CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF traslada a la ministra de Educación nuestras exigencias para la legislatura en la que el profesorado debe ser la prioridad.

admin — Mon, 20 Nov 23 13:22:10 CET

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Un pacto de Estado, más financiación, reducción de ratios e incremento de plantilla

Hay que abordar con urgencia la eliminación de la burocracia innecesaria y reforzar la autoridad del profesor con el Estatuto del Docente y reducir la conflictividad en las aulas.

Madrid, 20 de noviembre de 2023.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, sus prioridades para esta legislatura, entre las que se incluyen un pacto de Estado que garantice la estabilidad al sistema educativo frente a futuros vaivenes políticos, más financiación, reducir el número de alumnos y alumnas por aula e incrementar las plantillas.

CSIF recuerda que estas reivindicaciones ya fueron trasladas en reiteradas ocasiones en la anterior legislatura e instamos que en esta nueva etapa se comience a negociar de manera preferente con el profesorado para solucionar los graves problemas de la educación española. No obstante, lamentamos que tenga que compaginar su cargo con el de portavoz del Gobierno y que le reste dedicación a su tarea como ministra, como ocurrió con otros antecesores en el cargo como Isabel Celaá o Íñigo Méndez de Vigo.

CSIF pide un incremento de la inversión en educación hasta el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea, transparencia en las cifras de inversión y un balance de la aplicación de los fondos de la UE. También esperamos que pongan en marcha las siguientes reivindicaciones que planteamos desde la pasada legislatura:

- Mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes.

- Refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios (la escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46 por ciento).

- Apuesta por una educación pública de calidad con un plan de inversión en los colegios públicos y reparto equitativo del alumnado con necesidades.

- Reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente.

- Eliminación de la burocracia innecesaria.

- Plan efectivo de convivencia en las aulas que permita afrontar nuevos problemas como las redes sociales, el repunte de la violencia de género o la influencia de la pornografía.

- Modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente.

- Reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español.

- Acceso a la universidad con prueba única.

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