Cantabria - Administración General del Estado

El Congreso aprueba que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF: hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Thu, 11 Jun 26 13:51:00 CEST

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), Médicos, Sanitarios y otras categorías.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva ley orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc

CSIF Cantabria te informa de la publicación en el BOE de la nueva regulación de la jubilación parcial del personal laboral de la AGE

Paula Celis López — Wed, 10 Jun 26 12:21:00 CEST

El «Boletín Oficial del Estado» del 9 de junio de 2026 ha publicado la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se aprueban las nuevas instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral fijo sujeto al IV Convenio Único de la Administración General del Estado. Esta resolución adapta el procedimiento a los cambios introducidos en la normativa de Seguridad Social y sustituye a las instrucciones vigentes desde 2022.

La nueva regulación entra en vigor el 10 de junio de 2026. Como consecuencia de esta publicación, desde el día 10 de junio estará operativa en el Portal FUNCIONA, a través de SIGP, la nueva solicitud electrónica de jubilación parcial para el personal laboral que reúna los requisitos establecidos en la normativa.

IMPORTANTE: Las personas trabajadoras que hubieran presentado con anterioridad una solicitud de acceso a la jubilación parcial deberán tramitar una nueva solicitud a través del procedimiento habilitado en FUNCIONA-SIGP si mantienen su intención de acogerse a esta modalidad de jubilación. En esta nueva solicitud será imprescindible indicar, en el apartado habilitado al efecto, la fecha en la que se presentó la primera solicitud, dato que resultará relevante para la gestión de las peticiones y para la aplicación de los criterios establecidos en la resolución publicada.

Principales novedades

La obligatoriedad de presentar la solicitud exclusivamente por medios electrónicos a través del Portal FUNCIONA.
La necesidad de adjuntar un informe de vida laboral actualizado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
La regulación de nuevos criterios para la contratación de personal relevista, adaptados a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024.
La definición de los porcentajes de reducción de jornada y de las modalidades de acumulación del tiempo de trabajo.
La creación de un sistema centralizado para la vinculación entre las solicitudes de jubilación parcial anticipada y las personas relevistas.

La resolución mantiene el compromiso adquirido en el IV Convenio Único para facilitar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral de la Administración General del Estado, adaptándolo al nuevo marco normativo y garantizando su aplicación efectiva en el conjunto de la AGE.

Se recomienda a las personas interesadas revisar detenidamente los requisitos establecidos y presentar la nueva solicitud a través de FUNCIONA-SIGP a partir del 10 de junio de 2026.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 08 Jun 26 03:33:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF denuncia el caos informático en la DGP y advierte del colapso que puede provocar la regularización extraordinaria de extranjeros

Paula Celis López — Fri, 05 Jun 26 09:40:00 CEST

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Las interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites. A pesar de las reiteradas denuncias y reclamaciones formuladas por CSIF, en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva.

Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales. Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

CSIF exige a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto. No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos.

Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces. La ciudadanía merece una atención de calidad. Y ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

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CSIF inicia movilizaciones el 11 de junio ante la parálisis del V Convenio Único del personal laboral del Estado y el bloqueo de la jubilación parcial

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 01 Jun 26 11:21:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, inicia una campaña de movilizaciones ante la parálisis en la negociación del V Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado –que lleva año y medio sin avanzar-- y el bloqueo del derecho a la jubilación parcial.

CSIF comenzará las movilizaciones el próximo 11 de Junio frente al Ministerio de Hacienda, departamento responsable, junto a Función Pública, de acordar la financiación de cuestiones fundamentales como la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, o el decreto que regulará la jubilación parcial.

Desde CSIF denunciamos la inacción de la Administración, probablemente como consecuencia de la inestabilidad política y la parálisis que afecta a las diferentes estructuras del Estado, así como la ausencia de voluntad para desbloquear una negociación que resulta imprescindible para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal laboral que asciende a alrededor de 38.000 personas y que en algunos casos tienen retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional.

Se trata de trabajadoras y trabajadores que prestan servicios para la Administración estatal, mediante un contrato laboral, y se rigen por su convenio colectivo. Este personal realiza funciones muy variadas en ministerios y organismos.

Las principales reivindicaciones que motivan estas movilizaciones que inicia CSIF son:

- La aprobación inmediata del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada, una medida largamente demandada, como solicitó CSIF al Gobierno el pasado 3 de marzo, que permitiría garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones de salida de las plantillas y favorecer la creación de empleo. El personal laboral lo tiene bloqueado por la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal en la administraciones públicas. CSIF propone que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas se cubran definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Además, pretendemos extender este derecho al personal funcionario y estatutario.

La mejora y desarrollo efectivo de la carrera profesional, con criterios objetivos, transparentes y negociados, que reconozcan la experiencia, la formación y la trayectoria del personal laboral.

La equiparación salarial con las administraciones autonómicas, poniendo fin a las desigualdades retributivas existentes y evitando la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales. El personal laboral de la Administración General del Estado cobra de media 7.380 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto.

La promoción interna real y efectiva, eliminando las trabas actuales y garantizando oportunidades de desarrollo profesional para toda la plantilla.

CSIF considera inaceptable que cuestiones fundamentales para miles de trabajadoras y trabajadores continúen bloqueadas. No vamos a permitir que se siga demorando un convenio esencial para el presente y el futuro del personal laboral. Es el momento de actuar y de dar respuesta a unas reivindicaciones justas.

Por tanto, CSIF hace un llamamiento a la participación de las trabajadoras y trabajadores en las movilizaciones previstas para defender sus derechos y exigir avances reales en la negociación colectiva.

Más de 150.000 personas opositan a 17.986 plazas en la AGE: la oferta llega con retraso y es insuficiente

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Sat, 23 May 26 09:15:00 CEST

Un total de 152.149 personas se presentan este sábadoa las oposiciones convocadas para 17.986 plazas para los cuerpos generales de la Administración General del Estado (AGE), tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, según datos del Ministerio de Función Pública y recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

CSIF entiende que esta Oferta de Empleo Público llega tarde (la oferta acumula los procesos de 2025, 2024 y 2023) impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

Además, el proceso de regularización masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. CSIF defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados.

Nuestra organización rechazó las ofertas de empleo público de los últimos tres años porque mantuvieron la tasa de reposición (perpetuando así el problema de la temporalidad), se redujo la creación de empleo neto, se perdían plazas de personal laboral y como se ha comprobado, no garantizan la ejecución de los plazos.

En este sentido, exigimos al Gobierno que las futuras Ofertas de Empleo Público (OEP) recojan el número suficiente de plazas de nuevo ingreso y de promoción interna para cubrir las necesidades reales de plantilla en la Administración General del Estado (AGE). También pedimos que se agilicen los procesos selectivos para que las plazas se ocupen cuanto antes y así también se reduzca la temporalidad, que actualmente se sitúa en el 35 por ciento en el sector público.

Acuerdo en el Congreso para que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 19 May 26 13:35:00 CEST

Los trabajadores de prisiones serán reconocidos como agentes de autoridad tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entre PSOE, PP y PNV, y gracias a las presiones ejercidas en los últimos años por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Este reconocimiento es una victoria para CSIF tras años reivindicando que los trabajadores de prisiones ostenten la condición de agentes de autoridad, que conlleva además una serie de mejoras en sus condiciones laborales, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos por intentos de estrangulamiento o apuñalamientos frustrados. Además, de modo habitual de producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Precisamente, cinco funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) sufrieron ayer lunes diversas heridas, hematomas, magulladuras y torceduras tras ser agredidos por un recluso ingresado en el módulo de enfermería de este centro penitenciario. En ocasiones incluso se han producido muertes, como ocurrió en marzo de 2024 con una cocinera de la prisión Más d’Enric (Tarragona).

Modificación de la Ley General Penitenciaria

Este acuerdo se ha alcanzado en el seno de la ponencia de dicha Comisión de Interior, encargada de la Proposición de Ley Orgánica -presentada por el PSOE- por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El acuerdo será en breve ratificado por la Comisión para comenzar su tramitación parlamentaria.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.

Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

CSIF estará vigilante para que la Comisión de Interior del Congreso ratifique este acuerdo cuanto antes para comenzar la tramitación parlamentaria, y que finalmente los trabajadores de prisiones sean considerados cuanto antes como agentes de la autoridad.

CSIF anuncia movilizaciones para que se apliquen las 35 horas en el ICO, con una jornada de paro

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 19 May 26 12:08:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, anuncia la convocatoria de movilizaciones en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la negativa de la empresa a aplicar la jornada de 35 horas, tal y como establece el acuerdo reciente con Función Pública.

La empresa pretende incluir las 35 horas en la negociación colectiva de un nuevo convenio, cuestión que rechazamos. Es preciso, en primer lugar, aplicar las 35 horas, tal y como marca la resolución de Función Pública y posteriormente negociar el convenio de este banco público, que depende directamente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En la reunión celebrada con la dirección, CSIF también se opuso a la intención de la empresa de negociar un convenio a 15 años. Desde nuestra organización entendemos que el convenio debe tener una vigencia de 4 años como máximo.

Además, reclamamos el cumplimiento de la carrera profesional pactada; favorecer la promoción interna y puesta en valor del personal del ICO, así como favorecer el crecimiento de la plantilla (que asciende a unas 400 personas), evitando las contrataciones paralelas al personal (el ICO recurre de forma amplia a consultoras, despachos jurídicos, servicios tecnológicos, empresas de recursos humanos, auditorías y asistencias técnicas, entre otros).