgo, además de avanzar en la desconexión digital y clarificar su aplicación efectiva en las empresas del sector.

CSIF también ha reclamado una mejora real de las condiciones de acceso a la jubilación parcial en el sector. El sindicato considera insuficiente la regulación actual recogida en el nuevo convenio colectivo, ya que, aunque introduce por primera vez ciertas obligaciones para las empresas, mantiene importantes limitaciones mediante sistemas de cupos y restricciones porcentuales.

La organización sindical ha advertido además de que vincular el acceso a la jubilación parcial al absentismo laboral “resulta profundamente injusto”, ya que el elevado desgaste físico y psicológico que sufren los vigilantes de seguridad es consecuencia directa del envejecimiento de las plantillas, las largas jornadas, la nocturnidad, el estrés operativo y las agresiones que padecen durante décadas de servicio.

CSIF ha insistido en que el sector continúa sin contar con una jubilación anticipada real equiparable a la de otros colectivos considerado profesiones penosas o de riesgo y ha reclamado el establecimiento de coeficientes reductores, la eliminación de límites restrictivos en la jubilación parcial, la renovación efectiva de plantillas y una mayor protección para los trabajadores mayores de 55 años.

Por último, Álvarez ha reiterado la demanda histórica de CSIF para que los vigilantes de seguridad privada sean reconocidos como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. “Avanzar hacia ese reconocimiento y reforzar las medidas de protección supondría un paso importante en la dignificación del sector”, ha concluido.

La plantilla de SSGA y UTE TSI pide a la Junta que no renueve la adjudicación del transporte sanitario con estas empresas

pablo.cruz.gomez — Thu, 21 May 26 14:02:00 CEST

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han salido hoy de nuevo a la calle con una concentración junto a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía. El personal ha solicitado a la Administración autonómica que no se renueve la adjudicación del transporte sanitario con ambas compañías por su lista interminable de incumplimientos con su personal.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas. “Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado también el “clima de miedo” existente entre los profesionales, a los que no se les está aplicando el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por el temor a ser despedidos por cualquier motivo sin justificación. No en vano, gran parte de estas salidas son reconocidas como improcedentes por la Justicia, obligando tanto a SSGA como a UTE TSI a reintegrarles en la plantilla o a indemnizarles. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario, formada por unas 350 personas, se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio.

“Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más cuando hay hasta seis sentencias judiciales y una decena de requerimientos de la Inspección de Trabajo que consideran que las formas de actuar de las adjudicatarias con su personal y con el servicio en general no son las adecuadas”, ha recalcado Rosa. El representante sindical ha agregado que continuarán movilizándose hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Empresa Privada Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF exige un refuerzo de la prevención en salud mental en el trabajo, que ya es la segunda causa de bajas de larga duración en Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Fri, 10 Oct 25 12:11:00 CEST

El sindicato critica la infradotación de personal especialista en la sanidad pública para tratar las diferentes patologías provocadas por problemas mentales
Con motivo del Día Mundial de la especialidad, lanza la campaña La salud mental también se trabaja para aumentar la concienciación frente a los riesgos psicosociales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha exigido a las administraciones y empresas un refuerzo de las medidas de prevención de la salud mental, que ya supone la segunda causa de incapacidad temporal de larga duración en Andalucía y, en la mayoría de casos, dichas bajas superan los 12 meses.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental este viernes 10 de octubre, la Central Sindical ha reivindicado un aumento del presupuesto destinado a incrementar las plantillas de profesionales sanitarios para tratar eficazmente los problemas y patologías relacionadas con este ámbito. Actualmente hay más de 480.000 andaluces en tratamiento; asimismo, según los datos extraídos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), las bajas por salud mental en Andalucía han aumentado en un 12% en la última década.

La secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, ha destacado la necesidad urgente de incorporar a más profesionales del ámbito de la salud mental en los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, para garantizar la protección en todos los aspectos relacionados con el trabajo que eviten patologías como la ansiedad, la depresión y otros trastornos.

González ha alertado de que, cuando en un puesto de trabajo existen condiciones precarias, exigencias excesivas, sobrecargas o relaciones laborales tóxicas, “el empleo puede convertirse en un foco de enfermedad mental, para lo que no basta con tratar los síntomas de forma aislada, sino que requiere una estrategia integral con la coordinación entre servicios y de formación especializada”.

La dirigente sindical ha explicado que, aunque desde CSIF “aplaudimos los últimos avances normativos, tanto a nivel nacional como autonómico, para solucionar los múltiples problemas de las personas afectadas por alteraciones en su salud mental, es fundamental prevenir estas patologías en fases tempranas y con una actuación médica y terapéutica eficaz y continuada”. En este punto, González ha manifestado que la falta de especialistas en la sanidad pública como es el caso de psicólogos, psiquiatras y terapeutas de salud mental y emocional, arrastra a los pacientes a recurrir a la medicación como única y más inminente respuesta a sus problemas y dificultades, pese a las consecuencias negativas que este tipo de fármacos supone para el bienestar de las personas, ya que suelen ser tratamientos a largo plazo. Esta escasez de profesionales en el sistema público también provoca que las personas afectadas acudan a terapias o tratamientos de la sanidad privada o a recursos procedentes de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro como alternativa.

Además, según González, “no podemos obviar que los problemas de salud mental y los desequilibrios emocionales son en muchos casos los causantes de otras muchas patologías físicas posteriores”. En este sentido, ha insistido en la reivindicación histórica de CSIF de conseguir que la salud mental sea objeto de estudio en las revisiones médicas que de manera preceptiva deben realizar los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el ámbito de la administración pública; sin embargo, “la realidad es que los centros donde se llevan a cabo este tipo de revisiones están saturados y no disponen ni de medios ni de especialistas en este ámbito”.

Actualización del cuadro de enfermedades profesionales

La responsable sindical ha recordado también que CSIF Andalucía lleva años reclamando una actualización del cuadro de enfermedades profesionales que incorpore los trastornos mentales y del comportamiento como el estrés, la ansiedad o la depresión originados por la actividad laboral y ha lamentado que desde 2018 no se haya producido.

Además, para la organización sindical son necesarios la puesta en marcha de planes de prevención de salud mental y preventivos de conductas suicidas y de acoso y violencia, evaluaciones psicosociales reales, programas de apoyo psicológico y formación gratuitos, creación de comisiones específicas de salud mental y un real decreto de riesgos psicosociales, entre otras medidas.

Ante el incremento de las patologías mentales en la sociedad actual y en el marco del compromiso y preocupación de CSIF por reformar las medidas de prevención y atención adecuada, el sindicato ha lanzado la campaña La salud mental también se trabaja con la que busca implicar a sus delegados y delegadas en su defensa activa como un derecho laboral fundamental. Con esta iniciativa, la Central Sindical persigue visibilizar que los problemas psicológicos “no son debilidades personales, sino consecuencias directas de factores laborales como la sobrecarga, la precariedad, la falta de reconocimiento o el acoso”, ha añadido González.

CSIF también apuesta decididamente por incorporar la prevención de riesgos psicosociales en la negociación colectiva, exigir evaluaciones reales con perspectiva de género, así como promover entornos laborales saludables y romper el estigma que aún pesa sobre el malestar emocional en el trabajo.

Finalmente, la Central Sindical ha organizado la webinar ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en el trabajo?, que se celebrará el próximo 23 de octubre con el objetivo de proporcionar herramientas para detectar el estrés, la ansiedad o el acoso y fomentar hábitos saludables y difundir los derechos laborales. Este tipo de iniciativas formativas contribuyen a romper el estigma que aún rodea los problemas psicológicos y refuerzan el papel del sindicato como agente de cambio en salud laboral y su compromiso con un entorno de trabajo seguro, humano y digno. Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace: https://www.youtube.com/live/56oKB8qCPwY.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia discriminación salarial y un alto déficit de plantilla en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y reclama un nuevo convenio colectivo justo

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 25 Jun 25 09:48:00 CEST

El sindicato exige la reactivación de la Mesa de Negociación, que se mantiene paralizada desde 2021, para avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado la discriminación salarial entre profesionales y el alto déficit de plantilla en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y ha reclamado un nuevo convenio colectivo que corrija las deficiencias del actual, firmado por otras organizaciones en el año 2007.

CSIF ha tildado de “totalmente injusta” la discriminación retributiva que soportan los trabajadores y trabajadoras de la Agencia, dependiente de la Junta de Andalucía, puesto que hay profesionales con diferente salario a pesar de pertenecer a la misma categoría profesional, con igual valor de trabajo, responsabilidades y competencias.

Frente a esta situación en la Agencia, que este jueves celebra elecciones sindicales en la provincia de Cádiz, CSIF ha promovido iniciar la negociación de un nuevo plan de igualdad, ya que “es evidente el fracaso del anterior y la falta de compromiso de las organizaciones que lo firmaron en su día y no lo han cumplido”, tal y como ha explicado el portavoz de CSIF en la Agencia de Puertos, Luis Hernández, quien ha añadido que “además de la injustificable discriminación, también es inaceptable que la Junta de Andalucía no haya puesto fin a este conflicto a pesar de ser consciente del mismo por las denuncias de nuestra organización”.

Del mismo modo, la Central Sindical ha señalado el déficit de plantilla en la Agencia, que ronda el 30% y repercute negativamente en la plantilla, que debe afrontar su trabajo diario con una elevada sobrecarga laboral y que menoscaba directamente la calidad del servicio. “Desde CSIF reclamamos a la Administración la total cobertura de la plantilla. Cuando hablamos de los puertos, estamos hablando del motor económico del litoral andaluz y de un eslabón esencial para el sector primario y para el turismo”, ha manifestado Hernández.

En referencia a la cobertura de puestos de trabajo, la Central Sindical también ha hecho referencia a la necesidad de contar con una mayor transparencia a la hora formalizar contratos. “Actualmente no se cuenta con criterios bien definidos y la dirección de la Agencia toma decisiones de manera totalmente arbitraria”, ha lamentado el portavoz de CSIF, “por lo que nuestra organización será incansable en la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad en vez de apostar por las asignaciones a dedo, que frustran la oportunidad de carrera profesional de la plantilla”.

En consecuencia, la Central Sindical ha exigido que se reactive la Mesa de Negociación de la Agencia, que está paralizada desde 2021, para avanzar en la elaboración de un nuevo convenio colectivo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las y los profesionales. “Este nuevo convenio debe contemplar las especificidad propias del personal de los puertos y, además, debe estar en consonancia con la actual Ley de Función Pública de Andalucía, que acoge a las agencias públicas y que hace referencia al desarrollo y el ejercicio de las tareas de gestión y servicio público de las y los profesionales”, ha finalizado Hernández.