Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF denuncia que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde hace 18 días por la falta de conexión a la red

margarita.sanchez.mingo — Fri, 07 Aug 26 10:10:00 CEST

Califica de “grave” la situación, ya que impide el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudica tanto a los profesionales como a la ciudadanía
La Central sindical lleva años alertando del abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante

Cádiz, 7 de agosto de 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones públicas, ha denunciado que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde el pasado 21 de julio debido a una incidencia que mantiene al órgano judicial sin conexión a la red. Lamentablemente, dieciocho días después de registrarse la incidencia, el sindicato ha criticado que la situación continúa sin resolverse, impidiendo el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudicando gravemente tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

El delegado de CSIF Cádiz, Manuel Vázquez, ha señalado que la falta de conexión “imposibilita el uso de las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia”. En concreto, ha detallado que no pueden utilizarse los programas Hermes y DICIREG, lo que impide la tramitación de expedientes ni practicar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil. Asimismo, el Juzgado tampoco puede enviar ni recibir correos electrónicos, lo que dificulta la atención de las numerosas solicitudes y consultas que se reciben diariamente.

Esta situación, según Vázquez, está provocando “un grave deterioro en la atención al público, ya que los ciudadanos ven como se retrasan sus gestiones y no obtienen respuesta a muchas de sus peticiones”. A ello se suma, que el personal funcionario se encuentra “completamente limitado para desempeñar su trabajo por causas ajenas a su voluntad”.

Desde el primer día que se produjo la incidencia, los funcionarios han registrado diariamente las correspondientes incidencias ante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia en Andalucía, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución efectiva. El sindicato ha criticado que esta falta de respuesta se ha convertido en una situación habitual, consecuencia de un servicio de soporte técnico que lleva años presentando importantes deficiencias y cuya ineficacia ha sido puesta de manifiesto reiteradamente ante la Consejería de Justicia.

El CAU depende de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo responsable del diseño, mantenimiento y coordinación de las herramientas tecnológicas de la Administración andaluza, incluido el soporte técnico de las aplicaciones informáticas utilizadas en los órganos judiciales. Desde CSIF se ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de respuestas ágiles y soluciones eficaces por parte de este organismo que garanticen el correcto funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia y del conjunto de la Administración de Justicia.

Igualmente, la incidencia fue comunicada también a la Secretaría General Provincial de Justicia en Cádiz, sin embargo, según ha manifestado Vázquez, “hasta la fecha desconocemos qué actuaciones se han llevado a cabo para resolver el problema”. A su juicio, la dificultad para contactar con los responsables competentes, incluso ante una incidencia de esta gravedad, “vuelve a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de respuesta”.

Esta situación no constituye un hecho aislado. La pasada semana, ha informado CSIF, los Juzgados de La Línea de la Concepción permanecieron varios días sin conexión a la red, circunstancia que obligó incluso al Juzgado de Guardia a redactar manualmente autos de libertad al no disponer de acceso a expedientes digitales, modelos documentales, carpetas de trabajo ni impresoras. Una vez restablecido el sistema, los funcionarios tuvieron que reproducir posteriormente dicha documentación en formato digital, incrementando aún más la carga de trabajo y retrasando el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales, todo ello pese a la ya conocida insuficiencia de personal.

Para CSIF, estos episodios “evidencian las graves carencias de la denominada ‘Justicia Digital’ impulsada por la Consejería de Justicia”. La falta de inversión suficiente, la ausencia de planificación tecnológica y la insuficiencia de los sistemas de soporte están provocando un deterioro progresivo del servicio público de Justicia, obligando a los profesionales a desarrollar su trabajo en condiciones impropias de una Administración del siglo XXI y perjudicando directamente a los ciudadanos.

Falta de planificación y de una gestión eficaz

Desde hace años, la Central Sindical, viene denunciando el abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante. Las incidencias tecnológicas, las deficiencias en los edificios judiciales, la escasez de medios materiales y personales y los continuos retrasos en la ejecución de actuaciones comprometidas responden a un mismo problema, según CSIF, que son la falta de planificación y de una gestión eficaz.

Para Vázquez, “resulta inaceptable que cuestiones tan esenciales para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para las condiciones de trabajo de los Cuerpos Generales continúen prolongándose durante meses o incluso años sin una respuesta adecuada por parte de la Administración”. Mientras esto ocurre,“trabajadores y ciudadanos siguen soportando unas condiciones claramente deficientes, al tiempo que las soluciones se posponen una y otra vez bajo el argumento de futuros estudios, proyectos pendientes, obras sin licitar, falta de autorizaciones o insuficiencia presupuestaria”. La consecuencia es que las mejoras nunca llegan a materializarse y el deterioro del servicio continúa agravándose. En algunos casos, incluso, “las deficiencias de los edificios judiciales han obligado al desalojo del personal tras las denuncias formuladas por CSIF por el riesgo existente”, ha apostillado.

Por todo ello, CSIF ha exigido la inmediata restitución de las comunicaciones del Juzgado de Paz de Tarifa y la adopción de las medidas necesarias para evitar que incidencias de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Del mismo modo, ha reclamado responsabilidades por la falta de respuesta ofrecida durante más de dos semanas y que se dote a la Administración de Justicia andaluza de unos medios tecnológicos y humanos acordes con el servicio público esencial que presta.

ANDALUCÍA. Primera reunión sindical con los nuevos responsables de la Consejería de Justicia

manuel.moreno.gomez — Wed, 02 Sep 26 08:20:00 CEST

Andalucía - Administración de Justicia Image

Tras el nombramiento y toma de posesión de los nuevos cargos de la Consejería de Justicia, en el día de hoy, ha tenido lugar la primera reunión sindical con los nuevos responsables, en concreto María José Cañizares como Secretaria General y Benito Gálvez como Director General de Infraestructuras y Recursos Humanos.

La reunión se ha desarrollado, en términos generales, en un clima positivo, especialmente por la actitud mostrada por la Secretaria General y el Director General, que han trasladado una clara voluntad de abordar de manera inmediata y prioritaria muchos de los problemas que afectan actualmente a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Andalucía.

Desde CSIF valoramos esta disposición, y la voluntad expresada de abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la interlocución directa y la capacidad de escuchar a quienes conocemos de primera mano la realidad de la Justicia andaluza, pero que se tendrá que materializar con hechos en las próximas semanas, pues muchos de estos problemas no pueden seguir demorándose.

CSIF ha sido muy claros desde el principio:

La realidad que vivimos diariamente los trabajadores de Justicia tiene muy poco que ver con la imagen que se ha trasladado públicamente a través de titulares de prensa y redes sociales. Tenemos falta de personal, problemas organizativos, carencia de medios materiales, graves deficiencias tecnológicas y problemas en determinadas sedes judiciales.

Por eso, desde CSIF entendemos que esta nueva etapa debe suponer un punto de inflexión y que hay una serie de cuestiones que deben abordarse con carácter prioritario.

La productividad, una cuestión que no admite más demoras

Hay que cumplir con el acuerdo de productividad. Consideramos urgente e inaplazable ejecutar el acuerdo de productividad alcanzado en la Mesa General, con la correspondiente dotación presupuestaria, que está aprobada y ratificada por el Consejo de Gobierno.

Para CSIF, esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Por ello, hemos reclamado que se adopten medidas inmediatas para finalizar la tramitación del preacuerdo sindical de abril donde se recogía el calendario de abono de las nuevas cantidades de productividad.

En este punto, hemos encontrado una respuesta positiva por parte de la Secretaria General, que han coincidido en considerar la productividad como un asunto prioritario. Tanto la Secretaria como el Director han trasladado su compromiso de que, durante este mismo mes, se trabajará para tener las reuniones necesarias con el objetivo de avanzar hacia su definitiva puesta en marcha.

Desde CSIF valoramos este compromiso y esperamos que se traduzca en actuaciones concretas e inmediatas, porque los trabajadores de la Administración de Justicia llevan demasiado tiempo esperando una solución y porque, una vez reconocida la prioridad de esta cuestión, lo que corresponde ahora es avanzar sin más dilaciones. La situación retributiva de los funcionarios de la Administración de Justicia andaluza se ha deteriorado significativamente en términos comparativos con el resto de ámbitos territoriales, pese a que estos soportan en Andalucía la mayor tasa de litigiosidad a nivel nacional.

Recursos Humanos: homogeneización de criterios.

En materia de Recursos Humanos creemos que hay que recuperar algo que consideramos fundamental: La homogeneización de criterios.

No puede ser que un funcionario tenga un problema y la respuesta de la Administración dependa de la Delegación Territorial en la que trabaje. Lo que es blanco en Sevilla no puede ser negro en Granada.

Y lo que se resuelve de una manera en Málaga no puede resolverse de otra completamente distinta en Córdoba.

La Consejería debe intentar recuperar la dirección, la coordinación y la capacidad de establecer criterios comunes para todas las Delegaciones, y que estas no actúen como reinos de taifas. No puede haber ocho Administraciones de Justicia diferentes dentro de Andalucía.

Protocolos y Funcionamiento de los Servicios Comunes.

Es necesario abordar, y hacerlo con carácter urgente, instrucciones de esta Consejería para establecer instrucción cara a la homogeneización de los criterios de funcionamiento de los Servicios Comunes de los distintos partidos judiciales.

No podemos aceptar que cuestiones esenciales como la organización, la distribución de tareas o el propio funcionamiento del servicio dependan de interpretaciones o decisiones particulares del Director en cada partido judicial.

Existe una Incertidumbre y ambigüedad en las tareas y funciones: cambios frecuentes, instrucciones contradictorias, indefinición de funciones, asunción de tareas que no corresponden al puesto, cambios organizativos, esto genera que con el paso de los meses se vayan acentuando factores de riesgo psicosociales que están elevando los niveles de estrés, ansiedad y con riesgo de agotamiento profesional.

Incremento de las plantillas de los Cuerpos Generales.

Se ha trasladado como uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia andaluza: La insuficiencia de las plantillas de los cuerpos generales.

Desde CSIF, se ha pedido dejar atrás definitivamente el discurso mantenido por los anteriores responsables, de que en Justicia sobran funcionarios y que el único problema es la falta de jueces.

Además, cualquier incremento de la planta judicial debe llevar aparejado, necesariamente, un incremento proporcional de las plantillas de los cuerpos generales. No podemos pretender que una mayor planta judicial funcione únicamente con más jueces, fiscales o Letrados de la Administración de Justicia.

No se puede poner el tejado sin construir la casa.

Además, cuando hablamos de órganos penales, hay que tener muy presente el régimen de guardias. El incremento del número de plazas judiciales tiene que ir acompañado de una adaptación inmediata al régimen establecido del servicio de guardia.

Esto debe formar parte de la planificación de la Consejería.

Situación caótica de los sistemas tecnológicos.

Y aquí de CSIF también hemos sido claros: La situación tecnológica de la Justicia andaluza es, en demasiados casos, desesperante. El ejemplo de Adriano es suficientemente conocido.

No es de recibo que tenemos funcionarios que se incorporan después de un concurso, de un proceso selectivo o como interinos y que pueden pasar semanas, e incluso uno o dos meses, sin disponer de sus claves y credenciales para poder trabajar con normalidad.

Y lo más preocupante es que, mientras tanto, en la mayoría de casos se les llega a pedir por los responsables a esos trabajadores que utilicen las claves de otros compañeros.

Esto no puede normalizarse.

No solo porque dificulta gravemente la prestación del servicio, sino porque estamos hablando de una cuestión que puede tener consecuencias disciplinarias muy graves.

Reactivación inmediata del Teletrabajo.

Desde CSIF, se ha instado a abordar la situación del teletrabajo con carácter inmediato y reactivar la concesión de las solicitudes del teletrabajo.

No entendemos que haya trabajadores que no se les conceda la modalidad de Teletrabajo pese a tener incluso el informe favorable del LAJ correspondiente, y puedan desarrollar esa modalidad al igual que el resto de compañeros que si teletrabajan.

El teletrabajo no puede depender de decisiones coyunturales ni de percepciones subjetivas contadas de forma interesada sobre si los funcionarios trabajan más o menos cuando están fuera de la sede judicial.

Desde CSIF defendemos el teletrabajo como una herramienta de modernización de la Administración, de conciliación y de mejora organizativa, siempre con criterios objetivos y garantizando la correcta prestación del servicio.

Deficiencias de Infraestructuras Judiciales.

Durante los últimos años hemos escuchado y leído numerosas declaraciones y titulares del anterior Consejero de Justicia sobre las magníficas sedes judiciales de Andalucía y sobre la profunda transformación que se estaba produciendo en esta materia.

Desde CSIF creemos que ha llegado el momento de contrastar esa imagen con la realidad que viven diariamente los trabajadores.

Porque esa realidad incluye problemas de espacio, climatización, accesibilidad, mantenimiento, seguridad, prevención de riesgos laborales y, en definitiva, condiciones de trabajo que requieren una respuesta.

En CSIF No queremos hablar de las infraestructuras desde los titulares, queremos hablar de ellas desde la realidad de las sedes judiciales he hemos invitados a los actuales responsables a visitarla para constatarlo de primera mano.

Otros asuntos.

Han quedado en el tintero muchos otros asuntos que teníamos preparados para exponer, pero que, por falta de tiempo, no pudieron ser abordados en dicha reunión. No obstante, desde CSIF se presentarán los escritos oportunos, haciendo llegar a la Administración todas estas cuestiones, ya que consideramos que también revisten especial importancia.

Entre ellos se encuentran, el plazo de sustituciones de interinos, la Bolsa de Interinos de Justicia, las guardias de costa, el abono de las sustituciones verticales, la cobertura de las jefaturas de equipo en caso de enfermedad de su titular, así como los permisos, licencias, planes de actuación, refuerzos y demás cuestiones que afectan al normal funcionamiento de la Administración de Justicia y a las condiciones laborales de sus trabajadores.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

GESTIÓN P.A. , promoción interna Orden PJC/104/2024: plazas ofertadas ámbito Ministerio e instrucciones de solicitud.

manuel.moreno.gomez — Fri, 19 Jun 26 13:05:00 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden PJC/104/2024, de 31 de enero (BOE de 12 de febrero).

Seguimiento de convocatoria: 19 de junio de 2026

OFERTA DE PLAZAS GESTION PROMOCION INTERNA ORDEN PJC 104/2024

Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado: 25-6-2026.
Apertura aplicativo informático de petición de destinos: Desde el 26-6-2026 hasta el 9-7-2026, ambos inclusive.

Todas las personas aspirantes para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, deberán de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la página web del Ministerio.

Las solicitudes de destino de los aspirantes de ámbito Ministerio se presentarán en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

TRAMITACIÓN P.A., promoción interna Orden PJC/150/2024: plazas ofertadas ámbito Ministerio e instrucción de solicitud.

manuel.moreno.gomez — Fri, 19 Jun 26 12:57:00 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero (BOE de 23 de febrero).

Seguimiento de convocatoria: 19 de junio de 2026

OFERTA PLAZAS TRAMITACION PROMOCION INTERNA TR PI 150

Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado: 25-6-2026.
Apertura aplicativo informático de petición de destinos: Desde el 26-6-2026 hasta el 9-7-2026, ambos inclusive.

Todas las personas aspirantes para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, deberán de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la página web del Ministerio.

Tramitación P.A., promoción interna, PJC/1550/2025: nota informativa sobre requisitos de acceso.

manuel.moreno.gomez — Thu, 18 Jun 26 09:22:00 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaEmpleoOposicionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Tramitación Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, PJC/1550/2025, de 22 de diciembre (BOE de 30 de diciembre)

Seguimiento de convocatoria: 18 de junio de 2026

NOTA INFORMATIVA.

En el punto 4.6 de la Orden PJC/1550/2025, de 22 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia se dice que para participar en los procesos de acceso por promoción interna, las personas aspirantes deberán reunir todos los requisitos que previamente se han establecido, con carácter general, para el acceso al cuerpo de que se trate, y además tener la condición de funcionario o funcionaria de carrera en el Cuerpo de Auxilio Judicial y acreditar en el mismo una antigüedad de, al menos, dos años como titular o interino en dicho cuerpo.

Gestión P.A, promoción Interna, Orden PJC/1435/2024: cupo reserva Andalucía ordenado por notas.

manuel.moreno.gomez — Thu, 11 Jun 26 09:51:00 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaEmpleoOposicionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre (BOE de 19 de diciembre)

Seguimiento de convocatoria: 11 de junio de 2026

NOTA RECTIFICATIVA.

SE PUBLICA EL CUPO DE RESERVA DEL ÁMBITO DE ANDALUCÍA ORDENADO POR NOTAS.
- 10_06_Rectificación_GPI_1435_Andalucia cupo discapacidad_ Por orden de notas

Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024: listados de aspirantes con las notas definitivas de las fases de oposición y concurso de méritos.

manuel.moreno.gomez — Wed, 10 Jun 26 09:23:00 CEST

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Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre (BOE de 19 de diciembre).

Seguimiento de convocatoria: 10 de junio de 2026

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO POR EL QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES CON LA NOTA TOTAL DE OPOSICIÓN Y CONCURSO ORDENADA POR ORDEN DE NOTA.

ANDALUCÍA. Instrucciones para la toma de posesión en el cuerpo de Gestión P.A. promoción interna.

manuel.moreno.gomez — Thu, 02 May 24 10:38:00 CEST

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Instrucciones para la toma de posesión en el cuerpo de gestión procesal y administrativa de la administración de justicia en andalucía, por la superación de las pruebas selectivas de promoción interna convocadas por orden jus/242/2022, de 24 de marzo.

La reunión sobre adecuación salarial y complemento específico continuará la próxima semana

admin — Fri, 10 Sep 21 06:12:38 CEST

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El Ministerio traslada una última oferta de incremento del complemento específico y de adecuación salarial tras la petición de las organizaciones sindicales de que hiciera un esfuerzo adicional.

El Ministerio mantiene que es su última oferta.

Cuerpo	Propuesta de incremento mensual	Propuesta incremento anual	Complemento específico	Pago único atrasos de enero a octubre 2021
LAJ	195	2.340		1.950
Gestión /Técnicos Lab. INTCF	185	2.220	626,06	1.850
Tramitación / Ayudantes Lab.	165	1.980	583,94	1.650
Auxilio Judicial	150	1.800	566,10	1.500

En las reuniones mantenidas en el mes de julio con las organizaciones sindicales la Ministra de Justicia se comprometió a continuar el proceso de negociación y a realizar un último esfuerzo en la mejora de la oferta vigente en esas fechas. Fruto de ese compromiso, el Ministerio ha puesto encima de la mesa 6 millones de euros adicionales en dos veces (2 de septiembre, 5 millones y 9 de septiembre, 1 millón adicional) para mejorar sustancialmente la propuesta que se presentó el 7 de julio.

Estas cantidades se han conseguido sin necesidad de huelga ni descuento alguno para los funcionarios/as del ámbito del Ministerio, muchos de los cuales recuerdan lo sucedido en el año 2008 en la que se mantuvo una huelga de cerca de tres meses para conseguir una subida de 190 euros y que algunos, en especial, CCOO cerraron a espaldas de los trabajadores.

La propuesta de acuerdo tiene efectos a 1 de enero de este año con un pago único de los atrasos (presumiblemente en noviembre si el acuerdo sale adelante) y las cantidades se consolidan en la nómina.

La propuesta de acuerdo no supone la renuncia a ninguna reivindicación laboral ni retributiva en el futuro ni mucho menos, como algunos pretenden decir, a la negociación de los fondos adicionales que, por cierto, todavía están por determinar en su totalidad.

A este respecto el Ministerio ya rechazó la posibilidad de incluir en este acuerdo los fondos adicionales a propuesta de algunos sindicatos, al principio de la negociación, mientras CCOO permanecía mudo al respecto.

Hasta en dos ocasiones desde que se firmó el acuerdo que los hizo posibles, la postura de CCOO con los fondos adicionales bloqueó la negociación con el Ministerio sobre su destino, ya que se pedía que hubiera un cierto consenso sindical. En ese momento y hasta hoy, CCOO ha insistido en la necesidad de que se apliquen al complemento general del puesto ya que, según decían, su Disposición Adicional 157 de la ley de presupuestos no hacía necesario recurrir a los fondos adicionales.

Y es que esa Disposición Adicional, su pésima redacción, ha sido la que ha permitido al Ministerio ser muy restrictivo en la interpretación de lo que es y no es complemento específico, de lo que significa aproximación retributiva etc… esa pésima y confusa redacción ha lastrado la negociación desde el principio y CCOO lo sabe y por eso ya no proclama a los cuatro vientos su autoría.

En realidad, CCOO pretende echar la culpa a los demás de sus propios errores y contradicciones. Y los demás lo aceptamos, siempre y cuando no se juegue con el dinero de miles de empleados públicos. Y lo que es peor, pretende tirar por la borda el trabajo realizado desde hace muchos años y, en especial, desde la publicación de esa Disposición que según decían, había sido redactada por ellos.

La negociación de la parte económica de la propuesta de acuerdo se traslada, ahora a Hacienda, con el objetivo de blindar las cantidades y tener el visto bueno para formalizar el acuerdo.

Que no se incluyan los fondos adicionales en este acuerdo permite seguir manteniendo esa reivindicación para cuando se conozca su cuantía total final.

Incluir los fondos adicionales en la negociación es una clara invitación a que Hacienda dé por “invertidos” esos fondos en la subida del Ministerio sin incrementar las cantidades ofertadas por el Ministerio. Y si algunos no lo quieren ver, tienen un problema y gordo. Mejor dicho, el problema lo tendremos todos, porque se perderían esos fondos para siempre.

En la reunión del 9 de septiembre, los representantes de CCOO dijeron que asumían el riesgo de perder esos fondos, porque, ese dinero no es del Ministerio. Cierto, ese dinero es de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias del ámbito del Ministerio y ninguna organización sindical puede frivolizar con la posibilidad de que se pierdan.

La propuesta de acuerdo contiene un compromiso de establecer un calendario de negociación a través de grupos de trabajo para trasladar al personal mejoras laborales y retributivas sin exclusión de ningún tipo.

Como ya os informamos anteriormente, el Ministerio se compromete a negociar las reformas que está impulsando en la Administración de Justicia (leyes de eficiencia organizativa, registro civil y Ley de enjuiciamiento criminal entre otras) e incluye un compromiso de:

no amortizar ninguna plaza,
no establecer mecanismos de movilidad forzosa y;
no merma retributiva para ningún funcionario/a de Justicia.

Las organizaciones sindicales hemos propuesto la inclusión en el acuerdo de varias cuestiones para negociar en los próximos meses y años que quedan de legislatura. Entre otras destacamos:

la apertura de la negociación de la carrera profesional,
la revisión del sistema de guardias,
revisión de la estructura salarial de los Cuerpos de la Administración de Justicia con garantía de no pérdida de retribuciones.
el restablecimiento de los complementos de violencia sobre la mujer,
la promoción interna para que sea real y efectiva en todos los Cuerpos de la Administración de Justicia,
los planes de igualdad y;
los planes de prevención.
Creación de unidades administrativas de apoyo a la gestión de medios personales y materiales del Ministerio.
Creación de una comisión de seguimiento del acuerdo.

Asimismo, hemos recordado al Ministerio que están pendientes de negociación los sistemas de provisión de puestos de trabajo (sustituciones, concursos de traslado, comisiones de servicio y la orden de interinos).

Con estos antecedentes, las organizaciones sindicales que suscriben este comunicado CSIF, STAJ y UGT hemos mostrado nuestra disposición a firmar el acuerdo en un ejercicio de responsabilidad para no poner en riesgo lo conseguido y abrir la puerta a la negociación de más mejoras laborales y retributivas, a falta de terminar de concretar la segunda parte del acuerdo, la relativa al calendario de negociación de las cuestiones que hemos planteado más arriba.

CIG, el sindicato gallego, también ha manifestado su disposición a firmar el mismo para asegurar su presencia en la negociación que se va a abrir después de la firma del mismo. ELA el sindicato vasco ha dicho que no.

Sólo falta que CCOO salga de su contradicción y diga claramente si firma o no firma el acuerdo. En la reunión del día 9, no lo ha hecho. Que diga si quiere o no quiere participar en la negociación de las condiciones de trabajo del personal de Justicia en el futuro. Si quiere poner en valor el trabajo realizado por todos, incluida la Disposición Adicional 157, durante muchos años y si quiere seguir con las reivindicaciones del personal de Justicia sin renunciar a nada. Que aclare si va a seguir parapetado en el cortoplacismo de sus intereses sindicales o si va a pensar en todos los funcionarios/as de Justicia.

El próximo martes, a falta de confirmar la hora, hemos sido convocados a una nueva reunión para ultimar esa segunda parte de la propuesta de acuerdo.

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Noticias relacionadas

Accede a las noticias publicadas sobre la negociación

CSIF solicita una reunión con la nueva Directora General del Servicio Público de Justicia

admin — Wed, 25 Aug 21 09:55:22 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaComisiones de serviciosOtros Concursos y MovilidadTrasladosEmpleoCarrera profesionalRetribucionesNormativaLeyes y Decretos LeyOtros artículosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Tras la publicación del nombramiento en el BOE, CSIF se ha dirigido por escrito a la nueva Directora General, Maria Angels García Vidal, para solicitarle una reunión con el objetivo de trasladarle las principales preocupaciones y reivindicaciones del personal de Justicia e intercambiar puntos de vista sobre la situación de este servicio público.

Como siempre, desde la lealtad institucional, CSIF ofrece diálogo para abordar los problemas de la Justicia 2021 y para el diseño e implantación de medidas en el necesario proceso de modernización y transformación de la Administración de Justicia. Para ello, CSIF insiste en su escrito en la necesidad de potenciar la negociación colectiva a través de las mesas creadas bajo el amparo del TREBEP.

Entre otras reivindicaciones CSIF hace hincapié en su escrito en las siguientes:

Proseguir con el proceso de adecuación salarial tanto en lo que se refiere a la adecuación salarial cuya negociación está en marcha como a la negociación de la productividad, revisión del sistema de guardias y restablecimiento del complemento de violencia sobre la mujer.
Establecer los mimbres de una carrera profesional desarrollando lo establecido en la LOPJ.
Potenciar definitivamente la promoción profesional (promoción interna) para que sea real y efectiva desde Auxilio a Letrados y en los Cuerpos especiales.
Establecer un sistema de provisión temporal de puestos de trabajo objetivo, coherente y eficaz que no esté, sólo, anclado en la provisión por personal interino sino que facilite y potencie la cobertura por sustitución y por comisión de servicios.
Negociación de las leyes que se están impulsando para la reforma de la Justicia ya que afectan a condiciones esenciales de trabajo del personal. Las leyes de reforma procesal (mediación) , organizativa (Tribunales de instancia y oficinas municipales de Justicia), digital (uso de nuevas tecnologías) y de la ley de enjuiciamiento criminal (instrucción por fiscales) deben ser negociadas e ir acompañadas de mejoras laborales y retributivas para el personal y, especialmente, debe quedar garantizado que no habrá merma retributiva, ni movilidad forzosa ni amortización de plantillas.
Asimismo, debe negociarse la implantación del nuevo modelo del Registro civil, incluyendo el Reglamento y las relaciones de puestos de trabajo.
Impulso de los planes de igualdad y protocolos frente al acoso laboral, así como la implantación de un sistema integral de prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia.
Reforzar los recursos humanos para la gestión del personal en la Administración de Justicia dentro del Ministerio y establecer medidas que permitan dar estabilidad a las plantillas e impulso de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ con personal de Justicia para este fin. Esta es la única manera que existe para evitar que vuelvan a repetirse los errores y retrasos que se vienen produciendo en los últimos meses en materia de gestión de personal o para evitar que se acumulen trámites en materia de procesos selectivos o concursos de traslados en el mes de agosto.

En general, CSIF reclama que el proceso de transformación de la Justicia tenga como eje a su personal. Ningún proceso de cambio puede tener éxito si se realiza a espaldas de quienes deben ponerlo en práctica y con merma de sus condiciones laborales. Es necesario dignificar y reconocer el trabajo del personal de Justicia que con su esfuerzo hace posible el funcionamiento de este servicio público a pesar de las dificultades (en el confinamiento sin ir más lejos), recortes de todo tipo y falta de medios.

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Nombramiento en el BOE

Reseña en Confilegal

CSIF exige al Ministerio que negocie de manera inmediata las reformas procesales y organizativas que están en marcha

admin — Mon, 28 Jun 21 08:18:23 CEST

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Tras el aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo modelo de Registro civil en Madrid debido a los fallos del programa y la mala planificación de la formación denunciada por CSIF, hemos vuelto a dirigir al Ministerio para que abra la mesa de negociación, presente el borrador de Reglamento que, en parte, va a afectar a condiciones de trabajo especialmente a las delegaciones de funciones y negocie la estructura del Registro civil.

CSIF advierte al Ministerio que la nueva configuración de la figura del Encargado crea un nuevo cuello de botella en el funcionamiento de este servicio público volviendo a caer en errores del pasado menospreciando el potencial de los Cuerpos generales, especialmente, el de Gestión Procesal y volviendo al sistema de delegación/habilitación sin retribución alguna. Asimismo, CSIF advierte del grave perjuicio para los ciudadanos que supone privar a las oficinas colaboradoras con personal de Justicia de su pertenencia a la estructura formal del Registro civil y de vetarles la práctica de inscripciones e instrucción de expedientes, algunos de los cuales ya venían realizando los Juzgados de Paz.

Por su parte, CSIF lamenta que, el nuevo modelo, insista en la privatización de parte del Registro civil como ocurre con la práctica de expedientes y celebración de matrimonios por los Notarios, en vez de dotar a los Registros civiles de los recursos necesarios y aprovechar el capital humano existente. Para terminar con el Registro civil, CSIF seguirá insistiendo en la necesidad de que los Registros civiles tengan más competencias en la tramitación de expedientes de nacionalidad. Las medidas adoptadas hasta la fecha han sido un fracaso absoluto. Es hora de confiar en el personal del Registro civil y apostar por su potencial.

En materia de Ley de Enjuiciamiento Criminal miles de funcionarios/as están pendientes sobre qué ocurrirá con sus destinos en los Juzgados de instrucción y con las guardias que perciben en una Administración donde existen pocas oportunidades de mejorar retribuciones ante la nula voluntad de regular la carrera profesional o los obstáculos a la promoción interna.

En relación con la ley de eficiencia organizativa y los Tribunales de Instancia, CSIF exige que se abra la mesa de negociación sobre esta reforma organizativa pues afecta directamente a los destinos del personal de Justicia. CSIF rechaza que se pretenda imponer la nueva organización sin negociación previa tal y como se establece en las Disposiciones cuarta y quinta de la ley de eficiencia organizativa. De hecho, ya existen varios pronunciamientos judiciales que obligan a la administración a negociar las relaciones de puestos de trabajo y, en este sentido, ambas disposiciones son claramente ilegales. Además, en términos de eficiencia, es dudoso que la Justicia colegiada sea más rápida que la unipersonal. Se ha aceptado que es así, sin que nadie lo haya demostrado.

En cuanto a las oficinas municipales de Justicia, CSIF rechaza que se las relegue a meras unidades administrativas tal y como se hace en el citado anteproyecto de ley y exige que tengan el carácter de unidades judiciales ya que en el propio anteproyecto de ley se atribuyen a estas oficinas funciones claramente procesales.

En relación con el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, CSIF critica que se pretenda imponer un modelo de mediación obligatoria que ya fracasó en el pasado. De hecho, en el año 1984 se derogó la obligación de la conciliación previa en el orden civil porque no servía para nada. En estos momentos, el 80% de los asuntos de “clausulas suelo” y similares acaban en demanda porque el sistema de mediación obligatoria que se impuso sólo sirve para retrasar la presentación de la demanda en perjuicio del ciudadano afectado.

CSIF aboga por un sistema de mediación público aprovechando las funciones que, en materia de mediación y justicia restaurativa tienen atribuidos los Cuerpos de la Administración de Justicia. Todo ello sin perjuicio de que, privadamente, como ya se puede hacer ahora, las partes decidan no llegar a juicio llegando a un acuerdo previo.