CSIF denuncia la precariedad que sufre el personal auxiliar de autopsias de los Institutos de Medicina Legal y cifra en un 60% el déficit de estos profesionales

admin — Fri, 13 Jan 23 12:43:06 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical de la Administración Publica y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado “la falta de compromiso” de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para solucionar “la situación precaria” que sufre el personal auxiliar de autopsias de la Junta de Andalucía que presta servicios en los Institutos de Medicina Legal de la comunidad. El sindicato cifra en un 60% el déficit de este personal en los centros de las ocho provincias.

En concreto, actualmente hay 35 puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de esta categoría, que están cubiertos, cuatro de ellos en la provincia de Almería, si bien, según los cálculos del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, harían falta al menos otros 20 profesionales más en toda la comunidad autónoma para que el servicio estuviese adecuadamente dimensionado, lo que supone cerca de un 60% más de efectivos que los que hay actualmente.
“Con los actuales recursos humanos con los que se cuenta para estos servicios resulta muy complicado la organización de cuadrantes de vacaciones, descansos e incluso la configuración de los distintos turnos que debe haber para el funcionamiento 24 horas que se requiere, puesto que el personal que existe es a todas luces insuficiente”, según explica el Sector de AGJA.
La central sindical ha recordado que CSIF viene reivindicando desde hace años la reclasificación de este personal al Grupo III, así como la actualización y modificación del requisito de acceso, los criterios para la contratación y ocupación de esos puestos, así como de las jornadas de trabajo que realmente realizan.
En concreto, el personal auxiliar de autopsias desarrolla, parcial o íntegramente, funciones previas a la realización de la autopsia como, por ejemplo, recibir el cadáver y desnudarlo, trasladarlo a la cámara frigorífica e introducirlo en la misma; anotar, etiquetar y empaquetar, extraer el cadáver de la cámara frigorífica y colocarlo en la mesa de autopsias, así como preparar el instrumental necesario para la realización de la autopsia.
Además, durante el proceso, realiza las funciones de auxiliar bajo dependencia facultativa en las técnicas de apertura y extracción de órganos, así como pesaje, medida y toma de muestras de los lugares indicados para su conservación, embalaje, etiquetado y envío. Tras el examen post mortem, este personal desarrolla otras labores como la sutura exterior no visible del cadáver y su adecentamiento.
CSIF explica que estos profesionales realizan funciones y tareas muy por encima del auxilio al personal facultativo durante la realización de las autopsias y precisa que la titulación existente a día de hoy que realmente los habilita para este trabajo es un ciclo formativo de Grado Superior: Técnico Superior en Anatomía Patológica o el certificado de profesionalidad correspondiente.
“Profesionales a precio de saldo”
No obstante, el Sector de la AGJA en CSIF ha denunciado que “la Administración contrata personal cualificado y le paga conforme a su catálogo de categorías profesionales que exige estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación profesional de Primer Grado (sirve cualquiera) o formación laboral equivalente. Es decir, profesionales a precio de saldo”, ha criticado.
CSIF lamenta que los Presupuestos del 2023 no recojan ninguna partida presupuestaria para cumplir con lo prometido por parte de la Administración en el 2022 respecto a la reclasificación del personal auxiliar de autopsia al grupo III y con respecto a la ampliación de la plantilla para prestar un servicio de calidad, ya que existía un compromiso inicial que era incrementarlas en nueve profesionales más. Igualmente, la Junta tenía el compromiso de incluir en el complemento de puesto de trabajo, el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad.
“Nada de lo prometido en relación a este personal se ha llevado a cabo y además para el presente ejercicio tampoco hay consignación presupuestaria para incremento de plantilla”, ha concluido el sindicato.

CSIF se concentra contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos de la Junta

admin — Tue, 19 Apr 22 11:15:45 CEST

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El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, junto a los sindicatos UGT, CCOO, ISA Y USTEA, representados en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio, se han concentrado este martes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos y contra la inexistencia de unos procesos reales de estabilización en la Junta de Andalucía.

Las organizaciones sindicales han denunciado la situación que la Administración autonómica ha generado con la resolución de los procesos de estabilización/consolidación de las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019.
En concreto, la Junta ha cesado en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración, contraviniendo la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con un doble fin. Por un lado, la Junta pretende no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022; y por otro, busca ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad del 29 de diciembre de 2021.
Estos procesos de estabilización y consolidación no están siendo adecuados para cubrir los objetivos que se proponen. En ningún momento ha habido interés de negociarlos con las organizaciones sindicales y están ya recurridos en los tribunales. Los afectados por estas decisiones son más de 3.000 empleadas y empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía.
La administración convocó plazas justo antes de la aprobación de la ley 20/21 para la reducción de la temporalidad y con el conocimiento previo de su texto. Esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización. Además, en los procesos realizados, se han llegado a quedar plazas desiertas, dejando a personal con experiencia sobrada y muchos años de dedicación a la Junta de Andalucía en situación de precariedad.
Condena a la exclusión laboral
La Administración anuncia el cese del personal cuyas plazas están señaladas en las OEP 2017/2019, y empleados públicos de más de 50 años edad y con una larga experiencia laboral, condenados ahora a exclusión laboral. Es significativo cómo la Junta adelanta los procesos selectivos para no tener que aplicar la Ley de reducción de la temporalidad a las personas que cesen, abonando las correspondientes indemnizaciones, pero sí dice que la aplica para cesarlos y no tener que convocar nuevamente las plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022.
La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de la mala gestión de estas Ofertas de Estabilización/Consolidación y debería de haber negociado con las organizaciones sindicales, al igual que se ha hecho en otras administraciones, procesos de estabilización/consolidación reales, con el fin de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración General de la Junta de Andalucía.
No es de justicia que, por cuestión de tiempos o por otras razones que no queremos imaginar, a personas con más de 20 años de prestación de servicio en la Junta no se les haya aplicado la Ley de reducción de la temporalidad saltándose la doctrina fijada por el TJUE de instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y, por otro lado, evitando la realización de unos procesos selectivos de estabilización adecuados, que dentro de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, hubieran hecho valer la experiencia acumulada en la propia administración de la Junta de Andalucía.
“En estos momentos nos encontramos con unos criterios de ceses que no han sido negociados y que provocarán despidos masivos aun existiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir, con necesidades de personal en la mayoría de los centros de trabajo y realizando constantes planes de choques y contrataciones de personal fuera de las relaciones de puestos de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo, teniendo un capital humano, con experiencia y formado dentro de la propia Administración”, han explicado.
“Las organizaciones sindicales estamos dispuestas a utilizar todos los recursos de movilización, negociación y legales que tenemos en nuestras manos para defender a estos empleados y empleadas públicos que están sufriendo esta nefasta gestión de recursos humanos propios”, han puntualizado.