Santa Cruz de Tenerife

DECEPCIONANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS QUE TRABAJA EN LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO CANARIO. RECOMENDAMOS VER EL VIDEO ADJUNTO

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 12:34:00 CET

¡¡HEMOS IDO A CONSTRUIR UNA LEY QUE RESULTA UNA VERGÜENZA POLÍTCA YA QUE NO DA RESPUESTA A LOS DOCENTES SINO QUE ES UN MERO PANFLETO DE BUENAS INTENCIONES!!

Cabe destacar que la propuesta de esta ley representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario, y en este fracaso están retratados todos los partidos políticos que en algún momento de la historia tuvieron labores de gobierno.

CSIF Educación Canarias intervino para defender una ley de autoridad del profesorado que incluya medidas reales de protección y respaldo al docente. Presentamos 9 enmiendas a la ley justificadas, que dan cumplimiento a las recomendaciones tanto del Consejo Escolar de Canarias como del Consejo Consultivo de Canarias y que permiten garantizar la autoridad al profesorado. Desde CSIF se insistió en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo.*

Propuestas de CSIF concretas de apoyo al profesorado. Entre las enmiendas planteadas por CSIF destaca:

La creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, que debe ponerse en marcha en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esta unidad contaría con sedes permanentes en ambas provincias canarias y estaría integrada por equipos interdisciplinares formados por especialistas en ámbitos jurídico, psicológico, pedagógico y de prevención de riesgos laborales. Su función sería ofrecer asistencia directa al profesorado, defensa de su imagen profesional y apoyo ante conflictos, faltas de respeto o agresiones en el ámbito educativo.
Creación de un observatorio de convivencia para los docentes o sistema de seguimiento permanente que permita recopilar datos sobre incidentes, conflictos o situaciones que afectan a la autoridad docente controlado por el parlamento de Canarias para evitar que la administración haga caso omiso de lo que plantea la ley. El parlamento como fiscalizador de la gestión del gobierno con la intervención de los sindicatos docentes.
Carrera profesional para los docentes de Canarias. En un plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la ley, debe haber un proyecto normativo para desarrollar la carrera profesional docente, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Los docentes deben ser reconocidos y compensados económicamente y no con palmaditas en la espalda

Apoyo claro de la Administración. CSIF insistió durante la comparecencia en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo efectivo de la Administración y mecanismos de protección reales.

Finalmente, CSIF Educación Canarias reiteró su compromiso de seguir aportando propuestas durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma que finalmente se apruebe dignifique la labor docente y garantice el respeto hacia el profesorado en el sistema educativo canario. EN CASO CONTRARIO ADVERTIMOS A SUS SEÑORÍAS QUE NOS TENDRAN EN FRENTE.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

Acuerdo del Plan de Ordenación del Gobierno de Canarias

sergio.agrella.galvan — Fri, 10 Apr 26 17:30:00 CEST

🏛️ Personal Laboral

Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias y los sindicatos CSIF y resto de organizaciones con representación en la CNCC firman el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Su objetivo principal es planificar los recursos humanos para lograr mayor eficacia en los servicios y eficiencia en el gasto público. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:

1. Contexto y Situación del Personal

Plantilla: De los más de 12.000 efectivos de la Administración General, más del 60% (unos 7.000) son personal laboral.
Marco Legal: Se rigen por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación laboral y el Tercer Convenio Colectivo.

2. Ejes de Actuación del Plan

El plan se estructura en cinco ejes estratégicos:

Eje 1 — Movilidad y Promoción: Se reconoce el derecho a la movilidad periódica y se prioriza el aprovechamiento del capital humano interno para acceder a categorías superiores.
Eje 2 — Reducción de la Temporalidad: Busca cumplir con la Ley 20/2021 para reducir el empleo temporal y regular los contratos indefinidos y de sustitución.
Eje 3 — Regularización y Conversión de Vínculo: Es uno de los puntos más críticos. La Administración debe convertir puestos laborales en puestos de funcionarios cuando las funciones así lo requieran legalmente. Se facilitará que el personal laboral fijo pueda transformar voluntariamente su vínculo jurídico a funcionarial sin perder derechos profesionales.
Eje 4 — Oferta de Empleo Público: Se define como la vía para cubrir de forma definitiva los puestos de trabajo necesarios y dotados económicamente.
Eje 5 — Diseño y Ejecución: Este eje vendrá determinado por el desarrollo de los anteriores.

3. Aspectos Administrativos

Vigencia: El plan tendrá una duración de cuatro años desde su publicación, prorrogable por uno más.
Negociación: El acuerdo es fruto del consenso en la Mesa Técnica entre la CNCC (Sindicatos) y la Administración.
Ejecución: Se establecen plazos de un mes para constituir la Comisión de Seguimiento y los Grupos de Trabajo. El objetivo es que los instrumentos de ejecución de todos los ejes estén elaborados para el 31 de diciembre de 2026.

CSIF gana las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud

sergio.agrella.galvan — Mon, 27 Apr 26 10:03:00 CEST

CSIF InformaSanta Cruz de Tenerife Image

En las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud, CSIF con 61 votos y 4 delegados ha sido la fuerza más votada.

Este resultado refuerza la confianza en un modelo sindical serio, firme y honesto, siempre con la "verdad por delante".

Desde CSIF agradecemos a todas las trabajadoras/es públicos su participación y, muy especialmente, el apoyo recibido.

GRACIAS POR SEGUIR CONFIANDO EN CSIF

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesSanta Cruz de Tenerife Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 08 Jun 26 03:33:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF

jose-luis.narbona.moreno — Mon, 27 Apr 26 10:50:00 CEST

Informe del Sistema Educativo Español 2009–2025 · CSIF Educación Nacional Fuentes: MEFP · OCDE · INE · Eurostat

Los docentes llevan años diciéndolo. Aquí están los datos que lo demuestran.

El análisis más extenso elaborado por una organización sindical sobre el sistema educativo español. 16 años de datos oficiales. 7 bloques temáticos. Más de 80 gráficas.

Resumen Ejecutivo del Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025

Seleccione el informe

ALUMNADO GENERAL

Datos propiedad del estudio Informe del Sistema Educativo de CSIF en todas las Comunidades Autónomas de España

Función Pública se abre a negociar la subida salarial y la reclasificación, tras la presión sindical de CSIF

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 06 Nov 25 11:01:00 CET

Negociaciones y acuerdosNormativaOtros artículosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalSanta Cruz de Tenerife Image

Tras la concentración masiva del pasado 30 de octubre, CSIF ha logrado que el Ministerio de Función Pública desbloquee la negociación en la Mesa General de Empleados Públicos, donde se abordará tanto la subida salarial como la reclasificación profesional del personal público.

El Ministerio de Función Pública el 5 de noviembre se ha mostrado dispuesto a negociar un acuerdo salarial plurianual 2026-2028, que incluirá una parte fija y otra variable, además de la subida pendiente correspondiente a 2025, cuya propuesta económica concreta se presentará el 19 de noviembre.

La próxima reunión, prevista para el 11 de noviembre, se centrará en materia de empleo público. Desde CSIF Sanidad Nacional valoramos la apertura de diálogo del Ministerio, pero advertimos de que el calendario de movilizaciones sigue vigente hasta que se materialicen compromisos firmes.

Reclasificación inmediata y recuperación del poder adquisitivo

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido, el 5 de noviembre, la inmediata reclasificación profesional:

Grupo B para Técnicos Superiores.
Grupo C1 para Técnicos Medios.

Esta medida, recogida en el artículo 76 del TREBEP, solo puede ejecutarse en la Mesa General de Empleados Públicos, donde está CSIF.

Además, reclamamos una actualización salarial vinculada a la desviación del IPC, más una parte adicional para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Esta subida debe aplicarse de manera inmediata y con efectos retroactivos a enero de 2025, como muestra de respeto a los profesionales públicos que han sostenido los servicios esenciales durante los años más duros.

Sanidad: mejoras laborales, empleo estable y refuerzo de plantillas

Desde CSIF Sanidad exigimos que la negociación contemple medidas específicas para el sector de la sanidad, entre ellas:

Jornada laboral de 35 horas semanales.
Desarrollo real de la carrera profesional en todas las comunidades autónomas.
Agilización de procesos de provisión de puestos.
Ampliación de la jubilación parcial y anticipada.
Refuerzo de plantillas en todos los servicios de salud, eliminando la tasa de reposición.
Teletrabajo.

Desde CSIF Sanidad Nacional reiteramos nuestro compromiso con los empleados públicos del sector de sanidad y con la defensa de unas condiciones laborales dignas, la recuperación salarial y la reclasificación profesional que reconozca la formación, la responsabilidad y la esencialidad del trabajo que desempeñan cada día.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación se reúnen con Sumar para trasladar sus exigencias sobre el Estatuto Marco

dario.carrasquilla.de-la-torre — Fri, 01 Aug 25 09:44:00 CEST

NormativaPrensa y ComunicaciónSanta Cruz de Tenerife Image

Los representantes sindicales han puesto de manifiesto en sus intervenciones que el borrador presentado por el Ministerio de Sanidad presenta carencias y aspectos sin resolver y que todavía necesita seguir siendo trabajado y revisado en profundidad. El diputado y portavoz adjunto de la Comisión de Sanidad de Sumar se ha comprometido a hacer llegar estos planteamientos a la Ejecutiva de Sumar. Esta es la primera de las reuniones que los sindicatos quieren mantener con los distintos partidos políticos con representación en el Congreso.

En el encuentro, en el que han participado por parte de CSIF Sanidad su presidente, Fernando Hontangas, y la vicepresidenta, Sacramento Rodríguez, se trasladaron de forma clara las principales demandas del sector:

🔹 Una nueva clasificación profesional con una adecuada retribución.

🔹 La regulación efectiva de la jubilación anticipada y parcial.

🔹 Una jornada laboral de 35 horas semanales, con reconocimiento de sus distintas modalidades.

🔹 La actualización y adecuación de las funciones del personal del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, los distintos portavoces sindicales resaltaron la necesidad de que se impliquen en este proceso negociador otros Ministerios, como los de Función Pública, Hacienda y Seguridad Social, así como que se garantice una financiación por parte del Estado y se evite trasladar nuevos costes estructurales a unas comunidades autónomas ya tensionadas financieramente.

En el encuentro virtual celebrado con Rafael Cofiño se reiteró el convencimiento de los sindicatos de que el Estatuto Marco debe ser fruto del acuerdo y del consenso real, y que únicamente mediante un proceso de diálogo serio y respetuoso puede lograrse una norma que se pretende sólida, duradera y justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones sindicales presentes en la negociación con el Ministerio de Sanidad consideran que es urgente avanzar hacia un modelo laboral que priorice la salud física y mental de los profesionales, la conciliación de su vida personal y laboral, y el bienestar y la calidad asistencial de la población, fin último de nuestro sistema sanitario público.

En la reunión también se ha trasladado la unanimidad sindical en los planteamientos, cuestión capital y que da consistencia a un texto avalado por todos representantes legitimados en la Mesa del ámbito de los trabajadores.

¿Por qué es necesario reformar y mejorar las retribuciones del Personal Docente e Investigador de las universidades?

jose-luis.narbona.moreno — Thu, 15 May 25 10:08:00 CEST

Los siguientes párrafos no pretenden ser un estudio exhaustivo de los salarios del personal docente e investigador de las 50 universidades públicas, pero sí buscan reflejar la situación de las retribuciones de miles de docentes e investigadores que sufren una precariedad escandalosa e inaudita en otras administraciones públicas.

Y es que a la sociedad le pudiera parecer razonablemente bueno el salario del profesorado universitario si solo considera las figuras de Titular y Catedrático de Universidad. Sin embargo, la realidad es mucho más engañosa y compleja, y esconde múltiples situaciones que demuestran con claridad el parco y, muchas veces miserable salario, de gran parte del profesorado universitario.

Empecemos señalando que su normativa básica es el más que desfasado Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. También ha quedado muy obsoleta la Orden del procedimiento para evaluar la actividad investigadora de 1994. Para CSIF resulta evidente que hace falta una nueva normativa nacional de retribuciones que, junto al esperado Estatuto del PDI, actualice cantidades y conceptos, y acabe con las seguramente ilegales discriminaciones entre profesorado permanente y temporal o profesorado a tiempo completo y tiempo parcial. También debería homologarnos con el resto de administraciones públicas, por ejemplo, estableciendo la carrera horizontal del profesorado universitario y reconociendo los niveles 29 para TU y 30 para CU.

Continuemos indicando que los emolumentos básicos que percibe el profesorado universitario se completan con un sistema de retribuciones adicionales (Quinquenios, Sexenios, Complementos autonómicos) ligados a méritos individuales de evaluación permanente. Este sistema, que no tiene parangón en el resto de administraciones públicas, difiere mucho en acceso, condiciones, cuantías, tramos, etc., según las diferentes universidades y comunidades autónomas. Desde CSIF estamos pidiendo al Gobierno reformar y mejorar los sistemas de acreditación y evaluación del profesorado y una normativa estatal para el cobro de Quinquenios y Sexenios para todo el PDI Laboral, permanente y temporal.

Expongamos ahora que la mayoría del profesorado universitario percibe unas retribuciones muy bajas durante más de la mitad de su dilatada carrera académica. Y esta afirmación no sólo es válida para el profesorado Asociado y Sustituto (entre 8.000 y 10.000 €), sino también para la mayoría de los Investigadores Postdoctorales (a muchos no se les reconoce la antigüedad, las pagas extraordinarias o los incrementos salariales generales), para el profesorado Colaborador (28.684 €) o para el profesorado Ayudante Doctor (31.934 €).

Situación que se agrava con una temporalidad del 49% (28% para el resto de administraciones públicas) y un muy largo período de tiempo en el que el profesorado universitario permanece en esta precariedad si tenemos en cuenta que la estabilización por acceso a una figura permanente se produce de media en torno a los 48-50 años de edad. CSIF considera que es una situación inaceptable para cerca de 55.000 mil docentes e investigadores y exige que Gobierno, CC.AA. y Universidades mejoren sus retribuciones y aceleren su transformación en figuras permanentes y estructurales.

Finalmente desde CSIF queremos denunciar la desigualdad que suponen las enormes diferencias retributivas entre el PDI laboral según la Universidad o la Comunidad Autónoma en la que se trabaje. Dos ejemplos significativos:

* Profesorado Ayudante Doctor: media en torno a los 31.934,31 €; diferencias anuales de hasta 11.299,80 € (807,12 €/mes)

* Profesorado Contratado Doctor o Profesorado Permanente Laboral: media 37.599,58 €; diferencias anuales de hasta 10.057,74 € (718,41 €/mes).

Para CSIF resulta inaceptable tamaña desigualdad e injusticia y demanda equiparación salarial asumiendo para el profesorado universitario la máxima de “A igual trabajo, igual salario”. Desde CSIF recordamos que el profesorado universitario requiere también de un máster, de un doctorado, de una tesis y de un proceso con oposiciones y concursos que puede alargarse hasta 25 años.

A la vista de estos datos, resulta evidente la precariedad laboral y retributiva del personal docente e investigador de las universidades públicas españolas y todo esto en un escenario en el que el PDI sigue perdiendo poder adquisitivo por la subida de la inflación, sigue sin recuperar la totalidad de las pagas extras recortadas en 2010 y sigue sin aplicársele la subida salarial pendiente del 0’5% correspondiente a 2024.

¡Vamos a contar verdades! El Real Decreto 86/2025 no cambia la formación de los futuros TCAE.

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 24 Feb 25 09:13:00 CET

NormativaPrensa y ComunicaciónPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalTCAECSIF InformaSanta Cruz de Tenerife Image

El Real Decreto 86/2025, aprobado el pasado 11 de febrero, no introduce una nueva vía de acceso a la Formación Profesional (FP) pues ya estaba en el Real Decreto 1538/2006, lo que sí hace es que reduce la edad mínima de la prueba de acceso para acceder a los grados medios a 17 años y a los grados superiores a 19 años.

Independientemente de la forma de acceso, la calidad de la formación y la preparación de los futuros profesionales no cambian con este decreto.

Desde CSIF Sanidad Nacional, alertamos de que seguimos sin abordar los problemas estructurales de la FP sanitaria y, en particular, las reivindicaciones históricas del colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Actualmente, solo cinco títulos de FP en toda España siguen bajo el marco de la LOGSE, y uno de ellos es el de TCAE. Sin embargo, lo más sorprendente es que el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes parece desconocer la regulación de esta titulación, ya que en su propia página web figura erróneamente que la formación del TCAE es de 2.000 horas, cuando en realidad es de 1.400 horas.

Otros títulos sanitarios de grado medio, como Técnico en Farmacia y Parafarmacia y Técnico en Emergencias Sanitarias, sí han sido actualizados a 2.000 horas. ¿Por qué el TCAE sigue anclado en una normativa obsoleta mientras otros títulos sí han sido reformados?

Una titulación sanitaria en desventaja normativa

El título de TCAE está regulado por el Real Decreto 546/1995, bajo la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Esto lo deja en una situación de desventaja frente a otras titulaciones que han sido adaptadas a normativas más recientes:

Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), que modernizó el sistema educativo en España.
Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que establece la FP como una vía de alta cualificación para el empleo.

Mientras que otras titulaciones sanitarias han sido actualizadas conforme a la LOE y la nueva Ley de FP de 2022, el TCAE sigue regulado por una normativa obsoleta (LOGSE, 1990).

En cuanto a su actividad profesional, los TCAE están regulados por la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), pero sus funciones no se han revisado desde 1973, lo que las hace preconstitucionales, sexistas y completamente desfasadas respecto a la realidad sanitaria actual.

Desde CSIF Sanidad solicitamos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se modifique y actualice el título de formación profesional de la rama sanitaria de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Las organizaciones sindicales presentes en la Mesa del Ámbito de Sanidad reconducen la negociación para priorizar el beneficio de todos y todas las profesionales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Mon, 17 Feb 25 14:45:00 CET

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Tras la reunión mantenida hoy con la Ministra de Sanidad, las organizaciones sindicales FSES, CCOO, UGT Servicios Públicos, CSIF y CIG-Saúde han transmitido a Mónica García, ministra de Sanidad, la importancia de que la negociación se desarrolle exclusivamente en el Ámbito de Negociación constituido por ambas partes en el Ministerio de Sanidad, como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de todos y todas las profesionales de la Sanidad y la mejora de sus condiciones laborales y económicas, cuestión que en las últimas semanas se había desvirtuado.

En esta negociación entre la Administración y las organizaciones sindicales legitimadas de la mesa del ámbito de negociación en el ministerio, que son elegidas democráticamente en los diferentes procesos electorales desarrollados en el SNS, se regulan aspectos tan importantes como condiciones de trabajo, jornada laboral, retribuciones, pagas extras completas, vacaciones, permisos, clasificación, seguridad y salud en el trabajo entre otros muchos aspectos.

Todo el ruido, que se está desarrollando en las últimas semanas, reuniones sobre el estatuto Marco con asociaciones, sindicatos que no están legitimados en mesa de negociación del ámbito del ministerio de sanidad (para sus aportaciones existe el trámite de audiencia pública posteriormente según el proceso de toda norma y ley), así como toda la amalgama mediática que se ha producido, incluyendo al propio ministerio en ello, no ha hecho más que enrarecer y perjudicar, un proceso de negociación que se inició hace un año y medio y que hasta ahora había transcurrido por los cauces legítimos.

En un contexto de desigualdad y precariedad laboral para los y las profesionales de la sanidad, y tras haber sido la parte más importante en la salida a la grave crisis sanitaria del Covid, esta negociación legitima se revela como instrumento esencial para garantizar a todas las categorías profesionales del SNS que sus derechos sean respetados, reconocidos y que puedan desarrollar su actividad laboral en entornos seguros y saludables. Por esto es exigible este esfuerzo por alcanzar una actualización de nuestra normativa con garantías para fortalecer nuestro Sistema Público de Salud.

Por eso los sindicatos han exigido al Ministerio de Sanidad que fortalezca el marco legal de la negociación colectiva, garantizando el desarrollo legítimo de la Mesa del Ámbito de Negociación, con el empeño de todas las organizaciones que forman parte de este de trabajar para alcanzar acuerdos que beneficien a todos y todas las profesionales, sin excepción, y que garanticen la cartera básica de servicios de nuestro SNS, para toda la población.

El motivo fundamental y último de esta exigencia, es facilitar un entorno de negociación sin condicionantes, para así no desvirtuar esta importante negociación, pues las Organizaciones Legitimadas velaremos por los intereses de todas las profesiones que conforman el Sistema Nacional de Salud

CSIF lamenta que el rechazo a la Ley contra las agresiones al personal de la sanidad responda a intereses políticos

dario.carrasquilla.de-la-torre — Fri, 14 Feb 25 10:52:00 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta profundamente que la seguridad y protección de los profesionales de la sanidad haya quedado relegada por intereses políticos en el Congreso de los Diputados. La negativa a tramitar esta ley no responde a razones técnicas ni a la falta de necesidad de la medida, sino a una decisión basada en enfrentamientos partidistas, lo que supone un desprecio inaceptable hacia quienes cada día se exponen a agresiones en el ejercicio de su labor.

Desde CSIF consideramos incomprensible que el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts per Catalunya hayan votado en contra de una ley que tenía como único objetivo reforzar la seguridad en los centros sanitarios. Mientras tanto, los profesionales siguen padeciendo agresiones físicas y verbales en hospitales y centros de salud sin que existan medidas efectivas para frenar esta escalada de violencia.

El pasado martes, 11 de febrero de 2025, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Partido Popular, con 187 votos en contra, 155 a favor y una abstención. Entre los grupos que votaron en contra se encuentran el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y Junts per Catalunya. Por otro lado, la iniciativa contó con el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, que defendieron la necesidad de un marco normativo más contundente para frenar la escalada de violencia contra los sanitarios.

Desde CSIF llevamos años denunciando el aumento alarmante de agresiones al personal del ámbito de la sanidad, así como la falta de medidas efectivas para frenar esta preocupante tendencia. Solo en el último año, los episodios de violencia han crecido de manera exponencial, sin que las administraciones hayan adoptado respuestas contundentes para garantizar entornos de trabajo seguros.

A lo largo de los últimos años, CSIF ha reclamado:

La consideración de los profesionales sanitarios como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de endurecer las penas por agresiones.
Un plan integral de prevención y seguridad en los centros sanitarios, con refuerzo de la vigilancia y protocolos de actuación eficaces.
La mejora de los recursos humanos y materiales en el sistema sanitario, para evitar la sobrecarga asistencial que contribuye a generar tensiones y conflictos en los centros.
Mayor apoyo psicológico y jurídico a los profesionales que sufren agresiones.

El rechazo de esta ley supone una desprotección injustificable para miles de profesionales que, en muchas ocasiones, trabajan en condiciones precarias y expuestas a riesgos físicos y psicológicos. Es inadmisible que la protección de los sanitarios se vea condicionada por estrategias políticas. No estamos hablando de ideologías, sino de la seguridad de miles de trabajadores que merecen desarrollar su labor en entornos seguros.

CSIF exige a los grupos parlamentarios que dejen de anteponer sus intereses políticos a la realidad del día a día en los hospitales y centros de salud. No podemos permitir que los sanitarios sigan siendo víctimas de agresiones mientras el Congreso les da la espalda. Seguiremos luchando hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Por un sistema de la sanidad seguro y digno.

CSIF Sanidad, junto con el resto de organizaciones con representación en el ámbito y legitimadas , han solicitado una reunión prioritaria con la ministra de Sanidad.

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 12 Feb 25 09:07:00 CET

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Las Organizaciones Sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (FSES, CCOO, UGT Servicios Públicos, CSIF y CIG Saude), con representación en la Mesa del Ámbito de Sanidad, han remitido una carta a Mónica García, ministra de Sanidad, donde le exigen una reunión urgente para establecer y aclarar los términos en los que se debe llevar la negociación del Estatuto Marco.

Los sindicatos describen en la carta varios hechos que “están afectando al desarrollo normal de la negociación que se está llevando a cabo para la actualización y reforma de este marco normativo en el seno del Ámbito de Negociación, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 11.4. de la ley 55/2003, del Estatuto Marco”. Las organizaciones sindicales señalan que se “está desvirtuando el proceso de negociación que nos ha sido encomendado como representantes sindicales de todo el personal estatutario, sin exclusión de ninguna categoría profesional”. Por tanto, reclaman reconducirla en los términos más aceptables para los intereses de los trabajadores y trabajadoras que representamos, incluyendo a todas las categorías profesionales que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Las organizaciones han adelantado que, con la perspectiva de llevar a cabo una negociación fructífera, aplazarán la negociación con respecto a las próximas fechas ya agendadas mientras no se celebre una reunión esencial y prioritaria con la Ministra de Sanidad.

FSES, CCOO, UGT Servicios Públicos, CSIF y CIG Saude señalan que esta exigencia está plenamente justificada por la situación que se ha creado por el propio ministerio de Sanidad respecto al trámite de la Negociación Colectiva reglamentaria, junto con la exposición mediática creada y mantenida en el tiempo, y la desvirtuación de la información que se ha generado.

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación

admin — Tue, 09 Jan 24 06:35:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 303 de fecha 20 de diciembre de 2023, el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

La entrada en vigor ha sido el pasado 21 de diciembre de 2023, a excepción de unos apartados.

Descargar cartel CSIF.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 4 del artículo 37 queda modificado del modo siguiente: «4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.» Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 84, quedando redactados del siguiente modo: «3. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88, podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales. 4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.» ... Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. ... Artículo tercero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Se modifica el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.» [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Transición del subsidio por desempleo a la prestación de ingreso mínimo vital. Disposición adicional segunda. Prórroga de la vigencia del artículo 24 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Disposición adicional tercera. Estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de 45 años. Disposición adicional cuarta. Evaluación de la reforma del sistema asistencial de desempleo. Disposición adicional quinta. Cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia del nivel asistencial de protección por desempleo. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de compatibilidad del subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. Derogación normativa. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Disposición final quinta. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias. Disposición final sexta. Títulos competenciales. Disposición final séptima. Incorporación de Derecho comunitario. Disposición final octava. Facultades de desarrollo. Disposición final novena. Entrada en vigor. Uno. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dos. Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, la letra c) del apartado 5 del artículo 275 y el apartado 6 del artículo 282 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social redactados respectivamente por los apartados cinco y once del artículo segundo de este real decreto-ley. Tres. Entrará en vigor el 1 de junio de 2024 el artículo segundo, a excepción de su apartado diecinueve que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; los apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria única, la disposición final primera, salvo el apartado tres que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; y la disposición final cuarta. ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 303.

Canarias, a 9 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias