Santa Cruz de Tenerife

DECEPCIONANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS QUE TRABAJA EN LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO CANARIO. RECOMENDAMOS VER EL VIDEO ADJUNTO

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 12:34:00 CET

¡¡HEMOS IDO A CONSTRUIR UNA LEY QUE RESULTA UNA VERGÜENZA POLÍTCA YA QUE NO DA RESPUESTA A LOS DOCENTES SINO QUE ES UN MERO PANFLETO DE BUENAS INTENCIONES!!

Cabe destacar que la propuesta de esta ley representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario, y en este fracaso están retratados todos los partidos políticos que en algún momento de la historia tuvieron labores de gobierno.

CSIF Educación Canarias intervino para defender una ley de autoridad del profesorado que incluya medidas reales de protección y respaldo al docente. Presentamos 9 enmiendas a la ley justificadas, que dan cumplimiento a las recomendaciones tanto del Consejo Escolar de Canarias como del Consejo Consultivo de Canarias y que permiten garantizar la autoridad al profesorado. Desde CSIF se insistió en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo.*

Propuestas de CSIF concretas de apoyo al profesorado. Entre las enmiendas planteadas por CSIF destaca:

La creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, que debe ponerse en marcha en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esta unidad contaría con sedes permanentes en ambas provincias canarias y estaría integrada por equipos interdisciplinares formados por especialistas en ámbitos jurídico, psicológico, pedagógico y de prevención de riesgos laborales. Su función sería ofrecer asistencia directa al profesorado, defensa de su imagen profesional y apoyo ante conflictos, faltas de respeto o agresiones en el ámbito educativo.
Creación de un observatorio de convivencia para los docentes o sistema de seguimiento permanente que permita recopilar datos sobre incidentes, conflictos o situaciones que afectan a la autoridad docente controlado por el parlamento de Canarias para evitar que la administración haga caso omiso de lo que plantea la ley. El parlamento como fiscalizador de la gestión del gobierno con la intervención de los sindicatos docentes.
Carrera profesional para los docentes de Canarias. En un plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la ley, debe haber un proyecto normativo para desarrollar la carrera profesional docente, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Los docentes deben ser reconocidos y compensados económicamente y no con palmaditas en la espalda

Apoyo claro de la Administración. CSIF insistió durante la comparecencia en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo efectivo de la Administración y mecanismos de protección reales.

Finalmente, CSIF Educación Canarias reiteró su compromiso de seguir aportando propuestas durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma que finalmente se apruebe dignifique la labor docente y garantice el respeto hacia el profesorado en el sistema educativo canario. EN CASO CONTRARIO ADVERTIMOS A SUS SEÑORÍAS QUE NOS TENDRAN EN FRENTE.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

CSIF emplaza a todos los Ayuntamientos a negociar ya la implantación de la jornada de 35 horas en la administración local

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 11:48:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido al conjunto de Ayuntamientos para que activen las negociaciones y aplicar la jornada de 35 horas en los ayuntamientos y entidades locales que aún no la disfrutan.

La Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su artículo 94 que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado”. El acuerdo histórico logrado por CSIF para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado genera el efecto jurídico para que la jornada local no supere en cómputo anual la de la AGE, que actúa como techo máximo.

En este sentido, CSIF emplaza a sus delegados en las entidades locales de toda España a que inicien los mecanismos necesarios en sus respectivas Mesas de Negociación para implantar la nueva jornada -ya que ésta no se aplica de manera automática- con el objetivo de que el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la administración local también se beneficien del histórico acuerdo firmado la semana pasada.

Acuerdo pendiente desde 2022

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre

Una vez firmado este acuerdo sobre las 35 horas --que no excluye a ningún ámbito de esta administración--, el Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

CANARIAS AUMENTARÁ LA INTERINIDAD EN 500 DOCENTES HASTA SUPERAR LAS 9.500 VACANTES EL PRÓXIMO CURSO.

sergio.agrella.galvan — Thu, 09 Apr 26 08:49:00 CEST

⚠️ Nota de prensa — Oposiciones e interinidad docente

Canarias aumentará la interinidad en 500 docentes hasta superar los 9.500 a vacante el próximo curso

Desde CSIF, denunciamos que la convocatoria de 695 plazas para las oposiciones de 2026 es insuficiente e inferior al número de plazas por jubilaciones en 2025, 956 plazas. La Administración no cumple con la OPE 2025 y la convocatoria contradice al consejero y especialmente a su directora general de Personal en sus comunicados de prensa, Mónica Ramírez en el Canarias 7 del 7 de noviembre 2025 dijo: «convocar oposiciones para el próximo año en Canarias es una cuestión de «responsabilidad y de necesidad de bajar la alta tasa de interinidad y, precisamente, acabar con el abuso de temporalidad».

Las afirmaciones de los responsables se definen por sí mismas: muestran que la Administración FALTA A LA VERDAD e intenta quedar bien, mientras la interinidad crece sin freno, superando el 35% de plantilla docente, poniendo en riesgo al colectivo interino y agravando aún más, si cabe, su situación futura.

La Administración y los sindicatos mayoritarios (ANPE, STEC E INSUCAN) realizaron una pésima gestión del procedimiento de estabilización. En vez de reducir la interinidad, la han duplicado, y ahora, las consecuencias inasumibles no tienen nombre. Todos lanzan balones fuera, especialmente esos sindicatos, máximos responsables del desastre. Se convocaron 5.040 plazas de estabilización y 1.275 de reposición (6.075 plazas totales), cuando teníamos 8000 interinos y, tras finalizar los procedimientos, el número de interinos a 1 de septiembre 2025 alcanzó la cifra de 9.000, es decir, 1000 INTERINOS MÁS QUE CUANDO SE APROBÓ LA ESTABILIZACIÓN.

Reconocemos, que el actual consejero, heredó el proceso de estabilización y lo enfrentó con determinación, evitando consecuencias que podían haber sido mucho peores. Ahora, con la actual convocatoria de oposiciones, tenemos que afirmar que es CÓMPLICE del aumento de la interinidad con el apoyo de los mismos sindicatos.

LOS SINDICATOS MAYORITARIOS MENTÍAN Y SIGUEN MINTIENDO, AL AFIRMAR AÑO TRAS AÑO QUE SE HAN PERDIDO PUESTOS DE TRABAJO POR LAS OPOSICIONES. Al contrario, los números no han dejado de crecer desde el curso 2014/15 con 3.853 a vacantes, hasta triplicar con los actuales 9.000, llegando incluso en medio del procedimiento de estabilización a alcanzar la cifra 11.500 interinos a vacantes en el curso 2024/25.

Canarias presenta actualmente una cifra récord de interinos, tras estabilizar a más 5000 trabajadores. Las matemáticas no salen y algunos han querido salvarse de la quema manipulando la realidad y el resultado de las operaciones. Al mismo tiempo, queremos poner de manifiesto la actuación poco honesta de algunos sindicatos que cuentan con academias y/o promueven formación para opositores, pero negocian en las mesas la reducción de la oferta de plazas de oposiciones para esconder sus verdaderas intenciones y errores pasados.

Vendieron la estabilización a todo el colectivo interino ocultándoles la verdad y sus consecuencias, y lo que han hecho y siguen haciendo, es aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los interinos por intereses sindicales electorales y en algún caso para financiarse. Lo triste de la estabilización es que algunos sindicatos y partidos políticos, intentaron culpabilizar a los docentes de otras comunidades que ganaron sus plazas de manera justa, porque siempre hay que buscar un culpable ante su incapacidad de enfrentarse a sus decisiones interesadas.

Creemos firmemente que es posible conciliar oposiciones e interinidad y eso lo demuestran los datos. No nos gusta el modelo de oposición y seguimos insistiendo al Ministerio en la modificación del acceso a función docente, pero no podemos negar la posibilidad de que muchos interinos puedan alcanzar la fijeza y acabar con su precariedad. Nos parece bien que una parte importante de los interinos no quieran oposiciones, pero negar la fijeza a otros, no nos parece honesto, ni justo, ni razonable.

La realidad y los datos demuestran que el mayor enemigo del interino no son las oposiciones, sino el nuevo interino que se incorpora al sistema cada año que será su gran competidor. En los últimos 5 meses, han entrado en el sistema más de 1500 nuevos interinos-sustitutos que no han trabajado nunca, y esos serán los verdaderos enemigos. Acabaremos el curso con 2000 nuevos interinos y año tras año se seguirá repitiendo la misma historia.

Muchos de los que dirigimos CSIF pertenecemos al colectivo interino, PERO NO ENTENDER ESTO, ES NO ENTENDER ABSOLUTAMENTE NADA. Nuestra obligación es defender puestos de trabajo y eso sabemos que lo hacemos. Pero también es importante para el sistema conseguir una reducción razonable de la interinidad, generar fijeza y estabilidad.

EL FUTURO NO ESTÁ NADA CLARO PARA LOS DOCENTES INTERINOS Y NECESITAREMOS UN MILAGRO SI EL NÚMERO DE DOCENTES INTERINOS CONTINÚA CRECIENDO EN CANARIAS.

Para más información

Andrés Fuertes Darias. Responsable Educación S/C de Tenerife. 675570704. ense38@csif.es

Juan José Gil Méndez. Responsable Educación Las Palmas. 648924542. ense35@csif.es

Acuerdo del Plan de Ordenación del Gobierno de Canarias

sergio.agrella.galvan — Fri, 10 Apr 26 17:30:00 CEST

🏛️ Personal Laboral

Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias y los sindicatos CSIF y resto de organizaciones con representación en la CNCC firman el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Su objetivo principal es planificar los recursos humanos para lograr mayor eficacia en los servicios y eficiencia en el gasto público. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:

1. Contexto y Situación del Personal

Plantilla: De los más de 12.000 efectivos de la Administración General, más del 60% (unos 7.000) son personal laboral.
Marco Legal: Se rigen por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación laboral y el Tercer Convenio Colectivo.

2. Ejes de Actuación del Plan

El plan se estructura en cinco ejes estratégicos:

Eje 1 — Movilidad y Promoción: Se reconoce el derecho a la movilidad periódica y se prioriza el aprovechamiento del capital humano interno para acceder a categorías superiores.
Eje 2 — Reducción de la Temporalidad: Busca cumplir con la Ley 20/2021 para reducir el empleo temporal y regular los contratos indefinidos y de sustitución.
Eje 3 — Regularización y Conversión de Vínculo: Es uno de los puntos más críticos. La Administración debe convertir puestos laborales en puestos de funcionarios cuando las funciones así lo requieran legalmente. Se facilitará que el personal laboral fijo pueda transformar voluntariamente su vínculo jurídico a funcionarial sin perder derechos profesionales.
Eje 4 — Oferta de Empleo Público: Se define como la vía para cubrir de forma definitiva los puestos de trabajo necesarios y dotados económicamente.
Eje 5 — Diseño y Ejecución: Este eje vendrá determinado por el desarrollo de los anteriores.

3. Aspectos Administrativos

Vigencia: El plan tendrá una duración de cuatro años desde su publicación, prorrogable por uno más.
Negociación: El acuerdo es fruto del consenso en la Mesa Técnica entre la CNCC (Sindicatos) y la Administración.
Ejecución: Se establecen plazos de un mes para constituir la Comisión de Seguimiento y los Grupos de Trabajo. El objetivo es que los instrumentos de ejecución de todos los ejes estén elaborados para el 31 de diciembre de 2026.

Nº 26 - REVISTA CIENTIFICO-PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES Y BOMBEROS. Abril 2026

lorenzo.almendro.arteaga — Tue, 14 Apr 26 11:54:00 CEST

Boletines y publicaciones CSIFFormaciónPrensa y ComunicaciónSanta Cruz de Tenerife Image

SUMARIO:

1.- La movilidad en autocaravana.

2.- "No son cosas de niños”. El agente tutor ante el bullying en edades tempranas.

3.-Introducción a la circulación internacional de vehículos.

4.-Primeros auxilios psicológicos en emergencias para bomberos y policías locales.

5.-Presencia de drogas en el organismo ¿cómo afecta a la conducción de vehículos?

6.-Intervención de la policía local con okupas.

7.-Protocolos e inspecciones a establecimientos andaluces.

8.-Técnicas de primeros auxilios dirigidas a policía local .

9.-Actuación policial para la realización de pruebas de alcohol o tóxico a conductores inconscientes en siniestros viales.

10.-La seguridad vial : prevención de accidentes de tráfico.

11.-Dispositivos alcolock y reincidencia en el artículo 379 CP: Análisis de proporcionalidad.

12.-La figura del agente tutor y la comunidad educativa.

Se cumplen los pronósticos de CSIF: Falta de previsión, situaciones de colapso, problemas de red, personal insuficiente y largas colas protagonizan los primeros días del proceso de regularización

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 22 Apr 26 11:27:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha realizado un diagnóstico de los principales problemas registrados en los tres primeros días del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes, y que pueden resumirse en tres aspectos: problemas informáticos, medios materiales y personal insuficiente y mal formados, y una pésima planificación.

Así lo han constatado los delegados de CSIF presentes en las oficinas de Extranjería, de Seguridad Social y de Correos, que han sido habilitadas para realizar los trámites de este proceso de regularización, por el que se estima que pasen entre medio millón y un millón de personas. En este sentido, CSIF ensalza la entrega de los empleados públicos, que una vez más están dando ejemplo de profesionalidad para cumplir con su labor a pesar de la carencia de medios y la improvisación ya habitual de la Administración.

Estos son los principales problemas detectados por CSIF en los tres primeros días:

- Problemas en la Red. La capacidad de la plataforma informática ‘Mercurio’ es insuficiente para subir la documentación requerida a los inmigrantes para que regularicen su situación. Se trata de un programa informático de 2022, utilizado para cuestiones de Extranjería en los últimos años y que únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos. Además, se han detectado apagones totales del sistema en algunos casos, obligando a cerrar incluso alguna oficina de Correos.
- Falta de planificación de citas. A una misma cita se presentan varios miembros de una unidad familiar para regularizar su situación, lo que provoca retrasos y demoras. Aunque en un principio solo se contemplaba una cita por persona, los responsables de la Administración han ordenado que se atienda a todo el mundo, superando así los 20 minutos previstos por cita.

Por este motivo, se dan casos de oficinas de Seguridad Social y Extranjería que cierran incluso a las 21.00h (dos horas más tarde de lo previsto). En esta situación las/os trabajadores públicos están volviendo a demostrar su entrega al servicio público sin la justa compensación.

- Personal insuficiente y mal formado. Los efectivos que se están ocupando de la tramitación del proceso de regularización son insuficientes, lo que está provocando colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y otras instancias para realizar la regularización. Además, en algunos casos las/os trabajadores se forman ‘in situ’, consultando a última hora dudas sobre documentación y trámites, porque las instrucciones recibidas son confusas.

Además, Correos no ha tenido en cuenta la afluencia de migrantes en localidades menores de 50.000 habitantes, cuyas oficinas no están debidamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG).

- Trabajo acumulado que retrasa más el proceso. El Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería previos al proceso masivo de regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo.

Gracias a la presión de CSIF, la Dirección General de la Policía ha solicitado un refuerzo de 500 interinos que, previsiblemente, se incorporarán a finales de mayo o principios de junio para la expedición de tarjetas de identificación para extranjeros, que será la parte final del proceso. No obstante, este personal carece de experiencia y será necesario formarle y habilitarle los permisos informáticos necesarios, lo que provocará más retrasos.

Este escenario evidencia una vez más la falta de músculo de nuestra Administración, a la que se le vuelven a ver las costuras en momentos de máxima actividad. En este sentido, CSIF exige que la Oferta de Empleo Público de 2026 que ya se está negociando sea lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades de plantilla, sobre todo porque después de junio comenzará la segunda parte del proceso de regularización y las situaciones de desbordamiento se trasladarán al SEPE, Seguridad Social, Justicia (por petición de nacionalidad), Interior (solicitudes de residencia), etc.

CSIF emplaza a Función Pública a que se tome en serio las necesidades de nuestra Administración y se comprometa a aprobar una oferta de empleo público adecuada.

1º de Mayo. Con CSIF, trabajamos mejor. Denunciamos la crisis en la subida de precios que afecta a las familias españolas

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 23 Apr 26 12:33:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 1º de Mayo con preocupación, firmeza y responsabilidad ante la situación económica que afronta España y sus trabajadores/as.

Las cifras macroeconómicas positivas de España contrastan con los problemas reales a los que se enfrentan las/os ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra (agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio), de la energía, de la vivienda, o la subida de las hipotecas.

Vivimos en una situación de incertidumbre derivada de la Guerra en Irán, con una crisis energética de consecuencias imprevisibles, la subida del precio de la energía y su impacto en la inflación. La cesta de la compra es muy probable que afronte una nueva subida de precio si el conflicto se prolonga y todo ello va a poner en jaque a las familias españolas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última Encuesta

de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con “mucha dificultad”, un 36,4 no tiene capacidad para gastos imprevistos y el 32,2 por ciento no se puede ir ni una semana de vacaciones.

CSIF valora la evolución al alza en el empleo, pero mantiene su preocupación ante unos datos de paro a nivel global y especialmente en los jóvenes (uno de cada cuatro no encuentra empleo) que prácticamente doblan la media europea y con un volumen de fijos discontinuos que maquilla la precariedad en el trabajo.

También llamamos la atención por la tasa de temporalidad en las administraciones públicas, estancada cerca del 30 por ciento desde hace años, más del doble que en el sector privado.

Por otra parte, el mercado laboral español sigue dependiendo en gran medida de sectores como la hostelería y los servicios, con un peso todavía reducido del tejido industrial. Sigue pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas de siempre. Además, como sociedad, debemos prepararnos para afrontar desafíos importantes, como el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral.

Desde CSIF, también estamos preocupados por los retos en la Seguridad Social, que dificultan cada vez más las condiciones de acceso a una jubilación, o el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos. Hemos solicitado a las autoridades europeas y al Gobierno de España un plan de contingencia para blindar el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos de la guerra.

Además, el plan de regularización extraordinaria de personas migrantes ha vuelto a mostrar las costuras de nuestras administraciones a todos los niveles (Correos, Seguridad Social, Extranjería, Interior). Por eso, con motivo de este 1º de Mayo, CSIF también quiere poner en valor una vez más la entrega y la profesionalidad de colectivo de empleadas/os públicos en este proceso, pese al déficit de personal y de medios materiales. Tenemos que reforzar de manera ineludible nuestros servicios públicos.

Refuerzo de los Servicios Públicos

La apuesta de CSIF pasa por la mejora del empleo público, jubilación digna, mejores salarios, refuerzo de plantillas, potenciar los servicios públicos, más prevención laboral, luchar contra la precariedad, promoción interna, igualdad real entre mujeres y hombres, mejora de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia, mejora de la calidad asistencial del mutualismo administrativo y del régimen de Clases Pasivas, entre otros.

CSIF también reclama el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral y regulación de esta modalidad de jubilación para funcionarios y estatutarios.

Con todo, en CSIF nos felicitamos por el Acuerdo Marco firmado con Función Pública, que supone un incremento salarial de hasta el 11,4 por ciento hasta 2028, así como mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos, movilidad, entre otras.

En la negociación del acuerdo también se ha conseguido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público, reforzar la atención al público, o la implantación de las 35 horas en la Administración General del Estado, donde el papel de CSIF ha sido decisivo. La jornada de las 35 horas supone un acuerdo histórico dado que se aplicará en el mayor ámbito laboral de España, con casi

250.000 trabajadoras/es; una medida que favorece la conciliación y el bienestar de los trabajadores/as, la productividad y la generación de empleo, por lo que debe de ser un referente.

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

En el último año, la capacidad de negociación de CSIF ha favorecido también alcanzar importantes acuerdos como el nuevo Estatuto Marco en la Sanidad o la reversión de los recortes en la Educación, que supone la reducción de horas lectivas, así como las ratios de alumnos en las aulas. También hemos logrado regular la jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales, mediante coeficientes reductores.

Por otra parte, nuestra organización sindical defiende una Oferta de Empleo Público para 2026 con un refuerzo en sectores sensibles como el SEPE, Seguridad Social, Interior, Extranjería o Instituciones Penitenciarias.

CSIF, tercera fuerza sindical de España

Pese a las dificultades, CSIF celebra este 1º de Mayo como tercera fuerza sindical de España, defendiendo con orgullo nuestro crecimiento, que nos posiciona como alternativa sindical a las organizaciones de clase. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, mayoritario en la Administración General del Estado y seguimos multiplicando nuestra presencia en el ámbito privado.

Esto significa que estamos restando espacio electoral a las organizaciones tradicionales y que somos una alternativa real y consolidada para las personas trabajadoras españolas.

De hecho, CSIF está presente en infinidad de empresas, algunas muy significativas como Atresmedia, Retevisión, Cope, Michelín, Zara, Bershka, Benetton, Cortefiel, Coca Cola, Telepizza, Grupo Once, Burger King, Campofrío, Renault, Caixabank o Unicaja.

Por eso, España necesita ya una reforma de la Ley Sindical para trasladar al debate público y a la negociación colectiva la pluralidad de opciones de la sociedad española, que supera con creces a la de las dos organizaciones tradicionales de clase. En la actualidad sigue vigente la Ley Orgánica de Libertad Sindical que data de 1985 y que regula unas condiciones más ventajosas para los sindicatos de clase.

Finalmente, desde CSIF también queremos aprovechar esta jornada para rendir de nuevo homenaje a todas las mujeres que siguen viendo mermados sus derechos con la brecha salarial, la discriminación y situaciones machistas que en su más grave expresión se traducen en episodios de violencia de género, violencia vicaria y asesinatos, que despreciamos.

En definitiva, ante este 1º de Mayo:

CON CSIF TRABAJAMOS MEJOR

PORQUE CUANDO SUMAMOS ESFUERZOS MULTIPLICAMOS RESULTADOS PORQUE NOS JUGAMOS EL FUTURO. OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE CSIF SÍ TE DEFIENDE

CSIF + ES MÁS

CSIF gana las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud

sergio.agrella.galvan — Mon, 27 Apr 26 10:03:00 CEST

CSIF InformaSanta Cruz de Tenerife Image

En las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud, CSIF con 61 votos y 4 delegados ha sido la fuerza más votada.

Este resultado refuerza la confianza en un modelo sindical serio, firme y honesto, siempre con la "verdad por delante".

Desde CSIF agradecemos a todas las trabajadoras/es públicos su participación y, muy especialmente, el apoyo recibido.

GRACIAS POR SEGUIR CONFIANDO EN CSIF

MANIFIESTO CSIF Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2026

sergio.agrella.galvan — Tue, 28 Apr 26 09:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las trabajadoras y trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

Según los datos oficiales correspondientes a 2024 y 2025 de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, se advierte una evolución preocupante de la siniestralidad laboral en el Archipiélago al producirse un incremento significativo de los accidentes graves, mortales y de las enfermedades profesionales.

Los accidentes graves aumentaron un 21,5%, al pasar de 130 a 158, mientras que los mortales se incrementaron un 43,8%, pasando de 16 a 23, lo que evidencia un claro deterioro en las condiciones de seguridad y salud laboral.

A esta situación se suma el incremento de las enfermedades profesionales. En Canarias se notificaron 330 casos en 2025, frente a los 285 del año anterior, lo que supone un aumento del 15,8% (229 mujeres y 101 hombres).

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg. La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF entre otras propuestas, exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

La noticia en prensa:

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación

admin — Tue, 09 Jan 24 06:35:00 CET

IgualdadNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralSanta Cruz de Tenerife Image<

CSIF TE INFORMA

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 303 de fecha 20 de diciembre de 2023, el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

La entrada en vigor ha sido el pasado 21 de diciembre de 2023, a excepción de unos apartados.

Descargar cartel CSIF.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 4 del artículo 37 queda modificado del modo siguiente: «4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.» Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 84, quedando redactados del siguiente modo: «3. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88, podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales. 4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.» ... Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. ... Artículo tercero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Se modifica el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.» [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Transición del subsidio por desempleo a la prestación de ingreso mínimo vital. Disposición adicional segunda. Prórroga de la vigencia del artículo 24 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Disposición adicional tercera. Estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de 45 años. Disposición adicional cuarta. Evaluación de la reforma del sistema asistencial de desempleo. Disposición adicional quinta. Cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia del nivel asistencial de protección por desempleo. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de compatibilidad del subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. Derogación normativa. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Disposición final quinta. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias. Disposición final sexta. Títulos competenciales. Disposición final séptima. Incorporación de Derecho comunitario. Disposición final octava. Facultades de desarrollo. Disposición final novena. Entrada en vigor. Uno. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dos. Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, la letra c) del apartado 5 del artículo 275 y el apartado 6 del artículo 282 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social redactados respectivamente por los apartados cinco y once del artículo segundo de este real decreto-ley. Tres. Entrará en vigor el 1 de junio de 2024 el artículo segundo, a excepción de su apartado diecinueve que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; los apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria única, la disposición final primera, salvo el apartado tres que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; y la disposición final cuarta. ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 303.

Canarias, a 9 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia

admin — Fri, 29 Dec 23 05:45:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia.

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.Disposición adicional décima. Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

Descargar cartel CSIF.

Más información en:

Canarias, a 29 de diciembre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

admin — Thu, 05 Oct 23 20:06:00 CEST

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralSanta Cruz de Tenerife Image

CSIF TE INFORMA

Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La entrada en vigor ha sido el pasado 29 de septiembre de 2023.

Por otro lado, recordamos que en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, se publicó la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 2. Finalidad. Artículo 3. Definiciones. TÍTULO I. Fomento de la protección animal CAPÍTULO I. Órganos estatales de dirección, coordinación y participación Artículo 4. Impulso de la protección animal. Artículo 5. Consejo Estatal de Protección Animal. Artículo 6. Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Artículo 7. Presencia equilibrada de mujeres y hombres. Artículo 8. No incremento de gasto. CAPÍTULO II. Sistema Central de Registros para la Protección Animal Artículo 9. Creación del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 10. Naturaleza del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 11. Inhabilitaciones para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para su tenencia. Artículo 12. Protección de datos. CAPÍTULO III. Estadística de Protección Animal Artículo 13. Objeto de la Estadística de Protección Animal. Artículo 14. Contenido de la Estadística de Protección Animal. Artículo 15. Publicación de la Estadística de Protección Animal. CAPÍTULO IV. Planificación de las políticas públicas de protección animal Artículo 16. Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 17. Elaboración y aprobación del Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 18. Programas territoriales de protección animal. CAPÍTULO V. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios Artículo 19. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios. CAPÍTULO VI. Colaboración entre administraciones públicas Artículo 20. Colaboración institucional. CAPÍTULO VII. Protocolos en situaciones de emergencia Artículo 21. Planes de protección civil. CAPÍTULO VIII. Centros públicos de protección animal Artículo 22. Recogida y atención de animales. Artículo 23. Obligaciones de los Centros públicos de protección animal. TÍTULO II. Tenencia y convivencia responsable con animales CAPÍTULO I. Disposiciones comunes Artículo 24. Obligaciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Artículo 25. Prohibiciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. CAPÍTULO II. Animales de compañía Artículo 26. Obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Artículo 27. Prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía. Artículo 28. Animales de compañía en espacios abiertos. Artículo 29. Acceso con animales de compañía a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos. Artículo 30. Tenencia de perros. CAPÍTULO III. Animales silvestres en cautividad Artículo 31. Objeto. Artículo 32. Condiciones específicas. CAPÍTULO IV. Fomento de la convivencia responsable con animales Artículo 33. Fomento de la convivencia responsable con animales. CAPÍTULO V. Listado Positivo de animales de compañía Artículo 34. Listado de especies de animales que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía. Artículo 35. Listado positivo de animales de compañía. Artículo 36. Criterios generales para la inclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía. Artículo 37. Inclusión de especies y actualización del listado positivo de animales de compañía. CAPÍTULO VI. Colonias felinas Artículo 38. Principios generales. Artículo 39. Funciones de la Administración local. Artículo 40. Funciones de la Administración autonómica. Artículo 41. Obligaciones de los ciudadanos. Artículo 42. Prohibiciones. CAPÍTULO VII. Entidades de Protección Animal Artículo 43. Clasificación de las entidades de protección animal. Artículo 44. Entidades de protección animal tipo RAC. Artículo 45. Entidades de protección animal tipo RAD. Artículo 46. Entidades de protección animal tipo RAS. Artículo 47. Entidades de protección animal tipo GCOF. Artículo 48. Entidades de protección animal tipo DEF. Artículo 49. Inscripción en el Registro de entidades de protección animal. Artículo 50. Personal al servicio de las entidades de protección animal. TÍTULO III. Cría, comercio, identificación, transmisión y transporte CAPÍTULO I. Cría, comercio, identificación y transmisión de animales de compañía Artículo 51. Identificación de animales de compañía. Artículo 52. Condiciones generales. Artículo 53. Cría de animales de compañía. Artículo 54. Inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Artículo 55. Venta de animales de compañía. Artículo 56. Venta en tiendas de animales de compañía. Artículo 57. Venta «online» y anuncios de venta de animales de compañía. Artículo 58. Cesión y adopción de animales de compañía. CAPÍTULO II. Transporte de animales Artículo 59. Condiciones generales de transporte. Artículo 60. Transporte de animales de compañía. Artículo 61. Animales de compañía procedentes de la Unión Europea o de terceros países. TÍTULO IV. Empleo de animales en actividades culturales y festivas Artículo 62. Animales en las filmaciones y las artes escénicas. Artículo 63. Escenas de maltrato simulado en filmaciones y las artes escénicas. Artículo 64. Ferias, exposiciones y concursos. Artículo 65. Romerías, eventos feriados, belenes, cabalgatas y procesiones. TÍTULO V. Inspección y vigilancia Artículo 66. Función inspectora. Artículo 67. Frecuencia de la inspección. Artículo 68. Medidas provisionales. TÍTULO VI. Régimen sancionador CAPÍTULO I. Principios generales Artículo 69. Sujetos responsables. Artículo 70. Normas concursales. Artículo 71. Concurrencia de procedimientos sancionadores. CAPÍTULO II. Infracciones y Sanciones Sección 1.ª Infracciones Artículo 72. Infracciones. Artículo 73. Infracciones leves. Artículo 74. Infracciones graves. Artículo 75. Infracciones muy graves. Sección 2.ª Sanciones Artículo 76. Sanciones principales. Artículo 77. Medidas accesorias. Artículo 78. Graduación de las sanciones. Artículo 79. Responsabilidad civil. Sección 3.ª Procedimiento sancionador Artículo 80. Órganos competentes. Artículo 81. Partes interesadas en el procedimiento. [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Perros de asistencia. Disposición adicional segunda. Plan Estatal de Protección Animal. Disposición adicional tercera. Competencias del Ministerio de Defensa. Disposición adicional cuarta. Ley de Grandes Simios. Disposición adicional quinta. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Homologación o adquisición de titulaciones requeridas. Disposición transitoria segunda. Prohibición de determinadas especies como animales de compañía. Disposición transitoria tercera. Circos, carruseles y atracciones de feria. Disposición transitoria cuarta. Venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Disposición transitoria quinta. Tenencia de animales de compañía. Disposición transitoria sexta. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Disposición final cuarta. Listado positivo de animales de compañía. Disposición final quinta. Desarrollo del Sistema Central de Registros de Protección Animal. Disposición final sexta. Título competencial. Disposición final séptima. Personal autonómico o local. Disposición final octava. Habilitación normativa. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 75.

Canarias, a 5 de octubre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 43.700 docentes y una interinidad del 22,47 por ciento

admin — Thu, 07 Sep 23 09:59:31 CEST

ConvocatoriasEmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoSanta Cruz de Tenerife Image

Madrid, 7 de septiembre de 2023. La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.

Déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado,clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores son algunos de los inconvenientes de este nuevo curso.

Y es que, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por su parte, la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. En este sentido, CSIF exige la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados de las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento).

Todos estos datos perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado. De hecho, en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5.

Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este Pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos. Y a partir de ahí, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales.
En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010.

Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

admin — Tue, 06 Jun 23 18:35:00 CEST

Acción SocialFormación-Acción SocialPreparación Oposiciones - Acción SocialNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralSanta Cruz de Tenerife Image

CSIF TE INFORMA

Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 124 de fecha 25 de mayo de 2023, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Debido a la entrada en vigor de dicha ley el 26 de mayo de 2023, entre otras preguntas, la ocupación o precio por zona de mercado residencial tensionado, informamos que CSIF ya ha realizado acuerdos para el asesoramiento civil, entre otros, Munguía Abogados.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 2. Fines de las políticas públicas de vivienda. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Servicios de interés general. Artículo 5. Acción pública. Artículo 6. Principio de igualdad y no discriminación en la vivienda. Título I. Función social y régimen jurídico de la vivienda. Artículo 7. Principios rectores de la garantía de la función social de la vivienda. Capítulo I. Estatuto Básico del Ciudadano. Artículo 8. Derechos del ciudadano en relación con la vivienda. Artículo 9. Deberes del ciudadano en relación con la vivienda. Capítulo II. Régimen jurídico básico del derecho de propiedad de la vivienda. Artículo 10. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades. Artículo 11. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: deberes y cargas. Título II. Acción de los poderes públicos en materia de vivienda. Capítulo I. Principios generales de la actuación pública en materia de vivienda. Artículo 12. Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Artículo 13. Compromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda. Artículo 14. Situaciones de especial vulnerabilidad. Artículo 15. Derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística. Artículo 16. Vivienda protegida. Artículo 17. Vivienda asequible incentivada. Artículo 18. Declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Artículo 19. Colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado. Capítulo II. Colaboración y cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 20. Colaboración entre las administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 21. Órganos de Cooperación en materia de vivienda y suelo. Artículo 22. Coordinación interministerial. Capítulo III. Actuación del Estado en materia de vivienda. Artículo 23. Planificación y programación estatal en materia de vivienda. Artículo 24. Planes estatales en materia de vivienda y rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural. Artículo 25. Colaboración público-privada y fondo de vivienda asequible. Artículo 26. Consejo Asesor de Vivienda. Título III. Parques públicos de vivienda. Artículo 27. Concepto, finalidad y financiación. Artículo 28. Criterios orientadores en la gestión de los parques públicos de vivienda. Artículo 29. Destino de los parques públicos de vivienda. Título IV. Medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo I. Régimen general de derechos e información básica. Artículo 30. Principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo II. Información y transparencia en materia de vivienda y suelo. Artículo 32. Parque público de vivienda. Artículo 33. Inversión en programas de política de vivienda. Artículo 34. Caracterización del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vacía. Artículo 35. Caracterización de la demanda de vivienda. Artículo 36. Suelo público disponible para vivienda. Disposición adicional primera. Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento. Disposición adicional segunda. Prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado. Disposición adicional tercera. Revisión de los criterios para la identificación de zonas de mercado residencial tensionado. Disposición adicional cuarta. Aplicación de los recursos de los planes estatales en materia de vivienda en los trámites de intermediación y conciliación. Disposición adicional quinta. Grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda. Disposición adicional sexta. Los administradores de fincas. Disposición transitoria primera. Viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Disposición transitoria segunda. Objetivos en relación con el parque de vivienda destinado a políticas sociales. Disposición transitoria tercera. Procedimientos suspendidos en virtud de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Disposición transitoria cuarta. Régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición derogatoria única. Disposición final primera. Medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final segunda. Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Disposición final tercera. Modulación del recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disposición final sexta. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final séptima. Títulos competenciales. Disposición final octava. Desarrollo reglamentario. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto la disposición final segunda, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 124.

Canarias, a 6 de junio de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo

admin — Fri, 12 May 23 18:45:00 CEST

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RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 113 de fecha 12 de mayo de 2023, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

El Real Decreto Ley 4/2023 medidas urgentes en materia agraria y de aguas, promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas modifica, entre otros el Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La disposición se enmarca en el desarrollo de la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático. Esta protección exige la adopción de medidas preventivas y correctoras ante situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras ante situaciones urgentes y extremas que, por desgracia, cada vez son más habituales.

En la Disposición final primera, queda suprimido el apartado 5 del anexo III y se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Con salvaguarda de su rango, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, queda modificado como sigue: Uno. Queda suprimido el apartado 5 del anexo III. Dos. Se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional única. Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre. 1. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. 2. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior derivarán de la evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. En aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora. 3. En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista. 4. Esta disposición adicional será de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2».”

Ver el Real Decreto-ley 4/2023 completo en BOE nº 113.

Más información en nuestra sección: Prevención.

Canarias, a 12 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias

admin — Wed, 03 May 23 19:14:00 CEST

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CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras aportaciones sobre la Ley de familias.

Descargar cartel.

Desde CSIF llevamos años trabajando para conseguir una sociedad igualitaria, corresponsable y comprometida con la importancia de los cuidados y la conciliación. La falta de conciliación de la vida familiar y profesional es un grave problema en nuestro país; debemos eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de una carrera profesional y una personal.

Y es precisamente en el ámbito de los cuidados y la familia donde ahora más que nunca necesitamos que las políticas públicas se adapten a la realidad de nuestro día a día y se avance en medidas de conciliación real, así como de fomento de la corresponsabilidad.

Por todo ello desde CSIF hacemos llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias donde, además de solicitar la ampliación de diversos permisos ya existentes, incluimos nuestra petición de puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación sin pérdida retributiva, tanto para administración pública como para empresa privada.

Más información en el 121/000151 Proyecto de Ley de Familias.

Canarias, a 3 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF traslada a PSOE y Unidas Podemos enmiendas a la Ley de Función Pública para garantizar la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional y el teletrabajo

admin — Wed, 19 Apr 23 14:43:00 CEST

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CSIF TE INFORMA

CSIF traslada a PSOE y Unidas Podemos enmiendas a la Ley de Función Pública para garantizar la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional y el teletrabajo.

- Continuamos nuestra ronda de contactos con los grupos parlamentarios para solucionar las graves carencias de la futura ley.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha continuado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública. En esta ocasión nos hemos reunido con los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, a quienes les hemos insistido en las graves carencias que, a nuestro juicio, presenta la actual redacción.

En este sentido, les hemos trasladado un documento con 35 enmiendas para que las defiendan durante la tramitación del proyecto de ley con el fin de mejorar el texto garantizando reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleadas/os públicos, como la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial voluntaria o el teletrabajo con garantías, según los términos negociados.

El sindicato presidido por Miguel Borra denuncia que el texto llega con 15 años de retraso, y que además la redacción actual está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud, ya que muchos aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo de las/os empleados públicos se regulan de forma deficiente e incompleta, e incluso otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas. Además, carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo.

Entre otras propuestas argumentadas ante el Grupo Parlamentario Socialista y ante Podemos figuran las siguientes:

Evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores debido a su efecto directo sobre la carrera profesional.
Los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación.
La jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) sea de 35 horas semanales.
Eliminar el cheque el blanco al Gobierno para reorganizar los cuerpos y escalas durante un periodo de seis meses.
El desarrollo del teletrabajo con garantías, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizará. El Gobierno deberá proporcionar para ello los medios materiales y técnicos.
El desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE (actualmente se limita esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas).
Derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario.
Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de no discriminación por razón de sexo en las retribuciones complementarias.
Todos los empleados públicos (y no solo los funcionarios de carrera) tengan derecho a excedencia para cuidado de hijo/a o familiar, y excedencia por ser víctima de violencia de género o violencia terrorista.
Inclusión del personal laboral en todos aquellos aspectos que les puedan ser de aplicación.

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas Podemos en el Congreso han valorado positivamente las enmiendas presentadas por CSIF, y se han comprometido a estudiarlas en detalle de cara a su posible defensa durante la tramitación del proyecto de ley.

CSIF continuará próximamente esta ronda de contactos con otros grupos parlamentarios, a quienes seguiremos trasladando en persona nuestra preocupación por las actuales carencias que presenta el proyecto de ley. Les instamos a que defiendan nuestras propuestas durante la tramitación en el Congreso y el Senado del Proyecto de Ley de Función Pública.

Más información en:

Canarias, a 19 de abril de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Publicada la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

admin — Wed, 15 Mar 23 05:56:00 CET

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CSIF TE INFORMA

Publicada la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 51 de fecha 1 de marzo de 2023, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Las principales novedades en cuanto a permisos y regulación por IT son:

Se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal Entra en vigor desde el 2 de marzo 2023.
Se reconoce como una situación especial de incapacidad temporal, por contingencias comunes, además de la de menstruación incapacitante secundaria, la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Entra en vigor el 1 junio 2023.
También se reconoce como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena. Entra en vigor el 1 junio 2023.
Además de esto, se elimina el requisito, para la suspensión del contrato de trabajo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, de que este acogimiento no sea inferior a un año, por lo que aunque la duración del mismo sea inferior, se puede acordar la suspensión del contrato de trabajo. Entra en vigor el 1 junio 2023.

OTRAS MEDIDAS:

La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y gestación desde el día primero de la semana trigésima novena; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social.

Descargar comunicado completo del CSIF.

Extracto del texto normativo:

“... Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue: «Artículo 1. Objeto. Esta ley orgánica tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y de la salud reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y de los derechos sexuales y reproductivos, así como establecer las obligaciones de los poderes públicos para que la población alcance y mantenga el mayor nivel posible de salud y educación en relación con la sexualidad y la reproducción. Asimismo, se dirige a prevenir y a dar respuesta a todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo.» Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Definiciones. A los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica, se entenderá por: 1. Salud: El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 2. Salud sexual: El estado general de bienestar físico, mental y social, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas. Es también un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la población, así como para garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales. 3. Salud reproductiva: El estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la reproducción. Es también un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la población, así como para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos. 4. Salud durante la menstruación: El estado integral de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia, en relación con el ciclo menstrual. Por gestión menstrual se entenderá la manera en que las mujeres deciden abordar su ciclo menstrual, pudiendo servirse para tal gestión de diversos productos menstruales, tales como compresas, tampones, copas menstruales y artículos similares. 5. Intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas: Aquellas que promueven y protegen la salud física y psíquica de las mujeres en el marco de la atención a la salud sexual y reproductiva, en particular, evitando las intervenciones innecesarias. 6. Menstruación incapacitante secundaria: Situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada. 7. Violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo: Todo acto basado en la discriminación por motivos de género que atente contra la integridad o la libre elección de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, su libre decisión sobre la maternidad, su espaciamiento y oportunidad. 8. Esterilización forzosa: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la práctica de una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento. 9. Anticoncepción forzosa: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la intervención médica por cualquier vía, también medicamentosa, que tenga análogas consecuencias a la esterilización forzosa. 10. Aborto forzoso: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, a excepción de los casos a los que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, de 14 noviembre.» Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue: «Artículo 3. Principios rectores y ámbito de aplicación. ... «TÍTULO I Responsabilidad institucional en el ámbito de la salud, los derechos sexuales y reproductivos» Seis. Se modifica el capítulo I del título I, que queda redactado como sigue: «CAPÍTULO I Políticas públicas para la promoción de la salud sexual y reproductiva Artículo 5. Objetivos y garantías generales de actuación de los poderes públicos. 1. Los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y de formación profesional, y sociales garantizarán: a) El acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva. b) La generación y difusión efectiva de información de calidad sobre salud, derechos sexuales y reproductivos. c) El tratamiento de la educación afectivo-sexual y la detección y abordaje de conductas de abuso y violencia, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, en las pertinentes leyes autonómicas y en los currículos de las diferentes etapas educativas y formativas que ambas normas contemplan. d) El acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y a productos de gestión menstrual asequibles. e) La eliminación de toda forma de discriminación y de las barreras que impidan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. f) La educación sanitaria integral, con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional, sobre salud sexual y salud reproductiva. g) La información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro, con especial atención a la prevención de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. h) La prevención, sanción y erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres en relación con la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Todas estas medidas se realizarán también en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. i) El acceso a la justicia y los mecanismos de reparación de las personas cuyos derechos sexuales y reproductivos hayan sido vulnerados. j) La generación y difusión efectiva de información de calidad sobre educación en materia menstrual y productos de gestión menstrual. k) La atención específica a las personas con algún tipo de discapacidad, a quienes se garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva, garantizando y estableciendo para ellas entornos accesibles y los apoyos necesarios en función de su discapacidad. 2. Asimismo, en el desarrollo de sus políticas promoverán: a) Acciones de desestigmatización y valoración sociosanitaria del personal involucrado en la prestación con garantías de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. b) La atención con pertinencia cultural a las personas de otros orígenes nacionales, étnicos o raciales, cualquiera que fuere su situación administrativa de extranjería, y atendiendo especialmente a las posibles barreras del idioma, siempre de acuerdo con los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria. c) La atención pertinente a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. d) La atención especializada dirigida a personas en diferentes etapas del ciclo vital, con énfasis especial en la infancia y juventud, así como en la fase de la vida adulta de las mujeres en que tienen lugar el climaterio y la menopausia. e) Las relaciones de igualdad, el respeto a las opciones sexuales individuales y la corresponsabilidad en las conductas sexuales. f) La investigación, generación y difusión de conocimiento científico y especializado respecto de la salud, los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos. g) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmente diseñados para la convivencia y el respeto de las opciones sexuales individuales. h) La corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orientación sexual. Artículo 5 bis. La salud sexual como estándar de salud. Los poderes públicos reconocerán la salud durante la menstruación como parte inherente del derecho a la salud sexual y reproductiva. De la misma forma, combatirán los estereotipos sobre la menstruación que impactan negativamente en el acceso o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en colaboración con las sociedades científicas, aprobará los estándares mínimos de atención sanitaria a la salud durante la menstruación en las mujeres dentro del marco de atención a la salud sexual y reproductiva, con la perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y garantizando la equidad en todos los niveles, promoviendo la investigación y la eliminación de la discriminación basada en estereotipos sobre la menstruación. Artículo 5 ter. Medidas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social sobre la salud durante la menstruación. A fin de conciliar el derecho a la salud con el empleo, se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Artículo 5 quater. Medidas de distribución de productos de gestión menstrual. 1. Los centros educativos garantizarán el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las situaciones en que resulte necesario y a través de los cauces que establezcan para ello. 2. Se garantizará, asimismo, el acceso gratuito de dichos productos a mujeres en riesgo de exclusión, en los centros que ofrecen servicios sociales, así como en los centros y otros lugares donde permanezcan personas privadas de libertad. 3. La entrega de productos de gestión menstrual respetará las elecciones de las personas usuarias. Los productos se encontrarán disponibles sin necesidad de mediación alguna, garantizando la protección de la identidad y la confidencialidad. 4. Los organismos públicos previstos en este artículo optarán de forma preferente y progresiva por los productos de gestión menstrual sostenibles, orgánicos, ecológicos, de rápida descomposición, reutilizables y libres de químicos, con el fin de causar el menor impacto posible al medio ambiente y en la salud de las mujeres y otras personas destinatarias. 5. Las anteriores medidas se adoptarán de forma progresiva en las dependencias de organismos públicos previstos en este artículo. 6. Se prohíbe la venta de los productos menstruales que sean entregados por las administraciones públicas en las entidades mencionadas y se promoverá su uso racional. Artículo 5 quinquies. Medidas en el ámbito de la comercialización de los productos de gestión menstrual. Todos los productos de gestión menstrual que se comercialicen en el territorio del Estado deberán ser libres de agentes nocivos para la salud. Los fabricantes estarán obligados a hacer pública la información sobre su composición y posibles efectos en la salud humana, así como sobre su impacto ambiental. Artículo 5 sexies. Servicios de asistencia integral especializada y accesible. 1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, con objeto de la realización de las garantías y el cumplimiento de los objetivos enunciados en los artículos anteriores. 2. A tal fin, y en coherencia con lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, dispondrán servicios especializados, incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, dotados de equipos interdisciplinares que tendrán como objetivos principales la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva en todas las fases del ciclo vital, que se constituyen como lugar de referencia para la coordinación con otros órganos institucionales de nivel local y autonómico. 3. Además de los servicios especializados dirigidos al conjunto de la población, las administraciones públicas establecerán servicios adaptados y adecuados a las necesidades y demandas de la población joven, que promuevan su participación para el desarrollo y abordaje integral de la sexualidad. También se atenderá de forma especial a la salud afectivo-sexual de las mujeres mayores teniendo en cuenta sus especificidades. 4. Estos servicios especializados estarán adaptados a las necesidades de las mujeres con discapacidad. 5. Estos servicios especializados estarán adaptados a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Artículo 6. Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro y sociedad civil. Las administraciones públicas promoverán y fortalecerán la participación de las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, organizaciones sociales y organizaciones sindicales y empresariales más representativas, atendiendo a las diferentes realidades territoriales del Estado que, desde el movimiento feminista y la sociedad civil, actúan en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con especial atención a aquellas cuyas actuaciones tienen lugar en los ámbitos específicos regulados por esta ley orgánica. Quedarán excluidas de este artículo aquellas organizaciones contrarias al derecho recogido en la presente ley orgánica de interrupción voluntaria del embarazo.» Siete. Se modifica el capítulo II del título I, que queda redactado como sigue: «CAPÍTULO II Medidas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva Artículo 7. Atención a la salud sexual. ... Artículo 7 bis. Atención a la salud reproductiva. Los servicios públicos de salud garantizarán: a) La calidad de los servicios de atención a la salud integral y en especial de la promoción e implementación de estándares de atención basados en el mejor y más actualizado conocimiento científico disponible respecto de la salud reproductiva. b) El enfoque antidiscriminatorio e interseccional en todas sus prácticas, a fin de valorar y abordar de forma integral las diferentes circunstancias relativas a la edad, sexo, identidad de género, origen nacional, étnico o racial, situación administrativa de extranjería, discapacidad y situación económica de la población y, especialmente, de las mujeres. c) La provisión de servicios de la más alta calidad posible durante el embarazo, la interrupción del embarazo, el parto y el puerperio. d) La garantía de información accesible sobre los derechos reproductivos, las prestaciones públicas, la cobertura sanitaria durante el embarazo, parto y puerperio, así como sobre los derechos laborales y otro tipo de prestaciones y servicios públicos vinculados a la maternidad y el cuidado de hijos e hijas. e) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer que interrumpa, voluntariamente o no, su embarazo, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. f) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación. g) La provisión de asistencia, apoyo emocional y acompañamiento de la salud mental a las mujeres que lo requieran durante el postparto o en el caso de muerte perinatal. h) La atención perinatal y neonatal con una perspectiva integral de desarrollo saludable. i) La atención integral durante todo el procedimiento de interrupción del embarazo, ofreciendo recursos de acompañamiento y atención especializada, en particular de acompañamiento psicológico específico. j) El incremento de la calidad de los servicios relacionados con la prevención, detección y tratamiento de cánceres relacionados con la sexualidad y la reproducción, y especialmente de los denominados cánceres ginecológicos y de mama. k) La provisión especializada de atención psicológica o sexológica con perspectiva de género. Artículo 7 ter. Garantía de acceso a la anticoncepción. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán: a) El acceso público y universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante el uso de métodos anticonceptivos, regulares y de urgencia, definitivos y reversibles, con especial atención a aquellos que presenten beneficio clínico incremental frente a las alternativas disponibles, que demuestren seguridad, y anticonceptivos masculinos, siempre que su eficacia y seguridad sea avalada por la evidencia científica rigurosa y de calidad. b) La distribución gratuita de métodos anticonceptivos de barrera en los servicios a que se refiere el artículo 5 sexies, en los centros que ofrecen servicios sociales, en los centros residenciales dependientes de la red de servicios sociales y en los lugares donde permanezcan personas privadas de libertad. c) Además, podrán distribuirse métodos de barrera durante las campañas de educación sexual que en ejercicio de su autonomía se realicen en los centros de educación secundaria. Artículo 7 quater. Corresponsabilidad. Los poderes públicos, especialmente desde el ámbito de la educación y la salud, fomentarán la corresponsabilidad en la anticoncepción. A tal fin, se desarrollarán políticas públicas destinadas a: a) La eliminación de los estereotipos y roles sociales que refuerzan la discriminación de las mujeres en el ámbito de la anticoncepción. b) La investigación, financiación y comercialización de anticonceptivos masculinos que sean seguros y eficaces, y que contribuyan a distribuir de forma equitativa entre hombres y mujeres las responsabilidades de la anticoncepción. c) La consideración de la anticoncepción como un asunto de salud pública y no como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Artículo 7 quinquies. Anticoncepción de urgencia. A efectos de lo dispuesto en el artículo 111.2.c).12.ª del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, se considerarán adecuadas las existencias de los métodos anticonceptivos de urgencia que garanticen la normal prestación del servicio en función de la demanda de cada oficina de farmacia. Artículo 8. Formación de profesionales de la salud. ... Diez. Se modifica el artículo 13, con el siguiente tenor literal: «Artículo 13. Requisitos comunes. Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: a) Que se practique por un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección. b) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o en un centro privado acreditado. c) Que se realice con el consentimiento expreso informado y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el artículo 9.2.b) de la referida ley. En el supuesto de mujeres con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9.7 de la misma ley.» Once. Se añade un nuevo artículo 13 bis, con el siguiente tenor literal: «Artículo 13 bis. Edad. 1. Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. 2. En el caso de las menores de 16 años, será de aplicación el régimen previsto en el artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. En el supuesto de las menores de 16 años embarazadas en situación de desamparo que, en aplicación del artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, requieran consentimiento por representación, éste podrá darse por parte de la Entidad Pública que haya asumido la tutela en virtud del artículo 172.1 del Código Civil. En el supuesto de las menores de 16 años embarazadas en situación de desamparo cuya tutela no haya sido aún asumida por la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, que, en aplicación del artículo el artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, requirieran consentimiento por representación, será de aplicación lo previsto en el artículo 172.4 del Código Civil, pudiendo la Entidad Pública que asuma la guarda provisional dar el consentimiento por representación para la interrupción voluntaria del embarazo, a fin de salvaguardar el derecho de la menor a la misma. En caso de discrepancia entre la menor y los llamados a prestar el consentimiento por representación, los conflictos se resolverán conforme a lo dispuesto en la legislación civil por la autoridad judicial, debiendo nombrar a la menor un defensor judicial en el seno del procedimiento y con intervención del Ministerio Fiscal. El procedimiento tendrá carácter urgente en atención a lo dispuesto en el artículo 19.6 de esta ley orgánica.» Doce. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue: «Artículo 14. Interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la mujer embarazada.» ... Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 19 bis, con el siguiente tenor literal: «Artículo 19 bis. Objeción de conciencia. 1. Las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer la objeción de conciencia, sin que el ejercicio de este derecho individual pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito. La persona objetora podrá revocar la declaración de objeción en todo momento por los mismos medios por los que la otorgó. 2. El acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, todo el personal sanitario dispensará siempre tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo.» ... Disposición adicional única. Apoyos a las personas con discapacidad para la toma de decisiones. ... Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. ... Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 10 de noviembre, del Código Penal. ... Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 144, que queda redactado como sigue: «4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y gestación desde el día primero de la semana trigésima novena; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. A estas reducciones de cuotas no les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 20.1.» Dos. Se añaden dos nuevos párrafos a la letra a) del apartado 1 del artículo 169 y se modifica el apartado 2, que quedan redactados como sigue: «1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Tendrán la consideración de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Se considerará también situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena. 2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación. Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior, salvo los procesos por bajas médicas por menstruación incapacitante secundaria en los que cada proceso se considerará nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su posible prórroga.» Tres. Se modifica el artículo 172, que queda redactado como sigue: «Artículo 172. Beneficiarios. Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización: a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. En las situaciones especiales previstas en el párrafo segundo, del artículo 169.1.a), no se exigirán periodos mínimos de cotización. En la situación especial prevista en el párrafo tercero del artículo 169.1.a) se exigirá que la interesada acredite los periodos mínimos de cotización señalados en el artículo 178.1, según la edad que tenga cumplida en el momento de inicio del descanso. b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.» Cuatro. Se modifica el artículo 173, que queda redactado como sigue: «Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio. 1. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario. En la situación especial de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria prevista en el párrafo segundo del artículo 169.1.a) el subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día de la baja en el trabajo. En la situación especial de incapacidad temporal por interrupción del embarazo prevista en el mismo párrafo segundo del artículo 169.1.a), así como en la situación especial de gestación desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación, prevista en el párrafo tercero del mismo artículo, el subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. 2. El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal, conforme a lo establecido en el artículo 169. No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal a partir de la semana trigésima novena de gestación, el subsidio se abonará desde que se inicie la baja laboral hasta la fecha del parto, salvo que la trabajadora hubiera iniciado anteriormente una situación de riesgo durante el embarazo, supuesto en el cual permanecerá percibiendo la prestación correspondiente a dicha situación en tanto ésta deba mantenerse. 3. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.» Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio. ... Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Ley sobre Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio. ... Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio. ... Disposición final séptima. Modificación del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo. ... Disposición final octava. Modificación del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. ... Disposición final novena. Modificación del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. ... Disposición final décima. Modificación del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. ... Disposición final undécima. Modificación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. ... Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. ... Disposición final decimotercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. ... Disposición final decimocuarta. Modificación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. ... Disposición final decimoquinta. Carácter orgánico y conservación del rango reglamentario. ... Disposición final decimosexta. Título competencial. ... Disposición final decimoséptima. Entrada en vigor. Esta ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo las disposiciones finales tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, decimotercera y decimocuarta de esta ley orgánica, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley Orgánica completa en BOE nº 51.

Canarias, a 15 de marzo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias