Nacional - Administración de Justicia

CSIF exige al Ministerio un programa de productividad para toda la oficina

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 10 Apr 26 09:58:00 CEST

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El Ministerio anunció una revisión de la productividad que se nos trasladará en próximas fechas. Para CSIF esa revisión debe incluir una productividad para todos y así lo hemos exigido en la reunión de ayer.

Para CSIF, el sistema actual de productividad está fuera de la realidad y se ha quedado obsoleto.

Esta fuera de la realidad porque no hay ninguna administración pública en la que la productividad no se abone al equipo, servicio, área que participa en la consecución de objetivos. En este sentido, el sistema vigente en Justicia es manifiestamente injusto y debe ser modificado con los incrementos presupuestarios que se precisen.

Pero es que, además, el sistema de productividad que data del año 2014, se ha quedado claramente obsoleto, algo que ni el Ministerio oculta.

La reforma, más bien maquillaje, que pretende el Ministerio con la resolución de productividad de LAJ mantiene ítems que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de un verdadero programa de productividad como el número de personal a cargo, incluye otros ítems que cubren una actividad que, en muchos casos, es realizada materialmente por otros cuerpos y sirve para abonar cantidades ridículas a menudo, es decir, mucha parafernalia para casi nada.

El Ministerio, argumenta que es necesario acometer los cambios que se proponen en la resolución porque está pendiente la productividad del segundo semestre de 2025 en las fases I y II que precisa un cambio en las fichas de productividad que deben ser cumplimentadas. No obstante, el Ministerio anunció una revisión de la productividad que se nos trasladará en próximas fechas.

Para CSIF es inaceptable que, nueve meses después de iniciar la implantación progresiva del nuevo modelo, el Ministerio caiga en la cuenta de que es necesario hacer cambios en la productividad, pero así estamos y la revisión completa de la normativa no puede hacerse esperar mucho más tiempo e incluir a todo el personal de la oficina judicial y fiscal y a los cuerpos especiales.

Esta propuesta- parche demuestra, una vez más, la falta de previsión estratégica en la implantación de este modelo organizativo que no ha tenido en cuenta los cambios normativos necesarios para que el nuevo modelo funcione. No será porque no lo hayamos advertido en más de una ocasión desde que se aprobó la ley y se conocieron los plazos de puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.

La revisión de la normativa de sustituciones, comisiones de servicio, el establecimiento de un sistema de productividad para todos o la revisión del sistema y mejora de la retribución de las guardias son algunas de las medidas que CSIF ha presentado para encauzar el caos organizativo derivado de la implantación precipitada, sin visión estratégica, de las oficinas de los Tribunales de Instancia.

El nuevo modelo mutualiza los atascos y, en este sentido, deben implementarse medidas que permitan medir el rendimiento de forma cualitativa (carrera profesional que ya se está negociando y que el próximo 28 de abril se celebrará la sexta reunión sobre el tema) y cuantitativa (productividad, planes de actuación que debe empezar a negociarse de manera urgente).

El Ministerio abre una consulta sobre el RD 1033/2005 que regula el complemento general del puesto en Justicia

emma.alvarez.bande — Thu, 30 Apr 26 08:09:00 CEST

El punto 10 del acuerdo establecía el análisis de la repercusión de la nueva organización en los grupos de población y, en especial, en el grupo IV que es al que pertenecen las oficinas de justicia en el municipio, antes Juzgados y agrupaciones de Juzgados de paz. Sobre el desarrollo de la reunión y las alegaciones de CSIF sobre la supresión del grupo IV ya os dimos cuenta en nuestra web.

En el transcurso de esta reunión de la mesa de negociación el Ministerio anunció la apertura de un trámite de audiencia a los sindicatos sobre el RD 1033/2005 en su conjunto. En este sentido, se podrá decir lo que se quiera, pero no cabe la menor duda de que la firma del acuerdo de 8 de enero y la inclusión en el mismo de la supresión del grupo de población IV lejos de impedir ninguna negociación más amplia, ha actuado como cuña en la puerta para seguir profundizando en el objetivo de eliminar estos grupos de población.

La propuesta de CSIF es la eliminación progresiva de los grupos de población en dos-tres años hasta llegar a un complemento general del puesto mejorado respecto de las cuantías actuales del grupo I. Un posible calendario:

En septiembre 2026.

inclusión en el tipo II de todas las sedes que se encuentren en capital de provincia no incluidas actualmente en los tipos I y II y las localidades de estas provincias servidas por Magistrados.
Por otro lado, las nueve localidades de tipo II (ocho en el RD 1033/2007 vigente más Murcia, pasarían al tipo I de población.

En enero de 2027.

se eliminaría el tipo III de población pasando al tipo II a sus integrantes. Es decir, todas las sedes judiciales que no fueran capitales de provincia y las localidades que cuyos órganos judiciales no estén servidos por Magistrados.

En enero de 2028.

se procedería a la unificación de tipo en las cantidades del tipo I mejoradas en la cantidad que se negocie durante 2027 a tal efecto en relación con la reforma corporativa, clarificación de funciones, distribución de las mismas y reconocimiento laboral y retributivo cuyo estudio y negociación venimos reclamando desde hace años en CSIF.

Paralelamente, se debería también procederse a la negociación del RD 2033/2009 para unificar los tipos de población del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. No obstante, este RD no es objeto de consulta por lo que solicitamos que se incluya cuanto antes en la agenda de negociación.

Para CSIF se puede estar abriendo la oportunidad de proceder a la revisión corporativa, la clarificación de funcional y el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones que efectivamente se realizan junto con esta revisión de los grupos de población que se retribuyen dentro del Complemento general del puesto.

Un objetivo al que, como se puede ver, CSIF nunca ha renunciado ni la firma del acuerdo impide en absoluto.

CSIF EXIGE A MUGEJU MEDIDAS REALES Y TRANSPARENCIA SOBRE EL FUTURO DEL CONCIERTO SANITARIO

emma.alvarez.bande — Mon, 11 May 26 10:34:00 CEST

MugejuPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaNacional - Administración de Justicia Image

MUGEJU ha respondido a las solicitudes planteadas por CSIF sobre cuestiones fundamentales que afectan directamente a los mutualistas de la Administración de Justicia.

Las contestaciones remitidas por la Gerencia de MUGEJU evidencian, una vez más, la ausencia de compromisos concretos y la falta de transparencia respecto al futuro del mutualismo judicial y de la asistencia sanitaria.

Sin avances concretos sobre el sistema de avisos de emergencia 112 y la receta electrónica

Ante la propuesta planteada por CSIF para incorporar a los mutualistas al sistema de avisos de emergencia 112, MUGEJU se limita a señalar que la cuestión continúa “en proceso de análisis interno y a la espera de que concurran las circunstancias necesarias para su eventual desarrollo”, sin concretar medidas, plazos ni actuaciones reales.

Tampoco se concreta nada respecto a la incorporación al sistema de receta electrónica.

Para CSIF esta situación supone un claro agravio comparativo frente a MUFACE. Exigimos que se actúe con la misma diligencia y se garantice la igualdad de trato.

Falta de información sobre la negociación del nuevo Concierto Sanitario

Respecto a la negociación del próximo Concierto Sanitario, MUGEJU evita concretar qué medidas piensa adoptar para:

mejorar la calidad asistencial,
garantizar la continuidad de cuadros médicos,
reforzar la equidad territorial,
proteger adecuadamente a los mutualistas.

La Mutualidad se limita a realizar declaraciones genéricas sobre legalidad, sostenibilidad y criterios técnicos, sin ofrecer información concreta sobre el contenido real de la negociación.

CSIF denuncia esta falta de transparencia en un asunto que afecta a miles de mutualistas de la Administración de Justicia.

Atención sanitaria en zonas rurales

En relación con la asistencia sanitaria en municipios de menos de 20.000 habitantes, MUGEJU informa que en las comunidades donde no existen convenios rurales, la atención sanitaria depende de mecanismos subsidiarios previstos en el Concierto Sanitario vigente.

CSIF considera imprescindible garantizar una atención sanitaria homogénea y de calidad para todos los mutualistas, con independencia de su lugar de residencia.

El pasado 27/11/2025, CSIF firmó el “Acuerdo marco de mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía”, por el que el Gobierno se comprometía a “avanzar en la mejora del mutualismo administrativo al objeto de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos”.

Gracias a la actuación de CSIF, MUGEJU se ha visto obligada a pronunciarse sobre problemas que afectan directamente a miles de mutualistas. Sin embargo, sus respuestas siguen siendo claramente insuficientes y continúan sin aportar soluciones reales.

CSIF ha sido el único sindicato en primera línea de defensa del mutualismo administrativo y seguiremos luchando por la mejora real de la asistencia y protección de los mutualistas.

CSIF renueva su compromiso con la transparencia con la publicación de sus cuentas de 2023

admin — Fri, 05 Jul 24 12:33:00 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, renovó hoy su compromiso con la transparencia publicando sus cuentas correspondientes a 2023 avaladas por una auditoría externa.

Tal y como destaca la Auditoría, las cuentas anuales de 2023 expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CSIF a 31 de diciembre de 2023, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la publicación de las cuentas auditadas del ejercicio 2012 y queremos seguir siendo ejemplares reafirmando un año más nuestra apuesta por la transparencia. Los datos se han difundido a los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales y estarán disponibles permanentemente en la web de nuestro sindicato (www.csif.es).

Los datos de la auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de diciembre de 2023, vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sustentan fundamentalmente por las cuotas de nuestros afiliados (30.786.867,29 euros de ingresos). Se observa un aumento de 821.907,63 de ingresos por este concepto respecto al año anterior como consecuencia del importante incremento de la afiliación experimentado en este periodo.

Como se puede observar, las cuotas de nuestros afiliados es la principal fuente de financiación de CSIF. Asimismo, CSIF percibe ingresos correspondientes a servicios prestados (fundamentalmente asesorías y formación sin cargo a subvenciones), a afiliados, empleados públicos y trabajadores en general, que ascienden a los 922.485,43 euros.

El aumento del número de afiliados unido al a los ingresos correspondientes a servicios prestados ha generado un excedente positivo (ahorro) de 3.700.019,04.

La situación patrimonial es muy saneada, tal y como se aprecia en el constante aumento del Fondo Social que pasa de 49.830.104,78 en 2017 a 78.713.883,88 en 2023.

La publicación de estos datos responde al compromiso del sindicato con la transparencia y nuestra firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públicos deben dar cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas.

La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas, hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y en definitiva fortalecer la democracia.

(Se adjuntan documento PDF con el Balance de Situación y Cuenta de Resultados)

CSIF exige una subida para el resto de los cuerpos de la Administración de Justicia o de lo contrario convocará movilizaciones

admin — Tue, 28 Mar 23 11:13:53 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, exige al ministerio que dirige Pilar Llop que complete el acuerdo alcanzado con el colectivo de letrados con una subida salarial para el resto de los cuerpos.

Para CSIF, la actitud del ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia y advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, sin descartar ninguna medida de presión.

El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia.

Además, CSIF subraya que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia

La nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno fracasa por falta de medios

admin — Thu, 23 Mar 23 09:49:27 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de “comarcalización” de los juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas.

CSIF advierte de que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.

Según información recabada por CSIF, (sindicato mayoritario en la Justicia) las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, ha generado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.

Cuando el Gobierno aprobó este proyecto aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Pero la experiencia –que ahora se pretende generalizar en toda España-- ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia ahora solo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo 13.

En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos.

Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado. En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.

Además, con la agrupación judicial las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.

Por todo ello, desde CSIF reclamamos al Gobierno que revise este proyecto de “comarcalización”, que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado

admin — Thu, 16 Mar 23 12:55:35 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Pese a que el texto recoge algunas de las mejoras propuestas por CSIF, está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una Ley de esta magnitud para que resultara aceptable para nuestra Organización, ya que, muchos aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos de la AGE, se regulan de forma deficiente e incompleta y otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas.

Entre los “desastres” de esta Ley, cabe destacar por su importancia y afectación a los trabajadores:

Falta generalizada de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes, posponiendo esta regulación a un desarrollo reglamentario posterior, lo que podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva.
Sin garantizar una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras que esta Ley contendrá, ni realizar ninguna alusión a las cuantías económicas que se aplicarán a las diferentes figuras.
No contempla el establecimiento de la tan reivindicada por CSIF jornada de 35 horas, desaprovechando un gran momento para su aplicación general en la AGE y faltando así a los compromisos adquiridos por la propia Administración en acuerdos de los que ya advertimos que no eran más que papel mojado en lo que a las mejoras laborales se refería.
En relación con el esperado y ansiado grupo B:
- CSIF exigía que la dotación de efectivos se llevara a cabo no sólo con nuevas incorporaciones sino, además, mediante la habilitación temporal para permitir el trasvase de efectivos desde el grupo C1 de aquellos que realizan las funciones y cumplen el resto de requisitos y esta justa reivindicación ha sido desoída por la Administración y el resto de Organizaciones Sindicales.
- Además, no se crean los cuerpos del grupo B de forma generalizada en todas aquellas áreas funcionales donde existe la titulación de Técnico Superior de la FP, procediendo sólo a la creación de tres cuerpos o escalas (Técnico Informático de Hacienda y Función Pública - grupo B, Escala Técnica Medioambiental - grupo B del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Cuerpo de Delineantes - grupo B del Ministerio de Hacienda y Función Pública), lo que es absolutamente insuficiente. Para mayor agravamiento de la situación, suprimen varios cuerpos y escalas (Escala Técnico Especialista INIA, Especialidad de Hacienda de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., plazas de bibliotecarios Nominados, y Escala de Operadores Mecánicos del Patronato de Apuestas Mutuas, Deportivas Benéficas) sin ninguna justificación o negociación previa con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
- No Garantiza que la racionalización de Cuerpos y Escalas que anuncia la Administración se lleve a cabo tras la necesaria negociación con las Organizaciones Sindicales.
- Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, pueda crear o modificar los subgrupos existentes saltándose la reserva de Ley prevista en el artículo 9 de la propia Ley.

Evaluación del desempeño: Aunque, como ya trasmitimos, se añaden algunas mejoras propuestas por CSIF como la participación sindical en el establecimiento de los criterios generales y el seguimiento posterior de su aplicación en las Unidades, aún faltan cuestiones fundamentales como:
- Garantizar la participación sindical en la Comisión de Evaluación del Desempeño.
- La contemplación de situaciones particulares (bajas médicas, licencias, etc.)
- Eliminar la posibilidad de la facultad de remoción del puesto.
- Eliminar los retrasos en su aplicación efectiva:
  - Seis meses hasta la entrada en vigor de la Ley,
  - Otros seis meses para establecer los criterios de evaluación.
  - Más, un plazo sin determinar, para que los Departamentos desarrollen sus instrumentos de planificación estratégica.
  - Y, además, sin efecto en los dos primeros años tras todos los pasos anteriores.
Carrera profesional. Inadmisible en los términos en los que se regula, ya que:
- No se establecer ni asegura un plazo corto de aplicación efectiva y además está condicionada al desarrollo previo de la evaluación del desempeño.
- No se establece la correspondiente reserva presupuestaria.
- No se contempla el reconocimiento de la carrera desarrollada por los trabajadores en los años previos a su establecimiento.
- Se fijan cuatro tramos, pero no se hace alusión a las cuantías económicas que se asignarán a cada tramo.
- No se garantizar la extensión y aplicación de la carrera profesional a todo el Personal Laboral de la AGE.
No contempla ninguna alusión a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias.
No incluye la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, previa modificación del EBEP, ni la prorrogación automática de la vida laboral a voluntad del trabajador ni la incentivación retributiva de la prolongación voluntaria en el servicio activo.
No establece la aplicación efectiva del teletrabajo en los términos suscritos en el acuerdo de Teletrabajo en la AGE (medios aportados por la Administración, negociación de los puestos susceptibles de desempeño bajo esta modalidad en las Mesas Departamentales y fijación de la modalidad general de tres días a la semana en teletrabajo). Además de no asegurar su implementación sin más demoras (seguimos esperando tras dos años la publicación del RD de Teletrabajo conforme al acuerdo alcanzado)
No procede a la actualización de las indemnizaciones por servicio (dietas por alojamiento, manutención, kilometraje por uso de vehículo propio) ni su obligatoria revisión con periodicidad anual. Tampoco determina la eliminación de las diferencias a percibir por los grupos actualmente establecidas.
No eliminación de la movilidad forzosa ni de las limitaciones a la movilidad voluntaria intra e inter administrativa, introduciendo nuevas restricciones a esta última.
No garantiza el carácter voluntario de las atribuciones temporales de funciones.
No garantiza la igualdad eliminando la brecha salarial de las retribuciones complementarias (gratificaciones extraordinarias y productividades).
No garantiza la obligatoriedad de realizar, por parte de la Administración, aportaciones a los planes de pensiones y contratos de seguro colectivo.
Excedencias voluntarias. Aunque introduce algunas mejoras propuestas por CSIF, sigue estableciendo para el personal funcionario:
- Plazos demasiado elevados en las de interés particular.
- No se contemplan las excedencias especialmente protegidas (cuidado de hijos o familiares, violencia de género o violencia terrorista) para el personal interino.
- Se elimina la ampliación de la reserva de puesto para la excedencia de cuidado de hijos o familiares.
No acepta nuestra propuesta de que el nombramiento del personal directivo sea fruto de la carrera profesional y mantiene, únicamente, la libre designación para tal fin.

CSIF DARÁ TRASLADO DE TODAS SUS PROPUESTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTENTAR RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN TRÁMITE PARLAMENTARIO Y QUE ESTA LEY SUPONGA REALMENTE MEJORAS EN LAS CONDICONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS.

CSIF reclama un debate honesto y realista sobre la mejora y viabilidad del sistema de pensiones

admin — Thu, 16 Mar 23 11:38:49 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos.

CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entendemos que el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones.

Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF queremos advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigimos que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.

Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años.

Exigimos por tanto un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF –no solo a los sindicatos de clase, que han venido siendo cómplices de los diferentes recortes-- para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, pedimos que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.

Hay que recordar que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias --una pérdida de hasta 8.000 euros al año--. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización.

Lamentamos que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario.

CSIF reclama a Justicia instrucciones claras para que los registros civiles apliquen de manera correcta la ‘ley trans’

admin — Wed, 01 Mar 23 10:12:29 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reclamado al departamento de Pilar Llop que facilite a las/os empleados de los registros civiles instrucciones claras para aplicar de manera correcta la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’. Esta ley, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, regula por primera vez la autodeterminación de género y entra mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

A menos de 24 horas de que empiece a regir esta norma, los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo. Sin embargo, las plantillas del Registro Civil aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios ni la formación necesaria para que, en aplicación de la ‘ley trans’, asistan de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo.

La variación del sexo recogida por la ‘ley trans’ es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas.

En el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación.

En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”, comprobar la documentación y dictar resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad.

En este sentido, el sindicato presidido por Miguel Borra subraya que el plazo de un año que establece la ley para el desarrollo reglamentario es demasiado tiempo.

CSIF te informa sobre pensiones en Clases Pasivas y del RGSS

admin — Wed, 11 Jan 23 15:14:00 CET

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Pincha en los links para leer los documentos

CSIF convoca movilizaciones contra la imposición de los tribunales de instancia y el resto de reformas en la organización de la Justicia

admin — Wed, 30 Nov 22 07:57:11 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración de Justicia, ha decidido iniciar una campaña de movilizaciones contra la imposición por parte del Ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa, que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores. Las movilizaciones comenzarán hoy 30 de noviembre, a las 12,00 horas, con una concentración frente al Ministerio de Justicia.

La última reunión del día 18 de noviembre con el Ministerio sirvió para constatar su nula voluntad de negociar el futuro modelo de la organización de la Justicia y su impacto sobre las condiciones laborales de trabadores/as de esta administración.

Tras el acuerdo salarial formado con CC.OO y UGT que agrava la pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde 2010, el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la Ley de Eficiencia Organizativa (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores.

Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará a finales o principios del próximo año, supone una amenaza directa a la negociación colectiva. Los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

A todo esto, hay que añadir la privatización que se está impulsando desde el ministerio con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución a los procuradores.

De hecho, tenemos constancia de que el Ministerio y las comunidades autónomas ya han elaborado en la Conferencia Sectorial los modelos de referencia de las oficinas (Unidad de Tramitación y servicios comunes) de los Tribunales de Instancia, de las Oficinas de Justicia en el Municipio y están, ahora negociando los modelos de relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas y del Registro civil. De hecho, conforme a lo tratado en esa conferencia sectorial, ya se están produciendo recortes de derechos en algunas oficinas judiciales (Badajoz, Ciudad Real o Segovia), donde se están reduciendo la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente.

Desde el Ministerio tampoco aclaran el futuro de los complementos de violencia o los complementos de los servicios comunes de notificaciones que, de no incluirse en las nuevas rpts, supondrían una vulneración de acuerdos previos. Tampoco aclara el Ministerio cómo va a proceder para ubicar al personal afectado en los nuevos puestos de trabajo ni sobre los mecanismos de movilidad forzosa que pretende emplear con este fin.

Es inaceptable que los funcionarios/as de Justicia tengan que ser los paganos de los nuevos Tribunales de Instancia, con una reforma a coste cero, en una administración además que tiene un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable.

Por eso, como ya avisamos desde CSIF, nos vemos abocados al conflicto.

CSIF traslada a PSOE y UP enmiendas a los PGE para mejorar condiciones retributivas y laborales de las/los empleados públicos

admin — Fri, 11 Nov 22 12:27:48 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado a los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos en el Congreso nuestras propuestas de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (pincha en el vínculo para acceder a las enmiendas) para mejorar las condiciones retributivas y laborales de las/os empleados públicos.

CSIF considera que estas condiciones se han visto mermadas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los dos sindicatos de clase (una subida a tres años del 6% fijo y 1,5% variable que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo y que no cubre siquiera la inflación registrada en lo que va de 2020). Hay que recordar que el colectivo de empleadas/os públicos arrastra en la última década una pérdida de poder adquisitivo superior al 20 por ciento y solo en los dos últimos años se ha perdido cerca de un 10 por ciento.

En este sentido, CSIF intentará que ambos grupos acepten adecuar las retribuciones a la tasa de variación interanual del IPC. Hay que recordar que los grupos de Unidas Podemos y ERC, socios de investidura del Gobierno, han defendido este planteamiento en sede parlamentaria, en el Debate sobre el Estado de la Nación y recientemente en el pleno del Congreso tras la presentación de una Proposición no de Ley. Ambas fueron rechazadas por los socialistas.

Además, CSIF reclama que el proyecto de Presupuestos reconozca de nuevo la jubilación parcial del personal funcionario, derogada en 2012. El proyecto de Presupuestos no dice nada sobre esta cuestión, pese a que supuestamente fue incluida en el acuerdo firmado con CCOO y UGT.

Las 41 propuestas de enmiendas también pretenden recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldo de 2010 (la paga extra íntegra) y proponen mejoras en todos los ámbitos de las administraciones: adecuación de retribuciones del personal laboral en el exterior, recuperación de la paga o pagas extraordinarias en todas las administraciones donde se recortaron, actualizar las cuantías sobre las indemnizaciones por razón de servicio, la adecuación de los complementos de residencia e insularidad, la habilitación de fondos para la nueva clasificación de Centros Penitenciarios o la habilitación de fondos para acabar con las desigualdades retributivas entre empleados públicos de la misma categoría profesional.

SUPRESIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN, CONDICIONES LABORALES Y PENSIONES

Las enmiendas también persiguen suprimir la tasa de reposición en las ofertas de empleo público para reforzar las plantillas en aquellos ámbitos donde sea necesario, así como convocatorias extraordinarias de Promoción Interna en las que se propone la superación de un curso selectivo para poder promocionar. En esta misma línea, hay una propuesta de enmienda para garantizar la inversión necesaria para el marco estratégico de la Atención Primaria en el Servicios Nacional de Salud (1.600 millones de euros) para mejorar la dotación de recursos humanos con carácter plurianual y alcanzar progresivamente las ratios de personal similares a la media de la UE. También reclamamos el incremento de financiación para la I+D+I.

En materia de condiciones laborales, CSIF plantea el desarrollo de la carrera horizontal, mejoras en la promoción interna, movilidad como sistema prioritario de provisión de puestos de trabajo, desarrollo de carrera profesional y dotar a las administraciones de fondos para medios tecnológicos que permitan implementar el teletrabajo de manera efectiva (equipo, tarjeta de datos, aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad.

Nuestras propuestas de enmiendas también persiguen evitar que las lenguas sean un requisito para acceder a las administraciones públicas (mérito sí, pero nunca un requisito excluyente) así como reducir la politización con una modificación de la Ley del Alto Cargo de la Administración General del Estado para que el nombramiento de los directores generales sea eminentemente técnico entre funcionarios de carrera.

CSIF también traslada a los grupos una enmienda en la que se propone incrementar los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para eliminar las diferencias en la cuantía de la pensión con respecto a las de Seguridad Social, establecer la jubilación voluntaria en el Régimen de Seguridad social a los 60 años y eliminar las actuales penalizaciones a la jubilación anticipada.

FINANCIACIÓN DE LAS MUTUALIDADES

CSIF traslada una enmienda para revisar y acordar un incremento de dotación económica de los actuales conciertos sanitarios de las Mutualidades para que se pueda prestar un servicio asistencial de calidad y evitar la reducción en cuadros médicos y centros hospitalarios.

Finalmente, pedimos la modificación de la Ley de la Jurisdicción contenciosa administrativa en materia de costas procesales, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para ampliar la representación sindical en la negociación colectiva (actualmente restringida a los dos sindicatos de clase) y mejorar el registro de los delegados sindicales y la creación de la figura del delegado/a de Igualdad y contra la Violencia de Genero.