Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF denuncia que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde hace 18 días por la falta de conexión a la red

margarita.sanchez.mingo — Fri, 07 Aug 26 10:10:00 CEST

Califica de “grave” la situación, ya que impide el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudica tanto a los profesionales como a la ciudadanía
La Central sindical lleva años alertando del abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante

Cádiz, 7 de agosto de 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones públicas, ha denunciado que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde el pasado 21 de julio debido a una incidencia que mantiene al órgano judicial sin conexión a la red. Lamentablemente, dieciocho días después de registrarse la incidencia, el sindicato ha criticado que la situación continúa sin resolverse, impidiendo el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudicando gravemente tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

El delegado de CSIF Cádiz, Manuel Vázquez, ha señalado que la falta de conexión “imposibilita el uso de las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia”. En concreto, ha detallado que no pueden utilizarse los programas Hermes y DICIREG, lo que impide la tramitación de expedientes ni practicar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil. Asimismo, el Juzgado tampoco puede enviar ni recibir correos electrónicos, lo que dificulta la atención de las numerosas solicitudes y consultas que se reciben diariamente.

Esta situación, según Vázquez, está provocando “un grave deterioro en la atención al público, ya que los ciudadanos ven como se retrasan sus gestiones y no obtienen respuesta a muchas de sus peticiones”. A ello se suma, que el personal funcionario se encuentra “completamente limitado para desempeñar su trabajo por causas ajenas a su voluntad”.

Desde el primer día que se produjo la incidencia, los funcionarios han registrado diariamente las correspondientes incidencias ante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia en Andalucía, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución efectiva. El sindicato ha criticado que esta falta de respuesta se ha convertido en una situación habitual, consecuencia de un servicio de soporte técnico que lleva años presentando importantes deficiencias y cuya ineficacia ha sido puesta de manifiesto reiteradamente ante la Consejería de Justicia.

El CAU depende de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo responsable del diseño, mantenimiento y coordinación de las herramientas tecnológicas de la Administración andaluza, incluido el soporte técnico de las aplicaciones informáticas utilizadas en los órganos judiciales. Desde CSIF se ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de respuestas ágiles y soluciones eficaces por parte de este organismo que garanticen el correcto funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia y del conjunto de la Administración de Justicia.

Igualmente, la incidencia fue comunicada también a la Secretaría General Provincial de Justicia en Cádiz, sin embargo, según ha manifestado Vázquez, “hasta la fecha desconocemos qué actuaciones se han llevado a cabo para resolver el problema”. A su juicio, la dificultad para contactar con los responsables competentes, incluso ante una incidencia de esta gravedad, “vuelve a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de respuesta”.

Esta situación no constituye un hecho aislado. La pasada semana, ha informado CSIF, los Juzgados de La Línea de la Concepción permanecieron varios días sin conexión a la red, circunstancia que obligó incluso al Juzgado de Guardia a redactar manualmente autos de libertad al no disponer de acceso a expedientes digitales, modelos documentales, carpetas de trabajo ni impresoras. Una vez restablecido el sistema, los funcionarios tuvieron que reproducir posteriormente dicha documentación en formato digital, incrementando aún más la carga de trabajo y retrasando el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales, todo ello pese a la ya conocida insuficiencia de personal.

Para CSIF, estos episodios “evidencian las graves carencias de la denominada ‘Justicia Digital’ impulsada por la Consejería de Justicia”. La falta de inversión suficiente, la ausencia de planificación tecnológica y la insuficiencia de los sistemas de soporte están provocando un deterioro progresivo del servicio público de Justicia, obligando a los profesionales a desarrollar su trabajo en condiciones impropias de una Administración del siglo XXI y perjudicando directamente a los ciudadanos.

Falta de planificación y de una gestión eficaz

Desde hace años, la Central Sindical, viene denunciando el abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante. Las incidencias tecnológicas, las deficiencias en los edificios judiciales, la escasez de medios materiales y personales y los continuos retrasos en la ejecución de actuaciones comprometidas responden a un mismo problema, según CSIF, que son la falta de planificación y de una gestión eficaz.

Para Vázquez, “resulta inaceptable que cuestiones tan esenciales para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para las condiciones de trabajo de los Cuerpos Generales continúen prolongándose durante meses o incluso años sin una respuesta adecuada por parte de la Administración”. Mientras esto ocurre,“trabajadores y ciudadanos siguen soportando unas condiciones claramente deficientes, al tiempo que las soluciones se posponen una y otra vez bajo el argumento de futuros estudios, proyectos pendientes, obras sin licitar, falta de autorizaciones o insuficiencia presupuestaria”. La consecuencia es que las mejoras nunca llegan a materializarse y el deterioro del servicio continúa agravándose. En algunos casos, incluso, “las deficiencias de los edificios judiciales han obligado al desalojo del personal tras las denuncias formuladas por CSIF por el riesgo existente”, ha apostillado.

Por todo ello, CSIF ha exigido la inmediata restitución de las comunicaciones del Juzgado de Paz de Tarifa y la adopción de las medidas necesarias para evitar que incidencias de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Del mismo modo, ha reclamado responsabilidades por la falta de respuesta ofrecida durante más de dos semanas y que se dote a la Administración de Justicia andaluza de unos medios tecnológicos y humanos acordes con el servicio público esencial que presta.

ANDALUCÍA. Primera reunión sindical con los nuevos responsables de la Consejería de Justicia

manuel.moreno.gomez — Wed, 02 Sep 26 08:20:00 CEST

Andalucía - Administración de Justicia Image

Tras el nombramiento y toma de posesión de los nuevos cargos de la Consejería de Justicia, en el día de hoy, ha tenido lugar la primera reunión sindical con los nuevos responsables, en concreto María José Cañizares como Secretaria General y Benito Gálvez como Director General de Infraestructuras y Recursos Humanos.

La reunión se ha desarrollado, en términos generales, en un clima positivo, especialmente por la actitud mostrada por la Secretaria General y el Director General, que han trasladado una clara voluntad de abordar de manera inmediata y prioritaria muchos de los problemas que afectan actualmente a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Andalucía.

Desde CSIF valoramos esta disposición, y la voluntad expresada de abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la interlocución directa y la capacidad de escuchar a quienes conocemos de primera mano la realidad de la Justicia andaluza, pero que se tendrá que materializar con hechos en las próximas semanas, pues muchos de estos problemas no pueden seguir demorándose.

CSIF ha sido muy claros desde el principio:

La realidad que vivimos diariamente los trabajadores de Justicia tiene muy poco que ver con la imagen que se ha trasladado públicamente a través de titulares de prensa y redes sociales. Tenemos falta de personal, problemas organizativos, carencia de medios materiales, graves deficiencias tecnológicas y problemas en determinadas sedes judiciales.

Por eso, desde CSIF entendemos que esta nueva etapa debe suponer un punto de inflexión y que hay una serie de cuestiones que deben abordarse con carácter prioritario.

La productividad, una cuestión que no admite más demoras

Hay que cumplir con el acuerdo de productividad. Consideramos urgente e inaplazable ejecutar el acuerdo de productividad alcanzado en la Mesa General, con la correspondiente dotación presupuestaria, que está aprobada y ratificada por el Consejo de Gobierno.

Para CSIF, esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Por ello, hemos reclamado que se adopten medidas inmediatas para finalizar la tramitación del preacuerdo sindical de abril donde se recogía el calendario de abono de las nuevas cantidades de productividad.

En este punto, hemos encontrado una respuesta positiva por parte de la Secretaria General, que han coincidido en considerar la productividad como un asunto prioritario. Tanto la Secretaria como el Director han trasladado su compromiso de que, durante este mismo mes, se trabajará para tener las reuniones necesarias con el objetivo de avanzar hacia su definitiva puesta en marcha.

Desde CSIF valoramos este compromiso y esperamos que se traduzca en actuaciones concretas e inmediatas, porque los trabajadores de la Administración de Justicia llevan demasiado tiempo esperando una solución y porque, una vez reconocida la prioridad de esta cuestión, lo que corresponde ahora es avanzar sin más dilaciones. La situación retributiva de los funcionarios de la Administración de Justicia andaluza se ha deteriorado significativamente en términos comparativos con el resto de ámbitos territoriales, pese a que estos soportan en Andalucía la mayor tasa de litigiosidad a nivel nacional.

Recursos Humanos: homogeneización de criterios.

En materia de Recursos Humanos creemos que hay que recuperar algo que consideramos fundamental: La homogeneización de criterios.

No puede ser que un funcionario tenga un problema y la respuesta de la Administración dependa de la Delegación Territorial en la que trabaje. Lo que es blanco en Sevilla no puede ser negro en Granada.

Y lo que se resuelve de una manera en Málaga no puede resolverse de otra completamente distinta en Córdoba.

La Consejería debe intentar recuperar la dirección, la coordinación y la capacidad de establecer criterios comunes para todas las Delegaciones, y que estas no actúen como reinos de taifas. No puede haber ocho Administraciones de Justicia diferentes dentro de Andalucía.

Protocolos y Funcionamiento de los Servicios Comunes.

Es necesario abordar, y hacerlo con carácter urgente, instrucciones de esta Consejería para establecer instrucción cara a la homogeneización de los criterios de funcionamiento de los Servicios Comunes de los distintos partidos judiciales.

No podemos aceptar que cuestiones esenciales como la organización, la distribución de tareas o el propio funcionamiento del servicio dependan de interpretaciones o decisiones particulares del Director en cada partido judicial.

Existe una Incertidumbre y ambigüedad en las tareas y funciones: cambios frecuentes, instrucciones contradictorias, indefinición de funciones, asunción de tareas que no corresponden al puesto, cambios organizativos, esto genera que con el paso de los meses se vayan acentuando factores de riesgo psicosociales que están elevando los niveles de estrés, ansiedad y con riesgo de agotamiento profesional.

Incremento de las plantillas de los Cuerpos Generales.

Se ha trasladado como uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia andaluza: La insuficiencia de las plantillas de los cuerpos generales.

Desde CSIF, se ha pedido dejar atrás definitivamente el discurso mantenido por los anteriores responsables, de que en Justicia sobran funcionarios y que el único problema es la falta de jueces.

Además, cualquier incremento de la planta judicial debe llevar aparejado, necesariamente, un incremento proporcional de las plantillas de los cuerpos generales. No podemos pretender que una mayor planta judicial funcione únicamente con más jueces, fiscales o Letrados de la Administración de Justicia.

No se puede poner el tejado sin construir la casa.

Además, cuando hablamos de órganos penales, hay que tener muy presente el régimen de guardias. El incremento del número de plazas judiciales tiene que ir acompañado de una adaptación inmediata al régimen establecido del servicio de guardia.

Esto debe formar parte de la planificación de la Consejería.

Situación caótica de los sistemas tecnológicos.

Y aquí de CSIF también hemos sido claros: La situación tecnológica de la Justicia andaluza es, en demasiados casos, desesperante. El ejemplo de Adriano es suficientemente conocido.

No es de recibo que tenemos funcionarios que se incorporan después de un concurso, de un proceso selectivo o como interinos y que pueden pasar semanas, e incluso uno o dos meses, sin disponer de sus claves y credenciales para poder trabajar con normalidad.

Y lo más preocupante es que, mientras tanto, en la mayoría de casos se les llega a pedir por los responsables a esos trabajadores que utilicen las claves de otros compañeros.

Esto no puede normalizarse.

No solo porque dificulta gravemente la prestación del servicio, sino porque estamos hablando de una cuestión que puede tener consecuencias disciplinarias muy graves.

Reactivación inmediata del Teletrabajo.

Desde CSIF, se ha instado a abordar la situación del teletrabajo con carácter inmediato y reactivar la concesión de las solicitudes del teletrabajo.

No entendemos que haya trabajadores que no se les conceda la modalidad de Teletrabajo pese a tener incluso el informe favorable del LAJ correspondiente, y puedan desarrollar esa modalidad al igual que el resto de compañeros que si teletrabajan.

El teletrabajo no puede depender de decisiones coyunturales ni de percepciones subjetivas contadas de forma interesada sobre si los funcionarios trabajan más o menos cuando están fuera de la sede judicial.

Desde CSIF defendemos el teletrabajo como una herramienta de modernización de la Administración, de conciliación y de mejora organizativa, siempre con criterios objetivos y garantizando la correcta prestación del servicio.

Deficiencias de Infraestructuras Judiciales.

Durante los últimos años hemos escuchado y leído numerosas declaraciones y titulares del anterior Consejero de Justicia sobre las magníficas sedes judiciales de Andalucía y sobre la profunda transformación que se estaba produciendo en esta materia.

Desde CSIF creemos que ha llegado el momento de contrastar esa imagen con la realidad que viven diariamente los trabajadores.

Porque esa realidad incluye problemas de espacio, climatización, accesibilidad, mantenimiento, seguridad, prevención de riesgos laborales y, en definitiva, condiciones de trabajo que requieren una respuesta.

En CSIF No queremos hablar de las infraestructuras desde los titulares, queremos hablar de ellas desde la realidad de las sedes judiciales he hemos invitados a los actuales responsables a visitarla para constatarlo de primera mano.

Otros asuntos.

Han quedado en el tintero muchos otros asuntos que teníamos preparados para exponer, pero que, por falta de tiempo, no pudieron ser abordados en dicha reunión. No obstante, desde CSIF se presentarán los escritos oportunos, haciendo llegar a la Administración todas estas cuestiones, ya que consideramos que también revisten especial importancia.

Entre ellos se encuentran, el plazo de sustituciones de interinos, la Bolsa de Interinos de Justicia, las guardias de costa, el abono de las sustituciones verticales, la cobertura de las jefaturas de equipo en caso de enfermedad de su titular, así como los permisos, licencias, planes de actuación, refuerzos y demás cuestiones que afectan al normal funcionamiento de la Administración de Justicia y a las condiciones laborales de sus trabajadores.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

3.808 razones para actuar con urgencia: CSIF exige al Gobierno prevención real, recursos suficientes, y protección para la salud mental en el trabajo y prevención del suicidio

encarna.abascal.perez — Wed, 09 Sep 26 09:31:00 CEST

Cada 10 de septiembre, CSIF reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la defensa de la salud mental y la protección de la vida.

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No puede atribuirse a una sola circunstancia, pero cuando las condiciones de trabajo generan o agravan el sufrimiento, las empresas y las administraciones tienen la obligación de actuar.

Según los datos provisionales del INE, en España murieron por suicidio 3.808 personas en 2025: 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, más de diez muertes diarias siguen siendo una realidad intolerable. Son 3.808 vidas y 3.808 razones para actuar con urgencia.

Las noticias recientes exigen respuestas

En los últimos meses hemos conocido casos que han conmocionado al mundo laboral. En el ámbito sanitario se han comunicado los fallecimientos por suicidio de tres médicos internos residentes que solo son la punta del iceberg en un sector con las jornadas extenuantes, la presión asistencial y la falta de apoyo psicológico accesible.

En agosto, un agente de la Policía Local de Cee fue encontrado sin vida en las dependencias policiales. Ante la sospecha de posible suicidio, CSIF reclamar que cualquier posible relación con el trabajo sea investigada y que se acompañe adecuadamente a la plantilla.

CSIF insiste en la urgencia de la creación de protocolos de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en Policía local, por ello presenta un borrador en la FEMP y las administraciones locales de España.

Ninguno de estos fallecimientos permite afirmar automáticamente que el trabajo fuera su causa. El suicidio suele responder a la interacción de factores personales, familiares, sociales, psicológicos y laborales. Pero esta complejidad no puede utilizarse para ignorar los riesgos profesionales ni para impedir una investigación rigurosa.

No podemos esperar al siguiente caso para empezar a prevenir.

El trabajo debe proteger, nunca enfermar

Las cargas excesivas, la falta de personal, la precariedad, los turnos prolongados, la falta de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico, la exposición a situaciones traumáticas y la ausencia de apoyo organizativo pueden deteriorar gravemente la salud mental.

Estos riesgos afectan especialmente al personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por el contrario, un empleo digno, plantillas suficientes, cargas razonables, horarios saludables, formación en gestión emocional, apoyo entre compañeros, liderazgo respetuoso y atención psicológica confidencial pueden convertir el trabajo en un auténtico factor de protección.

CSIF exige participar en las decisiones

CSIF ha solicitado al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a los espacios que estudien los factores relacionados con el trabajo. Los representantes de las personas trabajadoras deben participar permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas preventivas.

CSIF exige al Gobierno:

Mejores estadísticas, incluyendo profesión y situación laboral, y mayor vigilancia de la Inspección de Trabajo.
Planes obligatorios de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en empresas y administraciones.
Participación sindical permanente en el Observatorio de Prevención del Suicidio.
Evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales, con medidas, presupuesto y plazos.
Investigación rigurosa de cada fallecimiento cuando existan indicios de relación con el trabajo, ya que podría reconocerse como accidente laboral.
Un plan reforzado para la Policía Local, con atención psicológica externa, especializada y confidencial.
Más profesionales de la psicología, protocolos de detección temprana y formación para mandos, plantillas y delegados de prevención.
Mejora de las condiciones laborales: Plantillas suficientes, cargas sostenibles, estabilidad, conciliación y desconexión digital.
Programas específicos para los colectivos sometidos a mayor presión emocional o exposición traumática.
Apoyo a los compañeros y familiares después de una crisis o fallecimiento.

La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado

No aceptamos campañas sin presupuesto, evaluaciones sin medidas ni protocolos guardados en un cajón. Tampoco aceptamos que se responsabilice únicamente a las personas mientras se mantienen condiciones laborales que dañan su salud.

Prevenir exige escuchar, investigar, invertir y actuar. Exige empleos dignos, responsabilidad empresarial, servicios públicos suficientes, negociación colectiva y participación sindical.

Transformemos el trabajo en factor de protección. Ninguna persona debe afrontar sola su dolor y ninguna vida puede quedar subordinada a la productividad.

Por ello continua un año más con su campaña “Lo que solo no se puede, en red se consigue” visibilizando la realidad silenciada, prestando apoyo, asesoramiento y solicitando medidas para la salud mental y mejora de condiciones de trabajo . Con tus delegados de CSIF no estás solo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, llama a la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital inminente, llama al 112.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia que el 14% de los accidentes laborales son de tráfico y reclama medidas eficaces para aumentar la seguridad del transporte

margarita.sanchez.mingo — Tue, 10 Jun 25 10:04:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y más inversión para mejorar las carreteras y el mantenimiento de los vehículos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la elevadas cifras de accidentes laborales de tráfico, un 14% del total en 2024, al tiempo que ha reclamado a las administraciones competentes políticas eficaces de seguridad vial para la prevención de riesgos laborales y aumentar la seguridad del transporte profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora este martes 10 de junio, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en esta materia con medidas concretas que permitan reducir las cifras de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en 2024 se registraron 14.868 accidentes laborales de tráfico con baja en Andalucía, de los que 4.458 sucedieron durante la jornada laboral y otros 10.410 fueron 'in itinere' (accidente producido en el trayecto del domicilio al puesto de trabajo y vicerversa), con un resultado global de 34 muertes y 250 heridos graves. Estas cifras representan un 14% del total de los accidentes de trabajo registrados el año pasado, y aproximadamente un 27% de los fallecimientos por accidente laboral. Además, en el primer trimestre de 2025 se han producido 3.497 accidentes de tráfico, con un alto protagonismo de los accidentes in itinere, en concreto 2.502.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “debemos apostar por políticas que garanticen una vida laboral segura, saludable y digna”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores que se desplazan habitualmente para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de transporte y sean responsables, evitando situaciones de cansancio, distracciones o imprudencias para realizar su trabajo con totales garantías.

Entre las causas más habituales que propician un accidente laboral de tráfico se encuentran la fatiga y cansancio por jornadas laborales extensas o sin los debidos descansos, el estrés causado por motivos como llegar a tiempo, cumplir objetivos o tráfico complicado; por factores meteorológicos adversos, así como por causas externas a los profesionales, tales como el mal estado de las carreteras, la conducción por vías secundarias y de mayor peligrosidad y el uso de vehículos antiguos o en mal estado. A todos estos motivos hay que sumar la posibilidad del padecimiento de patologías por parte de los conductores y conductoras que pueden complicar la capacidad de conducción y, por supuesto, los despistes y errores humanos.

Garantizar el correcto estado de los vehículos

Para evitar en lo posible este tipo de circunstancias descritas, González ha destacado la importancia de incrementar la inversión destinada a la mejora de las carreteras y a su mantenimiento, garantizar el correcto estado de los vehículos profesionales (adecuada dotación, mantenimiento periódico y evaluación de riesgos) y abogar por la flexibilidad horaria para evitar situaciones de estrés. Además, para CSIF es prioritario aumentar la vigilancia de la salud de los trabajadores, la formación e información vial sobre estrategias de conducción segura y fomentar el teletrabajo en los puestos que, por sus características, permitan evitar desplazamientos innecesarios.

La secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF ha pedido una especial mención, en este día que conmemora la Seguridad Vial, a los profesionales que se ven especialmente afectados por sus desplazamientos continuos al volante, bien porque así lo requiere su puesto de trabajo como son los conductores de servicios públicos, personal de correos, policías o bomberos, entre otros, o bien, porque se ven obligado a desplazarse a diario en vehículo al tener su residencia a kilómetros de distancia de su actividad laboral como es el caso de los docentes o el personal de la Sanidad.

Por último, González ha recordado a las trabajadoras y trabajadores afiliados a CSIF que “en caso de accidente de tráfico, comuniquen lo sucedido al delegado o delegadas de prevención de su sector en el sindicato para recibir asesoramiento y atención personalizada”.