Nacional - Administración de Justicia

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

El Consejo de Ministros autoriza a la MUGEJU para negociar el nuevo concierto sanitario para el año 2027

emma.alvarez.bande — Wed, 16 Sep 26 13:06:00 CEST

Desde el año pasado, CSIF, en solitario, viene reclamando a la MUGEJU que informe a los mutualistas sobre la negociación del nuevo concierto sanitario ya que el actual vence el 31 de diciembre de este año. En el recuerdo, mal recuerdo, quedaban los problemas e incertidumbres de los mutualistas por los retrasos y mala gestión de la negociación del concierto vigente por lo que CSIF no quería ni quiere que se vuelvan a repetir. CSIF, otra vez en solitario, salió a la calle en defensa del mutualismo cuando se alzaban voces en favor de su eliminación.

El acuerdo marco firmado por CSIF en el mes de noviembre de 2025 en la mesa de administraciones públicas donde no participan los sindicatos sectoriales y corporativos, recoge el compromiso de reforzar el mutualismo administrativo. Así se lo hemos recordado a la MUGEJU y al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de la que depende este organismo autónomo.

Desde CSIF entendemos que la autorización para celebrar el concierto con una inédita duración de un año se debe a la intención de volver a la unificación de la negociación de los conciertos sanitarios del mutualismo administrativo.

No obstante, más allá del plazo CSIF exige al Gobierno que cumpla con lo pactado y asegure una financiación suficiente y estable del sistema a través de la prima que pague a las entidades médicas firmantes.

En este sentido, como ya exigió CSIF al Ministerio recientemente, que se recuperen entidades médicas que no firmaron el concierto vigente y que se restituyan los cuadros médicos y centros hospitalarios de referencia que gradualmente se van “cayendo” de los catálogos de las entidades médicas.

Además, CSIF exige que el nuevo concierto contemple como objetivos concretos:

La aplicación real y efectiva de la receta electrónica en la medicina concertada como ya está funcionando en MUFACE y en ISFAS. Los mutualistas adscritos a los servicios de salud de las CCAA ya pueden acceder a este tipo de recetas.
Una solución vinculante que obligue a la firma de los convenios rurales que garanticen la asistencia primaria y de urgencia en los servicios de salud de las CCAA a los mutualistas residentes en las poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
La inclusión del sistema de mutualismo en el teléfono 112 que ya se está probando en MUFACE.
La revisión del concepto de “urgencia vital” que imputa la responsabilidad del diagnóstico al mutualista en el momento del accidente o incidencia sin que sea médico y que lleva a imputarle, automáticamente, del gasto por el uso de ambulancias o servicios médicos no concertados.
La mejora de la asistencia y prestaciones sociales y sociosanitarias.

Finalmente, aunque fuera del concierto, CSIF exige que se equipare la situación de pago farmacéutico de los jubilados mutualistas a los del régimen general. En este sentido, CSIF ya ha presentado propuestas.

Publicadas en el BOE las resoluciones de jornada general para la Administración de Justicia con las 35 horas

emma.alvarez.bande — Mon, 21 Sep 26 07:53:00 CEST

Además, tal como pedía CSIF:

se elimina el carácter de “mínimo” de esa jornada,
se establece que el calendario laboral entre en vigor desde el 1 de enero previa negociación y la necesidad de un informe favorable del Consejo, aunque, en este caso, se sigue pidiendo un informe sin establecer un plazo para su emisión.

Por el contrario, el Ministerio no acepta el conjunto de alegaciones presentadas por CSIF y el resto de sindicatos alegando que función pública obliga a ceñir la modificación a ese cómputo de jornadas. Para CSIF supone perder una ocasión de adaptar la jornada y horarios a las necesidades de conciliación familiar actuales y seguiremos luchando para conseguir que:

la reducción de jornada por interés particular pase del 75% al 80% del salario
se habilite la posibilidad de acumular la reducción de jornada a la mitad por cuidado de familiar por enfermedad grave o muy grave a 15 días hábiles completos. En el artículo 48 i) del TREBEP se extiende como máximo a un mes a media jornada.
se garantice que las jornadas y horarios especiales tengan que estar en la descripción de cada puesto con esta peculiaridad en las relaciones de puestos de trabajo, prohibiendo “inventos” de turnos rotatorios o cualquier otra forma que establezca de tapadillo una modificación de jornada (mañana y tarde o tardes) u horarios.
se reduzca la jornada de verano de 32 horas y media para la jornada ordinaria a 30 horas semanales y de la jornada con dedicación especial de 37,5 a 32 horas y media. Podría valorarse ampliar el rango de disfrute del 1 de junio al 30 de septiembre (ahora es del 16 de junio a 15 de septiembre) manteniendo esas 32 horas y media y 35 horas.
se incluya un día adicional por cada festivo nacional, autonómico o local que coincida con sábado o domingo, como así lo ha definido la Audiencia Nacional en una reciente sentencia.
Se extienda la posibilidad de jornadas reducidas a Semana Santa y Navidad.

Tras esta publicación, el Ministerio y las CCAA deben adaptar sus resoluciones de calendario laboral y publicar estas modificaciones en sus boletines oficiales.

Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
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Resolución de 17 de septiembre de 2026, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
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La Audiencia Nacional da la razón a CSIF y ordena incrementar la promoción interna a LAJ del año 2024

emma.alvarez.bande — Tue, 29 Sep 26 07:21:00 CEST

La sentencia estima el recurso interpuesto por CSIF y afecta a la Oferta de Empleo Público aprobada por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, así como a la convocatoria de promoción interna al Cuerpo de LAJ efectuada mediante la Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero.

En primer lugar, la resolución reconoce que no se aplicó correctamente la reserva legal del 30 % y que debieron incrementarse en 10 las plazas de promoción interna pasando de 33 a 43. Dice la AN que la Administración no tiene margen para ofrecer menos de ese porcentaje. Recordamos que, gracias al acuerdo firmado por CSIF el pasado 8 de enero de 2025, ese porcentaje ha subido del 30 al 50%.

En segundo lugar, la AN en su sentencia determina que la promoción profesional es un derecho profesional que es merecedor de la protección del artículo 23.2 de la Constitución. Así el incumplimiento de la reserva de plazas compromete un derecho fundamental de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Esta declaración no hace sino reforzar lo que CSIF viene defendiendo desde hace años que no es otra cosa que el fomento de la promoción interna a todos los niveles. Fruto de esta presión, CSIF logró que el Gobierno se comprometiera con el fomento de la promoción interna tras la firma del acuerdo marco (el de la subida del 11,4% en tres años) en la mesa general de administraciones públicas en la que NO tienen representación los sindicatos sectoriales (los que son sólo de algo) o los corporativos.

En tercer lugar, algo más técnico, pero no menos importante, la sentencia aclara la posibilidad de recurrir bases de convocatorias o actos de desarrollo sin necesidad de recurrir previamente la OEP en determinados casos.

En el fallo de esta sentencia se ordena que:

se deberán retrotraer las actuaciones para revisar la lista de aprobados e incluir a quienes, por su puntuación, tengan derecho a acceder a una de esas plazas.
quienes accedan como consecuencia de esta ampliación los efectos económicos se retrotraerán al momento en el que debieron ser incluidos como aprobados.

CSIF impulsa el desarrollo del acuerdo marco exigiendo al Gobierno:

el derecho a la promoción interna y el cumplimiento de las plazas legalmente reservadas, sin renunciar a incrementar ese porcentaje y el número de plazas.
la eliminación de la tasa de reposición que impide la convocatoria de la totalidad de vacantes y limita la promoción interna.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación. CSIF reclamó en su día al Ministerio que procediera a realizar una corrección de oficio y, creemos que no debería perder la ocasión de hacer justicia no recurriendo la sentencia de la AN y permitiendo a los compañeros/as afectados ejercer su derecho fundamental a la promoción interna.

Código Penal. Enjuiciamiento Criminal

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Apr 26 08:16:00 CEST

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CSIF informa: publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
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Publicada en el BOE la ley de eficiencia organizativa que trae los Tribunales de Instancia

emma.alvarez.bande — Fri, 03 Jan 25 09:32:00 CET

Publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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CSIF mantiene la valoración general de la ley que hicimos pública al inicio de su tramitación en el Congreso el pasado mes de marzo.

El problema de la Justicia no es tanto su organización externa como su organización interna lo que incluye la necesidad de nuevos perfiles, nueva atribución de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF ha seguido reclamando este reconocimiento en las mesas de negociación abiertas, en los medios de comunicación. Y lo vamos a seguir haciendo, pues, frente a las mentiras de algunos, los acuerdos firmados no impiden que se siga reclamando el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones.

CSIF sigue manteniendo que, con esta redistribución, clarificación y reconocimiento laboral y retributivo de las funciones se podría conseguir agilizar la Justicia de forma inmediata en beneficio de la ciudadanía.

Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué una justicia colegiada va a ser más rápida que la actual. Es decir, que tres jueces vayan a ponerse de acuerdo más rápido que uno sólo consigo mismo. Si el mantra es que la Justicia es lenta, el cambio debería justificarse desde ese punto de vista y no se ha hecho.

La reforma se plantea sobre presupuestos falsos, ni se ha evaluado la oficina judicial antigua ni la nueva oficina que se aprobó en el año 2004. Entre otros detalles sólo está implantada en un 10% del territorio nacional tras 20 años de implantación.

En la exposición de motivos se alude a la ineficacia de los modelos que se han implantado en el pasado, pero la realidad es que el único modelo que se ha intentado implantar, la NOJ, de hecho, no está implantada en la mayor parte del país, por lo que es muy difícil aventurar que haya fracasado o que no lo haya hecho.

No hay estudios de cargas de trabajo, ni tampoco, como ya hemos dicho, sobre la ineficiencia de la distribución de funciones y tareas que, prácticamente, no han variado desde el año 1981 en la LOPJ.

La solución a la lentitud de la Justicia hay que buscarla, en primer lugar, dentro de la oficina. Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué trocear la Justicia para externalizar servicios es mejor que aprovechar el excelente capital humano que trabaja en los órganos judiciales, oficinas fiscales y otros servicios relacionados con la administración de Justicia. La privatización del servicio público no es la solución y si, encima, se convierte el requisito de conciliar en preceptivo, tampoco es compatible con el respeto al derecho de tutela judicial efectiva ni el de acceso de todo ciudadano a la justicia en condiciones de igualdad. La Justicia será más cara y más alejada del ciudadano.
Como viene denunciando CSIF desde hace años, con o sin Tribunales de Instancia a la Justicia le hacen falta medios materiales (seguimos sin conseguir la interoperabilidad informática, algunos edificios no cumplen con los mínimos requisitos para albergar una oficina pública entre otros problemas) y personales (no sólo Jueces sino también Letrados, Gestores, Tramitadores, Auxilios Judiciales, Médicos Forenses; Facultativos, Técnicos y Ayudantes del INTCF y personal de los equipos técnicos de los IML... y personal dedicado a la gestión de esos medios tanto en el Ministerio de Justicia como en las CCAA con competencias).

El proyecto de ley, nos guste o no, se presentó para su tramitación en el Congreso, mucho antes de que se iniciara la negociación, el pasado mes de marzo de 2024 bajo el nombre de LOESPJ. En el mes de marzo del 2022 ya había estado en tramitación bajo el nombre de LOEO. A partir de ahí, que se aprobara finalmente, era una posibilidad más que probable con acuerdo sindical o sin él.

Frente a esta realidad, cabían dos posturas: permanecer sin hacer nada, esperando a que la ola de la reforma judicial nos arrolle; o exigir la negociación del proyecto de ley para introducir garantías en materia de condiciones laborales y retributivas y aprovechar la ocasión para hacer realidad otras reivindicaciones del personal de Justicia.

En relación con esta segunda opción y el resultado final, cabe remarcar lo siguiente:

la LOESPJ finalmente fue objeto de negociación colectiva cuando el Ministerio aseguraba hace meses que “las leyes no se negociaban”. Y esa negociación era una de las reivindicaciones del personal de Justicia y de los sindicatos antes y durante el conflicto en Justicia. Basta con leer la pancarta.

La LOESPJ asegura los Juzgados y Agrupaciones de paz transformados en oficinas de justicia en el municipio cuando, hace no muchos años, los Juzgados de Paz y las Agrupaciones iban a desaparecer como destino del personal de Justicia.

La negociación sólo podía aceptarse si fuera efectiva, es decir, si lo acordado se incluía en la ley en forma de enmiendas y como modificación del RD 1451/2005 que tiene carácter básico.

El preacuerdo de julio recoge ese compromiso del Ministerio y un anexo con la redacción de las enmiendas y modificaciones acordadas y la ley, tras su paso por el Congreso, recoge las enmiendas al texto que se preacordaron.

En este punto, hay que recordar que el pacto incluye también modificaciones del RD 1451/2005 en relación con la implantación de la oficina judicial cuya modificación ya ha sido solicitada por CSIF al Ministerio por el trámite de urgencia.

Frente a la intención inicial del proyecto de ley:

las relaciones de puestos de trabajo deberán negociarse con carácter previo a la implantación del nuevo modelo de oficina judicial. En el proyecto inicial esta negociación no aparecía expresamente mencionada en el texto.

En estas relaciones de puestos de trabajo es donde se deberán concretar las características de cada puesto de trabajo, la adscripción a las áreas y los equipos que se creen, las retribuciones, las compatibilidades etc… En este particular nos espera una dura negociación en cada ámbito territorial y la firma del preacuerdo de julio no compromete la posición que se adopte en la misma en cada comunidad autónoma con competencias o en el ámbito del Ministerio de Justicia.

se establece la posibilidad de crear áreas y equipos en cualquier oficina. No obstante, siempre se deberá crear un área por cada 12 unidades judiciales. En el proyecto de ley no se establecía mínimo obligatorio. Será en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo donde quede establecida la oficina judicial en cada sede.

cada área y cada equipo que se cree en las oficinas judiciales diferenciaran puestos de trabajo a los efectos de elección de plaza en concurso y de adjudicación de plaza en nuevo ingreso o provisión por sustitución, comisión de servicios o interinos. Esto se plasmará en una modificación reglamentaria que mejora la redacción dada en 2010 para la NOJ.

en todo caso, con la nueva redacción, se garantizan:

- - las retribuciones que se vengan percibiendo antes del cambio de oficina incluidas las correspondientes a las guardias
  - la no amortización de puestos de trabajo con motivo de la implantación del nuevo modelo
  - la no movilidad forzosa a municipio distinto.
  - voluntariedad como mecanismo preferente de adjudicación de puestos en el proceso de acoplamiento.

Además, el acuerdo recoge varias de las reivindicaciones del personal de Justicia, algunas de ellas forman parte de la plataforma reivindicativa del conflicto.

La negociación del Real Decreto básico de carrera profesional en el primer semestre del 2025. Este Real Decreto básico es una exigencia de la LOPJ (art. 519) tras la modificación del año 2018. Una modificación de la LOPJ fruto de la presión y movilización liderada por CSIF. Una vez aprobado este Real Decreto se podrá negociar en las mesas de negociación de cada ámbito el desarrollo e implantación de una carrera profesional legal, y no de tapadillo, en las CCAA con competencias y en el ámbito no transferido.

La reserva del 50% de las plazas de la oferta de empleo público para la promoción interna. Una reivindicación que estaba entre las exigidas antes y durante el conflicto.

El texto incluye una disposición adicional con la regulación básica de Teletrabajo que permitirá cuando entre en vigor negociar en las mesas de negociación correspondientes e implantar el teletrabajo con garantías en cada Comunidad autónoma y en el ámbito no transferido. No estaba entre las reivindicaciones del conflicto, pero sí se trata de una reivindicación bastante generalizada entre el personal de Justicia. Esta regulación básica viene exigida por informe del Consejo de Estado.

La reducción de los grupos de población. Sin renunciar a la eliminación de estos grupos de población. Se da un primer paso y se acuerda eliminar el grupo IV (Juzgados y Agrupaciones de Paz).

Quedan muchas cosas por hacer y CSIF va a seguir luchando por conseguirlas con quien comparta ese objetivo

CSIF no va a entrar en polémicas estériles con nadie y menos con quienes están en el mero cálculo sindical y alejados de la realidad.

El hecho cierto es que la negociación de la antigua LOEO, hoy denominada LOESPJ, que trae la implantación de los Tribunales de Instancia ha sido una realidad cuando hace dos años el Ministerio se negaba a ello.

Fruto de esa negociación, el texto finalmente aprobado es muy distinto al que entró en el Congreso y contiene garantías y mejoras laborales que habrá que consolidar en la negociación posterior.

Con la ley aprobada, nos enfrentamos a un proceso complejo de negociación de relaciones de puestos de trabajo donde se van a determinar la organización y estructura de la oficina y las características de los puestos de trabajo y condiciones de trabajo.

No hay ningún compromiso que impida ejercer la presión sindical en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo ni con las cuestiones que, por la negociación política, se han introducido en el proyecto de ley

El hecho cierto es que la carrera profesional se abre paso con la negociación del preceptivo Real Decreto básico de carrera (Art. 519 LOPJ).

El hecho cierto es que el teletrabajo, cuando entre en vigor la LOESPJ, tiene vía libre para negociarse en cada ámbito territorial. Un teletrabajo con garantías y no un teletrabajo de saldo como el que se proponía hace dos años.

El hecho cierto es que los grupos de población se van a reducir en el camino hacia la eliminación total, una reivindicación, por cierto, que compartimos con Jueces, Fiscales y Letrados.

El hecho cierto es que todas estas cuestiones estaban en la plataforma reivindicativa del conflicto en Justicia.

Y, por supuesto, que hay cosas en el proyecto de ley que no nos convencen y a las que nos oponemos. Es cierto que, en la negociación política en el Congreso, se han introducido cuestiones que, CSIF cree, no son legales o perjudican los derechos del personal de Justicia y el propio servicio público. Por ello:

CSIF combatirá la convocatoria de procesos selectivos enfocados a personas determinadas en plazas con perfil lingüístico.

CSIF rechaza la nueva regulación de la jubilación que endurece las opciones de petición de prórroga del servicio activo lo que puede perjudicar a quienes, llegada la edad de jubilación forzosa no tengan el mínimo de años cotizados para acceder al 100% de la jubilación.

CSIF combatirá la privatización creciente de servicios y funciones públicas como los actos de comunicación y ejecución en beneficio de determinados colectivos particulares.

CSIF seguirá oponiéndose a la mediación privada y obligatoria que encarece y obstaculiza el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos. Abogaremos por un servicio público de mediación en manos de funcionarios de Justicia desde LAJ hasta Auxilio judicial.

Dos ámbitos de negociación distintos y autónomos conforme a la estructura de negociación en la Administración de Justicia:

Mesas sectoriales CCAA y mesa delegada del ámbito no transferido

CSIF va a seguir impulsando la negociación colectiva para que todos los funcionarios de toda España tengan una subida salarial digna en el complemento específico.

País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, ámbito no transferido, La Rioja, Asturias, Canarias, Cantabria y Aragón ya tienen pactada esa subida, en algunos casos, ya han empezado a cobrarla. Trece CCAA, en las que prestan sus servicios, más del 85% del personal de Justicia, tiene ya una subida salarial en sus nóminas o va a tenerla en breve. Quedan 4 CCAA sin acuerdo. Andalucía, Comunidad valenciana, Navarra y Galicia.

Por otro lado, CSIF impulsará la negociación del teletrabajo en estas mesas, una vez que se apruebe la LOESPJ así como las propuestas acordadas en materia organizativa o de mejora de condiciones de laborales que se hayan acordado en cada ámbito territorial junto con el complemento específico.

Mesa de la DA 12ª que incluye materias de carácter básico

CSIF va a impulsar el acuerdo de julio de 2016, tanto en lo que se refiere a la nueva organización de la Justicia como al resto de materias del acuerdo entre las que destaca la negociación del RD básico de Carrera profesional.

El teletrabajo con garantías, seguro y con medios de la Administración es una realidad al recogerse en la ley la regulación básica. Queda desarrollarlo en cada ámbito y CSIF ya ha pedido que se inicie la negociación al respecto en las mesas sectoriales de cada CA y en la mesa delegada del ámbito no transferido.

Y, como decíamos al principio, CSIF va a seguir reclamando y exigiendo en este ámbito de negociación el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones en el complemento general del puesto. Algo a lo que, le pese a quien le pese y al margen de insidias de algunos, nunca hemos renunciado y nunca renunciaremos.

LO de representación paritaria, y reforma de la LOPJ así como de Ley 50/1981 que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal

emma.alvarez.bande — Mon, 05 Aug 24 09:38:00 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:

Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
- PDF (BOE-A-2024-16127 - 8 págs. - 230 KB)
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Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- PDF (BOE-A-2024-15936 - 36 págs. - 432 KB)
- Otros formatos

Reforma del Código Penal. Responsabilidad penal de los menores

admin — Fri, 28 Apr 23 06:15:07 CEST

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaNacional - Administración de Justicia Image

CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

admin — Mon, 13 Mar 23 09:07:07 CET

EmpleoLicencias y permisosOtros EmpleoNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaNacional - Administración de Justicia Image

Se ha publicado la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Las principales novedades en cuanto a permisos y regulación por IT son:

Se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal Entra en vigor desde el 2 de marzo 2023.

Se reconoce como una situación especial de incapacidad temporal, por contingencias comunes, además de la de menstruación incapacitante secundaria, la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Entra en vigor el 1 junio 2023

También se reconoce como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena. Entra en vigor el 1 junio 2023

Además de esto, se elimina el requisito, para la suspensión del contrato de trabajo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, de que este acogimiento no sea inferior a un año, por lo que aunque la duración del mismo sea inferior, se puede acordar la suspensión del contrato de trabajo. Entra en vigor el 1 junio 2023

OTRAS MEDIDAS:

La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y gestación desde el día primero de la semana trigésima novena; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social.

Ley de presupuestos generales

admin — Mon, 26 Dec 22 08:58:18 CET

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaNacional - Administración de Justicia Image

Publicada en el BOE la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

BOE: corrección de errores concurso LAJ (Canarias) y Demarcación y Planta Judicial (Andalucía)

admin — Tue, 25 Oct 22 06:18:04 CEST

Concursos y movilidadOtros Concursos y MovilidadNormativaLeyes y Decretos LeyNacional - Administración de Justicia Image

CSIF JUSTICIA INFORMA: publicadas las siguientes resoluciones

Destinos

Orden JUS/1010/2022, de 17 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/919/2022, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/489/2022, de 27 de mayo.
- PDF (BOE-A-2022-17422 - 1 pág. - 188 KB)
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Demarcación y planta judicial

Orden JUS/1011/2022, de 19 de octubre, por la que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de Magistrado/a para la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, para hacer efectiva la segunda instancia penal, correspondiente a la programación del año 2017.
- PDF (BOE-A-2022-17452 - 2 págs. - 192 KB)
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- El día 1 de noviembre de 2022 será efectiva una plaza de magistrado/a para la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Modificación Código Penal

admin — Wed, 14 Sep 22 06:45:08 CEST

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En el BOE de hoy 14 de septiembre se ha publicado la siguiente:

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

PDF (BOE-A-2022-14965 - 4 págs. - 207 KB)

Publicada la Ley de garantía integral de la libertad sexual

admin — Wed, 07 Sep 22 06:52:32 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Noticias relacionadas: CSIF exige a la Ministra de Justicia coherencia en sus iniciativas "para mejorar la Justicia".

La Ministra ha anunciado medidas para luchar contra las agresiones a mujeres mediante el uso de la sumisión química. Para CSIF es necesario que, además de las reformas legales, se pongan los medios personales y materiales necesarios, y entre ellos, programas formativos adecuados.

CSIF espera que tras más de un lustro proponiendo formación para el personal del INTCF en relación con esta materia, el Ministerio acepte dicha propuesta y que no tengamos que esperar al plan de formación del año que viene.