Córdoba

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

CSIF-A apoya el inicio del debate para reconocer como personal sanitario a los profesionales de Trabajo Social del ámbito de la salud, una de sus reivindicaciones históricas

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 10 Apr 25 13:14:00 CEST

El sindicato lamenta que siga habiendo casi un centenar de centros de salud en Andalucía que no cuentan con la figura de un profesional de Trabajo Social a tiempo completo

El sector de Sanidad de CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha mostrado su apoyo a la reciente moción que ha instado al Senado a debatir en su Comisión de Sanidad la incorporación del Trabajo Social en el ámbito de la salud dentro del conjunto de profesiones sanitarias.

CSIF, tanto a nivel autonómico como nacional, lleva años reclamando este justo reconocimiento, por lo que se congratula de que al fin este debate sea puesto sobre la mesa. Cabe reseñar que, en Andalucía, aún existen unos 90 centros de salud que no cuentan con la figura de un trabajador social a tiempo completo, pues esta se mantiene compartida con otro centro, e incluso entre varios en algunos casos.

Este hecho atenta contra la atención integral a la población desde el punto de vista de la concepción de salud de la OMS, que la define como el “completo bienestar físico, psíquico y social”. CSIF ha subrayado que los cuidados totales requieren de profesionales no clasificados actualmente como sanitarios, pero que, evidentemente, son protagonistas de la atención de esa concepción social, tan importante especialmente para la salud mental de la población.

La central sindical ha recordado que en la sanidad andaluza trabajan actualmente unos 650 trabajadores sociales, de los que 450 se concentran en la Atención Primaria, y el resto se reparten entre Atención Hospitalaria y Salud Mental. En dichos ámbitos su labor se reconoce como una prestación básica e inicial en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, donde esta categoría realiza funciones propias de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención integral a la salud, en coordinación y colaboración con el resto de los profesionales; sin embargo, la falta de reconocimiento con personal sanitario hace que los trabajadores sociales en el ámbito de la salud no puedan acceder a la historia clínica de los pacientes a los que atienden, lo que hace que su relevante labor quede registrada con dificultad, al mismo tiempo que impide a estos y estas profesionales asistir a formaciones que, en muchas ocasiones, son ofertadas en exclusiva para el personal sanitario.

Por todo ello, y como reconocimiento y respeto a la enorme labor que lleva a cabo este personal, CSIF lleva años solicitando el reconocimiento de los trabajadores sociales como personal sanitario. Ya en 2020 el Ministerio de Sanidad anunció el reconocimiento como profesión sanitaria, que finalmente no llegó a concretarse al no publicarse la disposición adicional que daba dicho paso en ninguna de las dos leyes orgánicas en las que se propuso. Así, la Central Sindical se ha congratulado por que, finalmente, el debate sobre esta circunstancia tan necesaria haya vuelto al Senado.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CSIF reclama que la Estrategia Andaluza de Administración Digital no deje atrás a las personas mayores y exige más personal en los CPA y residencias de la Junta

admin — Fri, 30 Sep 22 10:14:51 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalTrabajadores socialesCórdoba Image

CSIF reclama que la Estrategia Andaluza de Administración Digital que acaba de aprobar la Junta de Andalucía “tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores y no deje atrás a este colectivo”, al tiempo que ha exigido que la Administración autonómica actualice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros de su titularidad que atienden a este colectivo, como son los centros de Participación Activa (CPA) y las residencias.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre, el responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, advierte que desde el sindicato “estaremos muy atentos a que la estrategia digital sea de aplicación a todos los ciudadanos, independientemente de su edad”. En este sentido, el representante sindical indica que, teniendo en cuenta que "en la mayoría de los casos la población mayor no está muy familiarizada con las nuevas tecnologías y presenta más dificultades para adaptarse a nuevos procesos, la Administración debe hacer hincapié en este colectivo para que reciban la atención que merecen y puedan acceder a todos los servicios de forma ágil como persigue la nueva medida y no se quede en el furgón de cola como suele ocurrir en otros muchos asuntos”.

CSIF manifiesta que es “urgente dotar de más personal a dichos centros que en la actualidad están infradotados, lo que repercute muy negativamente en la atención que requiere este colectivo de personas”. Dorado ha califica de “desfasada y desactualizada” la RPT vigente, y reitera las carencias estructurales de las plantillas de estos centros que generan, a juicio de CSIF, un empeoramiento en el trato personalizado que requieren los residentes, “quienes sufren una deshumanización manifiesta”.

El sector de AGJA de la central sindical considera que hay asuntos como la ampliación de personal que no pueden seguir esperando, pues “estamos hablando de una adecuada atención a nuestros mayores para que tengan un envejecimiento digno, garantizándoles para ello todos los servicios adecuados y necesarios”.

Además, desde el sindicato recuerdan que las vacantes que se generan por jubilaciones no se cubren y las sustituciones por enfermedad son muy lentas en su tramitación, lo que provoca que las plazas se doten “cuando la persona que estaba de baja ya esté incorporada de nuevo a su puesto de trabajo”. Ambas situaciones están provocando, según denuncia Limonchi, “una sobrecarga importante en el resto de los trabajadores y trabajadoras de los centros que, además, se ven obligados a desarrollar tareas que no les corresponden con su categoría profesional”. Esta situación provoca el aumento del número de bajas por incapacidad temporal por el sobreesfuerzo continuado tanto a nivel físico como mental del personal”.

El responsable provincial del sector AGJA explica que las mermadas plantillas en los CPA, formadas en su mayoría solo por la dirección y los ordenanzas, así como los amplios horarios de apertura y el elevado número de socios, hace que los trabajadores realicen jornadas y turnos, en muchos casos no retribuidos y que tengan grandes dificultades para el disfrute de un fin de semana o días de vacaciones.

Esta falta de personal contrasta con el compromiso que muestran los trabajadores tanto de los CPA como de las residencias de mayores de gestión pública quienes realizan “jornadas maratonianas, amplían sus horas sin ser reconocidas y desarrollan tareas sin ser de su competencia, sin olvidar que atienden a un gran volumen de personas con una esperanza de vida cada vez más elevada, lo que exige una mayor dedicación”.

CSIF exige la puesta en marcha de la Bolsa Única Común puesto que, a su juicio, “vendría a paliar en gran medida la demora en las contrataciones” en residencias de mayores y CPA. En este sentido, desde la central sindical no se entiende por qué Función Pública aún no ha publicado dicha Bolsa, puesto que en la comisión de convenio extraordinaria celebrada el pasado 6 de abril de 2022 mostró soluciones al problema que había provocado los retrasos en la publicación y que se debían, según manifestaron desde la Administración, al alto número de participantes registrados en algunas categorías profesionales.