Santa Cruz de Tenerife

DECEPCIONANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS QUE TRABAJA EN LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO CANARIO. RECOMENDAMOS VER EL VIDEO ADJUNTO

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 12:34:00 CET

¡¡HEMOS IDO A CONSTRUIR UNA LEY QUE RESULTA UNA VERGÜENZA POLÍTCA YA QUE NO DA RESPUESTA A LOS DOCENTES SINO QUE ES UN MERO PANFLETO DE BUENAS INTENCIONES!!

Cabe destacar que la propuesta de esta ley representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario, y en este fracaso están retratados todos los partidos políticos que en algún momento de la historia tuvieron labores de gobierno.

CSIF Educación Canarias intervino para defender una ley de autoridad del profesorado que incluya medidas reales de protección y respaldo al docente. Presentamos 9 enmiendas a la ley justificadas, que dan cumplimiento a las recomendaciones tanto del Consejo Escolar de Canarias como del Consejo Consultivo de Canarias y que permiten garantizar la autoridad al profesorado. Desde CSIF se insistió en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo.*

Propuestas de CSIF concretas de apoyo al profesorado. Entre las enmiendas planteadas por CSIF destaca:

La creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, que debe ponerse en marcha en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esta unidad contaría con sedes permanentes en ambas provincias canarias y estaría integrada por equipos interdisciplinares formados por especialistas en ámbitos jurídico, psicológico, pedagógico y de prevención de riesgos laborales. Su función sería ofrecer asistencia directa al profesorado, defensa de su imagen profesional y apoyo ante conflictos, faltas de respeto o agresiones en el ámbito educativo.
Creación de un observatorio de convivencia para los docentes o sistema de seguimiento permanente que permita recopilar datos sobre incidentes, conflictos o situaciones que afectan a la autoridad docente controlado por el parlamento de Canarias para evitar que la administración haga caso omiso de lo que plantea la ley. El parlamento como fiscalizador de la gestión del gobierno con la intervención de los sindicatos docentes.
Carrera profesional para los docentes de Canarias. En un plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la ley, debe haber un proyecto normativo para desarrollar la carrera profesional docente, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Los docentes deben ser reconocidos y compensados económicamente y no con palmaditas en la espalda

Apoyo claro de la Administración. CSIF insistió durante la comparecencia en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo efectivo de la Administración y mecanismos de protección reales.

Finalmente, CSIF Educación Canarias reiteró su compromiso de seguir aportando propuestas durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma que finalmente se apruebe dignifique la labor docente y garantice el respeto hacia el profesorado en el sistema educativo canario. EN CASO CONTRARIO ADVERTIMOS A SUS SEÑORÍAS QUE NOS TENDRAN EN FRENTE.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

Acuerdo del Plan de Ordenación del Gobierno de Canarias

sergio.agrella.galvan — Fri, 10 Apr 26 17:30:00 CEST

🏛️ Personal Laboral

Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias y los sindicatos CSIF y resto de organizaciones con representación en la CNCC firman el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Su objetivo principal es planificar los recursos humanos para lograr mayor eficacia en los servicios y eficiencia en el gasto público. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:

1. Contexto y Situación del Personal

Plantilla: De los más de 12.000 efectivos de la Administración General, más del 60% (unos 7.000) son personal laboral.
Marco Legal: Se rigen por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación laboral y el Tercer Convenio Colectivo.

2. Ejes de Actuación del Plan

El plan se estructura en cinco ejes estratégicos:

Eje 1 — Movilidad y Promoción: Se reconoce el derecho a la movilidad periódica y se prioriza el aprovechamiento del capital humano interno para acceder a categorías superiores.
Eje 2 — Reducción de la Temporalidad: Busca cumplir con la Ley 20/2021 para reducir el empleo temporal y regular los contratos indefinidos y de sustitución.
Eje 3 — Regularización y Conversión de Vínculo: Es uno de los puntos más críticos. La Administración debe convertir puestos laborales en puestos de funcionarios cuando las funciones así lo requieran legalmente. Se facilitará que el personal laboral fijo pueda transformar voluntariamente su vínculo jurídico a funcionarial sin perder derechos profesionales.
Eje 4 — Oferta de Empleo Público: Se define como la vía para cubrir de forma definitiva los puestos de trabajo necesarios y dotados económicamente.
Eje 5 — Diseño y Ejecución: Este eje vendrá determinado por el desarrollo de los anteriores.

3. Aspectos Administrativos

Vigencia: El plan tendrá una duración de cuatro años desde su publicación, prorrogable por uno más.
Negociación: El acuerdo es fruto del consenso en la Mesa Técnica entre la CNCC (Sindicatos) y la Administración.
Ejecución: Se establecen plazos de un mes para constituir la Comisión de Seguimiento y los Grupos de Trabajo. El objetivo es que los instrumentos de ejecución de todos los ejes estén elaborados para el 31 de diciembre de 2026.

CSIF gana las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud

sergio.agrella.galvan — Mon, 27 Apr 26 10:03:00 CEST

CSIF InformaSanta Cruz de Tenerife Image

En las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud, CSIF con 61 votos y 4 delegados ha sido la fuerza más votada.

Este resultado refuerza la confianza en un modelo sindical serio, firme y honesto, siempre con la "verdad por delante".

Desde CSIF agradecemos a todas las trabajadoras/es públicos su participación y, muy especialmente, el apoyo recibido.

GRACIAS POR SEGUIR CONFIANDO EN CSIF

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesSanta Cruz de Tenerife Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 08 Jun 26 03:33:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesSanta Cruz de Tenerife Image

CSIF denuncia que el Gobierno obvia sus insistentes reivindicaciones de embarcaciones para luchar contra el narcotráfico en Huelva

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 08 May 26 18:02:00 CEST

La sección sindical de CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) denuncia las deficientes condiciones en las que los cuerpos de las fuerzas de seguridad operan en el litoral de Huelva y que explican el tráfico suceso ocurrido este viernes al colisionar dos embarcaciones durante una persecución antidroga.

El Gobierno central ha hecho oídos sordos en los últimos años, y más concretamente en los últimos meses, a las reivindicaciones de CSIF para que el SVA tuviera la consideración de profesión de riesgo y para que la base onubense dispusiera de los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico creciente en la zona.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha obviado la petición de patrulleras de alta velocidad, modelo Rodman 55 Audaz, embarcaciones rígidas diseñadas expresamente para la interceptación de ‘narcolanchas'. Ninguna de las ocho unidades adquiridas por la AEAT han sido asignadas a Huelva “a pesar de que es el lugar por el que más droga entra en España actualmente”, en palabras del responsable nacional del sindicato CSIF en el SVA, Fran García. “Es un contrasentido y el resultado se puede observar en este lamentable suceso. Es imposible contrarrestar las ‘narcolanchas’ con los medios que tiene Huelva ahora”, ha agregado.

Una de las patrulleras de alta velocidad asignadas a la provincia de Cádiz ha acudido a la costa onubense en las últimas horas en servicio de auxilio, aunque desgraciadamente ya se han producido víctimas mortales.

García, por otra parte, ha insistido en que el reconocimiento del SVA como profesión de riesgo es otra de las medidas “imprescindibles” para los trabajadores. CSIF consiguió que el CVA estuviera incluido en esta consideración en el proyecto de ley, junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero la tramitación de la iniciativa continúa paralizada en el Congreso de los Diputados.

CSIF reclama información, protocolos y medios de protección para el personal en primera línea contra el hantavirus

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 06 May 26 17:04:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno y a las diferentes administraciones implicadas información, protocolos y material de protección para el personal de primera línea que intervendrá en el dispositivo de atención, ante la inminente llegada de una embarcación a Canarias con personas afectadas y asintomáticas por hantavirus.

Desde la máxima prudencia y rigor, pensando en la protección de empleados/as públicas, personal que por su profesión pudiera verse expuesta y en líneas generales en la salud pública, CSIF reclama estas medidas preventivas.

Nos referimos a personal dependiente de la autoridad portuaria, sanitarios, de emergencias, policías, militares, así como el personal del Hospital Gómez Ulla y el dispositivo del traslado a Madrid, entre otros.

En concreto, CSIF solicita información y medidas preventivas, información de la llegada a puerto y protocolos de actuación (bioseguridad, ante la tripulación, zonas de seguridad, aislamiento, desinfección y manipulación de residuos).

Igualmente requerimos medios materiales de protección (mascarillas, guantes, epis) así como transparencia y comunicación interna en todo momento.

CSIF solicita que, estando involucradas distintas administraciones públicas, haya la coordinación y el entendimiento institucional que requiere una situación de esta naturaleza.

MANIFIESTO CSIF Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2026

sergio.agrella.galvan — Tue, 28 Apr 26 09:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las trabajadoras y trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

Según los datos oficiales correspondientes a 2024 y 2025 de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, se advierte una evolución preocupante de la siniestralidad laboral en el Archipiélago al producirse un incremento significativo de los accidentes graves, mortales y de las enfermedades profesionales.

Los accidentes graves aumentaron un 21,5%, al pasar de 130 a 158, mientras que los mortales se incrementaron un 43,8%, pasando de 16 a 23, lo que evidencia un claro deterioro en las condiciones de seguridad y salud laboral.

A esta situación se suma el incremento de las enfermedades profesionales. En Canarias se notificaron 330 casos en 2025, frente a los 285 del año anterior, lo que supone un aumento del 15,8% (229 mujeres y 101 hombres).

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg. La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF entre otras propuestas, exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

La noticia en prensa:

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

CSIF exige a Sanidad un plan urgente contra las agresiones a los profesionales del SNS: sanciones económicas, mejora de la seguridad en centros y protección a las víctimas

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 12 Mar 26 10:43:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado formalmente al Ministerio de Sanidad su profunda preocupación por el incremento sostenido de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y exige la adopción urgente de medidas estructurales que garanticen la seguridad laboral en los centros sanitarios.

El sindicato advierte de que la violencia contra los profesionales de la sanidad constituye un grave riesgo psicosocial y exige al Gobierno medidas normativas, preventivas y presupuestarias para frenar esta escalada.

Este año 2026 ha sido declarado por el Gobierno de España como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, impulsar una cultura preventiva integral, reforzar la protección de la salud mental y adaptarse a los nuevos riesgos laborales. Sin embargo, la realidad que viven los profesionales de la sanidad en su trabajo diario resulta totalmente incoherente con estos objetivos.

CSIF ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamando actuaciones inmediatas frente a un problema que ya no puede considerarse episódico, sino un fenómeno estructural que afecta a la seguridad laboral, a la salud mental de los profesionales y a la calidad asistencial del sistema sanitario.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
En este contexto, CSIF Sanidad pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización y denuncia bajo el lema “Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario”, una iniciativa con la que el sindicato denuncia el riesgo intolerable de agresiones y pretende visibilizar la gravedad de la violencia que sufren los profesionales y exigir medidas urgentes para garantizar su seguridad.

El aumento de agresiones se produce en un contexto especialmente relevante a nivel internacional, puesto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se centra este año precisamente en garantizar entornos psicosociales saludables en el trabajo, poniendo el foco en factores como la violencia, el acoso laboral, la presión asistencial o la organización del trabajo.

Ante esta situación, CSIF reclama al Gobierno y al Ministerio de Sanidad la adopción inmediata de un marco estatal de protección frente a agresiones en el ámbito sanitario, con medidas concretas

1. Marco normativo estatal de protección

Régimen sancionador homogéneo en todo el SNS.
Sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la agresión.
Posibilidad de limitar temporalmente el acceso al centro sanitario del agresor, garantizando asistencia alternativa.

2. Refuerzo de la prevención de riesgos laborales

Evaluaciones específicas del riesgo de agresión y riesgos psicosociales.
Elaboración de mapas de riesgo por centros y servicios.
Protocolos operativos conocidos por toda la plantilla.

3. Mejora de la seguridad en centros sanitarios

Refuerzo de plantillas para evitar situaciones de aislamiento profesional.
Implantación universal de botones de alerta o sistemas de alarma.
Sistemas de videovigilancia en zonas de riesgo.
Coordinación estable con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Protección integral a profesionales víctimas

Asistencia psicológica inmediata y seguimiento posterior.
Defensa jurídica gratuita asumida por la Administración.
Protocolos ágiles de denuncia y protección.

5. Campaña nacional de tolerancia cero

Desarrollo de campaña institucional dirigida a la ciudadanía, reforzando el respeto a los profesionales de los servicios públicos.

CSIF recuerda que la violencia contra profesionales sanitarios no es únicamente un problema de orden público, sino un riesgo laboral reconocido en la legislación española y una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral en el trabajo. Invertir en seguridad laboral no es un gasto, sino una obligación legal y una garantía para la calidad del sistema sanitario público.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.