Jaén

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesJaén Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.

CSIF exige que se cubra la baja del único trabajador de Correos de Orcera

maria-carmen.palacios.ruiz — Tue, 24 Feb 26 13:00:00 CET

La Sección Sindical en Correos de CSIF Jaén ha comunicado al Área de Relaciones Laborales de Correos de Sevilla la situación penosa e insostenible que sufre el servicio público de Correos en la Sierra de Segura, concretamente en los municipios de Orcera, Benatae y Segura de la Sierra. Desde el 19 de febrero de 2026, la unidad de Orcera carece de titular por baja médica, sin que la Dirección haya activado los mecanismos de sustitución, lo que ha provocado un remanente de 600 envíos acumulados, incluyendo notificaciones administrativas y plazos legales.

Debido a esta situación por la no cobertura de la baja, la Dirección ha decidido transferir la carga de trabajo al único cartero rural disponible en la zona, forzándolo a una situación de pluriactividad extrema, que ya de por sí tenía una carga de trabajo muy elevada. La persona encargada de esa zona debe realizar su reparto de la zona rural, el reparto en Orcera y la apertura de una oficina auxiliar en Benatae de 45 minutos al día.

CSIF lamenta que la empresa pública trate a sus trabajadores como máquinas: “La sobrecarga de trabajo y el aumento del riesgo vial en carreteras de sierra son una línea roja que CSIF no va a dejar pasar”, añade Juan Manuel López, responsable de Empresas Públicas Estatales de CSIF Jaén, “a su ruta habitual, de unos 74 km diarios, se combina con la cobertura de municipios adicionales y atención al público en oficina lo que provoca un incremento de la presión asistencial y el cansancio acumulado que elevan exponencialmente el riesgo de accidentes en carreteras de montaña”, hace hincapié López. En este sentido, se está sometiendo al trabajador a una "misión imposible" que vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por otro lado, el cierre de la oficina en Segura de la Sierra el pasado 16 de febrero constata el abandono institucional de la zona, dejando a la ciudadanía sin acceso a servicios financieros y postales básicos.

Antes estos hechos, se evidencia la discriminación a la ciudadanía rural frente a los urbanos por falta de inversión en contratación por la Empresa Pública de Correos.

CSIF exige, no sólo que se cubra de forma inmediata la incapacidad temporal en Orcera, sino el refuerzo de la zona y que se cese la acumulación de rutas en un solo trabajador bajo condiciones de riesgo psicosocial. Además, el sindicato pide una auditoría de prevención y una evaluación de riesgos de urgencia de los puestos afectados e, incluso, solicitar a intervención del Comité de Seguridad y Salud.

El sindicato concluye que si no se soluciona esta situación interpondrá la denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e iniciará las acciones legales necesarias para proteger la integridad física de los trabajadores y el derecho de la ciudadanía al servicio público.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

encarna.abascal.perez — Thu, 12 Feb 26 10:22:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCSIF InformaJaén Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas para los profesionales.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF exige información y las medidas que se están tomando en las zonas con mayor probabilidad de presencia de gas radón

maria-carmen.palacios.ruiz — Mon, 06 Oct 25 13:42:00 CEST

En Jaén existen municipios clasificados como zonas prioritarias donde es más probable que los edificios acumulen concentraciones elevadas de radón cuya medición debe ser continuada y exhaustiva

La central sindical independiente y de funcionarios, CSIF, en Jaén está llevando a cabo una serie de actuaciones para solicitar cualquier tipo de información sobre qué intervenciones se han realizado en relación con la presencia de gas radón en los centros y lugares de trabajo.

Parte de la provincia de Jaén tiene zonas clasificadas como prioritarias, es decir, áreas donde es más probable que los edificios acumulen concentraciones elevadas de gas radón. Estas áreas incluyen los municipios de Andújar, Guarromán, Linares y Santa Elena (se adjunta mapa).

La normativa vigente (Real Decreto 1029/2022, que transpone la Directiva 2013/59/EURATOM) obliga a las administraciones y empresas a medir y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo, estableciendo un nivel máximo de referencia de 300 Bq/m³ como promedio anual.

Según las informaciones, el gas radón es un gas radiactivo natural que se filtra desde el subsuelo y puede acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas. Además, la exposición prolongada a niveles elevados de radón está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, motivo por el que está considerado como un grave problema de salud laboral y pública.

Por todo ello, desde CSIF Jaén ha registrado diversos escritos en los Servicios Periféricos de la Administración del Estado que pueden verse afectados: Direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Servicio Empleo Público Estatal, Delegación provincial de la Agencia Tributaria y Comisaría provincial de Policía; en los ayuntamientos que pudieran verse afectados y en los centros dependientes de la Junta de Andalucía, para conocer de primera mano cuales son las actuaciones que se están realizando referente a este tema.

El sindicato está solicitando a las distintas administraciones:

1. Información sobre si ya se han realizado mediciones de radón en los centros de trabajo de Jaén.

2. En caso afirmativo, acceso a los resultados e informes.

3. En caso negativo, que se realicen de manera inmediata los estudios pertinentes con laboratorios acreditados.

4. Que se adopten las medidas preventivas y correctoras necesarias si se superan los niveles permitidos (mejoras en ventilación, sellado de vías de entrada, sistemas de despresurización, etc.).

“Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores en los edificios y centros de trabajo, por lo que CSIF seguirá vigilante para que se cumpla la normativa y se tomen las medidas oportunas”, concluye Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén.