País Vasco - Educación

Carta presentada ante el Ministerio de Educación, FP y Deportes solicitando la creación del Cuerpo de Maestros Senior y el desarrollo de cada carrera profesional docente

jose-luis.narbona.moreno — Wed, 21 Oct 26 14:28:00 CEST

A/A: Dª. Milagros Tolón Jaime Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes

Calle Alcalá, 34, 28014 Madrid

Madrid, a 21 de octubre de 2026

Asunto: Solicitud de creación del Cuerpo de Maestros Sénior y desarrollo de la carrera profesional docente sin cambio de puesto de trabajo.

Excma. Sra. Ministra:

En representación del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), me dirijo a usted para solicitar que el Ministerio impulse la creación de una vía propia de promoción profesional para el Cuerpo de Maestros: el Cuerpo de Maestros Sénior. Su finalidad es que un maestro o una maestra pueda progresar de nivel profesional y retributivo sin abandonar su puesto ni los destinos propios de su cuerpo, sea cual sea el tipo de centro o servicio en el que trabaje, tal como ya ocurre en la educación secundaria con el Cuerpo de Catedráticos.

Una asimetría que dura veinte años

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ordena la función pública docente en cuerpos (disposición adicional séptima). En la educación secundaria, las enseñanzas artísticas y las escuelas oficiales de idiomas, la ley prevé un cuerpo de catedráticos al que el profesorado accede, tras ocho años como funcionario de carrera, mediante un concurso de méritos sin fase de prácticas (disposiciones adicionales décima y duodécima.2). Quien promociona se integra en el mismo puesto que tenía (disposición adicional octava.3), sigue concursando a las mismas vacantes (disposición adicional octava.5) y asume funciones preferentes de coordinación, formación del profesorado novel e innovación (disposición adicional octava.2).

El Cuerpo de Maestros no tiene nada equivalente. Su única vía de promoción es el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (disposición adicional duodécima.3). Esa vía obliga a cambiar de cuerpo y también de enseñanzas: para progresar, el maestro tiene que dejar la educación infantil y primaria. El sistema premia así, precisamente, que los docentes más experimentados abandonen las etapas en las que se construyen los aprendizajes básicos.

Fundamentos jurídicos

1. Derecho a la carrera profesional. El artículo 14.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce a todos los empleados públicos el derecho «a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».El artículo 16 define la carrerahorizontal como la progresión de grado, categoría o escalón «sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo».

2. Mandato expreso de la LOE. El artículo 2.3 del TREBEP remite a la legislación educativa específica el desarrollo de la carrera del personal docente. Esa legislación ya establece la obligación: la disposición adicional duodécima.7 de la LOE ordena que «la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas impulsarán el estudio y la implantación, en su caso, de medidas destinadas al desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios docentes sin que necesariamente suponga el cambio de cuerpo». Han pasado veinte años y el Cuerpo de Maestros sigue sin ese desarrollo.

3. Reconocimiento del profesorado. El artículo 105.2 de la LOE encomienda a las Administraciones educativas el reconocimiento de la labor docente mediante incentivos profesionales y económicos.

4. Igualdad entre cuerpos docentes. Si el legislador consideró justificado un cuerpo de promoción para el profesorado de secundaria, no existe razón objetiva que justifique negárselo al profesorado del Cuerpo de Maestros, el cuerpo docente más numeroso del sistema.

5. Competencia estatal. La ordenación de los cuerpos docentes, el ingreso y la movilidad entre ellos son bases del régimen estatutario de la función pública docente (disposición adicional sexta de la LOE). Corresponde, por tanto, al Estado dar el primer paso.

Por todo ello, SOLICITAMOS:

1. Que el Ministerio impulse la modificación de la LOE para crear el Cuerpo de Maestros Sénior, con los siguientes elementos:

– Incorporación a la disposición adicional séptima.1 de un nuevo apartado: «a bis) El cuerpo de maestros sénior, que desempeñará sus funciones en la educación infantil y primaria y en los demás puestos atribuidos al cuerpo de maestros».

– Acceso desde el Cuerpo de Maestros, con una antigüedad mínima de seis años como funcionario de carrera, mediante concurso de méritos sin fase de prácticas y sin límite máximo de efectivos. Seis años es el plazo que la propia LOE ya considera suficiente para que un maestro promocione al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (disposición adicional duodécima.3).

– Integración en el mismo puesto que se viniera desempeñando y posibilidad de seguir ocupando todos los puestos propios del Cuerpo de Maestros, en cualquier tipo de centro o servicio educativo, participando en los concursos de traslados junto a dicho cuerpo, a las mismas vacantes.

– Atribución preferente de funciones de coordinación de ciclo y de equipos, tutoría del profesorado en prácticas y del alumnado del Prácticum, coordinación de la formación del profesorado e impulso de proyectos de innovación.

2. Que, en la misma reforma, se modifique la disposición adicional duodécima.2 de la LOE para reducir de ocho a seis años la antigüedad mínima exigida para acceder a los cuerpos de catedráticos y para que el actual límite máximo del 30 % del cuerpo de origen se convierta en un mínimo garantizado del 30 %. La carrera docente debe regirse por un mismo criterio en todos los cuerpos: seis años de servicio para progresar sin cambiar de enseñanzas.

3. Que se abra la negociación de ambas propuestas en la Mesa Sectorial de Educación, conforme al artículo 37.1.c) y a la disposición adicional duodécima del TREBEP, que incluyen la carrera profesional entre las materias objeto de negociación.

4. Que se incluya en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación, para que el Ministerio y las comunidades autónomas cumplan conjuntamente el mandato de la disposición adicional duodécima.7 de la LOE.

5. Que, mientras se tramita la reforma, el Ministerio aplique en Ceuta y Melilla, donde es la administración educativa competente, medidas de reconocimiento profesional y retributivo para el profesorado del Cuerpo de Maestros con larga trayectoria.

El Cuerpo de Maestros merece una vía propia de promoción profesional. Reconocer la experiencia de quienes sostienen la educación infantil y primaria es reforzar la educación pública desde su base.

A la espera de su pronta respuesta, reciba un cordial saludo.

En Madrid, a 21 de octubre de 2026

Fdo.: Mario Gutiérrez Gutiérrez

Presidente CSIF Educación

📄 Escritos presentados

Consulta los escritos registrados por CSIF ante el Ministerio de Educación, FP y Deportes y las distintas comunidades autónomas.

CCAA	ESCRITO PRESENTADO
NACIONAL	21 de octubre de 2026 en el Ministerio de Educación, FP y Deportes
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
BALEARES	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
CANARIAS
CANTABRIA	22 de octubre en la Consejería de Educación
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN	21 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
CATALUÑA	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
COMUNIDAD DE MADRID	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
GALICIA
NAVARRA	22 de octubre de 2026 en la Consejería de Educación
LA RIOJA
REGIÓN DE MURCIA
CEUTA
MELILLA

La convocatoria electoral deja sin aplicar la reducción de ratios y de horario lectivo que se anunció como eje de «la legislatura del profesorado»

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 20 Oct 26 22:05:00 CEST

Madrid, 20 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte, tras la Mesa Sectorial celebrada hoy, de que la convocatoria de elecciones generales deja sin aplicar la reducción de ratios y de horario lectivo que el Gobierno presentó como eje de la que llamó «la legislatura del profesorado». La reforma llega tarde y, por esta vía, no se aplicará en esta legislatura.

La convocatoria electoral tumba la principal reforma prometida al profesorado

La convocatoria de elecciones generales conlleva la disolución de las Cortes y, con ella, la caducidad de todos los proyectos de ley en tramitación. Entre ellos decae el proyecto de ley de reducción de ratios y de horario lectivo, que debía modificar la Ley Orgánica de Educación para rebajar las ratios en las etapas obligatorias —Educación Primaria y ESO— y reducir el horario lectivo del profesorado. Al decaer, esas medidas no se aplicarán. Para CSIF, la politización ha terminado llevándose por delante la principal reforma que se prometió al profesorado: una reforma que llega tarde y que, por esta vía, no verá la luz en esta legislatura.

La paradoja: se reduce la ratio en Infantil y Bachillerato, pero no en Primaria ni ESO

Caído el proyecto de ley, el Ministerio saca adelante por real decreto —sin necesidad del Parlamento— solo una parte de las reducciones. El texto que modifica el RD 132/2010 rebaja la ratio máxima en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 25 a 20 alumnos por unidad) y en Bachillerato (de 35 a 30), y actualiza y reduce también las del primer ciclo 0-3. En cambio, la reducción en las etapas obligatorias ha desaparecido: el borrador de septiembre proponía rebajar la Educación Primaria a 22 y la ESO a 25 alumnos por unidad, pero el texto del 15 de octubre ha eliminado esa rebaja —la ESO vuelve a 30— a la espera de la reforma de la LOE que contenía el proyecto de ley ahora decaído.

El resultado es una paradoja difícil de justificar: se reduce la ratio en las etapas no obligatorias —Infantil y Bachillerato— y se deja fuera a las obligatorias —Primaria y ESO—, que es donde la masificación de las aulas golpea con más fuerza. Y no son etapas menores: según los datos del propio Ministerio («Datos y cifras. Curso escolar 2025-2026»), la Primaria y la ESO escolarizan conjuntamente a 4.743.943 estudiantes, el 57,2% del alumnado de régimen general no universitario; casi seis de cada diez. A ello se añade que las reducciones que sí se mantienen se aplicarán de forma escalonada —en Infantil desde el curso 2027-2028 y en Bachillerato no hasta el 2029-2030—, por lo que tampoco serán inmediatas.

Y es que la reducción en Primaria y ESO no puede aprobarse por un real decreto ordinario: al estar esas ratios fijadas en la Ley Orgánica de Educación, modificarlas exige una norma con rango de ley. Tras la convocatoria electoral, CSIF pidió al Gobierno que sacara adelante estas medidas mediante un real decreto-ley —el instrumento previsto para legislar por razones de urgencia—; pero el Ministerio ha respondido hoy que no concurre la «extraordinaria y urgente necesidad» que ese instrumento exige, y ha descartado esa vía. Para CSIF, esa negativa deja la reducción de ratios en las etapas obligatorias en el aire, aplazada a la próxima legislatura.

FP: el decreto regula la privada, pero no crea plazas públicas

En Formación Profesional, CSIF no cuestiona que se regule a los centros privados: fijar requisitos comunes de calidad para evitar una oferta privada inadecuada es razonable. Lo que el sindicato critica es que el proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de FP —que regula también los centros asociados y los de segunda oportunidad— no cree ni una sola plaza pública nueva, cuando esa es la verdadera carencia del sistema. CSIF ya advirtió, además, de que la Ley Orgánica de FP (Ley Orgánica 3/2022) llevaba implícita la privatización del sistema.

Los datos confirman esa deriva: entre los cursos 2009-2010 y 2023-2024, la cuota pública del alumnado en FP de Grado Superior ha caído 15 puntos, mientras el alumnado de ese grado crecía un 143,5% (de 245.400 a 597.500). La causa es una inversión pública muy por debajo de la demanda, que empuja al alumnado hacia la oferta privada y ahonda la brecha territorial en el acceso a la FP pública.

El sindicato subraya, además, una incoherencia de fondo: el decreto exige a los centros privados estándares de calidad —como disponer de espacios tecnológicos para la simulación de entornos profesionales— de los que, sin embargo, excluye expresamente a los centros sostenidos con fondos públicos. CSIF reclama que esos mismos estándares se garanticen también en la red pública, con la financiación necesaria: la titularidad del centro no puede justificar un nivel de calidad distinto.

Por eso CSIF exige un plan nacional de plazas públicas de FP, con financiación finalista y prioridad en el Grado Superior; una red de Centros Integrados de FP que garantice una oferta pública completa en todo el territorio; y plantillas docentes estables con dotación suficiente de recursos para los nuevos ciclos.

Especialidad de Portugués: CSIF aprovecha para exigir el cuerpo de maestros de Portugués como lengua extranjera

La modificación de las especialidades docentes para incorporar las lenguas no oficiales que gozan de protección legal en las comunidades autónomas no termina de estar bien planteada, si bien CSIF no se opone a ella. El sindicato aprovecha la ocasión para reiterar una reivindicación propia y de distinta naturaleza: la creación de la especialidad de Portugués como lengua extranjera en el Cuerpo de Maestros, demandada desde hace años —para la que llegó a elaborarse incluso un temario—. Aunque no guarda relación jurídica directa con este real decreto, CSIF considera que es el momento de abordarla de una vez.

Reformas estructurales y a tiempo, no rehenes del calendario electoral

CSIF reitera que el sistema educativo necesita reformas estructurales y que estas deben llegar a tiempo y por la vía adecuada. El sindicato lamenta que la principal reforma prometida al profesorado quede en nada por el cálculo electoral y exige que las medidas pendientes —empezando por la reducción de ratios y de horario lectivo en las etapas obligatorias— no queden como rehenes del calendario político.

CSIF analiza el Real Decreto 723/2026: nuevos derechos y garantías de transparencia y previsibilidad laboral para el personal de las universidades públicas

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 16 Oct 26 10:07:00 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de UniversidadPaís Vasco - Educación Image

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre (publicado en el BOE del 15 de septiembre de 2026), por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, introduce un salto cualitativo en la protección de los derechos de la plantilla universitaria. Desde la Asesoría Jurídica Nacional de CSIF hemos elaborado un informe detallado sobre la aplicación de esta norma en las universidades públicas, determinando su alcance, los nuevos derechos que genera y el procedimiento para hacerlos valer.

Ámbito de Aplicación: Plena cobertura para la Universidad Pública

El Real Decreto 723/2026 amplía sustancialmente el ámbito de aplicación respecto al anterior reglamento derogado (RD 1659/1998):

Personal Laboral (PDI y PTGAS): La norma resulta plenamente aplicable a todo el personal laboral de las universidades públicas, tanto docente e investigador como técnico, de gestión y de administración y servicios, en virtud del artículo 2 del RD 723/2026, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, arts. 77 y 89) y el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Personal Funcionario: De acuerdo con la Directiva Europea 2019/1152, la jurisprudencia del TJUE y el artículo 2.6 del propio Real Decreto, los derechos de información y previsibilidad benefician también al personal funcionario de las universidades públicas, adaptándose a las peculiaridades de su legislación específica.

Nuevos Derechos de Información y Garantías de Previsibilidad

El Real Decreto obliga a las universidades empleadoras a facilitar por escrito, de forma transparente, accesible e individualizada, una información ampliada sobre las condiciones esenciales del contrato y de la prestación laboral, siempre que no figuren en el contrato escrito:

Detalle Retributivo y Salario: Desglose obligatorio de la cuantía del salario base, complementos salariales indicados de forma separada, periodicidad, método de pago y fórmulas de cálculo para conceptos variables.
Causa de Temporalidad e Identificación del Puesto: Justificación precisa de la causa habilitante y las circunstancias concretas de la contratación temporal, junto con la descripción detallada del grupo profesional y del contenido específico del puesto.
Tiempo de Trabajo y Jornada: Información sobre la duración y distribución horaria de la jornada ordinaria (diaria, semanal y anual), trabajo a turnos o nocturno, procedimientos para modificar turnos o jornadas, acuerdos de horas extraordinarias y preavisos mínimos en distribuciones irregulares.
Uso de Inteligencia Artificial y Algoritmos: Obligación novedosa de informar sobre la existencia y reglas de funcionamiento de sistemas algorítmicos o automatizados que se empleen para adoptar decisiones que afecten a las condiciones de trabajo (asignación de tareas, jornadas, salarios, progresión profesional o extinción).
Planes de Igualdad, Conciliación y LGTBI: Información expresa sobre el Plan de Igualdad aplicable, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, políticas de conciliación de la empresa y medidas para la igualdad real de las personas LGTBI.
Períodos de Prueba y Formación: Duración concreta del período de prueba y desarrollo de los derechos a la formación profesional facilitada por la universidad.
Pensiones y Coberturas Sociales: Identificación de la entidad colaboradora de la Seguridad Social, mejoras voluntarias de acción protectora e identificación de planes y fondos de pensiones promovidos con las aportaciones realizadas.

Formato, Formas de Entrega y Accesibilidad

La información debe facilitarse en papel o formato electrónico garantizando que sea accesible, imprimible y que la universidad conserve prueba de la recepción. En el caso de trabajadores con discapacidad o capacidad intelectual límite, la información debe ser plenamente accesible y comprensible.

Entrada en Vigor y Procedimiento de Reclamación

Entrada en vigor: La norma entró en vigor el 5 de octubre de 2026 (20 días después de su publicación en el BOE).
Nuevas contrataciones (a partir del 5 de octubre de 2026): La universidad debe entregar de oficio toda la información con carácter previo al inicio de la relación laboral.
Contrataciones preexistentes: Para los contratos vigentes antes del 5 de octubre de 2026, la universidad no actúa de oficio, sino a instancia de parte. La persona trabajadora tiene derecho a solicitar por escrito esta información, y la universidad dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud para facilitarla.
Modificaciones posteriores: Cualquier cambio en las condiciones esenciales debe ser notificado por escrito lo antes posible y, a más tardar, el mismo día en que el cambio surta efecto.

Desde CSIF os asesoramos para que los equipos rectorales y gerencias universitarias cumplan estas obligaciones de transparencia, e instamos a la plantilla con contratos anteriores al 5 de octubre a solicitar su documento informativo para garantizar la plena tutela de sus derechos. Ante cualquier duda o para tramitar tu solicitud, acude a tu sección sindical de CSIF.

¡POR LA TRANSPARENCIA, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS DERECHOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

BOE 15/10/2026: Distribución territorial y criterios de reparto de los créditos gestionados por las CCAA destinados al Impulso y Calidad de la FP 2026

jose-luis.narbona.moreno — Thu, 15 Oct 26 09:16:00 CEST

NormativaPaís Vasco - Educación Image

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ayudas

Resolución de 5 de octubre de 2026, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 18 de septiembre de 2026, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, destinados al Impulso y Calidad de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2026.
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TEXTO ORIGINAL

La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 18 de septiembre de 2026, ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Impulso y Calidad de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2026, por un importe de 31.296.070,00 euros, susceptible de cofinanciación por la Unión Europea en el marco del programa operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO) del Fondo Social Europeo Plus.

Para general conocimiento, esta Secretaría General de Formación Profesional dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.

Madrid, 5 de octubre de 2026.–La Secretaria General de Formación Profesional, Esther Monterrubio Ariznabarreta.

ANEXO

Acuerdo de 18 de septiembre de 2026 de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Impulso y Calidad de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2026, por un importe de 31.296.070,00 euros, susceptible de cofinanciación por la Unión Europea en el marco del programa operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO) del Fondo Social Europeo Plus

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2026, establece una dotación económica en el presupuesto de gastos del Ministerio de Educacion, Formación Profesional y Deportes de 31.296.070,00 euros para Impulso y calidad de la Formación Profesional, en la aplicación presupuestaria 18.05.322B.454.01.

Las medidas financiadas con estos créditos se enmarcan en el ámbito del sistema de Formación Profesional del sistema educativo, competencia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en virtud del artículo 5 del Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.

Asimismo, como el importe total a distribuir es superior a 12 millones de euros, se recabó con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la citada autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la posterior Conferencia Sectorial.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, quedan aprobados, en los términos que figuran en el anexo, la propuesta de distribución y los criterios de reparto a las Comunidades Autónomas, (en adelante CC. AA.).

Operación	Líneas de actuación	Importe (euros)	Aplicación presupuestaria
Impulso y Calidad de la Formación Profesional.	Línea de actuación 6.1: Campeonatos «Skills» (Medida 3.e.03).	7.245.345,70	18.05.322B.454.01
	Línea de actuación 6.3: Movilidad de alumnado y personas en formación (Medida 3.e.06).	1.047.448,79
	Línea de actuación 6.4: Implementación de proyectos en Formación Profesional (Medidas 3.e.08, 3.e.10, 3.e.11, 3.e.12, 3.e.14 y 3.e.15).	13.434.523,18
	Línea de actuación 6.5: Formaciones y estancias formativas (Medidas 3.e.05, 3.e.16, 3.e.17, 3.e.18, 3.e.19 y 3.e.20).	9.568.752,33
Total.		31.296.070,00

ANEXO

Criterios de distribución y reparto resultante del crédito para la financiación del Impulso y Calidad de la Formación Profesional

El crédito concedido en la línea de actuación 6.1 «Campeonatos Skills», la línea de actuación 6.3 «Movilidad del alumnado y personas en formación», la línea de actuación 6.4 «Implementación de proyectos en formación profesional» y la medida 3.e.05 «Estancias del profesorado y formadores en empresas, centros de FP y centros de excelencia», perteneciente a la línea 6.5 «Formaciones y estancias formativas», se ha distribuido empleando los siguientes criterios de reparto aprobados en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 3 de junio de 2026 con carácter anual:

– Número de alumnos matriculados en todos los niveles de Formación Profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros públicos (40 %).

– Número de profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional en centros públicos (25 %).

– Número de centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional (20 %).

– Coeficiente por brecha de género. Alumnado matriculado en Formación Profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros públicos (5 %).

– Tasa de riesgo de pobreza (5 %).

– Dispersión geográfica de las Administraciones Públicas (5 %).

La cuantía asignada a cada C.A. es distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución a través de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del Instituto Nacional de Estadística y los de elaboración propia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Por otra parte, el crédito concedido en las restantes medidas de la línea de actuación 6.5 «Formaciones y estancias formativas» se ha distribuido atendiendo a los siguientes criterios de reparto aprobados en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 3 de junio de 2026 con carácter anual:

– Número de profesorado de Formación Profesional en centros públicos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (50 %).

– Número de alumnos matriculados en todos los niveles de Formación Profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros públicos (20 %).

– Dispersión demográfica (tasa habitante por km²) (15 %).

– Dispersión geográfica de las Administraciones Públicas (10 %).

– Tasa de riesgo de pobreza (5 %).

La distribución de fondos resultante correspondiente al reparto del ejercicio presupuestario de 2026, una vez descontados los remanentes correspondientes al reparto del año 2024, es la siguiente:

CCAA	Línea de actuación 6.1, 6.3 y 6.4 – Euros	Descuento remanentes calidad 2024 – Euros	Crédito a transferir – Euros	Línea de actuación 6.5 – Euros	Descuento remanentes prof. 2024 – Euros	Crédito a transferir – Euros
Andalucía.	4.153.119,75	130.876,40	4.022.243,35	1.586.571,20	7.718,00	1.578.853,20
Aragón.	680.427,91	109.959,09	570.468,82	498.773,17	0,00	498.773,17
Asturias (Principado de).	489.783,69	74.566,86	415.216,83	252.763,53	0,00	252.763,53
Balears (Illes).	618.525,30	0,00	618.525,30	312.315,01	0,00	312.315,01
Canarias.	1.353.676,30	0,00	1.353.676,30	567.528,28	0,00	567.528,28
Cantabria.	348.962,88	0,00	348.962,88	200.941,01	69.355,74	131.585,27
Castilla y León.	1.305.149,69	0,00	1.305.149,69	802.028,75	0,00	802.028,75
Castilla-La Mancha.	1.309.638,58	127.157,15	1.182.481,43	734.020,31	177.126,54	556.893,77
Cataluña.	3.234.786,98	0,00	3.234.786,98	1.132.230,90	21.493,66	1.110.737,24
Comunitat Valenciana.	2.703.332,83	0,00	2.703.332,83	1.040.014,16	0,00	1.040.014,16
Extremadura.	722.394,82	0,00	722.394,82	526.217,31	18.459,84	507.757,47
Galicia.	1.509.856,51	44,49	1.509.812,02	585.826,30	0,00	585.826,30
Madrid (Comunidad de).	2.194.187,74	0,00	2.194.187,74	758.333,45	0,00	758.333,45
Murcia (Región de).	840.946,83	0,00	840.946,83	370.185,39	143.056,47	227.128,92
Rioja (La).	262.527,86	0,00	262.527,86	201.003,56	107.953,31	93.050,25
Total.	21.727.317,67	442.603,99	21.284.713,48	9.568.752,33	545.163,56	9.023.588,77

CCAA	Total líneas 6.1+6.3+6.4+6.5 – Euros	Total descuento remanentes – Euros	Total a transferir – Euros
Andalucía.	5.739.690,95	138.594,40	5.601.096,55
Aragón.	1.179.201,08	109.959,09	1.069.241,99
Asturias (Principado de).	742.547,22	74.566,86	667.980,36
Balears (Illes).	930.840,31	0,00	930.840,31
Canarias.	1.921.204,58	0,00	1.921.204,58
Cantabria.	549.903,89	69.355,74	480.548,15
Castilla y León.	2.107.178,44	0,00	2.107.178,44
Castilla-La Mancha.	2.043.658,89	304.283,69	1.739.375,20
Cataluña.	4.367.017,88	21.493,66	4.345.524,22
Comunitat Valenciana.	3.743.346,99	0,00	3.743.346,99
Extremadura.	1.248.612,13	18.459,84	1.230.152,29
Galicia.	2.095.682,81	44,49	2.095.638,32
Madrid (Comunidad de).	2.952.521,19	0,00	2.952.521,19
Murcia (Región de).	1.211.132,22	143.056,47	1.068.075,75
Rioja (La).	463.531,42	107.953,31	355.578,11
Total.	31.296.070,00	987.767,55	30.308.302,45

Debido a sus regímenes forales, no se han tenido en cuenta a las CC.AA. del País Vasco y Navarra, en las que la financiación de este programa se realiza a través de los recursos propios de la C.A.

La cantidad que las CC.AA. deberán justificar equivale al importe concedido, previo al descuento de los remanentes del año 2024.

Compromisos de colaboración.

El periodo de ejecución comprende desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. Durante el mismo, las CC.AA. se comprometen a desarrollar las siguientes líneas de actuación para la mejora de la calidad y la difusión de la Formación Profesional:

– Línea de actuación 6.1 «Campeonatos Skills», compuesta por la medida 3.e.03 Organización y celebración de campeonatos autonómicos, estatales, europeos y mundiales de habilidades de FP.

– Línea de actuación 6.3 «Movilidad del alumnado y personas en formación», compuesta por la medida 3.e.06 Movilidad del alumnado y personas en formación para estancias dentro y fuera de España.

– Línea de actuación 6.4 «Implementación de proyectos en formación profesional», compuesta por las siguientes medidas:

● Proyectos colaborativos que fomenten la cultura de la FP en la empresa y promuevan modelos de excelencia (Medida 3.e.10).

● Proyectos colaborativos con asociaciones sectoriales de apoyo a pymes y micropymes (Medida 3.e.11).

● Alianza y desarrollo de proyectos interautonómicos (Medida 3.e.12).

● Proyectos de innovación específicos en digitalización aplicada (Medida 3.e.14).

● Convocatoria y subvención de proyectos de innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).

– Línea de actuación 6.5 «Formaciones y estancias formativas», que incluye las siguientes medidas:

● Estancias del profesorado y formadores en empresas, centros de FP y centros de excelencia (Medida 3.e.05).

● Formación de asesores, evaluadores y orientadores (Medida 3.e.16).

● Acciones formativas dirigidas al profesorado y formadores de FP (Medida 3.e.17).

● Estancias del profesorado y formadores en centros distintos del propio (Medida 3.e.18).

● Formación de formadores y tutores de empresa (Medida 3.e.19).

● Formación de prospectores de empresas (Medida 3.e.20).

Cabe recordar que únicamente serán financiables las actuaciones que no se estén ejecutando en el marco de otros programas de financiación, al objeto de evitar incurrir en doble financiación.

Además, en virtud del artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, se permite la aplicación de una tasa fija del 4% del gasto total ejecutado en la implementación de las medidas susceptibles de cofinanciación por el FSE+, en concepto de asistencia técnica, siempre que no se supere el límite del crédito concedido.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se compromete a:

– Poner a disposición de las Comunidades Autónomas el portal TodoFP como medio de difusión de las convocatorias que se realicen.

– Mantener la coordinación y seguimiento de las competiciones de Formación Profesional a nivel nacional, europeo y mundial y proporcionar el apoyo técnico necesario a las Comunidades Autónomas para la celebración de sus competiciones regionales y la organización de la participación a nivel nacional.

– Mantener la coordinación y el apoyo técnico necesarios para la implementación de programas y proyectos de calidad en Formación Profesional en las comunidades autónomas.

Asimismo, las CC. AA. deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de estos por los perceptores finales. Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, no más tarde del 30 de noviembre de 2027 las CC.AA. remitirán al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General del Estado desde las que se realizan las transferencias de crédito.

Los remanentes de fondos no comprometidos al finalizar cada ejercicio seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma en cumplimiento de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. No obstante, las comunidades pueden optar por su reintegro al Tesoro Público.

Una vez autorizada la distribución por el Consejo de Ministros y aprobada por la Conferencia Sectorial, corresponderá a la Secretaría General de Formación Profesional aprobar las resoluciones a través de las cuales se formalicen los compromisos financieros en virtud de la regla cuarta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Medidas de visibilidad, transparencia y comunicación.

Las acciones de Calidad en el sistema de Formación Profesional, con cargo al ejercicio presupuestario de 2026, que se desarrollen en todas las Comunidades Autónomas, serán financiadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y serán susceptibles de cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO).

Únicamente será elegible aquella actuación que cumpla con las medidas de visibilidad, transparencia y comunicación, incluyendo el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciado por la Unión Europea».

Las publicaciones impresas o electrónicas y notificaciones hechas por cualquier medio contendrán el logo institucional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el emblema de la Unión Europea, junto con el lema «Cofinanciado por la Unión Europea».

Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación, derivadas de la aportación del Estado a este programa, cumplirán los requisitos de publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del Ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado; en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Cabe indicar que, de conformidad con los artículos 47 y 50 y el anexo IX del Reglamento 2021/1060, de 24 de junio de 2021, y del artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/1057 por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013, los beneficiarios:

– Utilizarán el emblema de la Unión Europea cuando realicen actividades de visibilidad, transparencia y comunicación.

– En su sitio web oficial y en sus cuentas en redes sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada en relación con el nivel de la ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión Europea;

– Proporcionarán una declaración que destaque la ayuda de la UE de manera visible en documentos y materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.

– Exhibirán placas o vallas publicitarias resistentes en un lugar bien visible para el público, en las que figure el emblema de la Unión Europea, tan pronto como comience la ejecución física de operaciones que impliquen inversiones físicas o se instalen los equipos que se hayan adquirido con respecto a operaciones que reciban ayuda del FSE+ y cuyo coste total sea superior a 100.000 euros.

– Para las operaciones no incluidas en el punto anterior, exhibirán en un lugar bien visible para el público al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información sobre la operación donde se destaque la ayuda de los Fondos.

BOE 6/10/2026: normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2026/2027, para personal funcionario de los Cuerpos docentes

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 06 Oct 26 08:56:00 CEST

Concursos y movilidadTrasladosConvocatoriasNormativaPaís Vasco - Educación Image

Orden EFD/1041/2026, de 30 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2026/2027, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

PDF (BOE-A-2026-20763 - 41 págs. - 1.165 KB)

CSIF exige que la ley que reduce ratios y horario lectivo se apruebe por Real Decreto-Ley.

jose-luis.narbona.moreno — Mon, 05 Oct 26 13:44:00 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaPaís Vasco - Educación Image

Madrid, 5 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, al disolver las Cortes, provoca que decaiga el proyecto de ley de reducción de ratios y horario lectivo acordado en febrero, que no llegará a aprobarse.

CSIF quiere dejar claro que esta pérdida no responde a un impedimento legal, sino a una decisión política. El Gobierno conserva la capacidad de aprobar un real decreto-ley hasta las elecciones, y la Diputación Permanente del Congreso puede convalidarlo con las Cortes disueltas, tal y como está haciendo estos días con las medidas de vivienda. Si la herramienta sirve para la vivienda, sirve para la educación. Si la reducción de ratios y horario lectivo se queda sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera.

Resulta especialmente llamativo que el anuncio coincida con el Día Mundial del Docente, que este año conmemora seis décadas protegiendo la profesión. Para CSIF, apoyar al profesorado no se demuestra con proclamas, sino cumpliendo: y la realidad es que la legislatura que el propio Gobierno llamó “la del profesorado” se cierra sin el Estatuto Docente, pendiente desde la LOMLOE; con la reforma de ratios y lectivas decaída; con una interinidad por encima del 30%, muy lejos del 8% comprometido con Bruselas; y sin la financiación del 7% del PIB garantizada por ley.

Este balance llega, además, en el peor momento. El informe PISA 2025 ha arrojado los peores resultados de toda la serie histórica de España, y el Panorama de la Educación 2026 de la OCDE confirma el diagnóstico que CSIF viene documentando: un profesorado que trabaja en condiciones de precariedad, con aulas saturadas, exceso de burocracia y falta de reconocimiento.

Para CSIF la conclusión es clara: una vez más, la educación ha quedado supeditada a los vaivenes políticos. Por eso el sindicato reclama un Pacto de Estado que la ponga a salvo de la inestabilidad, y exige que la reducción de ratios y horario lectivo no se pierda: por la vía del real decreto-ley de forma inmediata, si hay voluntad, y mediante su blindaje por ley, de forma firme e improrrogable, en la próxima legislatura.

CSIF, como organización independiente, exige a quien gobierne y a todas las fuerzas políticas, sin excepción, que la educación figure como prioridad real —y no nominal— en la legislatura que viene. CSIF estará vigilante durante la precampaña, la campaña y la constitución de las nuevas Cortes, en las mesas de negociación y, si hace falta, en la calle. Porque la educación es una cuestión de Estado, y una generación de alumnos no puede seguir esperando.

Día mundial del Docente - 5 de Octubre: Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión

jose-luis.narbona.moreno — Sat, 03 Oct 26 07:43:00 CEST

CSIF Educación

Día Mundial del Docente: por la dignificación de la labor docente

El profesorado no puede esperar más: ratios, horario lectivo y condiciones laborales necesitan respuestas urgentes.

📢 El sindicato denuncia que las medidas urgentes de reducción de ratios y horario lectivo se hayan postergado hasta el curso 2027-2028.

⚠️ CSIF tacha de inaceptable que se utilice la tramitación parlamentaria educativa como «moneda de cambio» política, introduciendo temas ajenos como la Ley de Nietos.

📊 Los últimos informes PISA y el Panorama de la Educación 2026 confirman la urgencia de actuar en las aulas y dignificar de una vez por todas la labor docente.

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Día Mundial del Docente

«Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión»

En este Día Mundial del Docente, bajo el lema internacional «Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión», la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, vuelve a alzar la voz para exigir hechos y no más discursos vacíos.

Proteger y apoyar a la profesión docente pasa, inexcusablemente, por dignificar sus condiciones laborales y retributivas, dotar a los centros de recursos suficientes y blindar la educación pública frente al uso partidista.

Lamentablemente, asistimos un año más a un escenario de desinterés y parálisis política. Pese a que los últimos informes de evaluación internacional (PISA) y los datos del recién publicado Panorama de la Educación 2026 sitúan a nuestro sistema educativo en una posición muy delicada —con altas tasas de abandono escolar temprano, diferencias abismales e inaceptables entre Comunidades Autónomas, sobrecarga burocrática y aulas saturadas—, la respuesta institucional sigue siendo la lentitud y el tacticismo.

📚 Reducción de ratios y horario lectivo: una urgencia que no puede esperar a 2027

Desde CSIF mostramos nuestro más enérgico rechazo a que se haya pospuesto la aplicación de la ley para la reducción de ratios y de la jornada lectiva, fijando su calendario de implantación efectiva para el curso 2027-2028.

📉 Ratios máximas:

22 alumnos en Primaria y 25 alumnos en Secundaria, computando doble al alumnado con necesidades específicas.

⏰ Horario lectivo máximo:

23 horas en Infantil/Primaria y 18 horas en el resto de enseñanzas.

El profesorado y el alumnado no pueden esperar dos cursos más. Llevamos años advirtiendo de que estas medidas son imprescindibles para garantizar una atención individualizada y de calidad. Aplazar su entrada en vigor supone perpetuar el agotamiento docente y renunciar a atajar de inmediato los problemas de rendimiento y convivencia en las aulas.

⚖️ Basta de utilizar la educación como moneda de cambio político

CSIF considera una falta de respeto al colectivo docente que, en el dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, se desvirtúe la norma incorporando cuestiones totalmente ajenas al aula como la ‘Ley de Nietos’, antes incluso de su votación en el Pleno.

Que una norma destinada a mejorar las ratios, el horario lectivo y las condiciones de los centros se convierta en una suerte de «cajón de sastre» o vehículo para intereses partidistas, ignorando incluso las advertencias técnicas y jurídicas sobre la falta de conexión material, evidencia una politización insostenible y un desprecio absoluto hacia las verdaderas necesidades de la comunidad educativa.

La educación no puede ser un instrumento de negociación política ni un caballo de troya legislativo.

📋 Estatuto Docente y mejoras estructurales ya

CSIF Educación reitera que el único camino para transformar el sistema educativo es situar al profesorado en el centro. Por ello, exigimos:

1. Aplicación inmediata
Aplicación inmediata de la bajada de ratios y reducción de la carga lectiva, sin dilaciones ni calendarios ficticios.

2. Estatuto Docente
Aprobación de un Estatuto Docente que homogenice unas condiciones mínimas y justas en todo el Estado, evitando la actual dispersión y discriminación entre autonomías.

3. Recuperación del poder adquisitivo
Recuperación del poder adquisitivo perdido (superior al 20%) y actualización de los niveles y grupos funcionariales acorde a las titulaciones exigidas.

4. Reducción de la interinidad
Reducción drástica de la tasa de interinidad y cobertura ágil y real de las vacantes y sustituciones.

5. Menos burocracia
Eliminación de la asfixiante burocracia que desvía a los docentes de su labor pedagógica.

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Gracias a quienes sostienen cada día la educación

En este 5 de octubre, desde CSIF Educación trasladamos nuestro reconocimiento y agradecimiento más sincero a todos los y las docentes que, cada día, sostienen la educación con su vocación y entrega.

Seguiremos en las mesas de negociación y en la calle: por la dignificación de la labor docente y por una educación pública de calidad.

CSIF Educación
Por la dignificación de la labor docente y una educación pública de calidad.

CSIF recurre ante el tribunal supremo la exclusión del profesorado laboral permanente en el acceso a la carrera judicial

jose-luis.narbona.moreno — Thu, 01 Oct 26 14:03:00 CEST

El pasado 16 de septiembre de 2026, CSIF, en defensa del profesorado laboral de las universidades públicas españolas, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 9 de junio de 2026 dictada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Dicha resolución convoca el proceso selectivo para la provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en el orden jurisdiccional contencioso, para el acceso a la Carrera Judicial en la categoría de Magistrado y Magistrada.

En su base segunda (requisitos específicos de participación, punto 3, letra b), se restringe la participación exclusivamente a quien realice el "desempeño como catedrático o catedrática o como profesor o profesora titular de disciplinas jurídicas en universidades públicas o en categorías equivalentes o similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo completo". Esta convocatoria supone una discriminación arbitraria contra el profesorado laboral. Resulta inaceptable que se reconozca el acceso al profesorado de universidades privadas y se vete al profesorado laboral de los campus públicos.

Según los datos oficiales más recientes de la Estadística de Personal de las Universidades (EPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU):

El 61,5% del Personal Docente e Investigador (PDI) en los centros propios de las universidades públicas españolas es personal laboral.
Únicamente el 38,5% es PDI funcionario.

Excluir de esta convocatoria al PDI laboral permanente implica cerrar la puerta al 61,5% del colectivo docente e investigador público, ignorando su acreditada capacitación jurídica y docente.

A través del recurso interpuesto, CSIF exige la modificación inmediata de las bases de la convocatoria para que se incorpore expresamente al profesorado universitario laboral permanente en condiciones de equidad y pleno reconocimiento.

CSIF mantendrá su ofensiva jurídica y sindical en todos los frentes necesarios para impedir cualquier merma de derechos o discriminación del PDI laboral de la universidad pública.

¡Por la igualdad de derechos y el reconocimiento pleno del PDI Laboral de la Universidad Pública!

Convocatoria de ayudas FPU 2026

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 29 Sep 26 17:37:00 CEST

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado en el BOE la convocatoria correspondiente a las ayudas para contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario (FPU) 2026.

Estas ayudas están destinadas a la contratación de personal investigador en formación para la realización de una tesis doctoral, así como a facilitar su posterior incorporación al sistema universitario. La convocatoria contempla, además, un periodo de orientación postdoctoral de hasta 12 meses, siempre que la persona beneficiaria obtenga el título de doctor durante el periodo de ejecución de la ayuda.

Las ayudas incluyen la financiación de los contratos pdoctorales, las estancias en centros de I+D y los gastos asociados a la matrícula en los estudios de doctorado.

875 ayudas para formación predoctoral

En esta convocatoria se ofertan un total de 875 ayudas, de las cuales 44 estarán reservadas para personas con una discapacidad igual o superior al 33 %.

Podrán presentar su solicitud quienes, en el momento de participar en la convocatoria, dispongan de alguna de las titulaciones recogidas en el anexo III.1 y estén matriculados o hayan sido admitidos en un programa de doctorado para el curso 2026/2027.

También podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que, aunque todavía no estén matriculadas o admitidas en el momento de presentar la solicitud, puedan estarlo cuando llegue el momento de formalizar el contrato.

Características y financiación de los contratos

Los contratos tendrán carácter laboral y a tiempo completo, con una duración máxima de cuatro años.

La convocatoria contempla diferentes conceptos de financiación:

➡️ Financiación del contrato: se establece una ayuda de 32.500 euros por anualidad. La retribución mínima que deberá percibir la persona contratada será de 25.457 euros brutos anuales.

En cualquier caso, esta retribución no podrá ser inferior al 75 % del salario establecido para categorías equivalentes en el convenio colectivo correspondiente, ni tampoco al salario mínimo interprofesional que se establezca anualmente.

➡️ Indemnización por finalización del contrato: se establece una ayuda de hasta 3.350 euros para cubrir los costes derivados de la finalización del contrato.

➡️ Estancias y formación doctoral: se destinan 10.000 euros para financiar los gastos relacionados con la realización de estancias en centros de I+D y con la matrícula en las enseñanzas de doctorado.

➡️ Matrícula de doctorado: la convocatoria contempla asimismo la financiación de los gastos correspondientes a la matrícula en las enseñanzas de doctorado.

Participación en tareas docentes

Las personas beneficiarias podrán colaborar en actividades docentes durante el periodo de disfrute de la ayuda.

Esta colaboración deberá comprender un mínimo de 90 horas y un máximo de 180 horas durante el conjunto de los años de duración de la ayuda.

En ningún caso podrán realizarse más de 60 horas de docencia en un mismo año.

Compatibilidad con otras actividades y ayudas

Los contratos financiados mediante estas ayudas serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral.

No obstante, sí será posible percibir determinados complementos o ayudas compatibles, entre ellos:

Complementos no salariales procedentes de proyectos y contratos de I+D.
Complementos vinculados a tareas docentes cuando estas no impliquen una relación contractual.
Ayudas complementarias destinadas a fomentar la movilidad del personal investigador.

Plazo para presentar las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 20 de octubre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas (hora peninsular).

La resolución de la convocatoria deberá publicarse en un plazo máximo de seis meses, contados desde el 20 de noviembre de 2026.

Una vez publicada la resolución de concesión, los centros de I+D que resulten beneficiarios dispondrán de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación, para formalizar los contratos con las personas seleccionadas.

Consulta toda la información de la convocatoria

Para conocer todos los requisitos, documentación necesaria y procedimiento de presentación de las solicitudes, puede consultarse la documentación oficial de la convocatoria:

➡️ Extracto de la convocatoria:
BOE, 26 de septiembre de 2026, convocatoria FPU 2026.

➡️ Resolución de la convocatoria:
Base de Datos Nacional de Subvenciones, convocatoria 918659.

Se recomienda consultar detenidamente la convocatoria y la documentación oficial antes de presentar la solicitud, especialmente en lo relativo a los requisitos de acceso, titulaciones, matrícula en programas de doctorado y condiciones de compatibilidad.