Nacional - Administración de Justicia

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

El Consejo de Ministros autoriza a la MUGEJU para negociar el nuevo concierto sanitario para el año 2027

emma.alvarez.bande — Wed, 16 Sep 26 13:06:00 CEST

Desde el año pasado, CSIF, en solitario, viene reclamando a la MUGEJU que informe a los mutualistas sobre la negociación del nuevo concierto sanitario ya que el actual vence el 31 de diciembre de este año. En el recuerdo, mal recuerdo, quedaban los problemas e incertidumbres de los mutualistas por los retrasos y mala gestión de la negociación del concierto vigente por lo que CSIF no quería ni quiere que se vuelvan a repetir. CSIF, otra vez en solitario, salió a la calle en defensa del mutualismo cuando se alzaban voces en favor de su eliminación.

El acuerdo marco firmado por CSIF en el mes de noviembre de 2025 en la mesa de administraciones públicas donde no participan los sindicatos sectoriales y corporativos, recoge el compromiso de reforzar el mutualismo administrativo. Así se lo hemos recordado a la MUGEJU y al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de la que depende este organismo autónomo.

Desde CSIF entendemos que la autorización para celebrar el concierto con una inédita duración de un año se debe a la intención de volver a la unificación de la negociación de los conciertos sanitarios del mutualismo administrativo.

No obstante, más allá del plazo CSIF exige al Gobierno que cumpla con lo pactado y asegure una financiación suficiente y estable del sistema a través de la prima que pague a las entidades médicas firmantes.

En este sentido, como ya exigió CSIF al Ministerio recientemente, que se recuperen entidades médicas que no firmaron el concierto vigente y que se restituyan los cuadros médicos y centros hospitalarios de referencia que gradualmente se van “cayendo” de los catálogos de las entidades médicas.

Además, CSIF exige que el nuevo concierto contemple como objetivos concretos:

La aplicación real y efectiva de la receta electrónica en la medicina concertada como ya está funcionando en MUFACE y en ISFAS. Los mutualistas adscritos a los servicios de salud de las CCAA ya pueden acceder a este tipo de recetas.
Una solución vinculante que obligue a la firma de los convenios rurales que garanticen la asistencia primaria y de urgencia en los servicios de salud de las CCAA a los mutualistas residentes en las poblaciones con menos de 20.000 habitantes.
La inclusión del sistema de mutualismo en el teléfono 112 que ya se está probando en MUFACE.
La revisión del concepto de “urgencia vital” que imputa la responsabilidad del diagnóstico al mutualista en el momento del accidente o incidencia sin que sea médico y que lleva a imputarle, automáticamente, del gasto por el uso de ambulancias o servicios médicos no concertados.
La mejora de la asistencia y prestaciones sociales y sociosanitarias.

Finalmente, aunque fuera del concierto, CSIF exige que se equipare la situación de pago farmacéutico de los jubilados mutualistas a los del régimen general. En este sentido, CSIF ya ha presentado propuestas.

Publicadas en el BOE las resoluciones de jornada general para la Administración de Justicia con las 35 horas

emma.alvarez.bande — Mon, 21 Sep 26 07:53:00 CEST

Además, tal como pedía CSIF:

se elimina el carácter de “mínimo” de esa jornada,
se establece que el calendario laboral entre en vigor desde el 1 de enero previa negociación y la necesidad de un informe favorable del Consejo, aunque, en este caso, se sigue pidiendo un informe sin establecer un plazo para su emisión.

Por el contrario, el Ministerio no acepta el conjunto de alegaciones presentadas por CSIF y el resto de sindicatos alegando que función pública obliga a ceñir la modificación a ese cómputo de jornadas. Para CSIF supone perder una ocasión de adaptar la jornada y horarios a las necesidades de conciliación familiar actuales y seguiremos luchando para conseguir que:

la reducción de jornada por interés particular pase del 75% al 80% del salario
se habilite la posibilidad de acumular la reducción de jornada a la mitad por cuidado de familiar por enfermedad grave o muy grave a 15 días hábiles completos. En el artículo 48 i) del TREBEP se extiende como máximo a un mes a media jornada.
se garantice que las jornadas y horarios especiales tengan que estar en la descripción de cada puesto con esta peculiaridad en las relaciones de puestos de trabajo, prohibiendo “inventos” de turnos rotatorios o cualquier otra forma que establezca de tapadillo una modificación de jornada (mañana y tarde o tardes) u horarios.
se reduzca la jornada de verano de 32 horas y media para la jornada ordinaria a 30 horas semanales y de la jornada con dedicación especial de 37,5 a 32 horas y media. Podría valorarse ampliar el rango de disfrute del 1 de junio al 30 de septiembre (ahora es del 16 de junio a 15 de septiembre) manteniendo esas 32 horas y media y 35 horas.
se incluya un día adicional por cada festivo nacional, autonómico o local que coincida con sábado o domingo, como así lo ha definido la Audiencia Nacional en una reciente sentencia.
Se extienda la posibilidad de jornadas reducidas a Semana Santa y Navidad.

Tras esta publicación, el Ministerio y las CCAA deben adaptar sus resoluciones de calendario laboral y publicar estas modificaciones en sus boletines oficiales.

Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19524 - 4 págs. - 205 KB)
- Otros formatos
Resolución de 17 de septiembre de 2026, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19525 - 4 págs. - 206 KB)
- Otros formatos

La Audiencia Nacional da la razón a CSIF y ordena incrementar la promoción interna a LAJ del año 2024

emma.alvarez.bande — Tue, 29 Sep 26 07:21:00 CEST

La sentencia estima el recurso interpuesto por CSIF y afecta a la Oferta de Empleo Público aprobada por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, así como a la convocatoria de promoción interna al Cuerpo de LAJ efectuada mediante la Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero.

En primer lugar, la resolución reconoce que no se aplicó correctamente la reserva legal del 30 % y que debieron incrementarse en 10 las plazas de promoción interna pasando de 33 a 43. Dice la AN que la Administración no tiene margen para ofrecer menos de ese porcentaje. Recordamos que, gracias al acuerdo firmado por CSIF el pasado 8 de enero de 2025, ese porcentaje ha subido del 30 al 50%.

En segundo lugar, la AN en su sentencia determina que la promoción profesional es un derecho profesional que es merecedor de la protección del artículo 23.2 de la Constitución. Así el incumplimiento de la reserva de plazas compromete un derecho fundamental de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Esta declaración no hace sino reforzar lo que CSIF viene defendiendo desde hace años que no es otra cosa que el fomento de la promoción interna a todos los niveles. Fruto de esta presión, CSIF logró que el Gobierno se comprometiera con el fomento de la promoción interna tras la firma del acuerdo marco (el de la subida del 11,4% en tres años) en la mesa general de administraciones públicas en la que NO tienen representación los sindicatos sectoriales (los que son sólo de algo) o los corporativos.

En tercer lugar, algo más técnico, pero no menos importante, la sentencia aclara la posibilidad de recurrir bases de convocatorias o actos de desarrollo sin necesidad de recurrir previamente la OEP en determinados casos.

En el fallo de esta sentencia se ordena que:

se deberán retrotraer las actuaciones para revisar la lista de aprobados e incluir a quienes, por su puntuación, tengan derecho a acceder a una de esas plazas.
quienes accedan como consecuencia de esta ampliación los efectos económicos se retrotraerán al momento en el que debieron ser incluidos como aprobados.

CSIF impulsa el desarrollo del acuerdo marco exigiendo al Gobierno:

el derecho a la promoción interna y el cumplimiento de las plazas legalmente reservadas, sin renunciar a incrementar ese porcentaje y el número de plazas.
la eliminación de la tasa de reposición que impide la convocatoria de la totalidad de vacantes y limita la promoción interna.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación. CSIF reclamó en su día al Ministerio que procediera a realizar una corrección de oficio y, creemos que no debería perder la ocasión de hacer justicia no recurriendo la sentencia de la AN y permitiendo a los compañeros/as afectados ejercer su derecho fundamental a la promoción interna.

Se necesita una ambiciosa Ley de Empleos de Calidad de la UE

rocio.diaz.conde — Thu, 01 Oct 26 13:14:00 CEST

CSIF EuropaNacional - Administración de Justicia Image

La segunda fase de la consulta de la Comisión Europea, que finalizó el pasado día 27 de septiembre, busca la opinión de los interlocutores sociales sobre posibles medidas relativas a la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo, la subcontratación, las transiciones del mercado laboral y la aplicación de la normativa. CESI abordó la iniciativa en su contribución de la primera fase y celebra un examen más detallado de estas áreas.

CESI argumenta en su nueva contribución a la consulta que una futura Ley de Empleos de Calidad debería convertir los compromisos de la Hoja de Ruta para los Empleos de Calidad en mejoras vinculantes en las condiciones laborales. Apoya un marco coherente de la UE basado en la legislación laboral vigente, con normas mínimas vinculantes cuando la protección sea insuficiente y margen para que los interlocutores sociales nacionales adapten la aplicación mediante la negociación colectiva.

Los trabajadores y sus representantes deben ser informados y consultados antes de la introducción o modificación sustancial de sistemas de IA que afecten al empleo o la organización del trabajo. CESI solicita evaluaciones de sus efectos en la seguridad, la igualdad, la privacidad y la salud psicosocial, junto con explicaciones comprensibles y una revisión humana efectiva de las decisiones laborales que tengan consecuencias. Los empleadores deben seguir siendo responsables cuando utilicen software suministrado por terceros.
Es necesaria una mayor protección contra los riesgos psicosociales y climáticos, así como contra la violencia y el acoso laboral. La normativa debe reflejar el trabajo a distancia o fuera de las instalaciones del empleador. CESI reitera su demanda de una legislación europea sobre el teletrabajo justo y el derecho a la desconexión, y subraya la especial vulnerabilidad de los trabajadores que atienden al público ante la violencia de terceros.
En las cadenas de subcontratación, una mayor transparencia y una responsabilidad adecuada deberían permitir a los trabajadores hacer valer sus derechos incluso cuando resulte difícil establecer la responsabilidad.
Los trabajadores afectados por las transiciones digitales y ecológicas necesitan acceso a formación continua a lo largo de su carrera profesional y una participación significativa en la reestructuración. CESI solicita a la Comisión Europea que preste mayor atención al empleo en los servicios públicos, donde la falta de personal y las malas condiciones laborales afectan tanto a los trabajadores como a los servicios que prestan.

La declaración completa de la consulta de CESI está disponible aquí .

La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

Decenas de miles de trabajadores/as salen a la calle para gritar ‘Basta’ a Sánchez, exigir medidas económicas eficaces y una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 10:45:57 CEST

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Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de toda España salieron hoy a las calles de Madrid convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en la primera manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media.

La jornada ha sido un grito de protesta contra la política económica de Pedro Sánchez, y ha sido el cauce para que miles de trabajadores le hayan trasladado las exigencias de CSIF para aliviar el impacto que está causando en sus bolsillos el alza desmesurada del precio del cesto de la compra, de la luz y de los carburantes.

En concreto, la manifestación ha servido para exigir al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo; que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en su discurso que “el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”.

Tras asegurar que el Ejecutivo “ha pasado de considerar a las empleadas y empleados públicos como héroes durante la pandemia de COVID a tratarles de manera ingrata y ningunearles”, el presidente de CSIF subrayó que el Gobierno “se está equivocando y lo pagará en las urnas”.

La jornada de protesta de hoy y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.