Canarias - Enseñanza

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

CSIF exige en el Congreso que el covid persistente sea enfermedad profesional y un fondo de compensación para afectados

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 17 Nov 25 17:52:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que el covid persistente sea considerado enfermedad profesional o accidente laboral, lo que garantizaría mejor cobertura económica e indemnizaciones por desprotección para las personas afectadas por exposición laboral. También pedimos la creación de un fondo de compensación equivalente a los que ya existen para el amianto u otros riesgos profesionales.

Estas son las principales reivindicaciones que la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de CSIF, Encarna Abascal, ha expuesto hoy en el Congreso en unas jornadas sobre covid persistente en la que han participado representantes de organizaciones sindicales; de afectados por la enfermedad; de profesionales de la Sanidad, y de los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales, de Trabajo y Economía Social.

CSIF defiende que el reconocimiento como enfermedad profesional garantizaría, además de mejor cobertura económica y el pago de indemnizaciones, la rehabilitación profesional a través de las mutuas de trabajo, reforzar la prevención y sentaría precedente para futuras incapacidades profesionales. Actualmente en España hay más de 2,4 millones de personas (muchos de ellos son personal sanitario, socio sanitario, personal docente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Emergencias, bomberos, etc) afectadas por covid persistente.

El fondo de compensación, por su parte, habilitaría partidas económicas específicas para la atención de profesionales afectados (muchos de ellos con secuelas y con diferentes limitaciones) en actuaciones concretas en función de sus necesidades físicas, laborales o sociales. Este fondo debería ser coordinado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y el Ministerio de Sanidad, estableciendo protocolos de actuación comunes en todas las comunidades.

Incorporaciones progresivas, bajas e incapacidades

CSIF denuncia que, cinco años después de la pandemia, los afectados por covid persistente sufren falta de reconocimiento, demoras diagnósticas y de tratamientos, dificultad para reincorporarse al trabajo o encontrar empleo, y una profunda inseguridad jurídica, por lo que es urgente que se implementen medidas adecuadas a cada circunstancia.

Consideramos necesario el establecimiento de bajas de larga duración con estabilidad, formación en covid persistente para los profesionales de la sanidad y mutuas, más fondos para investigación, evaluación médica especializada para la incapacidad permanente, adaptaciones al puesto de trabajo flexibles e incorporación progresiva.

Por último, CSIF recuerda que las personas trabajadoras que padecen las secuelas de covid persistente merecen reconocimiento, apoyo y soluciones efectivas. La sociedad no debe olvidar a quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia y hoy siguen pagando sin respuesta sanitaria, sin protección laboral y sin un marco jurídico claro. En este sentido, CSIF ha lanzado una encuesta anónima para analizar la situación de las personas con covid persistente en España, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, su grado de reconocimiento y las consecuencias sobre su salud y situación laboral. Se puede participar en esta encuesta entrando en la página web de CSIF.

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON COVID PERSISTENTE

fernando.molina.ortiz — Thu, 06 Nov 25 09:42:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCanarias - Enseñanza Image

CSIF lanza una encuesta anónima para analizar la situación de las personas con COVID persistente en España, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, su grado de reconocimiento y las consecuencias sobre su salud y situación laboral.
Los datos serán tratados de forma anónima y exclusivamente con el fin de reivindicar la mejora de las condiciones laborales para este colectivo.

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

BOE 23/10/2025: Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios

jose-luis.narbona.moreno — Thu, 23 Oct 25 09:46:00 CEST

NormativaPrevención de Riesgos LaboralesCanarias - Enseñanza Image

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Protección civil

Resolución de 20 de octubre de 2025, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 12 de junio de 2025, por el que se aprueba el Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios.
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TEXTO ORIGINAL

El pleno de la Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 12 de junio de 2025, ha adoptado el acuerdo por el que se aprueba el Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios.

A los efectos de dar publicidad y transparencia al mencionado acuerdo,

Esta Secretaría de Estado de Educación dispone su publicación como anexo a la presente resolución.

Madrid, 20 de octubre de 2025.– El Secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz.

ANEXO

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, de 12 de junio de 2025, por el que se aprueba Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios

En los últimos años, diversos factores de riesgo han contribuido al aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales extremos, así como de situaciones de emergencia provocadas por la actividad humana. Estos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, preparación y respuesta en todos los ámbitos de la sociedad, y muy especialmente en el entorno educativo, donde se concentra una parte significativa de la población en edad escolar y del personal docente y no docente.

En este contexto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas, ha elaborado el presente Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios.

Este plan tiene como finalidad extender la cultura de la prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante situaciones de emergencia, ya sean provocadas por causas naturales (como inundaciones, incendios forestales o terremotos) o por la acción humana (como accidentes tecnológicos o situaciones de riesgo colectivo). La formación se concibe como un instrumento esencial para fomentar entornos escolares seguros, resilientes e inclusivos, capaces de anticiparse y reaccionar de forma eficaz ante cualquier contingencia.

El Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil se configura como una actuación de carácter obligatorio en todos los centros educativos no universitarios, públicos y privados, que impartan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, se reconoce la posibilidad de que las administraciones educativas y los propios centros adapten y amplíen los contenidos mínimos del plan, en función de las características específicas del entorno natural, social o económico en el que se ubiquen.

La aplicación del presente plan será objeto de seguimiento y evaluación por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en coordinación con las administraciones educativas competentes, a fin de garantizar su correcta implantación y la consecución de sus objetivos.

En su virtud, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las Comunidades Autónomas, acuerdan aprobar el siguiente Plan de Formación ante emergencias de protección civil de aplicación en todos los centros educativos públicos y privados que imparten enseñanzas no universitarias comprendidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

ANEXO

Plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios

1. Fundamento normativo

Tras las consecuencias especialmente graves y trágicas ocasionadas el 29 de octubre de 2024 por la DANA fue publicado el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La disposición final cuarta de esa norma se refiere al artículo 10 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, modificando su párrafo 5 y añadiéndole un nuevo apartado 6. En estas modificaciones se establece que las Administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias y con cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias, la realización de programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y se atribuye al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas, la elaboración de un plan de formación ante emergencias de protección civil, de carácter obligatorio en todos los centros educativos no universitarios, que extienda la cultura de la prevención y garantice la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil. Dicho plan incluirá formación específica en prevención y respuesta a emergencias provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana. Asimismo, reconoce que las Administraciones educativas y los centros docentes podrán completar la formación mínima contenida en este plan para recoger las contingencias que por las características naturales, sociales o económicas de la zona en que se encuentre cada centro educativo resulten de especial relevancia para este.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, se elabora el presente plan de formación para centros educativos con el objetivo de extender la cultura preventiva y proporcionar a las comunidades educativas los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar situaciones de emergencia y catástrofes provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, respondiendo a las mismas en relación con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, y ofreciendo pautas adecuadas de actuación ante dichas situaciones, con especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad.

2. Finalidad y objetivos del plan de formación

1. El presente plan tiene como finalidad proporcionar a los centros educativos no universitarios la formación necesaria y obligatoria a partir del curso 2025-2026 que integre los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar situaciones de emergencia de protección civil de manera efectiva y segura.

2. Los objetivos del plan de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos son los siguientes:

a) Conocer los distintos riesgos de protección civil.

b) Comprender qué consecuencias puedan tener los distintos riesgos para las personas y para la comunidad.

c) Tomar conciencia de la importancia de la prevención y de la autoprotección ante situaciones de riesgos y emergencias.

d) Comprender la importancia de saber actuar ante las emergencias para evitar o minimizar sus consecuencias.

e) Reforzar habilidades para la vida como herramientas para el afrontamiento de riesgos en cualquier situación de la vida.

f) Potenciar conductas y actitudes relacionadas con los valores de la prevención, tales como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la implicación, la participación y el bien común.

g) Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en las actividades de prevención y actuación ante los riesgos señalados.

3. Los objetivos anteriores deberán abordarse con especial atención a las personas con discapacidad y colectivos vulnerables.

3. Definiciones

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil se entiende por:

1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil.

2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.

3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.

5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.

6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

4. Ámbito de aplicación

Las administraciones educativas competentes establecerán el calendario de implantación del plan de formación teniendo en cuenta su contexto y recursos, garantizando que a partir del curso 2025-2026 se inicie la planificación para su impartición en todos los centros educativos públicos y privados que imparten enseñanzas no universitarias comprendidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

5. Impartición de la formación

1. Las personas que impartirán el programa de formación en los centros no universitarios serán miembros de los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil de las Comunidades Autónomas y los de las entidades locales, así como los voluntarios del sistema nacional de protección civil y el profesorado de los centros educativos.

2. Será requisito para el personal que imparta esta formación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3. La Escuela Nacional de Protección Civil en colaboración con los servicios de formación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, facilitará al profesorado, a los profesionales y a los voluntarios del sistema nacional de protección civil, directamente o en colaboración con las Escuelas Autonómicas de Protección Civil, la formación previa necesaria, siendo necesario en el caso de los voluntarios la superación del curso preceptivo.

4. Las Administraciones educativas, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil, podrán adoptar las medidas necesarias para que en los planes de formación permanente del profesorado se incluya formación específica ante situaciones de emergencia.

6. Formación mínima y formación complementaria

1. La formación mínima del plan incluirá los contenidos específicos en prevención y respuesta a emergencias provocadas por los riesgos enumerados en el anexo del Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección civil, en los términos establecidos en el anexo del presente documento, adaptados a las edades del alumnado según los niveles de cada etapa educativa y a las enseñanzas a las que se dirige la formación y según se especifica a continuación:

− Los contenidos correspondientes a los apartados 1 y 2 del anexo se impartirán cada curso escolar en todos los niveles y etapas de las enseñanzas.

− Los contenidos correspondientes al apartado 3 del anexo podrán ser concretados y distribuidos temporalmente por las Administraciones educativas en los cursos escolares de las distintas etapas educativas y enseñanzas en relación con las prioridades determinadas por los mapas de riesgos que resulten de aplicación en cada área geográfica.

Las administraciones educativas establecerán las directrices necesarias para que en los documentos organizativos de los centros conste la programación de la impartición del plan formativo.

2. Cada curso escolar el alumnado deberá recibir formación ante emergencias de protección civil durante al menos dos horas en las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, y durante al menos cuatro horas en el resto de las enseñanzas. El tiempo dedicado a esta formación podrá distribuirse a lo largo del curso escolar de acuerdo con lo que las Administraciones educativas determinen en relación con la agrupación de contenidos formativos del anexo y con las edades del alumnado y los niveles de cada etapa educativa.

3. Las Administraciones educativas y los centros docentes podrán complementar esta formación tomando las referencias tanto del Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil para identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes, como de los mapas de riesgos de las propias comunidades autónomas, en función de las circunstancias que resulten de especial relevancia para cada centro educativo.

4. Se podrán establecer colaboraciones entre las Administraciones educativas y las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para la realización de actividades prácticas que extiendan la cultura de la prevención a través de jornadas de puertas abiertas, visitas a centros de seguimiento y coordinación de emergencias, simulacros, convocatorias de concursos y otras actividades de similar naturaleza.

7. Metodología formativa

1. La formación impartida estará orientada hacia un aprendizaje colaborativo, procurando la participación activa del alumnado en su propia formación, atendiendo al enfoque prioritario de la protección individual y colectiva y las habilidades para la vida, y fomentando los valores relacionados con el bien común, la prevención, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional y las habilidades básicas para la recuperación y la resiliencia.

2. En la metodología formativa se adoptarán medidas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos del plan.

8. Materiales y recursos didácticos

1. Los materiales y recursos didácticos serán elaborados por el Ministerio del Interior con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas. Dichos materiales y recursos didácticos y técnicos podrán cederse a las Administraciones educativas que así lo soliciten para su propia gestión de la formación del profesorado.

2. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ministerio del Interior compartirán cuantos materiales técnicos y didácticos consideren necesarios para la ejecución del plan y promoverán la actualización y adaptación de los mismos para cumplir con el fomento de la cultura preventiva en materia de protección civil.

3. Los materiales y recursos didácticos se elaborarán desde la orientación para la inclusión educativa y atendiendo a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

9. Supervisión y seguimiento del plan de formación

1. La supervisión y seguimiento del plan de formación será competencia de las Administraciones educativas y constituirá parte de proceso ordinario de inspección que ejercen sobre la totalidad de elementos del sistema educativo.

2. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizará el seguimiento de la aplicación del plan de formación e informará de su desarrollo a la Conferencia Sectorial de Educación. Asimismo, proporcionará al Ministerio del Interior información estadística del resultado de la ejecución del plan para su traslado al Consejo Nacional de Protección Civil.

Contenidos mínimos de la formación para el alumnado ante emergencias de protección civil

1. Prevención y sistemas de alerta y sistemas de emergencias. Información vs. desinformación en situaciones de emergencia.

2. Identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones humanas y medidas de autoprotección. Reacciones y orientaciones de apoyo emocional.

3. Riesgos específicos y actuaciones frente a ellos:

3.1 Inundaciones. Riesgos en la costa.

3.2 Terremotos, maremotos y tsunamis.

3.3 Riesgo volcánico.

3.4 Fenómenos meteorológicos adversos.

3.5 Incendios forestales.

3.6 Riesgos tecnológicos: accidentes industriales, químicos, nucleares y trasporte de mercancías peligrosas.

Cada uno de estos riesgos deberá incluir:

− Sensibilización sobre el riesgo y la importancia de la prevención. Consecuencias para sí mismo y para los demás.

− Medidas de prevención y autoprotección. Normas de seguridad y señalización.

Día de la Salud Mental 2025: La extinción de incendios del verano, la dana, la situación de la sanidad, emergencias y la seguridad hacen mella

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Oct 25 12:50:00 CEST

Un reciente estudio de CSIF ponía de manifiesto que el 76 por ciento de las/os trabajadores de este ámbito (educación, sanidad, justicia, empresas públicas, entre otros) asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales y casi la mitad reconoce consumir casi a diario psicofármacos –ansiolíticos, antidepresivos, somníferos—para afrontar la sobrecarga o gestionar el estrés.

Los principales factores son la sobrecarga de trabajo, jornadas largas, falta de reconocimiento profesional, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, falta de desconexión digital, estrés emocional, violencia o riesgo, y falta de recursos humanos y materiales.

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Este año queremos llamar la atención sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras que han realizado labores en la extinción de incendios de este verano, en desastres como la dana, en la sanidad, las prisiones, o en los centros educativos.

Se trata de grandes profesionales, que siempre están dispuestos en las situaciones críticas que afectan a la sociedad española y que se sienten abandonados por el Gobierno y los responsables de las diferentes administraciones y entre otros aspectos, tienen el sueldo congelado desde principios de año y la negociación es mínima, tanto en Función Pública como en el resto de los ámbitos.

En relación a los bomberos y trabajadores de extinción, CSIF denunció este verano su precariedad laboral, los medios insuficientes y condiciones adversas. Asimismo, llamamos la atención sobre las largas jornadas (hasta 17 horas), riesgos para la salud física, deshidratación, condiciones emocionales y estrés psicológico.

CSIF ha recabado testimonios de trabajadores que han visto como todos estos factores han hecho mella sobre su salud mental por las situaciones tan duras, el agotamiento mental, la destrucción o la impotencia y frustración porque muchas veces no podían actuar por la gestión, problemas de coordinación o falta de medios.

También denunciaban sueldos bajos, condiciones contractuales precarias, vacantes sin cubrir, equipamientos deficientes, lo que suma carga extra, incertidumbre o desgaste.

LA DANA

La dana, del 29 de octubre de 2024, hizo que centenares de policías locales y bomberos de toda la Comunidad Valenciana, muchos afiliados a CSIF, trabajaran sin descanso durante más de 36 horas seguidas en rescates, cortes de vías, evacuaciones y auxilio a la población. En total, fueron más de 1.200 efectivos de emergencias entre cuerpos locales, autonómicos y estatales los que participaron en la catástrofe. Aquella noche, marcada por el caos y la falta de medios en algunos municipios, dejó una huella imborrable en quienes se jugaron la vida para proteger a los demás.

Un año después, las secuelas psicológicas siguen presentes. Tanto policías y bomberos han necesitado bajas médicas por ansiedad, insomnio, estrés postraumático o agotamiento. La alerta roja y las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre, despertó los recuerdos del 29 de octubre del 2024.

Por ello, CSIF Comunidad Valenciana exige la puesta en marcha urgente de un plan específico de apoyo psicológico y refuerzo de personal para que contemple atención inmediata tras las emergencias, descansos reales y dotación de medios adecuados. Nuestros compañeros fueron los primeros en salir a la calle; ahora es el momento de que las administraciones salgan en su apoyo y garanticen que su entrega no se convierta en un problema de salud mental.

PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESA PRIVADA

CSIF denuncia que la precariedad, la sobrecarga y las plantillas insuficientes están destruyendo la salud mental de las/os profesionales en España. La salud mental no es un lujo, es una condición vital y para el trabajo digno; y el sufrimiento emocional no debe ser moneda de cambio de la productividad en las empresas.

Desde nuestra organización percibimos una crisis sanitaria creciente (se han disparado las bajas laborales y las incapacidades temporales), con la sanidad pública colapsada, sin medios adecuados para atender la salud mental de las personas afectadas que acuden a los centros de salud.

Ante esta crisis, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas:

Aprobación de Real Decreto sobre los riesgos psicosociales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento.
Corresponsabilidad institucional entre empleo, sanidad y educación en el abordaje de la salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Creación de comisiones específicas de salud mental en el trabajo.
Transparencia de datos: exigimos que en los registros de suicidio nacionales se incluya la profesión del afectado o afectada, para visibilizar las causas laborales.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas, con la participación real de los delegados de prevención.
Aplicación de Protocolos específicos de vigilancia de la salud mental.
Protocolos eficaces de acoso y violencia.
Evaluaciones psicosociales con perspectiva de género.
Servicios de apoyo psicológico gratuitos, accesibles y confidenciales.
Formación obligatoria en gestión emocional, liderazgo saludable y prevención del acoso.
Protocolos de reincorporación progresiva tras bajas por salud mental.
Garantía de desconexión digital y derecho real al descanso.
Campañas de sensibilización que rompan el estigma y promuevan la cultura del cuidado.

Por eso, este 10 de octubre, CSIF recuerda que “la salud mental también se trabaja”, y que su defensa empieza en los centros de trabajo, con políticas preventivas, recursos reales y un cambio cultural profundo.

CSIF reclama una acción inmediata para prevenir la salud mental y el suicidio en el ámbito laboral

sergio.agrella.galvan — Wed, 10 Sep 25 09:33:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, alza la voz en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, para visibilizar una realidad silenciada: el suicidio, una de las principales causas de mortalidad en España, está vinculado en muchos casos al entorno laboral. Hemos comenzado el mes con los suicidios de tres policías nacionales, el mismo lunes 1 de septiembre, muestra de cómo las condiciones laborales y carga emocional influye en profesiones con mayor riesgo.

En este sentido, CSIF reclama medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6% menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias. Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

Por ello, CSIF exige:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

CSIF valora el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, pero criticamos su escaso enfoque en el ámbito laboral y la limitada implicación de los agentes sociales.

Por ello, reclamamos participar en la mesa de seguimiento, mayor presupuesto, coordinación con mutuas, Inspección de Trabajo, Sanidad y Justicia, y la integración de la prevención del suicidio en las políticas de riesgos laborales. La salud mental es un derecho, no un privilegio.

CSIF hace un llamamiento a empresas, administraciones y sociedad para trabajar en red, ofrecer el apoyo necesario y construir entornos laborales que protejan la vida. Prevenir el suicidio es también una responsabilidad laboral.

EL GOBIERNO RECOGE LA PROPUESTA DE CSIF E IMPULSA POR FIN NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN LA SALUD MENTAL

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 08 Jul 25 07:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesResponsabilidad SocialCanarias - Enseñanza Image

Desde CSIF valoramos positivamente que el Ministerio de Sanidad haya dado un paso adelante para abordar una realidad que llevamos años denunciando: el impacto del trabajo en la salud mental. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de nuestro sindicato, que lleva años reclamando actuaciones concretas para proteger a las personas trabajadoras.

Este avance llega tarde, tras años en los que la salud mental relacionada con el trabajo ha sido ignorada o minimizada. Solo en 2024 se registraron más de 640.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, una cifra alarmante que refleja el deterioro de las condiciones laborales. Detrás de estos datos hay personas que sufren ansiedad, insomnio o agotamiento crónico, muchas veces como consecuencia directa de entornos laborales inadecuados o marcados por la precariedad.

Durante todo este tiempo, desde CSIF hemos advertido reiteradamente sobre este problema en diferentes foros y ante diversas administraciones, insistiendo en la necesidad de un abordaje estructural y no meramente paliativo. No podemos seguir permitiendo que estos trastornos no sean reconocidos como contingencias profesionales. El silencio institucional ha dejado desprotegidas a miles de personas trabajadoras, impidiendo una prevención eficaz.

El reciente informe presentado por el Ministerio recoge una línea de trabajo que integra una visión clínica y epidemiológica para avanzar hacia una respuesta más adecuada. Por un lado, contempla la necesidad de que los profesionales de la salud incorporen en sus evaluaciones preguntas relacionadas con el contexto laboral, y por otro, permite recabar datos clave que sustenten políticas públicas más eficaces.

Desde CSIF consideramos que esta orientación es un paso importante para identificar el origen del malestar psíquico vinculado al trabajo y evitar que más personas enfermen. La propuesta de incluir un código específico dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) puede ser clave para visibilizar esta problemática y avanzar en su reconocimiento y tratamiento.

Por fin, el Gobierno escucha nuestras reivindicaciones para mejorar la salud mental de los trabajadores. En este sentido, insistimos en la necesidad de mecanismos de coordinación interdisciplinar entre atención primaria y especializada, salud mental, mutuas y servicios de prevención, con el fin de ofrecer una red de apoyo sociosanitaria profesional y efectiva.

Solo una estrategia integral y bien articulada podrá ofrecer una respuesta eficaz y duradera. La salud mental no puede abordarse de forma aislada; requiere formación especializada, coordinación entre servicios y recursos suficientes.

No basta con tratar los síntomas.
Es necesario actuar sobre las causas estructurales que los generan. De nada sirve una intervención clínica si las personas regresan a entornos laborales que perpetúan el malestar. El trabajo debe ser un espacio de desarrollo y dignidad, no una fuente de daño a la salud mental. Cuando existen condiciones precarias, exigencias excesivas, ausencia de apoyo, sobrecarga, inestabilidad laboral, salarios insuficientes o relaciones laborales tóxicas, el empleo se convierte en un foco de enfermedad.

Desde CSIF consideramos imprescindible acompañar este enfoque con medidas concretas. Reclamamos al Gobierno:

Un aumento del presupuesto destinado a salud mental y refuerzo de plantillas, especialmente en Atención Primaria y Especializada.
Incremento de plazas en la especialidad de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo.
Formación específica para los profesionales sanitarios en la detección del malestar de origen laboral.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el síndrome de burnout y otros trastornos mentales.
Reconocimiento de los trastornos mentales como contingencias profesionales.

Además, en las empresas y administraciones es urgente implementar acciones dirigidas a reducir el impacto del trabajo en la salud mental:

Programas gratuitos de apoyo psicológico en los centros de trabajo.
Refuerzo de los servicios de prevención para una gestión psicosocial eficaz.
Formación en gestión emocional y campañas contra el estigma de la salud mental.
Protocolos eficaces contra el acoso, la discriminación y la violencia laboral.
Políticas de rehabilitación y retorno progresivo al puesto de trabajo.

Desde CSIF consideramos que estas líneas recogidas en el informe suponen un primer paso en la dirección correcta. Estaremos vigilantes de su desarrollo y aplicación. Es fundamental que todo avance se implemente con garantías, dotando al sistema sanitario de los recursos y la formación necesarios para una intervención eficaz.

Seguiremos trabajando para que estas propuestas se traduzcan en un cambio profundo en la forma de concebir la salud laboral en nuestro país. Porque cuidar la salud mental no es solo una responsabilidad sanitaria: es una cuestión de derechos laborales.

Y en eso, desde CSIF, no vamos a dar un paso atrás.

CSIF INSISTE EN LA OBLIGACIÓN DE MEDIR EL GAS RADÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

sergio.agrella.galvan — Mon, 09 Jun 25 11:49:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesCanarias - Enseñanza Image

La exposición a altas concentraciones de gas radón en espacios interiores constituye un riesgo importante para la salud, e incluso la exposición prolongada a niveles elevados de radón se asocia a un mayor riesgo de cáncer de pulmón.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), planteamos la necesidad de que los centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sean espacios seguros para el conjunto de empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor diaria en ellos.

En este sentido, hemos solicitado formalmente, a la Dirección General de la Función Pública, información sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones técnicas ya realizadas sobre la presencia de gas radón en los centros de trabajo; sobre las medidas correctoras y preventivas adoptadas, en caso de haberse detectado niveles superiores a los establecidos en su normativa de referencia; sobre los recursos técnicos de los que se dispone, así como sobre la planificación prevista para seguir realizando estas mediciones, con especial atención a las obligaciones relativas a la información y consulta de los trabajadores/as y sus representantes (artículo octavo de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear).

Desde CSIF no podemos permitir que se ponga en riesgo ni la salud ni la seguridad de las trabajadoras y trabajadores públicos.

Seguiremos trabajando. Seguiremos luchando. Porque la salud laboral no se negocia.