Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF convocará movilizaciones en Correos en septiembre por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del Acuerdo Marco

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 15 Jul 26 17:14:00 CEST

La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años y detiene el plan de salidas voluntarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convocará movilizaciones en Correos el próximo mes de septiembre ante el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento.

Las movilizaciones comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las Jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

El Acuerdo Marco firmado en 2024 pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La situación actual, sin embargo, difiere de estos objetivos. La falta de contratación de personal de refuerzo ha supuesto una pérdida de más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años (aproximadamente un tercio), pasando de 11.400 a los 7.600 actuales. A nivel nacional, la pérdida ha sido de 22.000 empleos en una década al pasar de 66.000 a 44.000 en la actualidad.

A ello hay que añadir que un porcentaje de casi 10 % (4.000 trabajadores a nivel nacional) tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 700 y 800 euros mensuales. Esta situación no se ha corregido desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentra el 70 % de los contratos parciales; sin embargo, a esos mismos trabajadores a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030, lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo, pero que, sin embargo, la empresa no cubre.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales a nivel nacional que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que las empleadas y empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, aún no se ha producido ninguna. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante la pasividad de la empresa, CSIF iniciará movilizaciones en el mes de septiembre para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.

Bajada de ratios, mejora salarial y más recursos: CSIF traslada a la consejera las prioridades de la educación pública andaluza

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 21 Jul 26 11:31:00 CEST

El sindicato defiende una negociación permanente para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la atención al alumnado
Reclama una apuesta decidida por la red pública frente a cualquier medida que suponga una mayor concertación de la enseñanza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha trasladado a la Consejería de Educación las prioridades del sistema educativo público para esta nueva legislatura, entre las que destacan la disminución de ratios, la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado y el refuerzo de los recursos destinados a los centros educativos.

En una reunión bilateral entre ambas partes, en la que han participado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, y la consejera de Educación, Carmen Castillo, el sindicato ha defendido que la política educativa debe sustentarse en el diálogo, la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente las y los profesionales de la enseñanza pública.

“La educación pública es uno de los ejes vertebradores del Estado de Bienestar y es la principal garantía de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social. La Administración debe hacer una apuesta decidida por ella con más inversión y mejores condiciones laborales para quienes la sostienen”, ha señalado García.

Entre los asuntos planteados, CSIF ha denunciado la supresión de más de 2.800 unidades en la enseñanza pública andaluza entre el curso 2019/2020 y el 2025/2026 y ha advertido de que el descenso de la natalidad no puede traducirse en un debilitamiento de la red pública. En este sentido, ha reclamado un plan de choque para frenar la pérdida de unidades y aprovechar la reducción del alumnado para disminuir las ratios, incrementar plantillas y ofrecer una atención más individualizada. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad y la orientación educativa.

En materia de Formación Profesional, CSIF ha denunciado que el nuevo modelo Dual está suponiendo una creciente sobrecarga para el profesorado, que asume funciones de coordinación, relación con las empresas, seguimiento del alumnado y resolución de incidencias sin contar con el tiempo ni los recursos suficientes. A esto hay que sumar la excesiva burocracia y continuas deficiencias del sistema Séneca, que dificultan la gestión y la labor educativa.

“Es evidente que hay que reforzar la inversión y la planificación en la FP pública para garantizar su calidad. Igual que resulta preocupante el mayor crecimiento de la oferta privada frente a la red pública, una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades”, ha explicado García.

De igual manera, la Central Sindical considera imprescindible contar con más financiación para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y avanzar en las medidas de climatización.

Nuevo acuerdo retributivo

En materia de condiciones salariales, García ha puesto en valor el acuerdo retributivo impulsado por CSIF en 2022, cuyo último tramo se abonó en septiembre de 2025 y que ha supuesto una mejora retributiva acumulada de entre 2.030 y 2.310 euros para los subgrupos A2 y A1, respectivamente; no obstante, el sindicato considera que la culminación de este acuerdo no puede suponer el final de las mejoras salariales. Por ello, ha reclamado la apertura de una negociación para alcanzar un nuevo acuerdo retributivo que permita equiparar las remuneraciones del profesorado andaluz, que vuelven a estar en el furgón de cola, con las de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus docentes.

“Andalucía debe aspirar a contar con el profesorado y los equipos directivos mejor retribuidos del país. La dignificación de la profesión docente pasa también por una mejora salarial que reconozca la responsabilidad y la dedicación de nuestros profesionales”, ha afirmado García.

En esta línea, CSIF ha reiterado la petición registrada ante la Consejería el pasado mes de marzo para iniciar la negociación para implantar el sexto sexenio, así como la revisión al alza de las cuantías de los sexenios actuales, con el objetivo de poner en valor la formación permanente, la experiencia profesional y la prolongación de la vida laboral del profesorado.

CSIF también ha reclamado un mayor reconocimiento para los equipos directivos ante el incremento de cada vez más responsabilidades y la sobrecarga que les genera. Por ello ha reclamado más recursos humanos y organizativos, una reducción de la carga burocrática y la consolidación de los complementos retributivos para todos sus integrantes.

Desarrollo del acuerdo educativo y defensa de la red pública

Durante el encuentro también se ha analizado el desarrollo del Acuerdo de 16 de julio de 2025 para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal docentes no universitario. CSIF ha destacado la importancia de seguir impulsando las medidas recogidas en dicho acuerdo conforme a los plazos establecidos con las organizaciones sindicales firmantes, con el objetivo de que sus avances repercutan de manera efectiva en el profesorado, el alumnado y el funcionamiento de los centros públicos.

Por otra parte, el sindicato ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que pueda debilitar la enseñanza pública, entre ellas una posible extensión de la concertación del Bachillerato. Para CSIF, cualquier ampliación de la oferta educativa debe realizarse fortaleciendo los institutos públicos, sus plantillas y sus recursos.

“Nuestro compromiso es seguir defendiendo un sistema educativo público fuerte, suficientemente financiado y con profesionales reconocidos y bien remunerados. Esa seguirá siendo la hoja de ruta de CSIF en todas las mesas de negociación”, ha concluido García.

CSIF-A exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 22 Jul 26 11:53:00 CEST

El sindicato reclama la aplicación estricta del protocolo ante altas temperaturas y denuncia que la falta de efectivos agrava la exposición al estrés térmico en las tareas de reparto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor que azota Andalucía.

El sindicato ha reclamado a la empresa pública el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación efectiva del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

El protocolo de Correos establece que, cuando la AEMET activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13:00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17:00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados. CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma inmediata por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo.

“La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal. Cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

El sindicato ha reclamado igualmente que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF ha denunciado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones. La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

“La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, ha advertido Gómez.

Para CSIF, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de las y los trabajadores ni la prestación del servicio.

Campaña contra el estrés térmico

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña ‘Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales’, impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas.

La organización recuerda que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos. Por ello reclama una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor.

“Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves. Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, ha concluido Gómez.

La ausencia de presupuestos liquida el remanente económico de Muface y 14.000 personas abandonan el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 22 Jul 26 16:31:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno garantías para el futuro de Muface a medio plazo, dado que la ausencia de presupuestos está obligando a utilizar el remanente de tesorería, que en estos momentos podría estar en números rojos.

CSIF ha exigido una explicación en el Consejo General de Muface celebrado hoy, en el que se hizo balance de situación. Según datos de la memoria, a 31 de diciembre de 2024, este remanente ascendería a 282, 2 millones de euros (página 98 de la memoria). Pues bien, para hacer frente a las obligaciones presupuestarias y financiar el concierto sanitario, la mutualidad ha tenido que utilizar el remanente por importe de 349 millones de euros.

Por otra parte, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto.

En el balance del nuevo concierto también llama la atención el descenso que se ha producido en la actividad en consultas de Atención Primaria (230.941 menos respecto al mismo periodo del año anterior), destacando especialmente la bajada de la actividad en Pediatría (que pasó de 184.259 consultas en el segundo semestre de 2024 a 159.549 en 2025, lo que supone una variación del -13.4 por ciento). El balance también registra un descenso en la Atención Especializada de 150.000 consultas: Traumatología (-7,3 por ciento), Oftalmología (-8,9) y Obstetricia y Ginecología (-10,1) fueron las especialidades con mayor demanda.

Por último, destacamos el descenso producido en la actividad diagnóstica, observándose los descensos más relevantes en radiología simple (-13,4 por ciento), ecografía y Doppler (-15,5) y la tomografía axial computarizada (-20,8).

Ante esta situación, CSIF estará vigilante y si el Gobierno no informa con transparencia sobre esta situación, con garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF advierte de que la disminución de pruebas diagnósticas e intervenciones puede deberse a la desestimación por parte de las compañías y de las comisiones mixtas de Muface.

Además, hemos elevado una queja por la reforma del Estatuto de Muface, restando capacidad de control a los sindicatos integrantes en el Consejo.

De manera paralela, CSIF participa en el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre. Entre otras reivindicaciones, CSIF reclama una mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados públicos y eliminar cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial con respecto al Régimen General de la Seguridad Social.

También reclamamos un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación entre administraciones durante todo el año

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 23 Jul 26 12:38:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar. La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

CSIF demanda una prevención más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas. En este sentido, denunciamos una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos.

Las principales carencias detectadas son la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.

CSIF propone las siguientes medidas para mejorar la lucha contra los incendios forestales:

Un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas. También es necesario que estas mantengan plantillas mínimas de bomberos forestales durante todo el año, así como de medios materiales, con criterios objetivos (superficie forestal, riesgo de incendio, etc).
Realizar tareas de prevención los 12 meses del año. Es necesario evitar los despidos al finalizar la campaña de verano, realizar cortafuegos y caminos más amplios para evitar que los incendios se propaguen, y aumentar los puntos de abastecimiento de agua. Es imprescindible eliminar vegetación alrededor de los núcleos de población.
Refuerzo de plantilla de bomberos forestales. Hay que reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo y mejorar sus condiciones laborales.
Desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales.
Garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones.
Renovación de los Equipos de Protección Individual (EPI), mejora de los medios materiales y vehículos especializados, y adaptación de dispositivos a cada territorio. Actualmente el material es escaso o está obsoleto.
Regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales. En algunos casos, las jornadas de trabajo pueden llegar hasta 16 horas consecutivas.

Agradecimiento a los profesionales y solidaridad con las víctimas

CSIF quiere destacar la valentía de todas y todos los profesionales y voluntarios que combaten actualmente los incendios forestales, y reiteramos nuestro más profundo pésame a las víctimas y sus familias por las pérdidas sufridas.
CSIF seguirá luchando por un sistema de prevención y extinción de incendios que esté a la altura de los retos actuales.

CSIF reclama mayor reconocimiento para el personal de gestión telefónica del 061

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 27 Jul 26 13:01:00 CEST

Prensa y ComunicaciónAndalucía Image

La plantilla, que se rige por un convenio de telemarketing, sufre una gran precariedad a pesar de realizar una labor esencial para la atención y protección de la salud de la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama que el futuro decreto del 061 en Andalucía reconozca al personal de gestión telefónica del 061. CSIF exige su inclusión expresa en la nueva norma y denuncia la precariedad del colectivo, que se rige bajo un convenio de telemarketing, desde hace décadas.

CSIF consigue que el Congreso desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y enmienda el error de CCOO y UGT

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 24 Jul 26 12:22:00 CEST

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Ambas cuestiones, se tratan de reivindicaciones que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, se regula la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho

CSIF alerta de que la subida del paro en el segundo trimestre evidencia la fragilidad estructural del mercado laboral andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Jul 26 12:25:00 CEST

El sindicato reclama una apuesta decidida por el empleo estable y de calidad, el refuerzo de los servicios públicos y la diversificación del modelo productivo en la comunidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha alertado de que los datos de la Encuesta de Población Activo (EPA) correspondientes al segundo trimestre ponen de manifiesto que el mercado laboral andaluz continúa mostrando una preocupante fragilidad estructural, incapaz de consolidar un crecimiento sostenido del empleo incluso en uno de los períodos tradicionalmente más favorables del año como es el inicio de la temporada de verano.

Aunque entre abril y junio se crearon 63.300 puestos de trabajo en Andalucía, el número de personas desempleadas aumentó en 5.400, situándose actualmente en 627.000. Se trata de un comportamiento que contrasta con la evolución del conjunto del país, donde el paro descendió de forma significativa.

“Ni siquiera un trimestre tradicionalmente favorable para el empleo, gracias al turismo y los servicios, ha sido capaz de reducir el desempleo en Andalucía. Este comportamiento evidencia la excesiva dependencia de la estacionalidad y la necesidad de impulsar un modelo más diversificado, capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Para CSIF, estos datos reflejan que Andalucía continúa dependiendo en exceso de sectores marcados por la temporalidad y la estacionalidad, lo que impide consolidar un mercado laboral estable. “Andalucía no pude seguir conformándose con crear empleo condicionado por campañas concretas mientras mantiene una de las tasas de paro más elevadas de España. Necesitamos un cambio de modelo que permita generar puestos de trabajo estables, de calidad y con perspectiva de futuro”, ha advertido Girela.

En este sentido, el sindicato ha reclamado a la Junta de Andalucía una apuesta decidida para reforzar el empleo público. La mejora de los servicios públicos requiere incrementar las plantillas en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la Administración General y el resto de los servicios públicos, donde persisten importantes déficits de personal que repercuten tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

“Que Andalucía cuente con unos servicios públicos fuertes no puede depender de los ajustes presupuestarios de cada ejercicio. Ahora que la Junta empieza a trabajar en las cuentas de 2027, reclamamos al Ejecutivo andaluz que sitúe el empleo público como prioridad. Las administraciones tienen que dejar de considerar el empleo público como un gasto y asumir que es una inversión imprescindible. Reforzar las plantillas también contribuye a crear empleo estable y a dinamizar la economía”, ha apostillado Girela.

Asimismo, el sindicato ha reclamado una estrategia para impulsar sectores capaces de generar empleo a largo plazo y de alto valor añadido, como la industria, la innovación, las nuevas tecnologías o las energías renovables.

De igual manera, CSIF ha mostrado su preocupación la realidad social que reflejan otros indicadores de la EPA. En Andalucía, el 8,62 % de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, un porcentaje superior al registrado hace un año. “Detrás de las cifras hay miles de familias que continúan afrontando serias dificultades económicas y cuya situación exige respuestas y políticas eficaces por parte de las administraciones”, ha lamentado Girela.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF-A exige a la Consejería de Sanidad que respete la negociación colectiva y acuerde mejoras reales para todos los profesionales del SAS

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 31 Jul 26 13:30:00 CEST

El sindicato critica el acuerdo entre la Administración y el SMA, que, además de no contener medidas concretas, se realiza fuera de la Mesa Sectorial
Reclama abordar el déficit de plantilla y la sobrecarga asistencial, así como culminar la ejecución del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, firmado en 2023

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido a la Consejería de Sanidad que respete la negociación colectiva y aborde las cuestiones que afecten a las condiciones laborales del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde corresponde, que es la Mesa Sectorial.

El sindicato, primera fuerza multiprofesional en dicho foro, ha expresado tal reivindicación tras anunciarse un acuerdo suscrito por la Consejería con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para abordar mejoras dirigidas al personal facultativo. A juicio de CSIF, el documento “recoge declaraciones de intenciones, pero no incorpora medidas concretas, plazos ni compromisos verificables que permitan avanzar de manera efectiva en la mejora de las condiciones del personal médico de Andalucía”.

Más allá del contenido, para CSIF resulta especialmente preocupante la forma en que la Consejería está gestionando la negociación de cuestiones que afectan al personal del SAS. “Es inaceptable que la Administración alcance acuerdos al margen de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente establecido para la negociación colectiva. Por ello no podemos sino rechazar que la Consejería opte por vías unilaterales para abordar cuestiones laborales. El diálogo colectivo es la herramienta que debe servir para construir consensos sólidos y duraderos”, ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

Asimismo, el sindicato ha subrayado que la mejora de la sanidad pública andaluza requiere de medidas multiprofesionales. “CSIF ya ha puesto en muchas ocasiones el foco en el déficit estructural de plantilla y la sobrecarga asistencial que afecta, por supuesto, al personal facultativo, pero que sin duda también lo hace con el resto de categorías del SAS, por lo que cualquier estrategia para fortalecer el sistema debe contemplar medidas que beneficien al conjunto de los trabajadores”, ha explicado Girela.

En este sentido, CSIF trasladará estas reivindicaciones al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión que tendrá lugar en los próximos días después de que haya revalidado su cargo. El objetivo del sindicato en dicho encuentro será exigir un cambio en la manera de afrontar la negociación y reclamar una apuesta decidida por mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los profesionales del SAS.

Entre las medidas que CSIF defenderá figuran la mejora de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo perdido y la puesta en marcha de medidas que permitan retener y recuperar el talento perdido. “Hay que poner fin a la fuga de trabajadores de Andalucía, y eso solo se conseguirá cuando haya condiciones laborales y salariales a la altura de la labor que realizan nuestros profesionales”, ha indicado Girela; asimismo, el dirigente sindical ha señalado la necesidad de abordar los importantes desequilibrios entre distintas categorías. En esta línea, el sindicato reclamó hace varios meses la puesta en marcha de una Mesa Técnica de retribuciones destinada a erradicar los agravios comparativos existentes en el SAS entre diferentes categorías e incluso dentro de la misma.

De igual modo, CSIF reclama un plan de refuerzo de las plantillas para reducir la sobrecarga con la que el personal del SAS trabaja a diario, derivada, principalmente de la falta de cobertura de bajas y permisos retribuidos.

Girela también ha hecho referencia a la necesidad de ejecutar medidas pendientes del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, suscrito en 2023, como el desarrollo efectivo de las competencias del personal administrativo de apoyo a la gestión asistencial, el refuerzo del personal en Salud Mental y la integración definitiva de los dispositivos de apoyo en los Equipos Básicos de Atención Primaria. El sindicato también ha recordado la existencia de otros acuerdos históricos, como la progresión del personal Auxiliar Administrativo que alcance el nivel IV de Carrera Profesional a Administrativo.

Por último, CSIF ha reclamado mayor transparencia en los criterios y el procedimiento de asignación del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) así como el paso de esta retribución a la masa salarial fija del SAS, y la implantación de las horas de solape en todas las categorías en las que existan relevo entre turnos, una medida ampliamente demandada por las y los profesionales.

CSIF Sanidad reclama a la Ministra de Sanidad la actualización urgente de funciones y competencias

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 24 Jun 25 12:04:00 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaPrensa y ComunicaciónPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalAdministrativosAuxiliares AdministrativosTCAECeladoresEnfermeríaMédicosOtro Personal SanitarioTrabajadores socialesTécnicos Superiores Especialistas (TSE)Andalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en las administraciones públicas, presentó recientemente una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que nuevamente reclamamos el estudio y la actualización urgente de las funciones, competencias y clasificación profesional de los colectivos que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En el escrito hemos puesto la prioridad en la urgente necesidad de revisión de funciones y competencias de dos colectivos especialmente afectados: los Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS). Desde CSIF reiteramos que esta reivindicación es extensiva a todas las categorías profesionales, y así lo hemos trasladado al Ministerio. Se trata de ordenar y planificar adecuadamente los perfiles del SNS conforme a la cualificación, las competencias reales y la normativa vigente.

En el caso de los TCAE, sus funciones continúan reguladas por normas preconstitucionales de 1973 que no se corresponden con su labor actual, así como reconocimiento académico y formación. Y en el caso de los TSS, exigimos su adecuación inmediata al Grupo B, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, así como el reconocimiento académico y profesional que ya se da en otros países europeos.

Además, CSIF reclama que se deroguen las funciones establecidas en los antiguos estatutos de 1966, 1971 y 1973, y que se valoren, negocien y definan unas nuevas funciones más acordes a la realidad asistencial que viven los profesionales del SNS, dentro del proceso de negociación del nuevo Estatuto Marco.

Desde CSIF también alertamos de la falta de homogeneidad en la asignación de funciones entre comunidades autónomas y centros sanitarios y sociosanitarios, lo que genera desigualdades, inseguridad jurídica y situaciones que podrían rozar el intrusismo profesional.

“El Ministerio debe convocar con urgencia las mesas técnicas vinculadas al mandato de la mesa de negociación, de la mesa del ámbito del ministerio de sanidad, para ordenar las funciones de las categorías del SNS, sin más demoras. Es una cuestión de justicia profesional y de eficacia asistencial”, ha señalado Fernando Hontangas, presidente de sector Nacional de Sanidad de CSIF.

CSIF-A apoya el inicio del debate para reconocer como personal sanitario a los profesionales de Trabajo Social del ámbito de la salud, una de sus reivindicaciones históricas

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 10 Apr 25 13:14:00 CEST

El sindicato lamenta que siga habiendo casi un centenar de centros de salud en Andalucía que no cuentan con la figura de un profesional de Trabajo Social a tiempo completo

El sector de Sanidad de CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha mostrado su apoyo a la reciente moción que ha instado al Senado a debatir en su Comisión de Sanidad la incorporación del Trabajo Social en el ámbito de la salud dentro del conjunto de profesiones sanitarias.

CSIF, tanto a nivel autonómico como nacional, lleva años reclamando este justo reconocimiento, por lo que se congratula de que al fin este debate sea puesto sobre la mesa. Cabe reseñar que, en Andalucía, aún existen unos 90 centros de salud que no cuentan con la figura de un trabajador social a tiempo completo, pues esta se mantiene compartida con otro centro, e incluso entre varios en algunos casos.

Este hecho atenta contra la atención integral a la población desde el punto de vista de la concepción de salud de la OMS, que la define como el “completo bienestar físico, psíquico y social”. CSIF ha subrayado que los cuidados totales requieren de profesionales no clasificados actualmente como sanitarios, pero que, evidentemente, son protagonistas de la atención de esa concepción social, tan importante especialmente para la salud mental de la población.

La central sindical ha recordado que en la sanidad andaluza trabajan actualmente unos 650 trabajadores sociales, de los que 450 se concentran en la Atención Primaria, y el resto se reparten entre Atención Hospitalaria y Salud Mental. En dichos ámbitos su labor se reconoce como una prestación básica e inicial en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, donde esta categoría realiza funciones propias de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención integral a la salud, en coordinación y colaboración con el resto de los profesionales; sin embargo, la falta de reconocimiento con personal sanitario hace que los trabajadores sociales en el ámbito de la salud no puedan acceder a la historia clínica de los pacientes a los que atienden, lo que hace que su relevante labor quede registrada con dificultad, al mismo tiempo que impide a estos y estas profesionales asistir a formaciones que, en muchas ocasiones, son ofertadas en exclusiva para el personal sanitario.

Por todo ello, y como reconocimiento y respeto a la enorme labor que lleva a cabo este personal, CSIF lleva años solicitando el reconocimiento de los trabajadores sociales como personal sanitario. Ya en 2020 el Ministerio de Sanidad anunció el reconocimiento como profesión sanitaria, que finalmente no llegó a concretarse al no publicarse la disposición adicional que daba dicho paso en ninguna de las dos leyes orgánicas en las que se propuso. Así, la Central Sindical se ha congratulado por que, finalmente, el debate sobre esta circunstancia tan necesaria haya vuelto al Senado.

CSIF Sanidad Alerta sobre Aumento de Violencia Laboral en la Sanidad y Exigimos Medidas Urgentes al Gobierno

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 07 Mar 24 09:59:00 CET

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En una carta que enviamos directamente a la Ministra de Sanidad, desde CSIF Sanidad Nacional, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el creciente aumento de la violencia laboral en el ámbito sanitario. Como sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, destacamos la especial gravedad de las agresiones hacia nuestro personal, principalmente en los centros de Atención Primaria y urgencias hospitalarias.

En nuestra misiva, subrayamos que la violencia laboral afecta sustancialmente a la actividad sanitaria y, por ende, al Sistema Nacional de Salud (SNS), uno de los pilares fundamentales de la sociedad del bienestar. Según cifras publicadas, nuestros profesionales de la sanidad en España sufren agresiones a diario, con numerosos incidentes sin denunciar debido a la normalización de estas conductas o el temor a represalias.

Hacemos hincapié en la definición de violencia laboral adoptada por organismos internacionales y destacamos el papel constitucional de los poderes públicos en garantizar seguridad e higiene en el trabajo. Además, mencionamos el reciente implemento en España del Convenio 190 de la OIT, que aborda la violencia y el acoso en el mundo laboral.

En nuestra carta, exigimos medidas urgentes, como la homogeneización de la protección y asistencia a profesionales agredidos en todas las comunidades autónomas, el registro detallado de agresiones por región, el establecimiento de un régimen sancionador a nivel autonómico, y la modificación legislativa para abordar la agresión a empleados públicos.

Proponemos la creación de un Programa de Ayuda al Empleado que ofrezca apoyo psicológico gratuito y respaldo jurídico para los trabajadores agredidos. Además, destacamos la necesidad de la implicación de los Ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para implementar medidas, mecanismos y recursos efectivos para abordar las deficiencias en el sistema de salud que contribuyen a la violencia laboral.

En conclusión, desde CSIF Sanidad Nacional, subrayamos que abordar las grandes deficiencias en los servicios públicos de salud respecto a la prevención y protección contra las agresiones es fundamental. Y ponemos el foco en la calidad de los recursos humanos, la burocracia, la planificación y el presupuesto como aspectos clave para solucionar este grave problema.

CSIF confía en que la Junta actualice cuanto antes las indemnizaciones a su personal en concepto de desplazamiento por razones de trabajo

admin — Thu, 17 Aug 23 09:22:12 CEST

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La nueva orden ministerial, que da luz verde a una vieja petición del sindicato, incrementa la cuantía de 0,19 euros por kilómetro recorrido en automóvil a 0,26 euros
La central sindical aplaude que con esta subida se acabe con el agravio comparativo entre los miembros de la Cámara andaluza y el resto del personal al servicio de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, confía en que la Junta de Andalucía actualice cuanto antes la cuantías que percibe el personal de la Administración andaluza, tanto funcionarios como personal laboral, por kilómetro recorrido cuando se desplace por razones de trabajo.

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, José Manuel Dorado, ha manifestado su satisfacción ante la publicación de la reciente orden ministerial de 12 de julio y publicada en BOE el pasado 17 de julio en la que se anuncia la modificación al alza de la cantidad que perciben los trabajadores y trabajadoras de la Junta por gastos de locomoción por motivos de su desempeño profesional.

Dorado ha recordado que esta subida de las cuantías por desplazamiento es una vieja reivindicación del sindicato, ya que hasta el momento han sido “irrisorias”, por lo que ha instado a la Administración a que acelere su aplicación.

La nueva Orden implica la subida de 0,19 euros por kilómetro recorrido en vehículo a 0,26 euros, una cantidad que en el caso de las motocicletas se fija en 0,106 euros por km.

Dorado ha señalado que con esta actualización de importes por desplazamiento de los trabajadores se da cumplimiento también a la petición de CSIF-A de igualar las cantidades percibidas entre los miembros de la Cámara andaluza con respecto al resto del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía (personal funcionario y laboral del VI Convenio Colectivo).

CSIF consideraba “una tomadura de pelo que sus señorías estuvieran recibiendo hasta la fecha una indemnización por gastos de locomoción en la cuantía que se fijaba anualmente en los presupuestos de la Cámara y que ascendía a 0,25 euros por kilómetro, mientras que la Junta establecía para su propio personal una cantidad de 0,19 euros por kilómetro recorrido”.

Con esta situación, la central sindical entiende que se estaba produciendo un “agravio comparativo” entre los diputados y diputadas de la Cámara andaluza con respecto al resto del personal al servicio de la Administración General y que queda subsanado con el cambio normativo.

El sector de AGJA de CSIF-A insta a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a que actualice con rapidez el decreto de la Junta de indemnización por razón del servicio para introducir la nueva cuantía de 0,26 euros el kilómetro recorrido.

CSIF-A pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones que acaben con el “déficit crónico” de personal que soportan las administraciones locales

admin — Fri, 19 May 23 07:49:22 CEST

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El sindicato critica el uso indiscriminado de programas temporales para cubrir necesidades que son estructurales en los municipios y que deberían contar con personal fijo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo “que acaben con el déficit crónico de personal que soportan las administraciones locales y que se traduce en un peor servicio público a la ciudadanía”.

El presidente del sector de Administración Local de CSIF-A, Miguel Ángel Sáenz, ha señalado que “estamos asistiendo a una cronificación en el déficit de profesionales en las administraciones locales, una situación que arrastramos desde hace años y que viene motivada por los límites impuestos en la tasa de reposición”.

En este sentido, ha argumentado que el porcentaje de reposición al que obliga la Ley de Presupuestos ha generado, desde hace dos décadas, la imposibilidad de cubrir la totalidad de las vacantes en las entidades locales y, por este motivo, los medios humanos son cada vez más escasos para atender la demanda de servicios que tienen las corporaciones locales como administraciones más cercanas a la ciudadanía.

Sáenz ha explicado que son los ayuntamientos de localidades medianas y pequeñas los que se ven más afectados por la falta de personal, ya que para ellos es “casi imposible” aplicar el porcentaje de la tasa de reposición y año tras año no pueden cubrir sus vacantes.

El responsable sindical reclama a los ayuntamientos que “usen todas las herramientas legales a su alcance para eliminar la tasa de reposición actual y reformar la estructura de las plantillas de trabajadores que acabe con la precariedad a la que se ven sometidos. Sáenz pide que no se dejen de cubrir las vacantes que se generan por diferentes motivos y que sin embargo están dotadas presupuestariamente. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde de las mil plazas vacantes con las que cuenta desde hace años, más de 400 no pueden cubrirse pese a estar dotadas presupuestariamente.

Los servicios de atención directa a la población, los más afectados

Las áreas de servicios sociales con atención directa a la población y de mantenimiento y limpieza de los centros públicos, como por ejemplo los colegios, son las más perjudicadas por la falta de personal.

CSIF Andalucía lamenta que en las entidades locales, año tras año, se siga haciendo un uso indiscriminado de programas temporales para atender necesidades que son estructurales en los municipios y que deberían contar con una dotación de personal fijo para la prestación de los servicios correspondientes, de manera que no dependan de la duración de un determinado programa.

Sáenz ha criticado que los servicios públicos “se sostienen en mucho casos con alfileres, al no contar con el personal necesario para atenderlos”, por lo que la prestación que se ofrece a la ciudadanía “no es acorde con la estructura moderna que debiera existir en estos ámbitos de cercanía a la población, para darles una atención de calidad como corresponde a los servicios públicos”, ha concluido.

CSIF critica el cambio de criterios en los procesos selectivos de promoción interna en varios cuerpos de la Administración General de la Junta

admin — Fri, 10 Mar 23 10:37:11 CET

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Más de mil personas están afectadas por las modificaciones introducidas en una resolución administrativa que altera las bases originales de la convocatoria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, critica el cambio de criterio llevado a cabo en los procesos selectivos de promoción interna para el ingreso en diferentes cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía. Esta medida coarta la promoción de unas mil personas a las que esta situación les genera inseguridad jurídica e indefensión.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, lamenta la arbitrariedad de la Administración andaluza al haber cambiado las reglas del juego justo en el momento de ofertar las vacantes y una vez realizado el esfuerzo por parte de los funcionarios de aprobar el proceso selectivo de promoción interna.

Desde CSIF-A “consideramos innecesarios e injustificados los cambios de la Administración en este procedimiento y defendemos que los parámetros o requisitos exigidos a los aspirantes de la promoción interna deben ser los mismos para todos y por supuesto, estar contemplados en las bases de la convocatoria original sin que sufran modificación alguna por una resolución posterior”.

La variación en los criterios del proceso abierto viene recogida en una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Justicia que aplica restricciones en los criterios para optar al puesto ofertado como vacante.

El responsable sindical señala que a estas desigualdades que provoca la resolución se une el retraso injustificado que padecen los adjudicatarios de las plazas de promoción interna correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2019.

Dorado ha explicado que pese a que los exámenes se realizaron en mayo de 2022 y el compromiso de la Junta era la incorporación de los adjudicatarios este mes de marzo, este hecho no se ha producido y los afectados aún están a la espera de que se publique la oferta de vacantes, pese a conocerse desde el 12 de enero la lista definitiva de aspirantes aprobados.

En este sentido, desde el sector de AGJA han solicitado a la Junta en la Mesa Sectorial celebrada esta semana que “agilice la resolución de todos los procesos de promoción interna, puesto que además de la incertidumbre que genera en el personal afectado, les limita su derecho a la carrera administrativa con los consiguentes perjuicios a nivel administrativo y económico”.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CSIF-A interpone un recurso contencioso administrativo contra un proceso selectivo de estabilización de personal laboral de la Junta por vulnerar la igualdad de acceso

admin — Tue, 24 Jan 23 12:12:07 CET

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El sindicato lamenta que la Administración puntúe de forma diferente con los mismos criterios a los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización dirigido a una parte del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, considera ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”. De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta. Además, las diferencias radican también en os criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF-A lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF-A estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

CSIF-A exige revisar las cuantías que reciben los empleados de la Junta, sobre todo conductores, por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo

admin — Thu, 19 Jan 23 09:46:41 CET

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El sindicato lamenta el deterioro de las condiciones laborales de unos tres mil profesionales sujetos a la aplicación de un normativa que no se actualiza desde 2006

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, exige una revisión urgente de las cuantías que reciben los empleados de la Junta de Andalucía por pernoctar fuera de su residencia habitual por razón de trabajo y que no se actualiza desde 2006. Esta situación atañe a unos 3.000 empleados en toda Andalucía y el colectivo de conductores es el más afectado.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado el deterioro de las condiciones laborales que padecen los empleados públicos quienes, al no poder hacer frente al pago de los servicios de alojamiento fuera de sus hogares por razón de trabajo, se ven obligados a “pagarlos de su bolsillo o aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio, e incluso, aceptar pernoctar en habitaciones compartidas”. El dirigente sindical ha calificado de “obsoleta y escasa” la cuantía económica de la que disponen los empleados públicos para hacer frente a los gastos por pernoctación, por lo que insta al Gobierno andaluz a tomar medidas que corrijan esta situación de forma inmediata.

La normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006 y publicada en BOJA nº 143, de 26 de julio de 2006. El sector de AGJA de CSIF-A critica la dejadez por parte de la Administración por no haber actualizado esta directriz en años y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años. Por este motivo, para la central sindical es una cuestión urgente la revisión de las cuantías económicas y que el personal afectado pueda así hacer frente a los gastos que genere fuera de su residencia habitual por motivos laborales.

Para poder ajustarse al importe establecido en la mencionada Orden, algunos empleados públicos, sobre todo los conductores de altos cargos, se ven en la obligación de volver a altas horas de la madrugada a su localidad y/o provincia y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo. Esto duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral y por supuesto impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio, lo que no sólo pone en riesgo su vida al volante sino de las personas que lleva a su cargo en el vehículo así como al resto de los conductores.

El responsable sindical explica que la Administración, a través del Acuerdo Marco firmado, hace las reservas a través de la agencias de viajes adjudicatarias de la licitación. En este sentido, a las dificultades mencionadas anteriormente se unen las generadas cuando los empleados son requeridos para hacer un determinado servicio cuando la agencia en cuestión está cerrada, al tener un horario comercial. “Este es un caso --según explica Dorado-- que se repite entre el colectivo de conductores debido a los cambios de agenda de última hora de la persona para la que prestan su servicio”.

Mecanismo de compensación

CSIF-A critica que la Administración en lugar de proceder a actualizar las cantidades para cubrir estos costes y poner en marcha mecanismos más eficientes para realizar estas gestiones, haya optado por un “mecanismo de compensación” para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes cuando los importes superan la cuantía establecida en la orden de 2006. Dicho mecanismo, según explica Dorado, consiste en “cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes”. En este sentido, desde CSIF lamentan que en ocasiones los empleados públicos “se ven obligados a elegir entre dormir o comer”.

La central sindical reclama una “solución urgente” para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores e insiste en que, al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicios y que al resto de trabajadores cuyos desplazamientos si están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer.