Galicia - Administración General del Estado

CSIF vota en contra de la modificación del decreto de listas

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Mon, 20 Apr 26 12:31:00 CEST

En la Comisión de Personal celebrada este viernes, la DXEP ha aprobado la modificación del Decreto 37/2006 con el voto en contra de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y del resto de OOSS.

La modificación es profundamente errónea, injusta y supone un retroceso sin precedentes en la gestión del empleo público.

Nuestro posicionamiento ante este atropello legislativo:

No al «hachazo» del Artículo 15:
Rechazamos la eliminación de la distinción entre plazas vacantes y no vacantes. Hasta hoy, esta diferencia garantizaba que las mejores plazas fueran para quienes más méritos tenían. Su eliminación es un ataque directo a los principios de mérito y capacidad.

Suspensión de listas: un castigo injustificable:
Es inadmisible que aceptar un puesto suponga la suspensión automática en todas las listas. Los aspirantes han pagado sus tasas por cada lista y tienen el derecho legítimo a ser llamados para plazas vacantes de mayor estabilidad.

Gestión opaca y arbitraria:
La conversión a un sistema de lista única derivará en una gestión poco transparente. La Administración pretende adjudicar puestos de mayor duración a candidatos con menores méritos al controlar discrecionalmente el orden y la fecha de los llamamientos.

Fraude de ley en el SPIF:
Denunciamos que la «Autorización marco para acumulación de tareas» en el SPIF es una vulneración del carácter excepcional de esta modalidad. Las necesidades de la campaña de incendios son estructurales y previsibles. Utilizar esta figura, reservada por ley para hechos extraordinarios y ocasionales, es un fraude de ley que busca evitar la creación de plazas estables

CSIF exige suspender de inmediato la actividad presencial en el edificio de la AEAT en Tui por niveles críticos de radón

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Mon, 29 Sep 25 14:16:00 CEST

Pontevedra, 29 de septiembre.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado la suspensión inmediata de la actividad en el edificio de la Agencia Tributaria (AEAT) en Tui, tras confirmarse niveles de radón “extremadamente altos”, según confirmaron los responsables del Servicio de PRL en la reunión del Comité de Seguridad y Salud de la AGE celebrada hoy en Pontevedra.

CSIF advierte de que los valores detectados representan un riesgo grave para la salud de los trabajadores, por lo que exige la interrupción de las actividades presenciales de los trabajadores en el edificio hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y reducir la exposición a este gas radiactivo.

CSIF denuncia que la situación en Tui pone de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones sobre seguridad en este tipo de instalaciones, a pesar de las reiteradas advertencias desde esta Central Sindical. “Los niveles ahora confirmados superan ampliamente los límites legales y representan un riesgo grave para la salud de los trabajadores, incluyendo la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón tras una exposición prolongada”.

El radón es un gas radiactivo natural procedente de la desintegración del uranio. Aunque no supone peligro al aire libre, dentro de los edificios se acumula y se adhiere a partículas respirables que se fijan en pulmones y vías respiratorias. Desde el 20 de junio de 2024, la normativa obliga a las instituciones públicas a medir los niveles de radón en centros de trabajo situados en plantas bajas o bajo rasante de municipios prioritarios, según la instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El límite recomendado en España es de 300 Bq/m³, aunque la OMS aconseja intervenir ante valores superiores a 100 Bq/m³.

CSIF exige la adopción inmediata de medidas de mitigación, que incluyen mejorar la ventilación, sellar grietas y agujeros en paredes y suelos, instalar sistemas de extracción de aire y construir barreras físicas para impedir la entrada del gas. El sindicato advierte de la responsabilidad legal de los responsables de las instalaciones en caso de daños a la salud de los trabajadores, incluyendo posibles sanciones económicas y penas de prisión por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.

El sindicato reafirma su compromiso de proteger la salud de los empleados y reclama controles periódicos que garanticen que los niveles de radón se mantengan dentro de los límites legales, asegurando la seguridad de todo el personal del edificio de Tui.

CSIF continúa su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exigir refuerzos en la lucha contra el narcotráfico

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Thu, 15 May 25 14:14:00 CEST

Santiago, 15 de mayo de 2025.- El sindicato CSIF, dentro de su ronda de contactos institucionales para recabar apoyos frente a la dejadez del Estado en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, se ha reunido hoy con los diputados del G.P del BNG Iago Tabarés y Óscar Insua, a los que expuso la gravedad de la situación y la urgencia de medidas efectivas para reforzar el Servicio de Vigilancia Aduanera, tanto desde el punto de vista operativo como presupuestario.

Durante el encuentro, al que asistieron Pablo Burgos, responsable autonómico de CSIF en la Agencia Tributaria, y Julio Gómez, presidente de CSIF en Pontevedra, el sindicato ha expuesto la crítica situación que atraviesa el Servicio de Vigilancia Aduanera, con medios humanos y materiales claramente insuficientes para hacer frente a la creciente actividad del narcotráfico en las costas de Galicia.

CSIF ha calificado de “inaceptable” el abandono por parte del Gobierno central, al que acusa de anteponer el control del gasto a la protección de las costas gallegas y al trabajo del personal de Vigilancia Aduanera. Además, ha reclamado medidas estructurales para garantizar una dotación permanente de medios navales y humanos, así como una mayor vigilancia sobre los patrimonios vinculados al narcotráfico.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado el apoyo del BNG para que desde Galicia se presione y se presenten iniciativas parlamentarias que exijan al Ministerio de Hacienda medidas concretas y urgentes: partidas presupuestarias específicas, habilitación de ofertas de movilidad, retribución de horas extraordinarias y el despliegue temporal de los buques Petral y Fulmar en aguas gallegas.

Desde CSIF, valoran positivamente el encuentro y la buena disposición del BNG a escuchar y tomar nota de la situación. Para CSIF, este tipo de interlocución es clave para seguir sumando apoyos políticos y trasladar a la agenda parlamentaria una reivindicación que afecta de lleno a la seguridad y al personal que lucha contra el narcotráfico en Galicia. Una demanda que consideran de justicia y de urgencia para esta CCAA.

José Manuel Piñeiro es reelegido presidente en el II Congreso de AGE Galicia celebrado en Lugo

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Fri, 21 Feb 25 12:38:00 CET

José Manuel Piñeiro ha sido reelegido presidente autonómico del sector de Administración General del Estado de CSIF –sindicato mayoritario en este ámbito por tercer mandato consecutivo- para los próximos cuatro años, en su II Congreso celebrado en Lugo este viernes, al que asistieron el secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, el presidente nacional del sector, Carlos Martínez Navarrete, el presidente de CSIF Galicia, José Francisco Méndez Castro, los presidentes provinciales: José Ramón Villalibre (A Coruña), Daniel Otero (Lugo), Conchi Rey (Ourense) y Julio Gómez (Pontevedra) y la delegada de Hacienda en Lugo : María Elena Rosendo Vázquez.

La candidatura de Piñeiro contó con el apoyo del 100% de los compromisarios, que dieron su respaldo al infome de gestión también con una abrumadora mayoría. La candidatura está integrada por:

Presidente: José Manuel Piñeiro

Vicepresidente: Pablo Burgos

Vocal: José María Cuervo

Ourense: Cesárea Antonio Novoa

Lugo: José Luis Hermida

Pontevedra: Julio Gómez

A Coruña: José Prieto

Trabajar por la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; luchar por un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la pérdida de más del 20% de poder adquisitivo acumulado en la última década y del 6% tras el acuerdo firmado hace dos años entre Gobierno, CCOO y UGT y defender el modelo de MUFACE centran las reivindicaciones de la hoja de ruta del sector para los próximos 4 años.

El sindicato también reclama que se apruebe una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales del personal de la administración y que se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento a finales de este año. Es clave elaborar planes de recursos humanos que incluyan la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

Además de estas reivindicaciones, para CSIF es fundamental la puesta en marcha, entre otras, de las siguientes medidas:

Apruebe una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales del personal de la administración
Desarrollo de la Ley de Función Pública.
Culminar el proceso de estabilización
La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a plenes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.
Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
Regular e implementar el teletrabajo en la Administración General del Estado.
Impulsar políticas de Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales.
La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.
Defensa del mutualismo administrativo, para garantizar la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.

Carlos Martínez, reelegido presidente del sector nacional de Administración General del Estado de CSIF

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Wed, 25 Sep 24 11:03:00 CEST

Carlos Martínez Navarrete ha sido reelegido presidente del sector nacional de Administración General del Estado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en este ámbito por tercer mandato consecutivo-- para los próximos cuatro años, en el Congreso celebrado en Madrid este martes, al que asistieron, en representación de CSIF Galicia, los presidentes provinciales de A Coruña y Pontevedra, José Ramón Vilallibre y Julio Gómez, junto a otros compañeros compromisarios de prisiones y agencia tributaria.

Navarrete contó con el apoyo del 98,6% de los delegados asistentes y tanto él como el presidente de CSIF Nacional, Miguel Borra, encargado de clausurar el encuentro, coincidieron en establecer como prioridad de trabajo luchar por la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

Así mismo, reivindicaron la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2025 que incluyan un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la pérdida de más del 20% de poder adquisitivo acumulado en la última década y del 6% tras el acuerdo firmado hace dos años entre Gobierno, CCOO y UGT.

El sindicato también reclama al Gobierno que apruebe una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales del personal de la administración y que se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento a finales de este año. Es clave elaborar planes de recursos humanos que incluyan la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

Además de estas reivindicaciones, para CSIF es fundamental la puesta en marcha, entre otras, de las siguientes medidas:

Desarrollo de la Ley de Función Pública.
Culminar el proceso de estabilización
La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a plenes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.
Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
Regular e implementar el teletrabajo en la Administración General del Estado.
Impulsar políticas de Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales.
La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.
Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.

Entidades Públicas Estatales

CSIF celebró también esta semana el congreso de Entidades Públicas Estatales del sindicato, del que salió elegido presidente Óscar Vento, quien afronta esta nueva etapa con el objetivo de reforzar las condiciones laborales y salariales de más de 100.000 trabajadores y trabajadoras que forman las empresas públicas (Correos, Renfe, Navantia, Paradores, Puertos del Estado, Tragsa, Loterías, Casa de la Moneda, ICO, Fundae Senasa….) en las que CSIF tiene representación.

Preparación de Oposiciones a Inspector y Técnico de Hacienda

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Fri, 26 Apr 24 12:02:00 CEST

FormaciónGalicia - Administración General del Estado Image

CSIF te ayuda a preparar tu oposición a Inspector y Técnico de Hacienda, tanto para la AET como para la ATRIGA.

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Modalidad presencial y online
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La plantilla de la Agencia Tributaria reclama mejoras laborales y salariales

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 03 Apr 24 12:24:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato más representativo en las administraciones públicas— va a presentar un conflicto colectivo ante la Agencia Tributaria (AEAT) para negociar mejoras laborales y salariales, coincidiendo con el inicio de la campaña para presentar la declaración de la renta.

El conflicto colectivo, que se formalizará mañana junto a otros sindicatos representativos, pretende reactivar la negociación para negociar un nuevo convenio colectivo, que lleva año y medio denunciado, así como un acuerdo para la carrera profesional, pendiente de desarrollo desde el año 2007.

La plantilla de la Agencia Tributaria también reclama el desarrollo del teletrabajo así como la negociación de la apertura del servicio telefónico anunciado por la ministra María Jesús Montero sin concretar las retribuciones ni regular los puestos de trabajo. Si no se refuerza la plantilla, los trabajadores que atiendan por las tardes se retraerán de las actividades dirigidas a la lucha contra el fraude.

Asimismo, desde CSIF consideramos que se debe revisar la productividad cuyo reparto prima al colectivo de inspectores, discriminando al resto de la plantilla.

Por último, reclamamos las mejoras de las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, catalogando este destino como profesión de riesgo y reforzando los medios materiales y humanos desarrollando una verdadera Policía Fiscal, una necesidad que se ha puesto en evidencia tras los trágicos sucesos conocidos en la provincia de Cádiz.

Con esta denuncia, CSIF y el resto de sindicatos queremos poner en evidencia las deficitarias condiciones de trabajo en una organización fundamental para el funcionamiento del Estado, la lucha contra el fraude fiscal y el combate diario al narcotráfico y el crimen organizado. Si desde la Agencia Tributaria no se atienden nuestras reivindicaciones nos veremos obligados a convocar movilizaciones y no descartamos la huelga en plena campaña de la renta.

La Administración General del Estado ratifica el triunfo de CSIF en las elecciones sindicales: somos el sindicato líder por tercer mandato consecutivo

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Thu, 29 Feb 24 10:49:00 CET

Elecciones SindicalesGalicia - Administración General del Estado Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se consolida como el sindicato más representativo en la Administración General del Estado (AGE), una vez que la Mesa General de Negociación ha ratificado los resultados de todos los procesos electorales celebrados en 2023 en el conjunto de la Administración General del Estado.

En total, CSIF ha logrado el 38,8 por ciento de representatividad (1.124 delegados), muy por delante de UGT (31,3 por ciento y 907 delegados) y CCOO (27,3 por ciento y 793 delegados), así como de CIG y ELA. El resto de sindicatos se quedan fuera de las mesas de negociación por no alcanzar el mínimo exigido de representatividad.

De esta manera, CSIF renueva por tercer mandato consecutivo como primera fuerza en la Administración General del Estado en la suma tanto de personal funcionario como de personal laboral. El sindicato agradece el respaldo obtenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, y reitera su firme voluntad de seguir defendiendo mejoras laborales y de los servicios.

La amplísima representación lograda por CSIF le permitirá continuar defendiendo la mejora de las condiciones laborales de las/os empleados públicos en las negociaciones con la Administración General del Estado.

En concreto, para CSIF es fundamental la puesta en marcha, entre otras, de las siguientes medidas:

Eliminar la tasa de reposición
Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a plenes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.
Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.
Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.
Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.

CSIF acuerda un protocolo pionero contra el acoso sexual y por razón de sexo para la Administración General del Estado

REBECA ROMERO RODRIGUEZ — Wed, 28 Feb 24 12:35:00 CET

Igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha acordado hoy un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado (AGE), que es pionero en el ámbito laboral español.

El protocolo, que será aprobado con rango de Real Decreto previsiblemente el próximo Consejo de Ministros –en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer— es el de mayor envergadura de España ya que afecta a más de 230.000 personas que trabajan en la Administración del Estado, así como las empresas externas con las que haya contratos del sector privado.

El protocolo incluye el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y su objetivo es “prevenir, detectar, abordar y erradicar este tipo de conductas” del ámbito laboral. En el documento se establece además un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias.

El texto firmado recoge que toda empleada o empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o por razón de sexo que conozca.

El texto igualmente es novedoso porque contempla un mecanismo de actuación y protección a las víctimas ágil y eficaz, debiéndose resolver el expediente en un plazo no superior a los 10 días desde que se produce la denuncia, obteniendo máximas garantías de confidencialidad. Durante la aplicación del protocolo se pueden adoptar además medidas organizativas como reordenación del tiempo, cambio de lugar de trabajo o de tareas administrativas encomendadas.

Estas actuaciones del protocolo serán paralelas a la actuación judicial (en la actualidad se suspenden cuando hay una denuncia en los tribunales) y se establece la figura del ‘asesor confidencial’, una persona específicamente formada en cada departamento ministerial u organismo público que acompañará a la víctima en todo momento. Además, se establecerán actuaciones para la completa recuperación de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad y su reputación.

El acoso laboral y por razón de sexo supone una falta disciplinaria muy grave en las administraciones públicas y puede tener como consecuencia la separación del servicio, el despido disciplinario o el traslado forzoso. En último término, por la vía judicial, los delitos de acoso sexual serán sancionados por el artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (prisión de entre seis meses y dos años).

Conductas constitutivas de acoso sexual

El protocolo recoge varias categorías: “Conductas verbales” (supuestos de insinuaciones sexuales, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables, llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre apariencia sexual, entre otras).

Otros comportamientos tipificados son “Conductas no verbales” (exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas y gestos, cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo o con claro contenido sexual), “Comportamientos físicos” (contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos), “Chantaje sexual” (forzar a la víctima a elegir entre someterse a requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo) y “Acoso sexual ambiental”(cuando la persona acosadora crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para la víctima como consecuencia de actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza sexual).

Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo: el demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o paternidad; conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional; descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona, su puesto de trabajo y su implicación, por razón de género; ejecutar conductas discriminatorias por ser hombre o mujer; utilizar formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo determinado o ignorar aportaciones, comentarios o acciones, entre otras.

CSIF expresa su satisfacción por la firma de este protocolo pionero en la Administración -una muestra más de nuestro compromiso en la lucha contra cualquier forma de acoso sexual o por razón de sexo- y confiamos en que servirá de ejemplo para adoptar medidas similares en el resto de Administraciones Públicas así como en el sector privado. Se trata de una reivindicación histórica del sindicato-que se vio retrasado por el adelanto de las Elecciones Generales y la oposición de otras organizaciones sindicales.