Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF-A alerta de que la falta de efectivos en el dispositivo INFOCA pone al límite su capacidad operativa

margarita.sanchez.mingo — Tue, 25 Aug 26 09:58:00 CEST

El sindicato denuncia que, a finales de agosto y en plena campaña de alto riesgo de incendios, existen vacantes en puestos esenciales y retenes incompletos
Reclama una mayor inversión en actuaciones preventivas en invierno que permitan facilitar las tareas de extinción en época estival

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, alerta de la situación que atraviesa actualmente el dispositivo INFOCA a finales de agosto y en plena campaña de alto riesgo de incendios forestales que se prolongará hasta el próximo 15 de octubre. El sindicato reclama a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) medidas urgentes para garantizar la plena capacidad operativa del servicio.

El secretario general de la sección sindical de CSIF Andalucía en la EMA, Gregorio López, ha calificado de “lamentable” que después de varios meses de campaña de alto riesgo “seguimos teniendo puestos sin cubrir y unidades incompletas, lo que reduce la capacidad de respuesta del dispositivo y aumenta la presión sobre los trabajadores que sí están disponibles”.

A día de hoy, el responsable sindical ha explicado que continúan sin cubrirse efectivos necesarios en puestos esenciales como bomberos forestales vigilantes, operadores de consola y auxiliares de gestión, bomberos forestales conductores de Vehículos de Extinción de Incendios (VEI), bomberos forestales de prevención y extinción y Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Bricas).

De todas las deficiencias detectadas, el sindicato considera como “muy preocupante” la escasa cobertura de determinados VEI. En este sentido, existen medios que están siendo cubiertos con un único bombero forestal conductor, una circunstancia que, según López, debería corregirse de manera inmediata por el riesgo que supone afrontar una emergencia con una dotación insuficiente. En una intervención, ha advertido, “las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos y el trabajador no debería encontrarse solo ante una situación de emergencia».

Por este motivo, CSIF-A ha reclama que todos los medios de extinción dispongan de las dotaciones necesarias, evitando que la falta de bomberos forestales conductores limite su capacidad operativa o incremente la exposición al riesgo de los profesionales.

Bolsas de trabajo agotadas

Para la Central Sindical es especialmente alarmante que el déficit de personal haya provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo, obligando a la Agencia de Emergencias a recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para intentar cubrir puestos operativos. A través de este procedimiento se busca personal para dotar, entre otros, puestos de bomberos forestales conductores de VEI y bomberos forestales de prevención y extinción. Para CSIF esta estrategia debe ser una solución puntual, pero nunca convertirse en la respuesta a una falta de previsión que se produce en plena campaña de alto riesgo.

El sindicato ha considerado también como necesario extremar las garantías de formación y adaptación cuando se incorporan trabajadores sin experiencia previa en el dispositivo. “No cuestionamos que haya que incorporar trabajadores, lo que cuestionamos es que se llegue a estas fechas con las bolsas agotadas y que haya que buscar de urgencia personal para puestos que requieren formación, preparación y conocimiento específico del dispositivo INFOCA», ha apostillado López.

Además, CSIF ha advertido de que la falta de efectivos puede terminar afectando a otras funciones esenciales del dispositivo. En este punto, el responsable sindical ha señalado que “la necesidad de cubrir puestos prioritarios está obligando a reorganizar a trabajadores destinados a vigilancia, lo que debilita la capacidad de detección temprana de los incendios”.

“La vigilancia es una pieza fundamental de INFOCA, ya que detectar un incendio cuanto antes puede marcar la diferencia entre una intervención rápida y una emergencia de grandes dimensiones”, ha subrayado López, quien añade que “no podemos solucionar una carencia de personal debilitando otra función esencial».

Acciones en invierno

Para CSIF, la situación que atraviesa el dispositivo INFOCA demuestra que es necesario cambiar la planificación del dispositivo y reforzar las actuaciones preventivas. «Los incendios se apagan en invierno. No podemos esperar a que llegue el verano sin preparar el monte», ha recordado López.

El sindicato ha reclamado una mayor inversión en mantenimiento de cortafuegos, áreas de seguridad, márgenes de caminos, zonas próximas a infraestructuras y áreas recreativas, así como en el resto de trabajos preventivos que permitan reducir la continuidad de la vegetación y facilitar las labores de extinción en época estival. A todo ello, se suma la reivindicación de una plantilla completa al 100% y plenamente operativa, puesto que cuando llega el periodo de medio y bajo riesgo el dispositivo se queda al 45% en algunas provincias.

Por todo lo expuesto, CSIF-A ha instado a la EMA a cubrir las vacantes existentes y la cobertura de bajas, completar las dotaciones de retenes, BRICAS y puestos de vigilancia, agilizar las Oferta de Empleo Pública (OEP) y los procesos de selección pendientes y evitar que el agotamiento de las bolsas vuelva a dejar al dispositivo sin capacidad de respuesta para cubrir las vacantes. Además, la Central Sindical ha reclamado que se garantice la formación y adaptación necesarias del personal de nueva incorporación.

López ha destacado que “a 24 de agosto no podemos seguir hablando de puestos pendientes de cubrir como si estuviéramos preparando la campaña, ya que estamos en plena campaña de alto riesgo y necesitamos que el INFOCA tenga todos los efectivos y medios necesarios para responder con garantías”.

CSIF Andalucía critica a la Junta por incumplir su compromiso de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo en septiembre en la Administración General

margarita.sanchez.mingo — Wed, 26 Aug 26 17:17:00 CEST

El sindicato denuncia que el Gobierno andaluz justifique el retraso por motivos administrativos cuando, a su juicio, se trata de una cuestión de “voluntad política”
Reclama que acelere al máximo la tramitación de lo pactado el pasado mes de abril en Mesa Sectorial de Negociación con las organizaciones sindicales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de incumplir su compromiso de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en el mes de septiembre tal y como había acordado con las organizaciones sindicales,

Para CSIF resulta especialmente sorprendente que el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, anunciara ayer públicamente en declaraciones a distintos medios de comunicación, que el nuevo Decreto de teletrabajo no estaría aprobado en el plazo inicialmente pactado, sin que previamente esta circunstancia hubiera sido comunicada a las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y con las que suscribió un pacto el pasado 21 de abril de 2026 en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación.

La Central Sindical considera que los argumentos esgrimidos por la Administración relacionados con los plazos administrativos necesarios para la tramitación de la norma, no justifican un nuevo retraso. A juicio del sindicato, detrás de este incumplimiento “existe una falta de voluntad política para culminar en los plazos comprometidos una norma que lleva tiempo siendo objeto de negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales”.

El sindicato rechaza rotundamente el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta en relación con la aprobación de una regulación del teletrabajo para el personal de la Administración General, una medida que CSIF considera necesaria para avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente y para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de sus empleados públicos.

CSIF ha exigido a la Junta “seriedad” con los acuerdos alcanzados y acelere al máximo la tramitación del decreto, evitando más demoras injustificadas en una regulación que considera necesaria y largamente demandada por el personal de la AGJA.

CSIF traslada al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de todas las categorías del SAS

margarita.sanchez.mingo — Tue, 01 Sep 26 14:29:00 CEST

La Central Sindical defiende una negociación permanente en el ámbito de la mesa sectorial del sector para resolver las deficiencias de personal y de recursos que afectan al sistema

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha trasladado al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de todas las categorías del SAS.

En una reunión bilateral mantenida entre ambas partes, el sindicato ha reclamado a Sanz una batería de medidas dirigidas a resolver las deficiencias tanto de personal como de recursos que afectan actualmente a la sanidad pública andaluza con el objetivo de poner freno a las mismas y mejorar el servicio sanitario que se presta a la ciudadanía.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF-Andalucía, Victorino Girela, ha recordado al consejero la necesidad de reforzar el sistema en muchos ámbitos, entre los que ha destacado la fidelización de sus profesionales mediante avances en materia laboral y salarial, una reivindicación que pasa por eliminar los agravios comparativos que afectan a no pocas categorías y la equiparación salarial de las y los trabajadores con sus homólogos del resto de comunidades autónomas»

CSIF ha valorado favorablemente la voluntad de diálogo manifestada por Sanz en el encuentro con el sindicato, así como el compromiso alcanzado por parte del máximo responsable de Sanidad del Gobierno andaluz para calendarizar las distintas mesas de negociación y abordar la problemática de los diferentes colectivos, junto con las garantías económicas necesarias para hacer efectivos los acuerdos que se alcancen.

En este punto, la Central Sindical ha recordado a Sanz la necesaria negociación en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad para llegar a acuerdos que resuelvan los problemas de los profesionales y que permitan a la ciudadanía recuperar la confianza en el sistema sanitario público.

Al término del encuentro, Girela ha señalado que CSIF «mantendrá una actitud de diálogo y negociación, al tiempo que ejercerá una labor de seguimiento y vigilancia para garantizar que los compromisos adoptados se traduzcan, con la mayor celeridad, en soluciones efectivas a los problemas que afectan a la sanidad y a sus profesionales».

CSIF Andalucía se concentra para denunciar la falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento del Acuerdo Marco en Correos

margarita.sanchez.mingo — Thu, 03 Sep 26 13:32:00 CEST

La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años y detiene el plan de salidas voluntarias
El sindicato se movilizará de nuevo el próximo 17 de septiembre y culminará las protestas el 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha concentrado este jueves frente a las oficinas principales de Correos de las ocho provincias andaluzas, para denunciar públicamente el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a negociar el refuerzo de la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

El vicepresidente del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF-A y coordinador autonómico de Correos, Emilio Gómez, que ha asistido a la concentración realizada en Sevilla, y que ha estado acompañado del presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, ha criticado que, ha criticado que después de un año y medio de la firma del Acuerdo Marco “aún quedan por negociar muchos de los puntos con lo que se pretendía mejorar las condiciones laborales de plantilla y modernizar la empresa”.

Gómez ha explicado que la falta de contratación de personal de refuerzo en las oficinas de Correos ha supuesto una pérdida de más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años (aproximadamente un tercio), pasando de 11.400 a los 7.600 actuales. A nivel nacional, la pérdida ha sido de 22.000 empleos en una década al pasar de 66.000 a 44.000 en la actualidad.

A ello hay que añadir que casi un 10% de la plantilla tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros mensuales. Una situación que no se corrige desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentra el 70 % de los contratos parciales; sin embargo, a esos mismos trabajadores a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030, lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo, pero que, sin embargo, la empresa no cubre.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales a nivel nacional que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que las empleadas y empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, aún no se ha producido ninguna. Por este motivo, CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

El coordinador autonómico de Correos ha añadido que en CSIF “no vamos a parar de defender los derechos de las y los trabajadores para recuperar un empleo de calidad y para garantizar que desde la entidad se ofrezca un servicio público de calidad a la ciudadanía”.

Por ello, ha destacado que las movilizaciones de este jueves, que se han desarrollado en todo el país de forma simultánea, suponen el inicio de un plan de concentraciones que continuará el próximo 17 de septiembre y que culminará el 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid.

CSIF se moviliza en todas las administraciones públicas ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.

CSIF, CCOO y SSM piden al ministro de Transportes que intervenga ante desmantelamiento de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 07 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, junto a CCOO, SSM, han remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para pedir su intervención inmediata ante el grave deterioro del servicio público de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y solicitar un nuevo interlocutor.

Estos sindicatos denuncian que la nefasta gestión de la Dirección de la entidad pública, con el beneplácito de la Dirección General de Marina Mercante y la Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo, ha llevado a transferir funciones de un centro de coordinación a otro por falta de personal de guardia.

En concreto, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Algeciras absorbió las funciones de control del Tráfico Marítimo del Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho de Gibraltar “en precario”, sin refuerzos de personal para asumir estas responsabilidades y en contra de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Los tres sindicatos, con casi un 70% de representación en el colectivo de tierra, llevan solicitando desde antes del verano un nuevo interlocutor para retomar la negociación del IX Convenio Colectivo para el personal de tierra. La gota que colmó el vaso fue la falta de respeto del Director de Recursos Humanos a la representación de las personas trabajadoras a través de dos “desafortunados” correos electrónicos con copia a toda la plantilla, por el mero hecho de no aceptar sus propuestas y mantener una firme defensa de las condiciones laborales pactadas.

La entidad pública SASEMAR es la encargada de la salvaguarda de la vida humana en la mar, la lucha contra la contaminación, la seguridad marítima y de la navegación y la prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo. Para ello, cuenta con 20 Centros de Coordinación de Salvamento operativos las 24 horas del día, los 365 días del año, desde los que se controlan anualmente más de 300.000 buques además de gestionar las emergencias que se producen dentro de la zona de búsqueda y salvamento asignada internacionalmente a España, una superficie marina que equivale a tres veces el territorio nacional.

CCOO, SSM y CSIF señalan a la Dirección de SASEMAR como la principal responsable de enrocar la situación, cuya intransigencia y cerrazón arrastra al colectivo a acudir a los tribunales de manera recurrente para poder resolver los conflictos laborales, dejando como única vía el inicio de movilizaciones para defender tanto los derechos de las personas trabajadoras como la adecuada prestación del servicio público de Salvamento Marítimo.

Contactos:

Responsable Nacional de CSIF Salvamento Marítimo (SASEMAR): Eduardo Perdigones Gallimó 609228519

Secretaria General Sección Sindical CCOO en SASEMAR: Sandra Suárez Martínez 646-579-524

Coordinador General Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM): Cesar Valdera Pantaleón 619931566

CSIF alerta de que PISA confirma la necesidad de reforzar la educación pública andaluza: “Una inversión insuficiente conlleva malos resultados”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Sep 26 12:52:00 CEST

El sindicato advierte de que el informe conocido este martes no puede servir para señalar al profesorado, sino para exigir más plantillas, menos ratios y más apoyos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que los resultados del informe PISA 2025 conocidos este martes “deben servir como llamada de atención” sobre la necesidad de reforzar la educación pública andaluza y mejorar las condiciones en las que se enseña y aprende en los centros.

Según los datos publicados, el alumnado andaluz se sitúa por debajo de la media nacional en las tres competencias evaluadas: 442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias, frente a los 457, 451 y 477 puntos de la media española, respectivamente. La distancia también se mantiene respecto a la Unión Europea, con medias de 463 puntos en Matemáticas, 459 en Lecturas y 481 en Ciencias.

Para CSIF, primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, estos resultados “no pueden analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar al profesorado”. La organización subraya que el rendimiento del alumnado está directamente relacionado con las condiciones reales del sistema: ratios, plantillas, atención a la diversidad, apoyos temprano, orientación, carga burocrática e inversión educativa.

“Cuando los resultados no son buenos, la respuesta no puede ser buscar culpables en las aulas. Hay que mirar qué recursos tienen los centros, cuántos alumnos atiende cada docente, qué apoyos recibe el alumnado que presenta dificultades y cuánto tiempo pierde el profesorado en tareas burocráticas que lo alejan de su función principal, que es enseñar”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha recordado que, en su análisis del sistema educativo público presentado el pasado mes de mayo, ya advirtió de una brecha persistente en los aprendizajes. La evolución respecto al informe de 2022 también es preocupante para el sindicato, ya que Andalucía pierde 15 puntos en Matemáticas, 20 en Lectura y 11 en Ciencias. Para CSIF “el reto no es solo conseguir reducir las tasas de abandono escolar prematura, sino garantizar que el alumnado aprenda con los recursos necesarios”.

CSIF ha insistido en que las dificultades no aparecen de repente a los 15 años, al finalizar la etapa de ESO. “Si un alumno llega a esa edad con carencias importantes, el sistema debe preguntarse qué ha ocurrido antes. Si se detectaron a tiempo las dificultades, si hubo refuerzos suficientes, si la ratio permitía atenderlo adecuadamente y si el profesorado disponía de medios para intervenir”, ha manifestado García.

El sindicato considera imprescindible que la Administración andaluza aborde estos resultados desde una perspectiva estructural y no con medidas parciales; para ello, CSIF reclama más inversión educativa, reducción de ratios, incremento de plantillas, refuerzo de personal de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación.

Asimismo, CSIF ha recordado que el Acuerdo de 16 de julio de 2025 incorpora avances importantes en reducción progresiva de ratios, incremento de cupos, atención a la diversidad y desburocratización, pero advierte de que “ahora toca que esas medidas se cumplan íntegramente y se noten de verdad en todos los centros”.

Por último, CSIF ha reivindicado que PISA no sirva para resignarse, sino para reaccionar. “Andalucía necesita reforzar su educación pública si quiere mejorar sus resultados, garantizar la igualdad de oportunidades y apoyar al profesorado que sostiene cada día el sistema educativo”, ha concluido García.

3.808 razones para actuar con urgencia: CSIF exige al Gobierno prevención real, recursos suficientes, y protección para la salud mental en el trabajo y prevención del suicidio

encarna.abascal.perez — Wed, 09 Sep 26 09:31:00 CEST

Cada 10 de septiembre, CSIF reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la defensa de la salud mental y la protección de la vida.

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No puede atribuirse a una sola circunstancia, pero cuando las condiciones de trabajo generan o agravan el sufrimiento, las empresas y las administraciones tienen la obligación de actuar.

Según los datos provisionales del INE, en España murieron por suicidio 3.808 personas en 2025: 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, más de diez muertes diarias siguen siendo una realidad intolerable. Son 3.808 vidas y 3.808 razones para actuar con urgencia.

Las noticias recientes exigen respuestas

En los últimos meses hemos conocido casos que han conmocionado al mundo laboral. En el ámbito sanitario se han comunicado los fallecimientos por suicidio de tres médicos internos residentes que solo son la punta del iceberg en un sector con las jornadas extenuantes, la presión asistencial y la falta de apoyo psicológico accesible.

En agosto, un agente de la Policía Local de Cee fue encontrado sin vida en las dependencias policiales. Ante la sospecha de posible suicidio, CSIF reclamar que cualquier posible relación con el trabajo sea investigada y que se acompañe adecuadamente a la plantilla.

CSIF insiste en la urgencia de la creación de protocolos de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en Policía local, por ello presenta un borrador en la FEMP y las administraciones locales de España.

Ninguno de estos fallecimientos permite afirmar automáticamente que el trabajo fuera su causa. El suicidio suele responder a la interacción de factores personales, familiares, sociales, psicológicos y laborales. Pero esta complejidad no puede utilizarse para ignorar los riesgos profesionales ni para impedir una investigación rigurosa.

No podemos esperar al siguiente caso para empezar a prevenir.

El trabajo debe proteger, nunca enfermar

Las cargas excesivas, la falta de personal, la precariedad, los turnos prolongados, la falta de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico, la exposición a situaciones traumáticas y la ausencia de apoyo organizativo pueden deteriorar gravemente la salud mental.

Estos riesgos afectan especialmente al personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por el contrario, un empleo digno, plantillas suficientes, cargas razonables, horarios saludables, formación en gestión emocional, apoyo entre compañeros, liderazgo respetuoso y atención psicológica confidencial pueden convertir el trabajo en un auténtico factor de protección.

CSIF exige participar en las decisiones

CSIF ha solicitado al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a los espacios que estudien los factores relacionados con el trabajo. Los representantes de las personas trabajadoras deben participar permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas preventivas.

CSIF exige al Gobierno:

Mejores estadísticas, incluyendo profesión y situación laboral, y mayor vigilancia de la Inspección de Trabajo.
Planes obligatorios de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en empresas y administraciones.
Participación sindical permanente en el Observatorio de Prevención del Suicidio.
Evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales, con medidas, presupuesto y plazos.
Investigación rigurosa de cada fallecimiento cuando existan indicios de relación con el trabajo, ya que podría reconocerse como accidente laboral.
Un plan reforzado para la Policía Local, con atención psicológica externa, especializada y confidencial.
Más profesionales de la psicología, protocolos de detección temprana y formación para mandos, plantillas y delegados de prevención.
Mejora de las condiciones laborales: Plantillas suficientes, cargas sostenibles, estabilidad, conciliación y desconexión digital.
Programas específicos para los colectivos sometidos a mayor presión emocional o exposición traumática.
Apoyo a los compañeros y familiares después de una crisis o fallecimiento.

La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado

No aceptamos campañas sin presupuesto, evaluaciones sin medidas ni protocolos guardados en un cajón. Tampoco aceptamos que se responsabilice únicamente a las personas mientras se mantienen condiciones laborales que dañan su salud.

Prevenir exige escuchar, investigar, invertir y actuar. Exige empleos dignos, responsabilidad empresarial, servicios públicos suficientes, negociación colectiva y participación sindical.

Transformemos el trabajo en factor de protección. Ninguna persona debe afrontar sola su dolor y ninguna vida puede quedar subordinada a la productividad.

Por ello continua un año más con su campaña “Lo que solo no se puede, en red se consigue” visibilizando la realidad silenciada, prestando apoyo, asesoramiento y solicitando medidas para la salud mental y mejora de condiciones de trabajo . Con tus delegados de CSIF no estás solo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, llama a la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital inminente, llama al 112.

CSIF alerta de que Andalucía empieza el curso “con más necesidades que recursos”: El 76,3 % de los centros tiene sus plantillas incompletas

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 09 Sep 26 12:53:00 CEST

El 80,4 % del profesorado prevé algún impacto por la falta o retraso en la incorporación del profesorado, según una encuesta realizada por el sindicato
Reclama más inversión en atención a la diversidad, plantillas e infraestructuras para que el sistema público andaluz deje de estar en el furgón de cola como desvela PISA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre el estado de la educación pública andaluza al inicio del curso 2026/2027, que comienza “con más necesidades que recursos en las aulas”, a pesar de los importantes avances que se han implementado gracias al acuerdo firmado con los sindicatos en julio de 2025. Los centros afrontan el nuevo curso con plantillas que no están plenamente cubiertas, existe una creciente presión sobre los profesionales que atienden a la diversidad y el sistema educativo andaluz se sitúa a la cola según el informe PISA.

Una encuesta elaborada por CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, entre los docentes revela que el 76,3 % de los centros comenzó septiembre con la plantilla incompleta y que el 80,4 % prevé algún impacto por la falta de retraso en la incorporación de profesorado. “La Administración debe ser previsora y tener claro que el curso arrancó el 1 de septiembre y para esa fecha deben estar cubiertas todas las vacantes pendientes, en vez de esperar a la llegada del alumnado. No ser consciente de esto es ignorar la considerable carga organizativa que afrontan los docentes los primeros días”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En este contexto, la Central Sindical ha criticado la última incidencia acontecida en SIPRI, el Sistema de Provisión de Interinidades de la Consejería de Educación, este mismo martes. La Administración se vio obligada a corregir la primera adjudicación “cuando muchos docentes ya se encontraban desplazándose o en sus destinos, con los consecuentes perjuicios personales y económicos al profesorado afectado y el retraso en su incorporación a los centros”.

Por otro lado, el 81,3 % del profesorado considera que las ratios son elevadas, excesivas o incluso superiores a la legal en algún caso. “Si bien es cierto que el Acuerdo firmado por CSIF en 2025 conlleva que este curso se baje la ratio a 22 alumnos por aula en los 3 años, y dicha bajada se irá implantando de manera progresiva en el resto de etapas, es necesario seguir avanzando en esta cuestión, pues es una realidad que dificulta directamente la atención al alumnado”, ha subrayado García. De igual modo, la dirigente sindical ha recordado que dicho acuerdo recoge mejoras sobre teletrabajo, días de asuntos propios en período lectivo, promoción del profesorado gracias al acceso a cátedra y desburocratización, “que sin duda son medidas beneficiosas, pero CSIF se mantendrá vigilante para que se implanten de manera efectiva y, al mismo tiempo, seguirá exigiendo más avances en las condiciones laborales del profesorado”.

La atención a la diversidad es otro de los temas que preocupa a los docentes, pues el 72,7 % considera insuficientes o claramente insuficientes los recursos humanos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). “Coincidimos con las recientes declaraciones de la consejera de Educación en las que decía que la atención a la diversidad debe ser protagonista en esta legislatura, pero hay que pasar de los discursos a los hechos”, ha manifestado García, quien ha incidido en que el alumnado con necesidades especiales ha crecido un 61,2 % entre los cursos 2015/2016 y 2024/2025, mientras que los recursos solo han aumentado un 20 %.

En cuanto a infraestructuras, la encuesta realizada por el sindicato desvela que el 32,6 % del profesorado afirma que las instalaciones presentan deficiencias importantes o graves. “Es importante pararnos a mirar también el estado de los centros. La Administración debe invertir más para que un servicio público esencial como es la educación se lleve a cabo en una condiciones dignas y seguras”, ha afirmado García.

Por último, CSIF ha hecho referencia al reciente informe PISA, que sitúa al sistema educativo andaluz en el furgón de cola del país y que debe servir como llamada de atención para reforzar la inversión. “Andalucía no puede pretender mejorar su educación si los centros empiezan el curso con falta de personal, si las ratios dificultan la atención al alumnado y si los recursos no crecen al ritmo de las necesidades. El sistema público se sostiene en buena medida gracias al esfuerzo extraordinario de los docentes, pero eso no debe convertirse en el sustituto de una planificación adecuada y de recursos suficientes”, ha concluido la Central Sindical.

CSIF prepara acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 10 Sep 26 11:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.

El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:

- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

- Coordinación entre administraciones.

- Utilización o no de mecanismos europeos.

CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:

Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.

Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.

Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.

Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.

Justicia. CSIF reclama refuerzos ante el incremento de carga de trabajo en el Servicio Común de Tramitación —especialmente en el área penal de instrucción y en el servicio de guardia—, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Forense.

Ademas, reclamamos que esos puestos se cubran con personal con experiencia y/o formación mediante sustitución o comisión de servicios. Hemos pedido también la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la protección del personal ante esa sobrecarga.

Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.

Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.

CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha comprobado de primera mano la difícil situación que se está viviendo en Ceuta.Pincha en cada imagen para ver el vídeo.

CSIF marca las alertas del inicio de curso en Andalucía: menos escuela pública, falta de personal y recursos insuficientes para atender a la diversidad

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 14 Sep 26 14:27:00 CEST

Prensa y Comunicación

El sindicato reclama más inversión para mejorar la calidad de la enseñanza, mejores condiciones para los docentes y un gran pacto que aporte estabilidad al sistema

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, ha realizado una radiografía del estado de la educación coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, en la que ha alertado de las importantes brechas que sigue arrastrando el sistema educativo y que condicionan la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado.

CSIF ha señalado en rueda de prensa este lunes que “Andalucía ha avanzado, en gran parte gracias al Acuerdo de 16 de julio de 2025 firmado por CSIF, pero todavía no ha conseguido convertir esos avances en igualdad real de oportunidades”. El sindicato considera que la normalidad del inicio de curso “no puede medirse únicamente por la apertura de los centros, sino por la situación real en la que se encuentran las aulas, las plantillas y los recursos educativos”.

El diagnóstico del sindicato pone de manifiesto que Andalucía tiene hoy más alumnado que hace quince años, pero menos en la red pública. Entre los cursos 2009-2010 y 2024-2025, el sistema educativo andaluz ha crecido un 3,5 %, mientras que la red pública ha perdido 17.580 alumnos y ha pasado de escolarizar al 75,1 % del alumnado al 71,4 %. Especialmente significativa es la situación en Infantil, donde la pública ha pasado de escolarizar al 70,6 % al 61,5 %, una pérdida de 9,1 % puntos. Para CSIF, esta evolución evidencia que el crecimiento no se ha traducido en un refuerzo equivalente de la enseñanza pública.

Esta pérdida se acompaña de una reducción de unidades públicas de Infantil y Primaria, que han pasado 29.730 en el curso 2009-2010 a 26.906 en 2024-2025. La organización sindical considera que el descenso demográfico debe aprovecharse para mejorar la calidad educativa, reducir ratios y reforzar la atención individualizada, y no convertirse en una justificación para cerrar unidades o reducir plantillas. “Menos alumnado no puede significar automáticamente menos escuela pública”, ha defendido el sindicato.

La FP es otra de las grandes alertas del inicio de curso. El alumnado ha aumentado un 82,3 % en los últimos quince años, pero la evaluación de redes ha sido muy desigual. Mientras la red pública ha crecido un 51,2 %, la privada no concertada ha incrementado su alumnado un 1.243 %, multiplicándolo casi por trece. Como consecuencia, la pública ha pasado de escolarizar al 77,6 % del alumnado al 64,4 %, mientras que la privada no concertada representa ya el 22 %.

Para CSIF no puede considerarse un éxito de la política educativa que el crecimiento de una enseñanza estratégica se canalice cada vez más hacia centros privados, por lo que ha exigido un plan de expansión de la FP pública, con oferta suficiente y financiación estable, que permita atender la demanda de los jóvenes andaluces sin que el acceso dependa de la capacidad económica de las familias.

Otro de los grandes problemas que condicionan el inicio de curso es la atención a la diversidad. El alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 55 % entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, hasta alcanzar los 153.926, de los que casi ocho de cada diez son atendidos en la red pública; sin embargo, los puestos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación han crecido aproximadamente un 20% en ese mismo período.

CSIF ha advertido de que esta diferencia se traduce en sobrecarga de los profesionales, dificultades para ofrecer una atención individualizada y situaciones en las que los docentes especialistas deben desarrollar su labor entre varios centros. Aunque el Acuerdo de julio de 2025 incluye un aumento de cupos para la atención a la diversidad, la Central Sindical ha reclamado más inversión para garantizar que el alumnado reciba los apoyos que necesita, ya que “la inclusión no puede descansar sobre la buena voluntad del profesorado”.

La falta de personal sigue siendo una de las principales alertas del sistema educativo andaluza. Aunque el número de docentes de la red pública ha aumentado en los últimos quince años, Andalucía mantiene una ratio de 10,7 alumnos por docente, frente a los 9,8 de media nacional. Según CSIF, sería necesarios alrededor de 10.300 docentes adicionales para situarse, como mínimo, en la media española. Para ello, el sindicato propone incorporar entre 1.700 y 2.100 puestos estructurales cada curso durante cinco años.

A estas carencias se suman las dificultades relacionadas con la financiación y las infraestructuras. Andalucía invierte 6.965 euros por alumno, frente a los 7.421 euros de media nacional. Además, el 79,3 % del profesorado encuestado por CSIF considera que los centros necesitan mejoras o presentan deficiencias importantes, para, por ejemplo, hacer frente al calor en las aulas.

En cuanto a condiciones laborales del profesorado, CSIF ha insistido en la necesidad de mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y avanzar en el reconocimiento profesional. Un docente andaluz puede llegar a cobrar casi 8.000 euros brutos menos al año que un profesional de alguna de las comunidades mejora retribuidas.

Por otro lado, CSIF ha puesto en valor los avances conseguidos y ha exigido que se cumplan íntegramente las medidas conseguidas mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que incorpora la reducción de ratios, empezando por bajarla este mismo curso a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años; el incremento de cupos para la atención a la diversidad, la modalidad telemática para tareas que no requieren atención directa al alumnado, los días de asuntos particulares en período lectivo, convocatoria del acceso del Cuerpo de Catedráticos y el refuerzo horario vinculado a la función tutorial.

CSIF ha advertido de que “estos avances no agotan nuestras reivindicaciones y ha que el inicio de curso debe servir como punto de partida para acometer reformas urgentes que permitan blindar la educación pública andaluza, para lo que es necesario incrementar la inversión, mejorar las condiciones laborales de los docentes y alcanzar un gran pacto por la educación que aporte estabilidad al sistema”.

3.808 razones para actuar con urgencia: CSIF exige al Gobierno prevención real, recursos suficientes, y protección para la salud mental en el trabajo y prevención del suicidio

encarna.abascal.perez — Wed, 09 Sep 26 09:31:00 CEST

Cada 10 de septiembre, CSIF reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la defensa de la salud mental y la protección de la vida.

Las noticias recientes exigen respuestas

No podemos esperar al siguiente caso para empezar a prevenir.

El trabajo debe proteger, nunca enfermar

Estos riesgos afectan especialmente al personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

CSIF exige participar en las decisiones

CSIF exige al Gobierno:

Mejores estadísticas, incluyendo profesión y situación laboral, y mayor vigilancia de la Inspección de Trabajo.
Planes obligatorios de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en empresas y administraciones.
Participación sindical permanente en el Observatorio de Prevención del Suicidio.
Evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales, con medidas, presupuesto y plazos.
Investigación rigurosa de cada fallecimiento cuando existan indicios de relación con el trabajo, ya que podría reconocerse como accidente laboral.
Un plan reforzado para la Policía Local, con atención psicológica externa, especializada y confidencial.
Más profesionales de la psicología, protocolos de detección temprana y formación para mandos, plantillas y delegados de prevención.
Mejora de las condiciones laborales: Plantillas suficientes, cargas sostenibles, estabilidad, conciliación y desconexión digital.
Programas específicos para los colectivos sometidos a mayor presión emocional o exposición traumática.
Apoyo a los compañeros y familiares después de una crisis o fallecimiento.

La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado

Prevenir exige escuchar, investigar, invertir y actuar. Exige empleos dignos, responsabilidad empresarial, servicios públicos suficientes, negociación colectiva y participación sindical.

Transformemos el trabajo en factor de protección. Ninguna persona debe afrontar sola su dolor y ninguna vida puede quedar subordinada a la productividad.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, llama a la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital inminente, llama al 112.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Jun 26 12:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaAndalucía Image

CSIF Sanidad Nacional

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

El sindicato presenta alegaciones para reforzar la formación en salud mental laboral, riesgos emergentes, investigación, liderazgo, vigilancia colectiva, perspectiva de género y coordinación sanitaria y preventiva.

CSIF considera imprescindible situar la especialidad de Medicina del Trabajo a la vanguardia de los cambios que están transformando el mundo laboral. La digitalización, el envejecimiento de la población trabajadora, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo y el impacto del cambio climático exigen una formación especializada más completa, actualizada y adaptada a la realidad actual.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha presentado alegaciones al Proyecto de Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo con el objetivo de reforzar la preparación de los futuros especialistas y mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Para CSIF, la formación especializada constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y preventivo. Por ello, el programa formativo no puede limitarse a la adquisición de competencias clínicas tradicionales, sino que debe incorporar herramientas que permitan afrontar con solvencia los retos presentes y futuros de la salud laboral.

Salud mental laboral

CSIF pide reforzar la formación en riesgos psicosociales, burnout, acoso laboral, violencia en el trabajo y promoción del bienestar emocional.

Nuevos riesgos laborales

El sindicato reclama competencias específicas sobre teletrabajo, plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y cambio climático.

Investigación y evidencia

CSIF propone aumentar la formación en epidemiología laboral, bioestadística, metodología de investigación y análisis de datos sanitarios y laborales.

Vigilancia colectiva

El sindicato solicita más peso práctico para la vigilancia epidemiológica, enfermedades profesionales, incapacidad laboral y coordinación asistencial.

Una formación adaptada a los retos actuales de la salud laboral

CSIF advierte de que los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, absentismo y pérdida de productividad. Por ello, considera imprescindible que los especialistas en Medicina del Trabajo cuenten con una formación más amplia y actualizada para prevenir, detectar precozmente y realizar seguimiento de estas situaciones.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el programa formativo incorpore los nuevos escenarios laborales derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. Entre ellos, el teletrabajo, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas digitales, el envejecimiento de la población trabajadora, la diversidad generacional, los nuevos riesgos ergonómicos y organizativos, la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

CSIF defiende que la Medicina del Trabajo debe anticiparse a los nuevos riesgos y no limitarse a responder cuando el daño ya se ha producido. La prevención exige formación, evidencia científica, coordinación y recursos.

Más investigación, liderazgo y coordinación

Otra de las propuestas de CSIF es incrementar la formación en investigación y medicina basada en la evidencia. El sindicato considera que la toma de decisiones en salud laboral debe apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible, reforzando la capacitación en epidemiología laboral, bioestadística, lectura crítica de la literatura científica, diseño de proyectos y análisis de grandes bases de datos.

Asimismo, CSIF plantea incorporar formación reglada en liderazgo y gestión, ya que los especialistas en Medicina del Trabajo desempeñan con frecuencia funciones de coordinación, dirección de servicios de prevención, planificación estratégica, gestión de equipos multidisciplinares, comunicación institucional, negociación y resolución de conflictos.

Perspectiva de género, desigualdades y vigilancia de la salud colectiva

CSIF también solicita reforzar la formación práctica en vigilancia de la salud colectiva, perspectiva de género y desigualdades en salud laboral. Para el sindicato, estas competencias son esenciales para detectar precozmente riesgos, analizar indicadores de salud laboral, investigar brotes o eventos centinela, evaluar programas preventivos y mejorar la actuación ante enfermedades profesionales.

Además, CSIF considera necesario mejorar la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios de prevención propios y ajenos, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz y completa en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

CSIF exigue que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo

CSIF solicita que sus alegaciones sean valoradas favorablemente e incorporadas al texto definitivo del Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo. El sindicato subraya que invertir en una formación especializada de mayor calidad supone una garantía para la protección de la salud de las personas trabajadoras, una mejora de la capacidad de respuesta del sistema preventivo y un reconocimiento al papel esencial que desempeñan los especialistas en Medicina del Trabajo.

La salud laboral del futuro necesita especialistas mejor formados, más recursos y una prevención adaptada a los nuevos riesgos.

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CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 03 Jun 26 14:00:00 CEST

Otros artículosPrevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

“No podemos seguir normalizando la violencia contra quienes sostienen la sanidad pública”

El sindicato registra una carta en el Ministerio de Sanidad tras constatar 51 agresiones diarias a profesionales del SNS en 2025 y denunciar que la administración utiliza a los sanitarios como “parachoques humano” ante la frustración de los usuarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Sanidad), organización sindical más representativa en las administraciones públicas, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en la que exige la creación urgente y efectiva de un Observatorio Nacional de Agresiones a Profesionales de la Sanidad, con participación real de las organizaciones sindicales y capacidad de coordinación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato alerta de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del SNS, lo que supone 51 ataques cada día en España y una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. Esta cifra representa un incremento del 8,74% respecto a 2024.

Desde CSIF advierten, además, de que la realidad puede ser aún más grave debido a la elevada infradeclaración provocada por el miedo, la burocracia, la falta de apoyo institucional y la peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios.

18.563 agresiones notificadas en 2025

51 ataques diarios a profesionales sanitarios

+8,74% incremento respecto a 2024

24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales

Tipo de agresión notificada

No físicas: insultos, amenazas o intimidaciones 84,5%

Físicas 15,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

Ámbito donde se notifican las agresiones

Atención Primaria 51%

Atención Hospitalaria 47%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

“No se puede asumir como parte del trabajo que un profesional sea insultado, amenazado o agredido mientras atiende a pacientes. Estamos hablando de personas que sostienen la sanidad pública en condiciones extremas de presión asistencial”.

Un incumplimiento flagrante del Convenio 190 de la OIT

CSIF denuncia que la persistencia de estas agresiones demuestra que las medidas de prevención de riesgos laborales actuales son insuficientes e ineficaces, vulnerando el derecho del personal a trabajar en condiciones de seguridad y dignidad.

Además, el sindicato recuerda que España ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

“La preocupante realidad de las agresiones diarias al personal sanitario es la consecuencia directa de una alarmante pérdida de calidad asistencial, provocada por la falta de recursos, la saturación del sistema y las listas de espera crónicas”.

CSIF denuncia en la carta que, al no solucionar estas deficiencias estructurales, la administración y las gerencias están utilizando a los profesionales de la salud como un auténtico “parachoques humano” frente a la frustración legítima de los usuarios.

Lo que CSIF reclama

El sindicato plantea tres bloques de medidas para atajar el problema desde la raíz:

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

Ratios de personal blindados por ley.
Refuerzo inmediato de plantillas.
Desburocratización de las consultas con personal administrativo de apoyo.
Sistemas ágiles de triaje y espera con información en tiempo real.
Refuerzo de la atención comunitaria y de salud mental.

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

Actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales incluyendo la violencia de terceros.
Barreras físicas de protección y vías de escape en consultas.
Visitas domiciliarias obligatoriamente en binomio y con geolocalizador.
Dispositivos de alerta inmediata, como botones del pánico y alarmas silenciosas.
Presencia permanente de seguridad privada en centros de alta conflictividad.
Formación obligatoria y periódica en gestión de conflictos.
Reconocimiento efectivo de autoridad pública para todos los sanitarios.
Campañas institucionales de tolerancia cero.

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Denuncia de oficio por parte de la administración.
Aplicación estricta del Principio de Autoridad con coordinación directa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Protocolos de post-incidente obligatorios con asistencia psicológica inmediata y gratuita, y apoyo legal integral.

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CSIF recuerda que, aunque el Ministerio de Sanidad dispone de mecanismos nacionales de estudio y análisis, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Asimismo, mientras algunas comunidades autónomas han avanzado en la creación de observatorios específicos o estructuras de seguimiento, otras mantienen modelos dispersos o insuficientes, lo que dificulta disponer de una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero Observatorio Nacional de Agresiones, con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficientes frente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública”.

“Sin profesionales protegidos no puede existir una sanidad segura ni de calidad. La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario”, sentencia CSIF Sanidad.

Redes Sociales CSIF Sanidad

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.