Andalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas

Las claves del acuerdo firmado por CSIF para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía (2026-2030)

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 07 Nov 25 09:44:00 CET

Las claves del acuerdo firmado por CSIF para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía (2026-2030)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, alcanzan un acuerdo que sienta las bases para transformar la Administración pública autonómica durante el periodo 2026–2030, reforzando la estabilidad laboral, la profesionalización y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y logra la mejora retributiva del personal de AGJA con el desarrollo de Ley de función Pública de Andalucia

El documento, fruto de meses de trabajo con las organizaciones sindicales de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral (CISF, COO y UGT), recoge diez compromisos estratégicos que marcarán el futuro del empleo público andaluz.

Evaluación del desempeño y carrera profesional del personal funcionario y laboral de AGJA. Por primera vez, se implantará un modelo objetivo, trasparente y medible, orientado al desarrollo profesional individual y a la mejora organizativa. Compromiso de culminar el desarrollo normativo antes de abril de 2026.
Nuevo modelo retributivo. Se adecuarán los actuales complementos retributivos a los nuevos complementos de puesto y de nivel competencial previstos en la Ley de Función Pública de Andalucía. El proceso será progresivo, negociado y garantista, sin pérdida económica para ningún empleado público.

COMPLEMENTO DE DESEMPEÑO.

El complemento de desempeño sustituirá al actual complemento de actividad. Único cobro anual.

Complemento de desempeño	Importe
A1 / Grupo I	4.000,00€
A2 / Grupo II	3.009,66€
C1 / Grupo III	2.337,16€
C2 / Grupo IV	1.471,36€
E / Grupo V	1.257,56€

COMPLEMENTO DE CARRERA.

El complemento de carrera viene a sumar al resto de los conceptos retributivos. Es un complemento nuevo, que no sustituye a ninguno. No supondrá en ningún caso una pérdida retributiva. Las cantidades son acumulativas a medida que se avanza en los tramos.

Complemento de carrera	Tramo I	Tramo II	Tramo III	Tramo IV	Tramo V	Tramo VI
A1 / Grupo I	1.306,80€	1.306,80€	1.742,40€	1.742,40€	2.178,00€	2.613,60€
A2 / Grupo II	818,87€	818,87€	1.091,83€	1.091,83€	1.364,79€	1.637,74€
C1 / Grupo III	514,80€	514,80€	686,40€	686,40€	858,00€	1.029,60€
C2 / Grupo IV	410,14€	410,14€	546,86€	546,86€	683,57€	820,29€
E / Grupo V	310,46€	310,46€	413,95€	413,95€	517,44€	620,93€

Finalización del VII Convenio Colectivo. El acuerdo compromete a culminar antes de diciembre de 2025 la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, incluyendo la evaluación del desempeño, la carrera horizontal y la reclasificación de funciones.
Sector Público Instrumental. Se actualizarán los convenios colectivos del sector público instrumental, armonizando condiciones laborales y evitando duplicidades administrativas.
Estabilidad en el empleo público. Se fijará un modelo de planificación del empleo público que garantice una tasa de temporalidad inferior al 8 %, asegurando plantillas estables, cualificadas y adecuadas a las necesidades reales de los servicios.
Impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes. Se pondrá en marcha un plan de reordenación de puestos de trabajo que anticipe las necesidades derivadas de la transformación digital, rediseñe perfiles profesionales y garantice la eficiencia de los recursos humanos.
Formación continua y desarrollo de competencias. La formación se consolida como eje estratégico de la mejora organizativa. Se promoverá un modelo de formación continua por competencias, centrado en la digitalización, la atención inclusiva y la igualdad, en colaboración con las organizaciones sindicales.
Nuevo modelo de prevención y salud laboral. Se implantará un Servicio de Prevención propio e integral para toda la Administración General y sus agencias (excepto el SAS), con recursos técnicos especializados, cobertura homogénea y vigilancia efectiva de la salud laboral.
Recuperación de la acción social. Se avanzará en la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, incorporando nuevos programas de apoyo al personal dentro de los límites presupuestarios establecidos.
Rediseño de los servicios públicos hacia unos servicios internos compartidos. El acuerdo apuesta por una Administración más ágil, inclusiva y centrada en la ciudadanía, basada en la simplificación de procedimientos, la gestión por proyectos y la creación de servicios internos compartidos que optimicen recursos y eviten la externalización.

⭐ Se crea una Comisión Paritaria entre Administración y sindicatos para supervisar el cumplimiento del acuerdo y proponer mejoras semestrales.

Este acuerdo, fruto de la presión sindical sostenida que CSIF ha ejercido durante los últimos años, representa un compromiso institucional sólido entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales para modernizar la Administración andaluza y mejorar las condiciones laborales del personal público, estableciendo una hoja de ruta común entre la Junta y las organizaciones sindicales para el periodo 2026–2030.

CSIF resuelve tus dudas sobre el nuevo sistema de evaluación del desempeño en la Administración General de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 14 Jan 26 12:11:00 CET

El 24 de noviembre de 2025 se ha dado el visto bueno en Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, por unanimidad de todos los sindicatos presentes, el Proyecto de decreto por el que se regulan la evaluación del desempeño y la carrera horizontal. Este decreto supone un paso decisivo para la implantación real de ambos derechos, recogidos en la Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía. CSIF ha tenido un papel protagonista al realizar aportaciones sustanciales y decisivas que han permitido transformar de manera profunda ambos sistemas.

En cuanto a la evaluación del desempeño, esta deberá realizarse antes del período de solicitud de la carrera, vinculando a esa fecha los efectos administrativos de la propia carrera, tal y como CSIF venía reclamando.

A continuación resolvemos todas tus dudas sobre el nuevo sistema de evaluación del desempeño en la Administración General de la Junta de Andalucía.

¿Qué es la evaluación del desempeño? +

La Evaluación del Desempeño (ED) es el sistema mediante el cual la Administración General de la Junta de Andalucía mide y valora la conducta profesional, el rendimiento y los resultados del personal funcionario.

Se trata de un procedimiento obligatorio, de carácter anual y vinculado a un complemento retributivo no consolidable.

¿A quién afecta? +

Al personal funcionario de carrera y al personal interino, en los mismos términos.

¿Qué se evalúa? +

La Evaluación del desempeño mide dos dimensiones complementarias:

A. Evaluación Individual (≈ 85%)

Se compone a su vez de dos áreas:

Área de Tareas
Valora el logro de los objetivos individuales fijados en el Documento de Compromisos.
➜ Resultado: Informe de Rendimiento (base 100).
Área Contextual y Organizacional
Valora las competencias básicas definidas por el IAAP (compromiso, orientación a la ciudadanía, cooperación, flexibilidad, etc.).
➜ Resultado: Informe de Competencias Básicas (base 100).

La combinación de ambos informes constituye la Evaluación Individual. El peso de cada área depende de la Unidad Administrativa.

B. Evaluación Colectiva (≈ 15%)

Es igual para todo el personal de la Unidad Administrativa. Valora Objetivos estratégicos y operativos de la unidad➜ Resultado: Informe de Desempeño Colectivo (base 100).

ED ≈ 85% EVALUACIÓN INDIVIDUAL +15% EVALUACIÓN COLECTIVA

¿Cuál es el procedimiento? +

El procedimiento de Evaluación del Desempeño comprende una entrevista inicial a principios de año en evaluación, entre la persona evaluadora y la evaluada, donde se fijan los objetivos e indicadores, que se plasman en el Documento de Compromisos.

Durante el año, se realiza un seguimiento continuo para comprobar el progreso y la persona evaluada realizará el portafolio del desempeño, que recoge evidencias, logros y su autoevaluación

A principios del año siguiente se realiza una entrevista final, en la que se revisan los resultados y las necesidades formativas, tras la cual se emite el Informe de Evaluación del Desempeño basado en la autoevaluación del personal funcionario y un mecanismo de doble validación, integrado por la valoración de la jefatura y la participación de una persona colaboradora.

Una vez notificado, la persona evaluada dispone de 5 días hábiles para presentar alegaciones.

¿Cuándo comenzará a implantarse la evaluación del desempeño? +

Las primeras evaluaciones comenzarán previsiblemente en 2026, aunque la Administración aún no puede garantizar esta fecha. Si bien el complemento por desempeño no surtirá efectos económicos hasta 2029, la puntuación obtenida sí se utilizará para la valoración en los procesos de carrera horizontal.

¿Qué efectos económicos tiene la evaluación del desempeño? +

El complemento de desempeño sustituirá al actual complemento de productividad. (Único cobro anual.)

Se comenzará a cobrar en 2029, pagándose parcialmente el importe en 2029 e íntegramente 2030 según la siguiente tabla:

El importe recibido es proporcional a la puntuación de la ED (ej.: 80 puntos = 80% del complemento


Grupo / Subgrupo	Año 2029	Año 2030
A1	1.760,00 €	4.000,00 €
A2	1.324,25 €	3.009,66 €
B	1.165,38 €	2.648,59 €
C1	1.028,35 €	2.337,16 €
C2	647,40 €	1.471,36 €
E	553,33 €	1.257,56 €

Los empleados públicos andaluces recuperan las ayudas de acción social para el alquiler o por defunción gracias al acuerdo firmado por CSIF con la Administración

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 05 May 26 14:25:00 CEST

Los profesionales podrán percibir 6.000 euros en el caso de fallecimiento y hasta 2.400 al año para aliviar la crisis de acceso a la vivienda
El sindicato aplaude los avances para mejorar las condiciones laborales y sociales de los profesionales, tal y como se estableció con la rúbrica a finales de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha valorado de manera positiva la reactivación para el ejercicio 2026 de las ayudas de Acción Social para las empleadas y empleados públicos de Andalucía, un avance significativo en la mejora de sus condiciones laborales y sociales tras casi 15 años sin estas prestaciones.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha explicado que este martes se ha dado luz verde en el seno de la Mesa General extraordinaria celebrada a la recuperación de las ayudas al alquiler de vivienda y por defunción, después de que las ayudas de Acción Social fueran suspendidas en el año 2012, manteniéndose activas únicamente las destinadas a personas con discapacidad y para la protección de mujeres por razón de la violencia de género.

Esta medida de reactivación tiene su origen en el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad firmado a finales de 2025 por la Administración y las organizaciones sindicales presentes en Mesa General, en el que se recogía expresamente la reactivación paulatina de estas ayudas. “Este compromiso supone un paso firme en la restitución de derechos recortados durante la crisis económica y amplía la cobertura social de mayor desprotección”, ha apuntado Moreno.

El dirigente sindical ha explicado que se prevé que las convocatorias se publiquen a la mayor brevedad y una finalizado el proceso para su adjudicación, las personas beneficiarias recibirían una ayuda por defunción con una cuantía de 6.000 euros en un único pago y en el caso del alquiler la ayuda establece la cantidad de 200 euros por cada mes de alquiler acreditado para vivienda habitual, por lo que el límite de dicha prestación será de 2.400 euros como máximo. CSIF ha subrayado especialmente la importancia de la ayuda al alquiler en el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta.

Asimismo, CSIF ha destacado que la recuperación de estas ayudas beneficia de manera transversal a distintos colectivos de empleadas y empleados públicos, incluyendo al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía (personal funcionario, eventual y laboral acogido al VI Convenio Colectivo), así como al de la sanidad y la educación públicas. En el caso del personal de la Administración de Justicia, tal y como se estableció en el mencionado acuerdo a petición de CSIF, se determinará en su Mesa Sectorial de Negociación qué programas volverán a reactivarse ya que es un colectivo con su propia normativa.

Por último, CSIF ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la negociación colectiva para consolidar nuevos avances y asegurar la plena recuperación de los derechos sociolaborales del personal de la Junta de Andalucía.

CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF consigue que el Congreso desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y enmienda el error de CCOO y UGT

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 24 Jul 26 12:22:00 CEST

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Ambas cuestiones, se tratan de reivindicaciones que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, se regula la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho

Cursos de CSIF homologados por el IAAP para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 16 Sep 26 11:48:00 CEST

El sindicato ofrece una amplia oferta formativa para el tercer cuatrimestre de 2026

CSIF Andalucía lanza una amplia oferta formativa de cursos homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) para el tercer cuatrimestre de 2026. Los cursos están dirigidos al personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) y suponen un importante activo para sus necesidades profesionales y formativas de cara a la movilidad de las empleadas y empleados públicos andaluces.

Abierto el plazo de inscripción a través del campus virtual de CSIF Andalucía: https://campusvirtual.csifandalucia.es

Inicio previsto a partir del 30 de septiembre de 2026:

Preparación para la jubilación. 50 horas.
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 50 horas.
Instituciones europeas. 50 horas
Diversidad funcional, discapacidad y políticas sociales. Una mirada transversal. 40 horas.
Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía. 40 horas.
Alergias e intolerancias alimentarias. Abordaje nutricional de la salud y la alimentación. 40 horas.
Sistema de provisión de puestos de trabajo en la función pública andaluza (Decreto 51/2025). 40 horas.
Energías renovables. 40 horas.
Estatuto Básico del Empleado Público: R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre. 30 horas.
Modificaciones presupuestarias en las administraciones públicas. 30 horas.
De la Ley 11/2003 a la Ley 7/2023: Evolución y armonización de la protección animal en Andalucía. 30 horas.
Nociones básicas sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 30 horas.

Inicio previsto a partir del 1 de octubre de 2026:

Domina ChatGPT desde cero para un uso profesional y administrativo. 60 horas.
El tecnoestrés desde la prevención de riesgos laborales. 60 horas.
Las redes sociales en el ámbito profesional. 60 horas.
La igualdad de género: Aplicación en el ámbito social y profesional. 60 horas.
Aplicaciones de Google como herramienta en las administraciones públicas. 50 horas.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 50 horas.
Ciberseguridad y protección de la identidad digital. 60 horas.
Derechos y deberes de los trabajadores de la Junta de Andalucía en materia de prevención de riesgos laborales. 30 horas.
LibreOffice Writer avanzado. 60 horas.
Tratamiento y edición de documentos electrónicos: PDF, imágenes y comprimidos. 40 horas.
Mecanismos de comunicación y asertividad. 30 horas.
Perspectiva de género en la Administración de la Junta de Andalucía para la prevención de riesgos laborales. 40 horas.
Herramientas informáticas para una Administración sin papel. 20 horas.
Aplicaciones de la nueva Administración electrónica. 30 horas.
Prevención de riesgos laborales: Escuela de espaldad y prevención del estrés. 30 horas.
Personalización de comunicaciones con Thunderbird y LibreOffice y gestión del certificado digital. 30 horas.
Talento relacional, asertividad en los centros públicos de trabajo. 20 horas.
Visual Thinking. 30 horas.
Ofimática en la nube. 30 horas.

CSIF firma el preacuerdo del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, que beneficiará a más de 22.000 empleados públicos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 22 Sep 26 14:45:00 CEST

CSIF ha firmado el preacuerdo del futuro VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), que afectará a más de 22.000 empleadas y empleados públicos y permitirá avanzar en la renovación de un convenio vigente desde 2002.

Este preacuerdo supone un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales del personal laboral y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo.

Principales novedades del preacuerdo

Carrera profesional horizontal

Entre las principales novedades destaca el acceso a la carrera profesional horizontal, para lo que se establece un encuadramiento inicial con el objetivo de garantizar su percepción con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El preacuerdo contempla también la creación del Grupo Profesional 2 y nuevos subgrupos, así como el Concurso Abierto y Permanente para el personal laboral.

Movilidad, teletrabajo y desconexión digital

En materia de movilidad, se mejoran las condiciones para solicitar la permuta, que podrá plantearse siempre que resten al menos tres años para la jubilación.

Asimismo, se incorpora la implantación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, junto con nuevas modalidades de excedencias.

Mejoras en jubilación

El preacuerdo introduce mejoras en el premio de jubilación, con el cobro del 100 % en la jubilación anticipada.

Además, computará el período de prestación de servicios posterior al cumplimiento de los 70 años que sea necesario para poder completar el período mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva.

Nuevas categorías profesionales

Conservador de Bienes Culturales, encuadrada en el subgrupo 1.1.
Personal Operativo de Gestión Forestal y Medio Ambiente, en el subgrupo 3.1.

El texto incorpora, además, una disposición transitoria para el régimen de ingreso en los nuevos Grupos, Subgrupos y categorías profesionales.

Mejora del complemento por sábados, domingos y festivos

Por último, se contempla una subida del complemento de trabajo en sábados, domingos y festivos, mejorando el reconocimiento retributivo de quienes prestan servicio durante estas jornadas.

El preacuerdo recoge avances importantes para un colectivo que necesitaba actualizar su marco laboral y CSIF ha reclamado que la aprobación definitiva del VII Convenio Colectivo se produzca cuanto antes para que las mejoras puedan hacerse efectivas para los más de 22.000 empleados públicos andaluces que se verán beneficiados.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF critica que la Junta de Andalucía siga alargando la aprobación del teletrabajo y que no fije una nueva fecha concreta

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 26 Oct 26 16:30:00 CET

El sindicato señala que la Administración perjudica gravemente a las empleadas y empleados públicos y no descarta adoptar las medidas necesarias para defender sus derechos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha criticado que la Junta de Andalucía “siga alargando indefinidamente” la aprobación del decreto de teletrabajo y que, a día de hoy, no se cuente con una nueva fecha para su aplicación, a pesar de que ha pasado casi un mes de la pactada inicialmente.

Tras la Mesa Sectorial de carácter extraordinario celebrada este lunes, el sindicato ha señalado que “la Administración se ha abstenido de concretar un nuevo plazo de finalización de la tramitación y, por tanto, se sigue retrasando un aspecto crucial ya negociado con los representantes de las y los trabajadores”.

CSIF ha recordado que la tramitación del decreto de teletrabajo comenzó en abril de 2025 y, tras pasar por Mesa General, Mesa Sectorial y Comisión de Convenio, la negociación culminó en julio de dicho año. Además, el pasado 21 de abril se suscribió un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar el decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación. Para CSIF, se trata de un proceso “anormalmente dilatado en el tiempo” y que se traduce en un perjuicio a las trabajadoras y los trabajadores.

En este sentido, el sindicato ha informado de que “la Administración se ha vuelto a referir a la complejidad de la tramitación como causa para haber incumplido el plazo acordado, unas palabras ya pronunciadas hace unas semanas por el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, pero que no sirven de excusa para incumplir un pacto firmado con las organizaciones sindicales”. De igual manera, la Administración ha señalado principios de diciembre como nueva fecha para analizar la evolución del decreto, pero, a juicio del sindicato, esto “supone seguir dando patadas a un balón fuera del tiempo de juego”.

Para CSIF, el nuevo escenario incierto que se presenta ante la falta de concreción de la Administración “viene a perjudicar gravemente al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que lleva años demandado la regulación del teletrabajo. Además de los perjuicios para las empleadas y empleados públicos, esta ralentización de la tramitación es incompatible con el objetivo del que presume el Gobierno andaluz de avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos”.

CSIF, que ya registró a principios de octubre un escrito exigiendo a la Administración que estableciese una nueva fecha concreta de aprobación del decreto, ha indicado que la Circular 1/2026 aprobada como marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación “en ningún caso es la solución definitiva, sino que constituye una regulación transitoria que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto”. Por todo ello, el sindicato ha advertido de que no descarta “adoptar todas las medidas oportunas en defensa de las empleadas y empleados públicos”.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

CSIF denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son asignaturas pendientes de las organizaciones en España: la salud mental laboral sigue en peligro

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 04 Nov 26 12:11:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son todavía asignaturas pendientes de las administraciones públicas y empresas ya que los protocolos, evaluaciones de riesgos psicosociales y las pocas medidas que hay implantadas son insuficientes.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado el servicio ‘CSIF Ayuda’ tras diez años de actividad es que las empresas y administraciones solo intervienen cuando el conflicto se ha agravado o ya existe un daño para la salud de las personas trabajadoras. Es necesario reforzar la formación, la organización, los protocolos y la prevención.

El perfil habitual es el de una persona trabajadora con presunto maltrato psicológico que decide atreverse a denunciar su situación se encuentra con protocolos lentos, inacción de los responsables directos, la falta de apoyo por los compañeros y que no aplican las medidas cautelares necesarias hasta que se demuestra o no la situación de violencia en el trabajo.

Además, CSIF ha detectado la normalización de comportamientos violentos (gritos, insultos, aislamiento o falta de presencia injustificada en reuniones, tareas de escasa o nula importancia para la organización, burlas, etc.). Esta es una de las causas por las que casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, como CSIF denunció en un estudio en el año 2024.

Díez años velando por la salud mental en las organizaciones

CSIF conmemora con diferentes actividades (jornadas formativas y de sensibilización, campañas informativas sobre la importancia de la salud mental y los derechos laborales, etc.) los diez años de su gabinete especializado ‘CSIF Ayuda’, dedicado a atender a trabajadores afiliados que sufren en su entorno laboral situaciones de acoso, violencia, estrés y otros riesgos psicosociales que pueden afectar a su salud y condiciones de trabajo.

Este servicio, que es gratuito, recibe una media de 12 consultas semanales desde que se puso en marcha en noviembre de 2016. Las mayores consultas proceden fundamentalmente de los sectores de Educación y Sanidad, que suponen el 36 por ciento del total; seguido de la empresa privada, Administración Local, Administración General del Estado (AGE), Administración General de Comunidades Autónomas, y entidades públicas estatales.

Los principales motivos por los que se acude a ‘CSIF Ayuda’ desde Educación son las consecuencias de falta de autoridad del docente en aula (malas contestaciones y falta de respeto por parte del alumnado y progenitores), la falta de recursos que impiden realizar la función docente y su desamparo ante la inacción de la dirección del centro y ausencia de sanciones. Todo esto provoca situaciones de estrés y de ansiedad en el profesorado.

Épocas más estresantes para los trabajadores

‘CSIF Ayuda’ ha detectado que la mayor parte de las consultas que reciben desde el sector de Educación se producen en los meses de mayo y junio por parte de docentes de ciclos superiores (Secundaria y Bachillerato). El motivo es que en esos meses se hacen públicas las calificaciones que influyen en la nota final de la EBAU, por lo que los docentes reciben presiones de alumnos, progenitores e incluso de la dirección del centro.

En el caso de la Sanidad, los principales motivos por los que se recurre a ‘CSIF Ayuda’ son situaciones de acoso, violencia en el entorno laboral (incluso agresiones) y riesgos psicosociales (como estrés, ansiedad, falta de sueño, desmotivación, etc). Al igual que ocurre con Educación, los periodos más habituales de consulta coinciden con picos de actividad, como con la llegada de las bajas temperaturas (epidemia de gripe y de infecciones respiratorias). La falta de plantilla y el exceso de pacientes provocan situaciones de estrés, ansiedad y violencia en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria.

Situaciones laborales que afectan a la salud mental

‘CSIF Ayuda’ ha detectado en estos diez años algunas deficiencias en los entornos laborales que afectan a la salud de los trabajadores: plantillas insuficientes que provocan sobrecarga de trabajo, deficiente organización del trabajo, falta de claridad en las funciones profesionales, dificultades de comunicación, escasa formación para gestionar conflictos y la ausencia de recursos específicos para la prevención.

Estas son algunas de nuestras principales reivindicaciones:

Actuar y modificar las deficiencias en la organización del trabajo que genera el riesgo psicosocial (ritmos y cargas de trabajo, turnos, hiperconectividad, etc.)

Apoyo psicológico gratuito y confidencial.

Vigilancia de la salud mental.

Refuerzo de plantillas y reducción de sobrecargas de trabajo.

Implantación de procedimientos eficaces frente al acoso, la violencia y los conflictos laborales.

Reconocimiento adecuado de los trastornos mentales y de comportamiento cuando se acredite su origen profesional.

‘CSIF Ayuda’ reafirma su compromiso de seguir escuchando y orientando a aquellas personas trabajadoras que atraviesan situaciones de especial dificultad en el trabajo y seguiremos reivindicando medidas para avanzar hacia una verdadera cultura preventiva de la salud mental. Precisamente, CSIF se ha sumado a la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Trabajos Saludables 2026-2028: Compromiso por la Salud Mental en el Trabajo”, con los objetivos principales de sensibilizar sobre el impacto de los riesgos psicosociales en todos los sectores laborales; y promover entornos de trabajo favorables, inclusivos, seguros y mentalmente saludables.

CSIF-A traslada a Sanz sus reivindicaciones para recuperar las pagas extra de 2013 y 2014, abrir el diálogo social y reforzar los servicios públicos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 04 Nov 26 13:15:00 CET

Germán Girela se reúne con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía
El sindicato tiende la mano al diálogo y la colaboración, pero reclama avances en materias fundamentales para los empleados públicos y el conjunto de la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado al Gobierno andaluz sus principales reivindicaciones en defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus profesionales, durante una reunión mantenida este miércoles entre el presidente del sindicato, Germán Girela, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Se trata del primer encuentro institucional de CSIF con el Gobierno andaluz en la actual legislatura, una reunión que, en palabras de Girela, supone “una oportunidad para reforzar la interlocución con el Ejecutivo autonómico y abordar cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de las administraciones públicas andaluzas y sus profesionales”.

Entre los asuntos planteados por el sindicato ha ocupado un lugar prioritario la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída en 2013 y 2014 al personal púbico andaluza. La iniciativa, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y que pronto iniciará la recogida de firmas, busca saldar una deuda que, según las estimaciones del sindicato, asciende a una media de 2.000 euros por profesionales y que continúa pendiente más de una década después.

Girela ha señalado que se trata “de una cuestión de justicia con miles de empleadas y empleados públicos andaluces que todavía no han recuperado las cantidades que les fueron detraídas, a pesar de que en julio de 2018 se firmó un acuerdo que recogía, entre otras medidas, la restitución de estas retribuciones. Y teniendo en cuenta el reiterado compromiso del presidente Juanma Moreno cuando era líder de la oposición”. El dirigente sindical ha recordado que, de todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

CSIF también ha defendido la necesidad de abrir y ampliar la participación institucional en Andalucía, de manera que se reconozca la pluralidad de la representación sindical existente y se permita a más organizaciones participar en los espacios de diálogo y negociación con la Administración.

El sindicato considera que la representatividad real de las organizaciones debe tener un reflejo adecuado en la concertación social. “No es de recibo que, por ejemplo, CSIF no tenga cabida en el diálogo social a pesar de ser el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. Hay que superar un modelo que no refleja suficientemente la pluralidad sindical existente y que limita la participación de una parte muy importante de las personas trabajadores en asuntos que les afectan”, ha referido Girela.

Otro de los ejes de la reunión ha sido la necesidad de reforzar los servicios públicos con plantillas suficientes, recursos adecuados y condiciones laborales que permitan prestar una atención de calidad a la ciudadanía. Para CSIF, el fortalecimiento de las administraciones y de los servicios esenciales pasa necesariamente por reconocer el trabajo de sus profesionales y atender las necesidades de personal existentes.

Desde su independencia y autonomía, el sindicato ha trasladado a Sanz su voluntad de mantener una relación institucional basada en el diálogo, la colaboración y la búsqueda de soluciones; no obstante, la disposición al entendimiento “es compatible con una defensa firme de nuestras reivindicaciones sindicales”, ha subrayado Girela.

Para CSIF, la interlocución debe traducirse en avances concretos y en respuesta a las demandas planteadas, y continuará trabajando para que las necesidades de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía ocupen el lugar que les corresponde en la agenda del Gobierno andaluz.

3.808 razones para actuar con urgencia: CSIF exige al Gobierno prevención real, recursos suficientes, y protección para la salud mental en el trabajo y prevención del suicidio

encarna.abascal.perez — Wed, 09 Sep 26 09:31:00 CEST

Cada 10 de septiembre, CSIF reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la defensa de la salud mental y la protección de la vida.

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No puede atribuirse a una sola circunstancia, pero cuando las condiciones de trabajo generan o agravan el sufrimiento, las empresas y las administraciones tienen la obligación de actuar.

Según los datos provisionales del INE, en España murieron por suicidio 3.808 personas en 2025: 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, más de diez muertes diarias siguen siendo una realidad intolerable. Son 3.808 vidas y 3.808 razones para actuar con urgencia.

Las noticias recientes exigen respuestas

En los últimos meses hemos conocido casos que han conmocionado al mundo laboral. En el ámbito sanitario se han comunicado los fallecimientos por suicidio de tres médicos internos residentes que solo son la punta del iceberg en un sector con las jornadas extenuantes, la presión asistencial y la falta de apoyo psicológico accesible.

En agosto, un agente de la Policía Local de Cee fue encontrado sin vida en las dependencias policiales. Ante la sospecha de posible suicidio, CSIF reclamar que cualquier posible relación con el trabajo sea investigada y que se acompañe adecuadamente a la plantilla.

CSIF insiste en la urgencia de la creación de protocolos de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en Policía local, por ello presenta un borrador en la FEMP y las administraciones locales de España.

Ninguno de estos fallecimientos permite afirmar automáticamente que el trabajo fuera su causa. El suicidio suele responder a la interacción de factores personales, familiares, sociales, psicológicos y laborales. Pero esta complejidad no puede utilizarse para ignorar los riesgos profesionales ni para impedir una investigación rigurosa.

No podemos esperar al siguiente caso para empezar a prevenir.

El trabajo debe proteger, nunca enfermar

Las cargas excesivas, la falta de personal, la precariedad, los turnos prolongados, la falta de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico, la exposición a situaciones traumáticas y la ausencia de apoyo organizativo pueden deteriorar gravemente la salud mental.

Estos riesgos afectan especialmente al personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por el contrario, un empleo digno, plantillas suficientes, cargas razonables, horarios saludables, formación en gestión emocional, apoyo entre compañeros, liderazgo respetuoso y atención psicológica confidencial pueden convertir el trabajo en un auténtico factor de protección.

CSIF exige participar en las decisiones

CSIF ha solicitado al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a los espacios que estudien los factores relacionados con el trabajo. Los representantes de las personas trabajadoras deben participar permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas preventivas.

CSIF exige al Gobierno:

Mejores estadísticas, incluyendo profesión y situación laboral, y mayor vigilancia de la Inspección de Trabajo.
Planes obligatorios de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en empresas y administraciones.
Participación sindical permanente en el Observatorio de Prevención del Suicidio.
Evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales, con medidas, presupuesto y plazos.
Investigación rigurosa de cada fallecimiento cuando existan indicios de relación con el trabajo, ya que podría reconocerse como accidente laboral.
Un plan reforzado para la Policía Local, con atención psicológica externa, especializada y confidencial.
Más profesionales de la psicología, protocolos de detección temprana y formación para mandos, plantillas y delegados de prevención.
Mejora de las condiciones laborales: Plantillas suficientes, cargas sostenibles, estabilidad, conciliación y desconexión digital.
Programas específicos para los colectivos sometidos a mayor presión emocional o exposición traumática.
Apoyo a los compañeros y familiares después de una crisis o fallecimiento.

La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado

No aceptamos campañas sin presupuesto, evaluaciones sin medidas ni protocolos guardados en un cajón. Tampoco aceptamos que se responsabilice únicamente a las personas mientras se mantienen condiciones laborales que dañan su salud.

Prevenir exige escuchar, investigar, invertir y actuar. Exige empleos dignos, responsabilidad empresarial, servicios públicos suficientes, negociación colectiva y participación sindical.

Transformemos el trabajo en factor de protección. Ninguna persona debe afrontar sola su dolor y ninguna vida puede quedar subordinada a la productividad.

Por ello continua un año más con su campaña “Lo que solo no se puede, en red se consigue” visibilizando la realidad silenciada, prestando apoyo, asesoramiento y solicitando medidas para la salud mental y mejora de condiciones de trabajo . Con tus delegados de CSIF no estás solo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, llama a la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital inminente, llama al 112.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General de las Comunidades Autónomas Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF exige un refuerzo de la prevención en salud mental en el trabajo, que ya es la segunda causa de bajas de larga duración en Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Fri, 10 Oct 25 12:11:00 CEST

El sindicato critica la infradotación de personal especialista en la sanidad pública para tratar las diferentes patologías provocadas por problemas mentales
Con motivo del Día Mundial de la especialidad, lanza la campaña La salud mental también se trabaja para aumentar la concienciación frente a los riesgos psicosociales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha exigido a las administraciones y empresas un refuerzo de las medidas de prevención de la salud mental, que ya supone la segunda causa de incapacidad temporal de larga duración en Andalucía y, en la mayoría de casos, dichas bajas superan los 12 meses.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental este viernes 10 de octubre, la Central Sindical ha reivindicado un aumento del presupuesto destinado a incrementar las plantillas de profesionales sanitarios para tratar eficazmente los problemas y patologías relacionadas con este ámbito. Actualmente hay más de 480.000 andaluces en tratamiento; asimismo, según los datos extraídos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), las bajas por salud mental en Andalucía han aumentado en un 12% en la última década.

La secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, ha destacado la necesidad urgente de incorporar a más profesionales del ámbito de la salud mental en los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, para garantizar la protección en todos los aspectos relacionados con el trabajo que eviten patologías como la ansiedad, la depresión y otros trastornos.

González ha alertado de que, cuando en un puesto de trabajo existen condiciones precarias, exigencias excesivas, sobrecargas o relaciones laborales tóxicas, “el empleo puede convertirse en un foco de enfermedad mental, para lo que no basta con tratar los síntomas de forma aislada, sino que requiere una estrategia integral con la coordinación entre servicios y de formación especializada”.

La dirigente sindical ha explicado que, aunque desde CSIF “aplaudimos los últimos avances normativos, tanto a nivel nacional como autonómico, para solucionar los múltiples problemas de las personas afectadas por alteraciones en su salud mental, es fundamental prevenir estas patologías en fases tempranas y con una actuación médica y terapéutica eficaz y continuada”. En este punto, González ha manifestado que la falta de especialistas en la sanidad pública como es el caso de psicólogos, psiquiatras y terapeutas de salud mental y emocional, arrastra a los pacientes a recurrir a la medicación como única y más inminente respuesta a sus problemas y dificultades, pese a las consecuencias negativas que este tipo de fármacos supone para el bienestar de las personas, ya que suelen ser tratamientos a largo plazo. Esta escasez de profesionales en el sistema público también provoca que las personas afectadas acudan a terapias o tratamientos de la sanidad privada o a recursos procedentes de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro como alternativa.

Además, según González, “no podemos obviar que los problemas de salud mental y los desequilibrios emocionales son en muchos casos los causantes de otras muchas patologías físicas posteriores”. En este sentido, ha insistido en la reivindicación histórica de CSIF de conseguir que la salud mental sea objeto de estudio en las revisiones médicas que de manera preceptiva deben realizar los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el ámbito de la administración pública; sin embargo, “la realidad es que los centros donde se llevan a cabo este tipo de revisiones están saturados y no disponen ni de medios ni de especialistas en este ámbito”.

Actualización del cuadro de enfermedades profesionales

La responsable sindical ha recordado también que CSIF Andalucía lleva años reclamando una actualización del cuadro de enfermedades profesionales que incorpore los trastornos mentales y del comportamiento como el estrés, la ansiedad o la depresión originados por la actividad laboral y ha lamentado que desde 2018 no se haya producido.

Además, para la organización sindical son necesarios la puesta en marcha de planes de prevención de salud mental y preventivos de conductas suicidas y de acoso y violencia, evaluaciones psicosociales reales, programas de apoyo psicológico y formación gratuitos, creación de comisiones específicas de salud mental y un real decreto de riesgos psicosociales, entre otras medidas.

Ante el incremento de las patologías mentales en la sociedad actual y en el marco del compromiso y preocupación de CSIF por reformar las medidas de prevención y atención adecuada, el sindicato ha lanzado la campaña La salud mental también se trabaja con la que busca implicar a sus delegados y delegadas en su defensa activa como un derecho laboral fundamental. Con esta iniciativa, la Central Sindical persigue visibilizar que los problemas psicológicos “no son debilidades personales, sino consecuencias directas de factores laborales como la sobrecarga, la precariedad, la falta de reconocimiento o el acoso”, ha añadido González.

CSIF también apuesta decididamente por incorporar la prevención de riesgos psicosociales en la negociación colectiva, exigir evaluaciones reales con perspectiva de género, así como promover entornos laborales saludables y romper el estigma que aún pesa sobre el malestar emocional en el trabajo.

Finalmente, la Central Sindical ha organizado la webinar ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en el trabajo?, que se celebrará el próximo 23 de octubre con el objetivo de proporcionar herramientas para detectar el estrés, la ansiedad o el acoso y fomentar hábitos saludables y difundir los derechos laborales. Este tipo de iniciativas formativas contribuyen a romper el estigma que aún rodea los problemas psicológicos y refuerzan el papel del sindicato como agente de cambio en salud laboral y su compromiso con un entorno de trabajo seguro, humano y digno. Las personas interesadas pueden inscribirse en este enlace: https://www.youtube.com/live/56oKB8qCPwY.