Ceuta

CSIF denuncia que el mando único limita la actuación de la Policía Local y facilita que reaparezcan los puestos de venta ambulante

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Wed, 30 Sep 26 13:57:00 CEST

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El sindicato cuestiona que las intervenciones se restrinjan a las mañanas y exige policías nacionales suficientes si su acompañamiento es obligatorio

El traslado realizado ayer desde Benítez volvió a desarrollarse sin aviso previo a la Policía Local, según denuncia CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia las restricciones que, según la información trasladada al sindicato, está imponiendo el mando único a las actuaciones de la Policía Local contra la venta ambulante y de comida en el Trampolín. CSIF considera que limitar las intervenciones al horario de mañana y condicionarlas al acompañamiento de la Policía Nacional dificulta hacer cumplir las ordenanzas y mantener los resultados obtenidos.

Según las comunicaciones recibidas por la organización, quienes instalan estos puestos han advertido esas limitaciones y vuelven a montarlos durante la tarde o la noche. Para CSIF, retirar los puestos por la mañana y dejar sin continuidad la vigilancia posterior permite que el problema se reproduzca y deshace el trabajo de los agentes.

Si el mando único exige a la Policía Local que sólo intervenga acompañada de la Policía Nacional, algo que no se exige cuando hacen cumplir otra competencia como la de ruidos en la zona del Trampolín y Guano, debe garantizar un número suficiente de policías nacionales para hacerlo en cualquier horario, incluidas las tardes y las noches. Establecer esa obligación sin proporcionar los efectivos necesarios acaba convirtiéndose en un obstáculo para la actuación municipal. CSIF exige que se organicen los turnos y refuerzos que permitan mantener las intervenciones cuando sean necesarias o que se modifique la citada orden para facilitar el trabajo de los agentes de policía local.

A esta situación se suma lo ocurrido ayer, 29 de septiembre, cuando el dispositivo de traslado de personas migrantes desde la playa de Benítez volvió a iniciarse sin aviso previo a la Policía Local, según denuncia CSIF. Los agentes tuvieron que afrontar cortes de tráfico sobrevenidos, cambios en las rutas de autobuses y dificultades de acceso a los colegios sin la planificación previa que requería el operativo.

Se restringe su actuación cuando quieren intervenir y se les exige resolver las consecuencias de dispositivos de los que ni siquiera han sido informados. CSIF considera que este trato supone un ninguneo y una falta de respeto institucional hacia una plantilla que está demostrando su compromiso con Ceuta en circunstancias especialmente difíciles. La Policía Local no puede ser tratada como un cuerpo de segunda, excluido de la planificación y obligado después a resolver las consecuencias.

La organización ya ha trasladado una queja al consejero competente y le ha exigido una intervención urgente. Asimismo, reclama al mando único y a la Delegación del Gobierno que revisen estas restricciones, garanticen el acompañamiento exigido con efectivos suficientes en todas las franjas horarias y coordinen previamente cualquier dispositivo que afecte a las funciones municipales.

La Policía Local necesita respaldo, información y continuidad para hacer cumplir las ordenanzas. Quienes dirigen la crisis deben facilitar ese trabajo y responder por las decisiones que lo dificultan.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprobará hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF prepara acciones jurídicas contra el campamento junto a la cárcel de Ceuta por falta de informes de seguridad

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Mon, 28 Sep 26 16:37:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prepara acciones jurídicas contra la decisión de instalar un campamento provisional para alrededor de 1.000 migrantes adultos en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en una parcela situada junto al perímetro de la prisión y detrás del Centro de Inserción Social (CIS).

Según denuncia el sindicato, la decisión habría sido comunicada por representantes de la Secretaría General de Coordinación Territorial, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la Delegación del Gobierno y de la propia dirección del centro penitenciario, sin que previamente se hubieran facilitado los informes técnicos y de seguridad que, a juicio de CSIF, deberían acompañar a una actuación de estas características.

CSIF rechaza negociar una decisión ya adoptada

El sindicato asegura que durante la reunión mantenida con la Administración se trasladó que la instalación del campamento era una decisión ya tomada y que el encuentro no tenía como finalidad resolver las objeciones legales planteadas previamente por CSIF, sino recoger propuestas para facilitar su puesta en marcha.

Ante esta situación, la organización sindical afirma que no se facilitó ningún proyecto técnico, memoria de impacto o informe específico de seguridad. Por ello, CSIF rechazó participar en una negociación sobre una decisión que considera ya adoptada.

El sindicato califica las explicaciones ofrecidas verbalmente por la Administración de insuficientes y sostiene que la instalación del campamento, por su proximidad al centro penitenciario, requiere un análisis específico de los posibles riesgos para las instalaciones y para los trabajadores.

Desde CSIF consideran que se pretende levantar una instalación con una elevada concentración de personas junto a los muros del centro penitenciario sin que, según su denuncia, se hayan acreditado previamente las condiciones de seguridad necesarias.

Cuatro ámbitos normativos afectados, según el sindicato

CSIF sostiene que el emplazamiento planteado afecta a diferentes ámbitos de la normativa de seguridad y prevención.

En primer lugar, el sindicato apunta a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que no se habría realizado una evaluación específica y actualizada de los riesgos derivados de la nueva situación. También asegura que se han solicitado medidas relacionadas con el Comité de Seguridad y Salud Laboral del centro.

En segundo término, CSIF hace referencia a la normativa sobre protección de infraestructuras críticas, al entender que la modificación del entorno exterior de la prisión debería contar con los correspondientes análisis y autorizaciones de seguridad. El sindicato advierte de posibles riesgos relacionados con lanzamientos de objetos, intrusiones o intentos de evasión.

También cuestiona la ausencia de una actualización del Plan de Autoprotección y de las vías de evacuación, al considerar que la instalación del campamento y la creación de nuevos accesos pueden modificar las condiciones de seguridad y accesibilidad del entorno penitenciario.

Por último, CSIF alude a la normativa relativa a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, asegurando que deberían tenerse en cuenta las correspondientes servidumbres y franjas de seguridad.

Recurso ante los tribunales y denuncias ante Trabajo y la UE

Ante esta situación, CSIF anuncia la puesta en marcha de una batería de acciones jurídicas para intentar frenar la instalación o exigir que se cumplan las garantías que considera necesarias.

Entre ellas figura la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte, al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el objetivo de solicitar la paralización inmediata de las obras o trabajos de acondicionamiento.

Asimismo, el sindicato prevé presentar una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Socialpor las posibles infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

CSIF también anuncia que elevará sus denuncias a organismos y comisiones competentes de la Unión Europea, al considerar que la actuación podría afectar a normativa comunitaria relacionada con la seguridad laboral y la protección de infraestructuras estratégicas.

La organización sindical sostiene que mantendrá estas actuaciones hasta que se aporte la documentación técnica y administrativa que, según su posición, debe acreditar que la instalación del campamento es compatible con las condiciones de seguridad del centro penitenciario y de sus trabajadores.

CSIF reclama al nuevo delegado del Gobierno en Ceuta coordinación real entre administraciones y cuerpos policiales, instrucciones claras y refuerzo de medios para recuperar la normalidad cuanto antes

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 28 Sep 26 13:25:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado (CSIF), reclamó hoy al nuevo delegado del Gobierno en Ceuta que promueva una coordinación real entre administraciones y cuerpos policiales, instrucciones claras y refuerzo de medios para recuperar la normalidad cuanto antes en esta ciudad autónoma.

Ceuta continúa atravesando una situación extraordinaria que afecta a ciudadanos, barrios, servicios públicos y empleados públicos. Por ello, el relevo en la Delegación del Gobierno no puede suponer semanas de adaptación ni más tiempo perdido. Quien asuma el cargo debe conocer desde el primer momento los problemas existentes, escuchar a quienes están trabajando sobre el terreno y empezar a impulsar soluciones de forma inmediata.

Durante las últimas semanas, CSIF ha denunciado problemas de coordinación, falta de información previa sobre determinados dispositivos y cambios de criterio que terminan afectando directamente a la Policía Local, a los empleados públicos y a los vecinos.

Asimismo, el sindicato exige que se respete de manera escrupulosa la normativa de prevención de riesgos laborales. No se puede exponer a los trabajadores ni a los usuarios de los servicios públicos a riesgos que no hayan sido previamente evaluados, ni adoptar decisiones que ignoren las obligaciones legales en materia de seguridad y salud laboral.

Defensa de las/os trabajadores y servicios públicos de calidad

Para CSIF, la defensa de los trabajadores y la garantía de unos servicios públicos de calidad deben constituir una prioridad irrenunciable. Cualquier dispositivo, actuación o cambio organizativo debe planificarse con la correspondiente evaluación de riesgos, con medidas preventivas suficientes y con información clara para los empleados públicos afectados.

La actuación reciente de la Policía Local en el Trampolín demuestra que, cuando los agentes pueden ejercer sus competencias con instrucciones claras, medios adecuados y respaldo, los resultados llegan.

CSIF estará dispuesto a colaborar desde el primer momento con la persona que asuma la Delegación del Gobierno, pero considera que no existe margen para empezar de cero ni para seguir aplazando decisiones que afectan a la seguridad de los trabajadores, de los usuarios y del conjunto de la ciudadanía.

CSIF: “NUEVO TRASLADO DE INMIGRANTES, NUEVA FALTA DE COORDINACIÓN”

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Mon, 28 Sep 26 09:39:00 CEST

Ceuta, 27 de septiembre de 2026.— La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que el dispositivo desarrollado hoy para trasladar a inmigrantes desde la playa de Benítez hasta la zona del Guano se ha organizado, según la información trasladada a esta organización sindical, sin comunicación previa a la Policía Local, pese a las importantes afecciones que está provocando sobre el tráfico y la movilidad de los vecinos.

CSIF considera especialmente preocupante que vuelva a producirse una situación de estas características. Un dispositivo que implica el desplazamiento de un importante número de personas por vías públicas y que previsiblemente puede afectar a la circulación debe contar con una coordinación previa suficiente entre todos los cuerpos y servicios implicados.

La consecuencia vuelve a recaer directamente sobre los ciudadanos. Las conexiones y carreteras utilizadas diariamente por los vecinos y trabajadores de la zona se ven afectadas, generando cortes y dificultades de circulación que podrían reducirse considerablemente con una planificación y coordinación adecuadas.

Desde CSIF insistimos en que la Policía Local debe ser informada cuando se organizan actuaciones que tengan una incidencia directa sobre el tráfico urbano. No resulta razonable que los ciudadanos tengan que enfrentarse a las consecuencias de un dispositivo ya iniciado sin que los responsables dispongan previamente de la información necesaria para organizar desvíos, regular la circulación y minimizar las molestias.

Además, esta falta de coordinación no afecta únicamente a los agentes. Afecta a trabajadores que necesitan desplazarse, familias, residentes y a cualquier ciudadano que dependa de estas vías para entrar o salir de la zona.

CSIF viene reclamando desde el inicio de la actual situación que exista una coordinación real y efectiva entre las distintas administraciones y cuerpos actuantes. La excepcionalidad de la situación no puede convertirse en una justificación para improvisar actuaciones que terminan trasladando sus consecuencias a los vecinos y a los propios empleados públicos.

Por ello, CSIF exige que se depuren las causas por las que la Policía Local no habría sido informada previamente del dispositivo de hoy y reclama que, en futuras actuaciones de estas características, se establezca obligatoriamente una coordinación previa que permita organizar el tráfico, prever itinerarios alternativos y garantizar tanto la seguridad del dispositivo como el derecho de los vecinos a desplazarse con la menor afectación posible.

Los vecinos de Benítez, la Colina, Barriada Postigo y de las zonas afectadas no pueden seguir pagando las consecuencias de la ausencia de interés de un mando único que no tiene la capacidad o la voluntad de coordinarse con otras administraciones.

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CSIF reclama la creación urgente de un centro de salud alternativo

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Sun, 27 Sep 26 12:11:00 CEST

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CSIF reclama al INGESA la creación urgente de un centro de salud alternativo en Ceuta ante la decisión de incorporar a personas inmigrantes a las consultas de Medicina de Familia y Pediatría, incluso en aquellos cupos que permanecían cerrados para la población local por haber alcanzado sus límites asistenciales. El sindicato ha criticado la resolución adoptada por la Dirección Médica de Atención Primaria del INGESA, que establece que las unidades administrativas y de tramitación deberán asignar a estas personas entre las consultas disponibles de Atención Primaria, tanto en aquellas con cupo abierto como en otras que permanecían cerradas.

El sindicato considera que esta medida puede incrementar la presión sobre una red sanitaria que, según sostiene, ya afronta una situación de saturación permanente. CSIF advierte especialmente del impacto que la incorporación de nuevos usuarios puede tener sobre las consultas de Medicina de Familia y Pediatría, dos de las áreas que, a su juicio, presentan mayores dificultades para absorber una demanda adicional.

La organización sindical recuerda que el pasado 13 de septiembre ya reclamó la puesta en marcha de un centro de salud alternativo ante la posibilidad de que el incremento de usuarios derivado de la crisis migratoria terminara generando una presión adicional sobre los tres centros de salud existentes en la ciudad.

Para CSIF, la nueva instrucción del INGESA supone confirmar los temores expresados entonces. El sindicato sostiene que, en lugar de habilitar nuevos espacios asistenciales o reforzar las plantillas, la Administración ha optado por distribuir a los nuevos pacientes entre los cupos actuales, incluidos aquellos que se encontraban cerrados.

Presión sobre Medicina de Familia y Pediatría

CSIF sitúa el principal impacto de la medida en las consultas de Pediatría y Medicina de Familia. En el primer caso, señala que la población infantil y juvenil será incorporada a unas consultas que, según el sindicato, ya arrastran una escasez de especialistas. En Medicina de Familia, la organización sindical denuncia que se incorporarán usuarios a cupos que habían sido cerrados al considerar que habían alcanzado los ratios máximos de pacientes establecidos. "El pasado 13 de septiembre exigimos al INGESA la tramitación inmediata del centro de salud alternativo; porque los centros de salud no aguantan más", sostiene CSIF, que considera que la nueva instrucción agrava la presión asistencial sobre unas consultas que ya se encontraban al límite de su capacidad.

El sindicato reclama así que la Administración adopte medidas para aumentar los recursos disponibles y advierte de que la incorporación de nuevos pacientes puede repercutir tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en los tiempos de espera de los usuarios.

CSIF ha anunciado que pedirá explicaciones en los foros de negociación y que mantendrá un seguimiento de los efectos de la medida sobre la plantilla de Atención Primaria y sobre las demoras asistenciales en Ceuta.

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CSIF ensalza a la Policía Local tras acabar en tres días con la venta ambulante del Trampolín

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Sun, 27 Sep 26 12:06:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha destacado este viernes la actuación de la Policía Local de Ceuta, que, según el sindicato, ha conseguido acabar en tres días con la venta ambulante instalada en la playa del Trampolín, al tiempo que ha denunciado las "trabas" y los sucesivos cambios de criterio que, asegura, han condicionado el trabajo de los agentes.

La organización sindical ha puesto el foco en la profesionalidad de los policías que han participado en los dispositivos desarrollados esta semana y considera que el resultado de las actuaciones evidencia la capacidad de respuesta del cuerpo cuando puede ejercer sus competencias y hacer cumplir las ordenanzas municipales.

Los operativos comenzaron el martes después de que efectivos de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) se desplazaran hasta el asentamiento del Trampolín para ordenar la retirada de los puestos de venta no autorizada que se habían instalado en la playa. La intervención obligó a los vendedores a recoger mercancías y estructuras utilizadas como improvisados establecimientos.

CSIF sostiene, sin embargo, que esta actuación podría haberse desarrollado anteriormente. Según la información que asegura haber recibido de los propios agentes, existían indicaciones verbales, que el sindicato atribuye a la Delegación del Gobierno o al mando único de la crisis, para evitar intervenciones ante el riesgo de alteraciones del orden público o de que las personas asentadas en el Trampolín se desplazaran hacia otras zonas de Ceuta.

La central sindical defiende que la aplicación de las ordenanzas debe realizarse de manera homogénea en toda la ciudad y considera incompatible exigir su cumplimiento en unos barrios mientras se toleran infracciones en otros espacios públicos.

La intervención policial no resolvió inicialmente el problema de forma definitiva. Después de las primeras actuaciones, algunos puestos volvieron a instalarse, lo que obligó a desplegar nuevamente efectivos de la Policía Local, en esta ocasión con presencia de agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad del operativo.

CSIF ha denunciado además que, en plena sucesión de actuaciones, se comunicó en la Junta Local de Seguridad la paralización temporal de las intervenciones hasta nueva orden, una decisión que el sindicato atribuye al mando único dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según la organización, posteriormente se autorizó de nuevo la continuidad del dispositivo y los agentes regresaron el jueves por la mañana al Trampolín para proseguir con la planificación establecida. CSIF considera que esta sucesión de instrucciones dificulta el trabajo policial y retrasa la recuperación de la normalidad en los espacios públicos.

La Ciudad Autónoma, por su parte, había anunciado que los operativos contra la venta ambulante y otras infracciones de las ordenanzas municipales se mantendrían mientras continuaran detectándose incumplimientos. El Gobierno ceutí también solicitó la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad y del mando único para contar, cuando fuera necesario, con apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para CSIF, la situación registrada en el Trampolín demuestra la necesidad de que Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil dispongan de instrucciones precisas, medios suficientes y respaldo institucional para intervenir en una situación que considera excepcional.

El sindicato ha advertido además de que no debe asumirse como normal la ocupación prolongada de espacios públicos ni la aparición de actividades desarrolladas al margen de las ordenanzas, por lo que reclama a todas las administraciones que ejerzan plenamente sus competencias.

CSIF también ha reivindicado el trabajo desempeñado desde el comienzo de la crisis por la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes, recuerda, también residen en Ceuta y comparten las consecuencias que la situación está teniendo sobre la ciudad.

Finalmente, la central sindical ha anunciado que recurrirá a las vías sindicales y judiciales que considere oportunas para esclarecer las decisiones tomadas durante la crisis y determinar si de ellas pueden derivarse responsabilidades administrativas o, en su caso, penales.

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CSIF pide al Parlamento Europeo una investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Thu, 24 Sep 26 11:24:00 CEST

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- El sindicato denuncia el colapso de los servicios públicos por la falta de recursos y la infracción del derecho de la Unión Europea por España

- CSIF presenta un informe que denuncia el déficit de personal crónico, agravado por la crisis migratoria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.

Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.

En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.

CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.

También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.

Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:

Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

Coordinación entre administraciones.

Utilización o no de mecanismos europeos.

IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:

- Sanidad: sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.

- Justicia: incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.

- Prisiones: incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.

- Seguridad y Orden Público: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.

- Educación: sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.

- Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.

- Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

- Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).

CSIF ANUNCIA UNA OFENSIVA JURÍDICA Y SINDICAL PARA PARALIZAR LA PRETENSIÓN DE LA INSTALACIÓN DE UN CAMPAMENTO DE INMIGRANTES JUNTO A LA PRISIÓN FUERTE MENDIZÁBAL DE CEUTA

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Thu, 24 Sep 26 08:01:00 CEST

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● El sindicato presenta oposición formal ante la Autoridad del Mando Único al considerar que el asentamiento genera un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores penitenciarios y para la integridad de una infraestructura crítica del Estado.

● CSIF, de llevarse a cabo, acudirá a los Tribunales solicitando Medidas Cautelarísimas Inaudita Parte para la paralización de los trabajos, y denunciará los hechos ante la Inspección de Trabajo e impugnará el proyecto por irregularidades urbanísticas y medioambientales.

Ceuta, 23 de septiembre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha anunciado en el día de hoy la puesta en marcha de un paquete integral de medidas administrativas, laborales y judiciales para exigir la desestimación y paralización inmediata del proyecto para levantar un campamento temporal de inmigrantes adyacente al Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta.

Desde CSIF se advierte de que la ubicación elegida no solo ignora los principios más elementales de la prevención de riesgos laborales y la seguridad penitenciaria, sino que incurre en graves vulneraciones del ordenamiento legal sobre infraestructuras estratégicas, ordenación del territorio y defensa nacional.

Ejes de la ofensiva jurídica y sindical de CSIF

1. Oposición formal y paralización por riesgo grave e inminente (LPRL)

CSIF ha registrado un escrito formal ante la Autoridad Funcional del Mando Único de Ceuta solicitando la paralización inmediata de las actuaciones. El sindicato fundamenta esta petición en los artículos 14, 15 y 21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), exigiendo el cumplimiento del deber de protección eficaz de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo grave e inminente.

La instalación de un asentamiento masivo junto a la prisión eleva de forma exponencial el riesgo de intrusiones, alteración de la seguridad perimetral y el lanzamiento o introducción de elementos prohibidos (armas, drogas o dispositivos de comunicación) al interior de la instalación penitenciaria. Asimismo, la actuación se está pretendiendo ejecutar sin la correspondiente Evaluación de Riesgos Laborales específicani la consulta previa al Comité de Seguridad y Salud Laboral.

CSIF suma a este fundamento los artículos 16, 20, 24 y 36 de la LPRL: falta de actualización de la evaluación de riesgos, ausencia de coordinación con el Plan de Actuación ante Emergencias, omisión de la coordinación de actividades empresariales exigida cuando concurren trabajadores de distintas entidades, y falta de consulta previa a los Delegados de Prevención, a quienes la ley reconoce el derecho a ser oídos antes de decisiones de este calado.

2. Solicitud de Medidas Cautelarísimas en Vía Judicial (Inaudita Parte)

De llevarse a cabo un avance material de los trabajos, los servicios jurídicos de CSIF interpondrán de manera inminente una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicitando la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte al amparo del artículo 135 de la Ley 29/1998 (LJCA).

CSIF fundamentará ante los Tribunales la existencia de un claro periculum in mora (peligro por la mora procesal) e incurrencia en vía de hecho que vulnera el derecho fundamental a la vida e integridad física del personal (art. 15 CE), solicitando la paralización cautelar sin esperar a la tramitación ordinaria del procedimiento para evitar daños irreparables en la seguridad del centro.

3. Denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

De forma paralela, CSIF formalizará una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infracción grave de la normativa preventiva. El sindicato requerirá a la Inspección para que ejerza las facultades que le otorga el artículo 9 de la LPRL y ordene la paralización de las actuaciones, constatando el incumplimiento de la evaluación de riesgos y la inobservancia del Plan de Autoprotección (Real Decreto 393/2007).

La denuncia incluirá también el incumplimiento del procedimiento interno propio de Instituciones Penitenciarias (PPRL-1201 IIPP), que exige coordinación expresa con Protección Civil, Bomberos y Fuerzas de Seguridad en la elaboración del Plan de Actuación ante Emergencias.

4. Impugnación por vulneración de Infraestructuras Críticas, Defensa y Medio Ambiente

El plan de acciones de CSIF contempla igualmente la impugnación del proyecto basada en un triple bloque normativo:

— Protección de Infraestructuras Críticas (Ley 8/2011 y RD 704/2011): El Centro Penitenciario podría estar calificado como una infraestructura estratégica de servicio esencial. La alteración de su perímetro de custodia anula los sistemas de detección técnica e invisibiliza los dispositivos del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

— Zona de Interés para la Defensa Nacional (Ley 8/1975): Al estar ubicado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, el entorno de 300 metros de la prisión está catalogado como zona próxima de seguridad, requiriendo autorización preceptiva e imperativa de las Autoridades Militares para cualquier uso o instalación temporal.

— Irregularidades Urbanísticas y Medioambientales: La parcela afectada ostenta calificación de suelo no urbanizable de especial protección según el PGOU. Pretender levantar un asentamiento sin la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 21/2013) acarrea causa insubsanable de nulidad.

Declaraciones del Portavoz Sindical de CSIF

"No podemos consentir que, bajo el argumento de la urgencia asistencial, la Administración actúe por la vía de hecho y ponga en peligro directo la vida y la integridad física de los trabajadores penitenciarios. Levantar un campamento a escasos metros del perímetro de una prisión es una imprudencia operativa inadmisible que invalida los planes de autoprotección y rompe el esquema de seguridad de una infraestructura crítica del Estado."

"CSIF llegará hasta las últimas consecuencias en los juzgados. Vamos a activar la vía contencioso-administrativa, acudir a la Inspección de Trabajo y solicitar el amparo judicial inmediato para frenar esta actuación antes de que tengamos que lamentar incidentes irrecuperables."