Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A presenta un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante “la evidente falta de recursos” en la educación pública

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 05 Oct 26 11:31:00 CEST

El sindicato reclama una reordenación y actualización de la normativa, más profesionales especialistas, ratios máximas de atención, eliminar la compartición de centros, enfermería escolar estable y mayor estabilidad para los PTIS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos.

Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que, más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable. “La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 77.778 en el curso 2015-2016 a 120.596 en 2024-2025, un incremento del 55,05 %. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió un 6 %, de 1.205.027 a 1.132.969 estudiantes.

Para García, esta evolución demuestra que “las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema”. Entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 7.151 a 8.600, un 20,26 % más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.

“Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva”, ha advertido la responsable sindical.

El Plan Integral presentado en rueda de prensa plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

La situación de Orientación resulta especialmente significativa: en el curso 2024-2025 había 1.810 profesionales para 1.132.969 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 605 alumnos por orientador. “La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios”, ha defendido García.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. “Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro”, ha apuntado la responsable sindical.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios, 608 más que en 2019-2020. En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias. García ha subrayado que “el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario”.

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo. “De las 3.812 PTIS en Andalucía, tan solo el 41 % depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial”, ha denunciado García.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.

“El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces”, ha concluido García.

CSIF lleva al Parlamento de Andalucía las reivindicaciones del personal de gestión telefónica del 061

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 06 Oct 26 19:42:00 CEST

El sindicato se reúne con representantes de los cinco grupos parlamentarios para abordar la precariedad que sufre el colectivo de gestores telefónicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha reunido con los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía para trasladarles las reivindicaciones del personal del servicio de gestión telefónica del 061.

El sindicato ha mantenido encuentros con Beatriz Jurado, del Grupo Popular de Andalucía; Alejandro Moyano, del Grupo Socialista; Rafel Segovia, del Grupo VOX en Andalucía; Javier Montes, del Grupo Adelante Andalucía; y Rosa Rodríguez, del Grupo Por Andalucía. A todos ellos les ha relatado la "insostenible situación" del colectivo, que afronta su trabajo diario con falta de personal, bajos salarios y continuas incidencias técnicas, tal y como vienen denunciando CSIF.

Además, el personal del servicio de gestión telefónica del 061 se rige por un convenio de telemarketing, "cuando no realiza labores de venta, sino que su trabajo es esencial para atender las emergencias sanitarias de las y los andaluces. A veces del trabajo de estos profesionales depende la vida de una persona, por lo que es inaceptable que sigan sufriendo la precariedad actual". En ese sentido, CSIF exige un convenio colectivo propio y el rescate público del servicio por parte de la Junta de Andalucía.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia que la Junta privatice el servicio de vigilancia portuaria en Andalucía, que se traduce en destrucción de empleo público y un mayor gasto

margarita.sanchez.mingo — Wed, 14 Oct 26 10:08:00 CEST

El sindicato advierte de que la Administración andaluza pone en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria
Critica el incremento del 25 % con respecto al coste de la gestión directa y acusa a la Agencia Pública de Puertos de tomar decisiones al margen de los representantes de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia, después de que haya sacado a licitación la contratación de estas prestaciones.

El sindicato ha criticado que la Junta al externalizar este servicio, ponga en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria. Estos últimos profesionales desarrollan tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro del recinto portuario y son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria. De este modo, CSIF ha alertado de que, si no se frena la privatización de estos servicios de control y vigilancia en estos espacios, el control de seguridad no se haría con garantías, al carecer el nuevo personal de las competencias necesarias.

Además, la Central Sindical ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza porque ha tomado una decisión que afecta directamente a las y los empleados públicos al margen de los representantes de los trabajadores, sin información ni comunicación previa.

CSIF se ha reunido recientemente con la dirección de la APPA para mostrar su rechazo a la privatización del servicio y le ha advertido de que, cuando se adjudique el servicio de vigilancia a una empresa externa, habría un cambio sustancial en la naturaleza de las funciones que actualmente son desempeñadas por personal de la Administración pública. Frente a ello, la externalización trasladaría estas tareas a personal de empresas privadas, con un ámbito laboral y unas garantías diferentes.

La Central Sindical también ha rechazado que con la decisión unilateral de la Junta, desaparece la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces.

CSIF ha expresado su preocupación por el hecho de que trabajadores externos puedan asumir tareas de vigilancia de instalaciones, actividades y espacios portuarios que conllevan determinados niveles de riesgo, al considerar que el carácter público de estas funciones aporta unas garantías y un régimen de responsabilidades específicos. En caso de producirse un incidente durante el desempeño de su labor, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente, y no en la Junta.

Aumento del déficit estructural de plantilla

Asimismo, la Central Sindical ha denunciado que la externalización que persigue la Junta supondría destruir empleo público y, con ello, debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza y renunciar a la consolidación de plantillas estables y especializadas. En la actualidad, el déficit estructural de plantilla de la APPA es del 30 %, una situación denunciada por el sindicato en múltiples ocasiones en las concentraciones convocadas en los últimos meses en defensa de mejores condiciones laborales para el personal y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato ha lamentado que la Junta vaya a usar dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada, cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de las y los empleados públicos de la Policía Portuaria. CSIF ha manifestado que la externalización tampoco tiene justificación desde el punto de vista económico ya que, teniendo en cuenta los cálculos realizados por el sindicato, la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supone un incremento aproximado del 25 % respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración, por lo que, “no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario”.

CSIF denuncia el deterioro de la asistencia sanitaria en las mutualidades de funcionarios ante la ausencia de Presupuestos y el fin de la legislatura

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 14 Oct 26 17:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno un compromiso para mejorar la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, ante la situación de ausencia de presupuestos y el fin de la legislatura.

En el Consejo General de Muface, celebrado hoy, se abordaron las cuentas de 2025, ejercicio que vino determinado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria tanto en el territorio nacional como en el exterior, por lo que hubo de tramitarse un suplemento de crédito por un importe de 285.022.509,77 euros.

Tratándose de un presupuesto prorrogado, la contratación no estaba prevista y se tramitó este suplemento con el fin de cubrir las insuficiencias presupuestarias. La financiación del suplemento de crédito en Muface se financió con remanente de tesorería que, según datos facilitados hoy en el Consejo, se sitúa en apenas un millón de euros. Al cierre de 2026 conoceremos la nueva cifra de remanente, pero la situación es inédita.

Esta situación se ve acompañada en un deterioro de la asistencia sanitaria en Muface(también en Mugeju e Isfas) con la reducción de la cartera médica, cierre de centros, aumento de las listas de espera, problemas de cobertura y falta de especialidades en las poblaciones rurales y capitales de provincia (CSIF reclama la firma de convenios en todas las comunidades autónomas: en estos momentos solo están vigentes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid) y situaciones como la demora en el pago de urgencias hospitalarias por la derivación a pacientes a la pública, que tienen que adelantar el coste, según las denuncias recibidas por CSIF.

Además, se registran retrasos en los trámites con las compañías, cartas de pago, largos plazos de resolución en las reclamaciones y dilatados trámites burocráticos en situaciones de cobertura sanitaria. La Administración tampoco traslada certezas sobre la necesidad de participar en el sistema de urgencias 112 o la reducción del copago farmacéutico. CSIF ha manifestado la necesidad de que se retome el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo en el Acuerdo Marco con Función Pública para abordar todas estas cuestiones.

Funcionarios que abandonan la sanidad concertada en Muface

En el anterior consejo, celebrado el pasado verano, según datos de la propia administración, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto. CSIF ha reclamado a Muface un informe de situación en las localidades donde se ha producido un mayor trasvase a la pública que pondría de manifiesto el deterioro del servicio sanitario, aunque los responsables de la mutualidad no han respondido a nuestra petición.

Ante esta situación, CSIF estará vigilante y si no se establecen garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF exige que se siga trabajando para la mejora de este modelo y que no se vea paralizado este trabajo ante la convocatoria de Elecciones Generales.

En estos momentos, la Administración está negociando la renovación del concierto de Mugeju (mutualidad de los funcionarios de justicia). CSIF ha exigido información clara sobre el futuro de la asistencia sanitaria recalcando las siguientes cuestiones: establecer criterios claros de la urgencia vital para recibir atención en la sanidad pública, incorporar a los mutualistas al sistema de emergencias 112; extender los convenios de asistencia en localidades de menos de 20.000 habitantes y el refuerzo de los cuadros médicos.

Elecciones sindicales docentes 2026: el profesorado andaluz tiene una cita importante con las urnas el 3 de diciembre

alberto.adones.aranda — Thu, 15 Oct 26 13:34:00 CEST

Elecciones sindicales docentes 2026: el profesorado andaluz tiene una cita importante con las urnas el 3 de diciembre

La Consejería de Educación publica las instrucciones que regulan el proceso electoral y una adenda que aclara los requisitos para la presentación de candidaturas.

El próximo 3 de diciembre de 2026, el profesorado de la enseñanza pública andaluza está llamado a las urnas para elegir a sus representantes en las Juntas de Personal Docente no Universitario.
Se trata de una cita especialmente importante para el conjunto del profesorado, que tendrá la oportunidad de decidir quiénes serán sus representantes sindicales durante los próximos cuatro años y quiénes asumirán la responsabilidad de defender sus derechos laborales y profesionales ante la Administración educativa.
Con motivo de este proceso, la Viceconsejería de Educación ha publicado la Instrucción de 5 de octubre de 2026, por la que se establecen las pautas de actuación para la coordinación y organización de las elecciones sindicales docentes en Andalucía.
El documento regula aspectos relacionados con la coordinación del proceso electoral, los modelos de impresos, los permisos del personal participante, la dotación de medios materiales, las papeletas electorales, el voto por correo y la organización de la jornada lectiva del día de la votación.

Organización de la jornada electoral y ejercicio del derecho al voto

Entre las cuestiones de mayor interés para el profesorado, las instrucciones establecen que las direcciones de los centros deberán organizar la jornada lectiva del 3 de diciembre para facilitar el ejercicio del derecho al voto.
Se contempla que el profesorado pueda iniciar su jornada una o dos horas más tarde, o finalizarla con esa misma antelación, en función de si debe desplazarse a otro centro para votar. Asimismo, se prevé tiempo adicional en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, garantizando en todo momento la atención educativa del alumnado.
También se regulan los permisos correspondientes a los integrantes de las mesas electorales, interventores y representantes de la Administración, así como el procedimiento para ejercer el voto por correo.
En aquellas localidades donde el 3 de diciembre sea oficialmente festivo y exista una mesa electoral, la votación se celebrará el día lectivo inmediatamente anterior.

Publicada una adenda que aclara los requisitos de las candidaturas

Posteriormente, la Viceconsejería ha publicado la Adenda n.º 1, firmada el 14 de octubre, que completa la Instrucción de 5 de octubre para aclarar los requisitos relativos a la presentación de candidaturas.
La aclaración distingue entre la elaboración de las papeletas electorales y las condiciones exigidas para presentar válidamente una candidatura.

Documentación oficial

1. Instrucción de 5 de octubre de 2026

➤ Consultar Instrucción completa (PDF)

2. Adenda n.º 1 a la Instrucción

➤ Consultar Adenda n.º 1 (PDF)

CSIF EDUCACIÓN ANDALUCÍA

Sector de Enseñanza

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

Correos exige un esfuerzo excepcional a la plantilla para la campaña del 29-N sin concretar contrataciones de refuerzo

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 26 Oct 26 14:28:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechazó hoy el primer borrador de instrucciones que ha entregado Correos relativas a la productividad y remuneración de las/os empleados en la Campaña Electoral del 29-N, que durará del 13 al 27 de noviembre.

Con el fin de garantizar los plazos de todos los envíos y las obligaciones de servicio público se podrán adoptar medidas organizativas excepcionales, como repartos extraordinarios o ampliación extraordinaria de horarios en oficinas, en días laborables o en sábados, domingos y festivos, tanto para el voto por correo como para la entrega de la propaganda electoral.

Cuando la atención adecuada de las tareas lo demande, la empresa asegura que lo cubrirá con la contratación temporal de refuerzo necesaria sin concretar el número de personas que se prevén contratar, así como la prolongación de la jornada abonándola por concepto de horas extraordinarias o complementarias.

Ante el volumen y sobrecarga de trabajo prevista, CSIF exige un mínimo de 15.000 contratos de refuerzo, que deberían prolongarse de cara a la Navidad que arrancará en el mes de diciembre. Hay que recordar que en las últimas elecciones generales, el pasado 2023, el voto por correo batió su récord histórico, superando los tres millones de solicitudes, una situación que los trabajadores y trabajadoras de Correos resolvieron, como siempre, con una profesionalidad intachable.

Correos tiene prevista una gratificación extraordinaria de 127,34 euros por el conjunto del proceso electoral para las personas empleadas de oficinas, de centros de tratamiento e internacional, unidades de reparto, entre otras, y de 63,66 para el resto de personal (administrativos, técnicos, limpieza, tecnología, comerciales…)

CSIF considera insuficiente esta gratificación (un 4,4 por ciento más) porque, después de tres años de congelación no se cubre el impacto de la inflación y es una décima inferior al 4,5 por ciento que se incrementaron los salarios en 2025 y 2026. Lo mismo ocurre con la retribución de 0,068862 euros de los envíos a domicilio y 0,028353 para los repartos de los envíos sin distribución.

El borrador también incluye penalizaciones para la plantilla, con un descuento de 11,58 euros por cada día no trabajado entre el 13 y el 27 de noviembre que dura la Campaña. CSIF exige que se eximan de estos descuentos las situaciones de parto, nacimiento de hijo, acogimiento y adopción, violencia de género, enfermedad o accidente de familiar o accidente de trabajo.

Correos ha tardado en dar esta información a su plantilla tres semanas desde que se conociese el adelanto electoral. Ante esa lentitud de movimientos, CSIF ha exigido una negociación rápida y urgente para mejorar este primer borrador.

Además, CSIF también ha pedido a la empresa que resuelva todas las asignaturas pendientes con la plantilla: jornada de 35 horas, salidas voluntarias, conversión de 4.000 contratos parciales a tiempo completo y la puesta en marcha del nuevo concurso de traslado, entre otras.

CSIF critica que la Junta de Andalucía siga alargando la aprobación del teletrabajo y que no fije una nueva fecha concreta

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 26 Oct 26 16:30:00 CET

El sindicato señala que la Administración perjudica gravemente a las empleadas y empleados públicos y no descarta adoptar las medidas necesarias para defender sus derechos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha criticado que la Junta de Andalucía “siga alargando indefinidamente” la aprobación del decreto de teletrabajo y que, a día de hoy, no se cuente con una nueva fecha para su aplicación, a pesar de que ha pasado casi un mes de la pactada inicialmente.

Tras la Mesa Sectorial de carácter extraordinario celebrada este lunes, el sindicato ha señalado que “la Administración se ha abstenido de concretar un nuevo plazo de finalización de la tramitación y, por tanto, se sigue retrasando un aspecto crucial ya negociado con los representantes de las y los trabajadores”.

CSIF ha recordado que la tramitación del decreto de teletrabajo comenzó en abril de 2025 y, tras pasar por Mesa General, Mesa Sectorial y Comisión de Convenio, la negociación culminó en julio de dicho año. Además, el pasado 21 de abril se suscribió un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar el decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación. Para CSIF, se trata de un proceso “anormalmente dilatado en el tiempo” y que se traduce en un perjuicio a las trabajadoras y los trabajadores.

En este sentido, el sindicato ha informado de que “la Administración se ha vuelto a referir a la complejidad de la tramitación como causa para haber incumplido el plazo acordado, unas palabras ya pronunciadas hace unas semanas por el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, pero que no sirven de excusa para incumplir un pacto firmado con las organizaciones sindicales”. De igual manera, la Administración ha señalado principios de diciembre como nueva fecha para analizar la evolución del decreto, pero, a juicio del sindicato, esto “supone seguir dando patadas a un balón fuera del tiempo de juego”.

Para CSIF, el nuevo escenario incierto que se presenta ante la falta de concreción de la Administración “viene a perjudicar gravemente al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que lleva años demandado la regulación del teletrabajo. Además de los perjuicios para las empleadas y empleados públicos, esta ralentización de la tramitación es incompatible con el objetivo del que presume el Gobierno andaluz de avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos”.

CSIF, que ya registró a principios de octubre un escrito exigiendo a la Administración que estableciese una nueva fecha concreta de aprobación del decreto, ha indicado que la Circular 1/2026 aprobada como marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación “en ningún caso es la solución definitiva, sino que constituye una regulación transitoria que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto”. Por todo ello, el sindicato ha advertido de que no descarta “adoptar todas las medidas oportunas en defensa de las empleadas y empleados públicos”.

CON LA FUERZA DE TU VOTO

alberto.adones.aranda — Tue, 27 Oct 26 13:00:00 CET

CSIF Informa

CSIF EDUCACIÓN ANDALUCÍA

CUATRO AÑOS DE CONFIANZA.
CUATRO AÑOS DE COMPROMISO.

La fuerza de estar a tu lado.

Han pasado ya cuatro años desde que el profesorado andaluz renovó su confianza en CSIF Educación Andalucía, consolidándonos como el sindicato de referencia y la primera fuerza sindical en las ocho provincias andaluzas.

Aquel respaldo fue mucho más que un resultado electoral. Fue una muestra de confianza y, sobre todo, una enorme responsabilidad: seguir defendiendo cada día los derechos, las condiciones laborales y el reconocimiento que merece el profesorado andaluz.

Porque los avances no llegan solos. Son fruto del trabajo constante, de la presión reivindicativa, de la negociación y de una presencia activa allí donde se toman las decisiones que afectan a la educación pública.

Cuatro años defendiendo lo que importa

Durante este tiempo, desde CSIF hemos mantenido nuestras reivindicaciones en cuestiones esenciales:

Reconocimiento profesional y dignificación de la labor docente.
Incremento de plantillas y reducción de ratios.
Mejora de la atención a la diversidad y de los recursos educativos.
Medidas frente a los problemas de convivencia en los centros.
Reducción de la burocracia y de la sobrecarga administrativa.
Recuperación de derechos retributivos y mejora de los salarios.

Hemos estado en los centros educativos, escuchando al profesorado; en las mesas de negociación, defendiendo propuestas; y en las movilizaciones, alzando la voz siempre que ha sido necesario.

Con una convicción que permanece intacta: la educación pública andaluza necesita un profesorado respetado, reconocido y con unas condiciones laborales dignas.

"La confianza del profesorado es nuestra mayor responsabilidad. Su defensa, nuestro compromiso diario."

Cuatro años después, seguimos con la misma determinación: defender tus derechos y trabajar por una educación pública de calidad.

CSIF EDUCACIÓN ANDALUCÍA

Tu confianza. Nuestra fuerza.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

CSIF insta a agilizar la negociación para aprobar un nuevo convenio para el personal del transporte sanitario en Andalucía

margarita.sanchez.mingo — Wed, 28 Oct 26 09:36:00 CET

El sindicato reclama una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el vigente convenio y mejorar las condiciones económicas de los próximos cinco años
Exige una homogeneización de las condiciones salariales de todo el personal en la comunidad, evitando diferencias injustificadas entre provincias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con presencia creciente en la empresa privada, ha instado a las patronales y al resto de organizaciones sindicales a incrementar los esfuerzos y agilizar la negociación para aprobar lo antes posible el V Convenio Colectivo del Transporte Sanitario de Enfermos/as y Accidentados/as con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las y los profesionales que prestan este servicio en Andalucía.

CSIF ha señalado que su objetivo es que el V Convenio Colectivo, actualmente en negociación, recoja con detalle las demandas de las plantillas de las empresas de transporte en ambulancia que, pese a que realizan una labor esencial para la ciudadanía, actualmente no cuentan con el reconocimiento que merecen y están sometidos a situaciones económicas precarias y, en muchos casos, desiguales entre provincias.

En este sentido, el sindicato considera imprescindible avanzar en una mejora sustancial de las retribuciones del colectivo y reclama una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el vigente convenio y mejorar las condiciones económicas de los próximos cinco años. Una reivindicación necesaria para que los salarios se correspondan con la responsabilidad y la importancia de las funciones que desempeñan estos profesionales.

Asimismo, CSIF ha puesto el foco en la desigualdad retributiva existente entre las distintas provincias andaluzas, una situación que provoca que trabajadores y trabajadoras que realizan las mismas funciones perciban salarios diferentes en función de la provincia en la que desarrollan su actividad. Para el sindicato “es necesario homogeneizar las condiciones salariales de todo el personal del transporte sanitario de Andalucía, evitando diferencias que carecen de justificación”.

El reconocimiento económico de domingos y festivos es otra de las principales reivindicaciones del sindicato, que solicita que el trabajo realizado en domingo deje ser gratuito como hasta ahora y que las jornadas festivas tengan una compensación económica adecuada, de manera que el esfuerzo y la disponibilidad que exige trabajar en dichas fechas tengan la debida compensación.

En concreto, la propuesta presentada por CSIF contempla un complemento de 7,95 euros por cada hora trabajada en los 14 festivos anuales, los festivos especiales de Semana Santa y Navidad y los domingos, con una revalorización anual conforme a lo establecido en el convenio, hasta alcanzar los 10,03 euros en 2030.

Del mismo modo, la organización sindical considera necesario mejorar sustancialmente la compensación por el trabajo nocturno, planteando que el incremento de la retribución de las horas nocturnas pase del actual 10 % al 30 % del valor de la hora ordinaria. Así mismo, se contempla el abono de los atrasos generados por los incrementos salariales y la reducción de jornadas pactados para el periodo 2026-2030, mediante un concepto salarial específico denominado ”atrasos de convenio”.

Además, CSIF plantea medidas destinadas a mejorar la situación laboral del colectivo, entre ellas la aplicación de una jornada de 35 horas semanales y de la antigüedad máxima reconocida hasta los 30 años, además de avances en materia de dietas y pernoctas.

CSIF considera que la propuesta del nuevo convenio, cuya mesa de negociación se constituyó el pasado 22 de junio, supondrá un avance para contar con un Convenio “más moderno, justo y cohesionado, que dignificará definitivamente las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, algo que, a su juicio, “no sucede con el actual convenio”.

CSIF-A traslada su pésame y solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y agradece la labor del personal de emergencias

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 28 Oct 26 15:06:00 CET

El sindicato exige una explicación urgente y que se asuman responsabilidades: España afronta una segunda tragedia apenas nueve meses después del siniestro de Adamuz
Considera prioritario reforzar la inversión en infraestructuras, garantizar el mantenimiento de los trenes y mejorar la capacidad del sistema ferroviario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, expresa su consternación por el accidente ferroviario ocurrido a la altura de la localidad toledana de Urda, en la línea Madrid-Sevilla, y traslada su pésame a las familias de las víctimas mortales, así como su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas.

El sindicato desea, además, una pronta recuperación a las personas heridas y se solidariza con los trabajadores de Iryo y RENFE, afectados también por las consecuencias de este trágico suceso.

CSIF también pone en valor la labor de todos los profesionales que están interviniendo en el lugar del accidente, especialmente el personal de la sanidad pública y Emergencias, bomberos, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su trabajo resulta fundamental en las tareas de evacuación, asistencia y atención a las personas afectadas.

Aunque todavía es pronto para determinar las causas del siniestro, CSIF considera imprescindible que se lleve a cabo una investigación urgente, rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer lo sucedido y depurar las responsabilidades que correspondan. El sindicato considera especialmente preocupante que España vuelva a afrontar una tragedia ferroviaria de esta magnitud en un período inferior a un año, después del grave accidente de Adamuz (Córdoba), que también conmocionó a la sociedad y dejó 46 víctimas mortales.

En este contexto, CSIF considera que dicha investigación debería analizar entre otros aspectos fundamentales para garantizar que la red ferroviaria funciona correctamente, como el aumento de la inversión en infraestructuras, velar por el correcto mantenimiento de los trenes, así como mejorar la red y la capacidad del sistema ferroviario.

El sindicato insiste en que la seguridad de los usuarios y de los profesionales debe constituir una prioridad y reclama que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que una desgracia de estas características vuelva a producirse.

CSIF pide la dimisión de Óscar Puente: exigimos al Gobierno que respete la investigación y la presunción de inocencia para el responsable de circulación de Adif

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 28 Oct 26 19:25:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno y al conjunto de la sociedad que se preserve la presunción de inocencia del responsable de circulación de Adif que ha sido señalado por el ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda.

CSIF considera que el ministro ha actuado de una manera inapropiada utilizando a esta persona trabajadora como “chivo expiatorio” en esta terrible desgracia, en el transcurso de una rueda de prensa, en vez de asumir sus responsabilidades, máxime cuando acaba de iniciarse una investigación. El ministro ha eludido toda responsabilidad pese al fallo inicial en el sistema informático que desencadenó los acontecimientos.

Durante el presente año, CSIF ha exigido más inversión en el mantenimiento del sector ferroviario: seguridad, revisión y actualización de los protocolos de seguridad, más inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, así como en los talleres ferroviarios.

En este sentido, CSIF exige una explicación urgente, que se asuman responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir: es muy preocupante que España afronte una segunda tragedia ferroviaria en menos de un año, tal y como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana.

Es preciso analizar aspectos fundamentales para garantizar que la red ferroviaria funciona correctamente, como el aumento de la inversión en infraestructuras, velar por el correcto mantenimiento de los trenes, mejorar la red y la capacidad del sistema ferroviario.

Por otra parte, el pasado mes de septiembre, CSIF ya advirtió del exceso en las jornadas de trabajo en ADIF (hasta 12 horas diarias y cinco noches seguidas), lo que supone un desgaste extremo en empleados que llevan a cabo tareas de alta responsabilidad, como ordenar el tráfico ferroviario.

Además de los accidentes del último año, el ministro debe asumir también su responsabilidad por las continuas incidencias en la circulación ferroviaria que se vienen produciendo: parones en los trayectos, retrasos en los tiempos de llegada, entre otros. La única medida de seguridad que se ha implementado es la disminución de la velocidad en los trayectos.

ACOMPAÑAMOS EN EL DOLOR A LAS PERSONAS AFECTADAS

Desde CSIF lamentamos profundamente este trágico suceso y acompañamos en el dolor a todas las personas afectadas. Asimismo, deseamos una pronta y favorable recuperación a los heridos. Asimismo, nuestra organización se solidariza con los trabajadores de Iryo, ADIF y RENFE, que se sienten en estos momentos consternados, desolados e impotentes por esta desgracia.

Asimismo, queremos poner en valor el trabajo de todo el personal que ahora mismo se encuentra trabajando en el lugar del accidente: personal de la sanidad pública y de los dispositivos de Emergencias, bomberos, Protección Civil y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se han desplazado al lugar del siniestro para ayudar y colaborar en las tareas de evacuación y asistencia a los heridos.

CSIF exige aumento de plantillas y más recursos para proteger la salud mental en el trabajo

encarna.abascal.perez — Wed, 07 Oct 26 10:30:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental -que se celebra el 10 de octubre- lanza su campaña ‘La salud mental importa. Actuemos’ en la que reclama medidas urgentes para proteger a las personas trabajadoras, prevenir los riesgos psicosociales y reforzar los servicios públicos de salud mental con aumento de plantillas especializadas y de recursos para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

El objetivo es dotar de más recursos a los servicios públicos de salud mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), aumentando las plantillas con profesionales de Psicología Clínica, Psiquiatría, Enfermería de Salud Mental y equipos multidisciplinares suficientes para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. La meta es reducir los elevados tiempos de espera para recibir atención especializada, que actualmente oscila entre 2 y 6 meses.

El número de bajas por trastornos mentales y de comportamiento en 2025 ascendió a 446.116, según datos de la Seguridad Social recogidos por CSIF. Sin embargo, en el ámbito exclusivamente laboral tan solo se reconocieron 203 partes por desórdenes mentales causados o agravados por el trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo. Esta diferencia de datos evidencia la resistencia de las mutuas a reconocer los trastornos mentales como contingencias profesionales.

A este escenario, hay que añadir las elevadas cifras de suicidio. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España murieron por suicidio 3.808 personas en 2025: 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Aunque la cifra es inferior respecto a 2024, más de diez muertes diarias siguen siendo una realidad intolerable.

Por ello, CSIF reclama avanzar en la actualización del cuadro de enfermedades profesionales y en la mejora de los procedimientos de determinación de contingencia, para garantizar el reconocimiento adecuado de estas patologías cuando se acredite su origen profesional. Estas medidas se complementarían con apoyo psicológico accesible y gratuito para las personas trabajadoras, formación específica y planes de prevención de la salud mental y de las conductas suicidas en el ámbito laboral.

CSIF exige además un marco normativo específico a través de un real decreto que refuerce la prevención de riesgos psicosociales, evaluaciones periódicas y medidas correctoras eficaces.

Factores que influyen en la salud mental

La sobrecarga de trabajo, falta de personal, ritmos excesivos, jornadas prolongadas, turnicidad, falta de autonomía o apoyo y exposición continuada a situaciones de elevada carga emocional son factores de riesgo que deben identificarse, evaluarse y corregirse.

CSIF reclama plantillas suficientes, cargas de trabajo asumibles, derecho efectivo a la desconexión digital, protocolos de vigilancia de la salud mental y medidas eficaces frente al acoso y la violencia laboral, con una participación real de los delegados y delegadas de prevención. La respuesta no puede limitarse a enseñar al trabajador a gestionar el estrés cuando el problema está en la organización del trabajo.

Por último, recordamos que la asistencia psicológica es imprescindible cuando se necesita, pero no sustituye a la prevención de riesgos laborales. Por ello, empresas y administraciones públicas deben actuar antes de que aparezca el daño y corregir las condiciones de trabajo que estén generando riesgos para la salud.

Accede en este enlace al video de la campaña "La Salud Mental importa. Actuemos" y al video de Consejos para cuidar tu salud mental

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF pide al Parlamento Europeo una investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 24 Sep 26 10:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.

Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.

En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.

CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.

También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.

Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:

Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

Coordinación entre administraciones.

Utilización o no de mecanismos europeos.

IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:

- Sanidad: sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.

- Justicia: incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.

- Prisiones: incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.

- Seguridad y Orden Público: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.

- Educación: sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.

- Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.

- Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

- Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).

3.808 razones para actuar con urgencia: CSIF exige al Gobierno prevención real, recursos suficientes, y protección para la salud mental en el trabajo y prevención del suicidio

encarna.abascal.perez — Wed, 09 Sep 26 09:31:00 CEST

Cada 10 de septiembre, CSIF reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la defensa de la salud mental y la protección de la vida.

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No puede atribuirse a una sola circunstancia, pero cuando las condiciones de trabajo generan o agravan el sufrimiento, las empresas y las administraciones tienen la obligación de actuar.

Según los datos provisionales del INE, en España murieron por suicidio 3.808 personas en 2025: 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, más de diez muertes diarias siguen siendo una realidad intolerable. Son 3.808 vidas y 3.808 razones para actuar con urgencia.

Las noticias recientes exigen respuestas

En los últimos meses hemos conocido casos que han conmocionado al mundo laboral. En el ámbito sanitario se han comunicado los fallecimientos por suicidio de tres médicos internos residentes que solo son la punta del iceberg en un sector con las jornadas extenuantes, la presión asistencial y la falta de apoyo psicológico accesible.

En agosto, un agente de la Policía Local de Cee fue encontrado sin vida en las dependencias policiales. Ante la sospecha de posible suicidio, CSIF reclamar que cualquier posible relación con el trabajo sea investigada y que se acompañe adecuadamente a la plantilla.

CSIF insiste en la urgencia de la creación de protocolos de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en Policía local, por ello presenta un borrador en la FEMP y las administraciones locales de España.

Ninguno de estos fallecimientos permite afirmar automáticamente que el trabajo fuera su causa. El suicidio suele responder a la interacción de factores personales, familiares, sociales, psicológicos y laborales. Pero esta complejidad no puede utilizarse para ignorar los riesgos profesionales ni para impedir una investigación rigurosa.

No podemos esperar al siguiente caso para empezar a prevenir.

El trabajo debe proteger, nunca enfermar

Las cargas excesivas, la falta de personal, la precariedad, los turnos prolongados, la falta de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico, la exposición a situaciones traumáticas y la ausencia de apoyo organizativo pueden deteriorar gravemente la salud mental.

Estos riesgos afectan especialmente al personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por el contrario, un empleo digno, plantillas suficientes, cargas razonables, horarios saludables, formación en gestión emocional, apoyo entre compañeros, liderazgo respetuoso y atención psicológica confidencial pueden convertir el trabajo en un auténtico factor de protección.

CSIF exige participar en las decisiones

CSIF ha solicitado al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a los espacios que estudien los factores relacionados con el trabajo. Los representantes de las personas trabajadoras deben participar permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas preventivas.

CSIF exige al Gobierno:

Mejores estadísticas, incluyendo profesión y situación laboral, y mayor vigilancia de la Inspección de Trabajo.
Planes obligatorios de prevención de la salud mental y las conductas suicidas en empresas y administraciones.
Participación sindical permanente en el Observatorio de Prevención del Suicidio.
Evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales, con medidas, presupuesto y plazos.
Investigación rigurosa de cada fallecimiento cuando existan indicios de relación con el trabajo, ya que podría reconocerse como accidente laboral.
Un plan reforzado para la Policía Local, con atención psicológica externa, especializada y confidencial.
Más profesionales de la psicología, protocolos de detección temprana y formación para mandos, plantillas y delegados de prevención.
Mejora de las condiciones laborales: Plantillas suficientes, cargas sostenibles, estabilidad, conciliación y desconexión digital.
Programas específicos para los colectivos sometidos a mayor presión emocional o exposición traumática.
Apoyo a los compañeros y familiares después de una crisis o fallecimiento.

La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado

No aceptamos campañas sin presupuesto, evaluaciones sin medidas ni protocolos guardados en un cajón. Tampoco aceptamos que se responsabilice únicamente a las personas mientras se mantienen condiciones laborales que dañan su salud.

Prevenir exige escuchar, investigar, invertir y actuar. Exige empleos dignos, responsabilidad empresarial, servicios públicos suficientes, negociación colectiva y participación sindical.

Transformemos el trabajo en factor de protección. Ninguna persona debe afrontar sola su dolor y ninguna vida puede quedar subordinada a la productividad.

Por ello continua un año más con su campaña “Lo que solo no se puede, en red se consigue” visibilizando la realidad silenciada, prestando apoyo, asesoramiento y solicitando medidas para la salud mental y mejora de condiciones de trabajo . Con tus delegados de CSIF no estás solo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, llama a la Línea 024, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital inminente, llama al 112.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Jun 26 12:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaAndalucía Image

CSIF Sanidad Nacional

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

El sindicato presenta alegaciones para reforzar la formación en salud mental laboral, riesgos emergentes, investigación, liderazgo, vigilancia colectiva, perspectiva de género y coordinación sanitaria y preventiva.

CSIF considera imprescindible situar la especialidad de Medicina del Trabajo a la vanguardia de los cambios que están transformando el mundo laboral. La digitalización, el envejecimiento de la población trabajadora, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo y el impacto del cambio climático exigen una formación especializada más completa, actualizada y adaptada a la realidad actual.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha presentado alegaciones al Proyecto de Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo con el objetivo de reforzar la preparación de los futuros especialistas y mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Para CSIF, la formación especializada constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y preventivo. Por ello, el programa formativo no puede limitarse a la adquisición de competencias clínicas tradicionales, sino que debe incorporar herramientas que permitan afrontar con solvencia los retos presentes y futuros de la salud laboral.

Salud mental laboral

CSIF pide reforzar la formación en riesgos psicosociales, burnout, acoso laboral, violencia en el trabajo y promoción del bienestar emocional.

Nuevos riesgos laborales

El sindicato reclama competencias específicas sobre teletrabajo, plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y cambio climático.

Investigación y evidencia

CSIF propone aumentar la formación en epidemiología laboral, bioestadística, metodología de investigación y análisis de datos sanitarios y laborales.

Vigilancia colectiva

El sindicato solicita más peso práctico para la vigilancia epidemiológica, enfermedades profesionales, incapacidad laboral y coordinación asistencial.

Una formación adaptada a los retos actuales de la salud laboral

CSIF advierte de que los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, absentismo y pérdida de productividad. Por ello, considera imprescindible que los especialistas en Medicina del Trabajo cuenten con una formación más amplia y actualizada para prevenir, detectar precozmente y realizar seguimiento de estas situaciones.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el programa formativo incorpore los nuevos escenarios laborales derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. Entre ellos, el teletrabajo, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas digitales, el envejecimiento de la población trabajadora, la diversidad generacional, los nuevos riesgos ergonómicos y organizativos, la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

CSIF defiende que la Medicina del Trabajo debe anticiparse a los nuevos riesgos y no limitarse a responder cuando el daño ya se ha producido. La prevención exige formación, evidencia científica, coordinación y recursos.

Más investigación, liderazgo y coordinación

Otra de las propuestas de CSIF es incrementar la formación en investigación y medicina basada en la evidencia. El sindicato considera que la toma de decisiones en salud laboral debe apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible, reforzando la capacitación en epidemiología laboral, bioestadística, lectura crítica de la literatura científica, diseño de proyectos y análisis de grandes bases de datos.

Asimismo, CSIF plantea incorporar formación reglada en liderazgo y gestión, ya que los especialistas en Medicina del Trabajo desempeñan con frecuencia funciones de coordinación, dirección de servicios de prevención, planificación estratégica, gestión de equipos multidisciplinares, comunicación institucional, negociación y resolución de conflictos.

Perspectiva de género, desigualdades y vigilancia de la salud colectiva

CSIF también solicita reforzar la formación práctica en vigilancia de la salud colectiva, perspectiva de género y desigualdades en salud laboral. Para el sindicato, estas competencias son esenciales para detectar precozmente riesgos, analizar indicadores de salud laboral, investigar brotes o eventos centinela, evaluar programas preventivos y mejorar la actuación ante enfermedades profesionales.

Además, CSIF considera necesario mejorar la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios de prevención propios y ajenos, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz y completa en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

CSIF exigue que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo

CSIF solicita que sus alegaciones sean valoradas favorablemente e incorporadas al texto definitivo del Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo. El sindicato subraya que invertir en una formación especializada de mayor calidad supone una garantía para la protección de la salud de las personas trabajadoras, una mejora de la capacidad de respuesta del sistema preventivo y un reconocimiento al papel esencial que desempeñan los especialistas en Medicina del Trabajo.

La salud laboral del futuro necesita especialistas mejor formados, más recursos y una prevención adaptada a los nuevos riesgos.

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CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 03 Jun 26 14:00:00 CEST

Otros artículosPrevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

“No podemos seguir normalizando la violencia contra quienes sostienen la sanidad pública”

El sindicato registra una carta en el Ministerio de Sanidad tras constatar 51 agresiones diarias a profesionales del SNS en 2025 y denunciar que la administración utiliza a los sanitarios como “parachoques humano” ante la frustración de los usuarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Sanidad), organización sindical más representativa en las administraciones públicas, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en la que exige la creación urgente y efectiva de un Observatorio Nacional de Agresiones a Profesionales de la Sanidad, con participación real de las organizaciones sindicales y capacidad de coordinación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato alerta de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del SNS, lo que supone 51 ataques cada día en España y una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. Esta cifra representa un incremento del 8,74% respecto a 2024.

Desde CSIF advierten, además, de que la realidad puede ser aún más grave debido a la elevada infradeclaración provocada por el miedo, la burocracia, la falta de apoyo institucional y la peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios.

18.563 agresiones notificadas en 2025

51 ataques diarios a profesionales sanitarios

+8,74% incremento respecto a 2024

24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales

Tipo de agresión notificada

No físicas: insultos, amenazas o intimidaciones 84,5%

Físicas 15,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

Ámbito donde se notifican las agresiones

Atención Primaria 51%

Atención Hospitalaria 47%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

“No se puede asumir como parte del trabajo que un profesional sea insultado, amenazado o agredido mientras atiende a pacientes. Estamos hablando de personas que sostienen la sanidad pública en condiciones extremas de presión asistencial”.

Un incumplimiento flagrante del Convenio 190 de la OIT

CSIF denuncia que la persistencia de estas agresiones demuestra que las medidas de prevención de riesgos laborales actuales son insuficientes e ineficaces, vulnerando el derecho del personal a trabajar en condiciones de seguridad y dignidad.

Además, el sindicato recuerda que España ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

“La preocupante realidad de las agresiones diarias al personal sanitario es la consecuencia directa de una alarmante pérdida de calidad asistencial, provocada por la falta de recursos, la saturación del sistema y las listas de espera crónicas”.

CSIF denuncia en la carta que, al no solucionar estas deficiencias estructurales, la administración y las gerencias están utilizando a los profesionales de la salud como un auténtico “parachoques humano” frente a la frustración legítima de los usuarios.

Lo que CSIF reclama

El sindicato plantea tres bloques de medidas para atajar el problema desde la raíz:

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

Ratios de personal blindados por ley.
Refuerzo inmediato de plantillas.
Desburocratización de las consultas con personal administrativo de apoyo.
Sistemas ágiles de triaje y espera con información en tiempo real.
Refuerzo de la atención comunitaria y de salud mental.

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

Actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales incluyendo la violencia de terceros.
Barreras físicas de protección y vías de escape en consultas.
Visitas domiciliarias obligatoriamente en binomio y con geolocalizador.
Dispositivos de alerta inmediata, como botones del pánico y alarmas silenciosas.
Presencia permanente de seguridad privada en centros de alta conflictividad.
Formación obligatoria y periódica en gestión de conflictos.
Reconocimiento efectivo de autoridad pública para todos los sanitarios.
Campañas institucionales de tolerancia cero.

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Denuncia de oficio por parte de la administración.
Aplicación estricta del Principio de Autoridad con coordinación directa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Protocolos de post-incidente obligatorios con asistencia psicológica inmediata y gratuita, y apoyo legal integral.

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CSIF recuerda que, aunque el Ministerio de Sanidad dispone de mecanismos nacionales de estudio y análisis, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Asimismo, mientras algunas comunidades autónomas han avanzado en la creación de observatorios específicos o estructuras de seguimiento, otras mantienen modelos dispersos o insuficientes, lo que dificulta disponer de una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero Observatorio Nacional de Agresiones, con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficientes frente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública”.

“Sin profesionales protegidos no puede existir una sanidad segura ni de calidad. La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario”, sentencia CSIF Sanidad.

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Lo que CSIF reclama

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CUATRO AÑOS DE CONFIANZA.
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