Córdoba

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

CSIF critica el “fracaso” de la Bolsa Única Común para contrataciones en la Junta y denuncia falta de cobertura de personal laboral en varios servicios

admin — Wed, 18 Oct 23 10:56:31 CEST

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CSIF critica el “fracaso” de la Bolsa Única Común (BUC) como instrumento para las contrataciones temporales en la Junta de Andalucía y denuncia, además, la falta de cobertura de sustituciones del personal laboral que se está produciendo en diferentes servicios, como por ejemplo en la limpieza de los institutos de enseñanza secundaria o de centros residenciales de personas mayores de titularidad autonómica.

El responsable del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, explica que “desde su puesta en marcha en diciembre de 2019, la BUC ha ido acumulando retrasos y deficiencias, de manera que no constituye un mecanismo eficaz, ágil y riguroso para las contrataciones temporales”. Ante ello, exige una respuesta inmediata de la Administración ante esta situación, que tiene consecuencias muy negativas, entre otras cuestiones, en las sustituciones de personal laboral.

“La Junta no hizo bien los cálculos, no tenía suficientes medios personales ni técnicos para llevar a cabo el ambicioso plan de la BUC”, argumenta el representante sindical, quien hace referencia al alto volumen de solicitudes recibidas (alrededor de medio millón en el conjunto de Andalucía) “que desbordó a una Administración que no ha sabido gestionar esta demanda”, apunta.

A juicio de CSIF, “un sistema informático anticuado que hace aguas por todas partes, así como una falta de personal que afecta a todas las estructuras y a todos los niveles de la Administración, han desembocado en que la BUC, que se vendió como una panacea, haya resultado un total fracaso”. “La Junta de Andalucía vendió este proyecto como la solución rápida y eficaz para la contratación temporal de personal para cubrir vacantes y sustituciones, creó ilusiones y esperanza en los desempleados, y al final este proyecto ha quedado en un espejismo”, añade Limonchi.

En este sentido, el Sector de la AGJA de CSIF Córdoba denuncia “excesiva lentitud en la publicación de las listas definitivas de integrantes, errores en los llamamientos, exclusiones de personal en bolsas sin justificación, escasa formación del personal que la gestiona en las distintas provincias, así como diferentes maneras de aplicación de su reglamento, según donde o quien lo aplica”.

“Todo ello ha recaído y recae sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras temporales que ven como les saltan en el orden de llamamientos, que se quedan en la calle, son excluidos de las bolsas y que encuentran poca solución a su situación, ya que la Administración no responde o lo hace muy tarde”, concluye el sindicato.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CSIF espera que la Junta afronte la reforma de la Administración periférica con medios suficientes para que el peso de las gestiones no recaiga en la ciudadanía

admin — Fri, 24 Feb 23 12:30:14 CET

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CSIF espera que el Gobierno andaluz afronte con los medios suficientes la reforma de la administración periférica anunciada esta misma semana por el consejero de Presidencia, Interior y Dialogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y que persigue hacerla más eficaz sin aumentar el número de delegaciones.

El responsable del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF en Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, señala que desde la central sindical “estamos expectantes ante la realidad que pueda esconder” la formulación del Plan Estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial en la Administración de la Junta que fue aprobada el pasado martes en Consejo de Gobierno.

El representante sindical recuerda que históricamente las delegaciones territoriales de la Junta, como es el caso de Córdoba, han tenido y tienen una “enorme deficiencia de personal que lamentablemente hace que la Administración sea todo lo contrario a lo que se espera de ella, es decir, cercana, ágil, útil, eficaz y eficiente”. En este sentido, CSIF teme que el incremento de agilidad y simplificación que persigue la nueva reforma anunciada por el Ejecutivo andaluz, desemboque en cargar a la ciudadanía con el peso de las gestiones a través de la tramitación electrónica, sin tener en cuenta la brecha digital existente en la actualidad.

La central sindical defiende que Las delegaciones territoriales atienden a una pluralidad de situaciones de diferente índole y en ocasiones con recursos muy limitados o, incluso, sin ellos, por lo que CSIF considera necesario que los cambios que se introduzcan por parte del Gobierno andaluz, vengan acompañados de un aumento del personal, no solo en dichas delegaciones sino también en los servicios centrales de las distintas consejerías para garantizar así que se prestan unos servicios de calidad y cercanos a las personas usuarias. Limonchi destaca que, aunque venga una reforma como la anunciada por el ejecutivo, el objetivo de la Administración debe ser el mismo y, por tanto, la asistencia al ciudadano debe ocupar el protagonismo”. En ningún caso, dicha asistencia debe suplirse con la digitalización e informatización de los procedimientos y “se caiga en el error de poner el peso en la gestión telemática sin tener en cuenta la brecha digital”.

CSIF confía en que la Administración sea sensible ante esta situación y ponga los medios necesarios que faciliten el acceso digital a toda la ciudadanía para la ejecución de los trámites administrativos necesarios y evitar con ello que se produzcan episodios como los vividos, por ejemplo, con las entidades bancarias y las dificultades de acceso a los servicios prestados a las personas mayores.

El Sector de AGJA de CSIF Córdoba teme también que este modelo de cercanía que pretende aplicar la Junta a partir de ahora, basado en la simplificación de los procedimientos y resolución de expedientes junto con la digitalización, se convierta realmente en la despersonalización de la atención directa a la población como ya viene ocurriendo y se sustituya el asesoramiento técnico que realiza el personal funcionario por una centralita telefónica, como sucede actualmente con el servicio 012 de Información de la Junta.

CSIF se concentra contra el cese indiscriminado de empleados y empleadas públicas de la Junta de Andalucía

admin — Tue, 19 Apr 22 11:03:21 CEST

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El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF, junto a los sindicatos UGT, CCOO, ISA Y USTEA, representados en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio, se han concentrado hoy en Córdoba contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos y contra la inexistencia de unos procesos reales de estabilización en la Junta de Andalucía. Las organizaciones sindicales han denunciado la situación que la Administración autonómica ha generado con la resolución de los procesos de estabilización/consolidación de las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019.

En concreto, la Junta ha cesado en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración, contraviniendo la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con un doble fin. Por un lado, la Junta pretende no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022; y por otro, busca ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad del 29 de diciembre de 2021.

Estos procesos de estabilización y consolidación no están siendo adecuados para cubrir los objetivos que se proponen. En ningún momento ha habido interés de negociarlos con las organizaciones sindicales y están ya recurridos en los tribunales. Los afectados por estas decisiones son más de 3.000 empleadas y empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía.

La administración convocó plazas justo antes de la aprobación de la ley 20/21 para la reducción de la temporalidad y con el conocimiento previo de su texto. Esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización. Además, en los procesos realizados, se han llegado a quedar plazas desiertas, dejando a personal con experiencia sobrada y muchos años de dedicación a la Junta de Andalucía en situación de precariedad.

La Administración anuncia el cese del personal cuyas plazas están señaladas en las OEP 2017/2019, y empleados públicos de más de 50 años edad y con una larga experiencia laboral, condenados ahora a exclusión laboral. Es significativo cómo la Junta adelanta los procesos selectivos para no tener que aplicar la Ley de reducción de la temporalidad a las personas que cesen, abonando las correspondientes indemnizaciones, pero sí dice que la aplica para cesarlos y no tener que convocar nuevamente las plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022.

La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de la mala gestión de estas Ofertas de Estabilización/Consolidación y debería de haber negociado con las organizaciones sindicales, al igual que se ha hecho en otras administraciones, procesos de estabilización/consolidación reales, con el fin de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración General de la Junta de Andalucía.

Según CSIF y las organizaciones convocantes, “no es de justicia que, por cuestión de tiempos o por otras razones que no queremos imaginar, a personas con más de 20 años de prestación de servicio en la Junta no se les haya aplicado la Ley de reducción de la temporalidad saltándose la doctrina fijada por el TJUE de instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y, por otro lado, evitando la realización de unos procesos selectivos de estabilización adecuados, que dentro de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, hubieran hecho valer la experiencia acumulada en la propia administración de la Junta de Andalucía”.

“En estos momentos nos encontramos con unos criterios de ceses que no han sido negociados y que provocarán despidos masivos aun existiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir, con necesidades de personal en la mayoría de los centros de trabajo y realizando constantes planes de choques y contrataciones de personal fuera de las relaciones de puestos de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo, teniendo un capital humano, con experiencia y formado dentro de la propia Administración”, resalta CSIF.