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MANIFIESTO CSIF Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2026

sergio.agrella.galvan — Tue, 28 Apr 26 09:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las trabajadoras y trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

Según los datos oficiales correspondientes a 2024 y 2025 de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, se advierte una evolución preocupante de la siniestralidad laboral en el Archipiélago al producirse un incremento significativo de los accidentes graves, mortales y de las enfermedades profesionales.

Los accidentes graves aumentaron un 21,5%, al pasar de 130 a 158, mientras que los mortales se incrementaron un 43,8%, pasando de 16 a 23, lo que evidencia un claro deterioro en las condiciones de seguridad y salud laboral.

A esta situación se suma el incremento de las enfermedades profesionales. En Canarias se notificaron 330 casos en 2025, frente a los 285 del año anterior, lo que supone un aumento del 15,8% (229 mujeres y 101 hombres).

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg. La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF entre otras propuestas, exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

La noticia en prensa:

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

CSIF exige en el Congreso que el covid persistente sea enfermedad profesional y un fondo de compensación para afectados

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 17 Nov 25 17:52:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que el covid persistente sea considerado enfermedad profesional o accidente laboral, lo que garantizaría mejor cobertura económica e indemnizaciones por desprotección para las personas afectadas por exposición laboral. También pedimos la creación de un fondo de compensación equivalente a los que ya existen para el amianto u otros riesgos profesionales.

Estas son las principales reivindicaciones que la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de CSIF, Encarna Abascal, ha expuesto hoy en el Congreso en unas jornadas sobre covid persistente en la que han participado representantes de organizaciones sindicales; de afectados por la enfermedad; de profesionales de la Sanidad, y de los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales, de Trabajo y Economía Social.

CSIF defiende que el reconocimiento como enfermedad profesional garantizaría, además de mejor cobertura económica y el pago de indemnizaciones, la rehabilitación profesional a través de las mutuas de trabajo, reforzar la prevención y sentaría precedente para futuras incapacidades profesionales. Actualmente en España hay más de 2,4 millones de personas (muchos de ellos son personal sanitario, socio sanitario, personal docente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Emergencias, bomberos, etc) afectadas por covid persistente.

El fondo de compensación, por su parte, habilitaría partidas económicas específicas para la atención de profesionales afectados (muchos de ellos con secuelas y con diferentes limitaciones) en actuaciones concretas en función de sus necesidades físicas, laborales o sociales. Este fondo debería ser coordinado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y el Ministerio de Sanidad, estableciendo protocolos de actuación comunes en todas las comunidades.

Incorporaciones progresivas, bajas e incapacidades

CSIF denuncia que, cinco años después de la pandemia, los afectados por covid persistente sufren falta de reconocimiento, demoras diagnósticas y de tratamientos, dificultad para reincorporarse al trabajo o encontrar empleo, y una profunda inseguridad jurídica, por lo que es urgente que se implementen medidas adecuadas a cada circunstancia.

Consideramos necesario el establecimiento de bajas de larga duración con estabilidad, formación en covid persistente para los profesionales de la sanidad y mutuas, más fondos para investigación, evaluación médica especializada para la incapacidad permanente, adaptaciones al puesto de trabajo flexibles e incorporación progresiva.

Por último, CSIF recuerda que las personas trabajadoras que padecen las secuelas de covid persistente merecen reconocimiento, apoyo y soluciones efectivas. La sociedad no debe olvidar a quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia y hoy siguen pagando sin respuesta sanitaria, sin protección laboral y sin un marco jurídico claro. En este sentido, CSIF ha lanzado una encuesta anónima para analizar la situación de las personas con covid persistente en España, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, su grado de reconocimiento y las consecuencias sobre su salud y situación laboral. Se puede participar en esta encuesta entrando en la página web de CSIF.

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON COVID PERSISTENTE

fernando.molina.ortiz — Thu, 06 Nov 25 09:42:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesCanarias - Empresa Privada Image

CSIF lanza una encuesta anónima para analizar la situación de las personas con COVID persistente en España, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, su grado de reconocimiento y las consecuencias sobre su salud y situación laboral.
Los datos serán tratados de forma anónima y exclusivamente con el fin de reivindicar la mejora de las condiciones laborales para este colectivo.

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

Día de la Salud Mental 2025: La extinción de incendios del verano, la dana, la situación de la sanidad, emergencias y la seguridad hacen mella

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Oct 25 12:50:00 CEST

Un reciente estudio de CSIF ponía de manifiesto que el 76 por ciento de las/os trabajadores de este ámbito (educación, sanidad, justicia, empresas públicas, entre otros) asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales y casi la mitad reconoce consumir casi a diario psicofármacos –ansiolíticos, antidepresivos, somníferos—para afrontar la sobrecarga o gestionar el estrés.

Los principales factores son la sobrecarga de trabajo, jornadas largas, falta de reconocimiento profesional, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, falta de desconexión digital, estrés emocional, violencia o riesgo, y falta de recursos humanos y materiales.

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Este año queremos llamar la atención sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras que han realizado labores en la extinción de incendios de este verano, en desastres como la dana, en la sanidad, las prisiones, o en los centros educativos.

Se trata de grandes profesionales, que siempre están dispuestos en las situaciones críticas que afectan a la sociedad española y que se sienten abandonados por el Gobierno y los responsables de las diferentes administraciones y entre otros aspectos, tienen el sueldo congelado desde principios de año y la negociación es mínima, tanto en Función Pública como en el resto de los ámbitos.

En relación a los bomberos y trabajadores de extinción, CSIF denunció este verano su precariedad laboral, los medios insuficientes y condiciones adversas. Asimismo, llamamos la atención sobre las largas jornadas (hasta 17 horas), riesgos para la salud física, deshidratación, condiciones emocionales y estrés psicológico.

CSIF ha recabado testimonios de trabajadores que han visto como todos estos factores han hecho mella sobre su salud mental por las situaciones tan duras, el agotamiento mental, la destrucción o la impotencia y frustración porque muchas veces no podían actuar por la gestión, problemas de coordinación o falta de medios.

También denunciaban sueldos bajos, condiciones contractuales precarias, vacantes sin cubrir, equipamientos deficientes, lo que suma carga extra, incertidumbre o desgaste.

LA DANA

La dana, del 29 de octubre de 2024, hizo que centenares de policías locales y bomberos de toda la Comunidad Valenciana, muchos afiliados a CSIF, trabajaran sin descanso durante más de 36 horas seguidas en rescates, cortes de vías, evacuaciones y auxilio a la población. En total, fueron más de 1.200 efectivos de emergencias entre cuerpos locales, autonómicos y estatales los que participaron en la catástrofe. Aquella noche, marcada por el caos y la falta de medios en algunos municipios, dejó una huella imborrable en quienes se jugaron la vida para proteger a los demás.

Un año después, las secuelas psicológicas siguen presentes. Tanto policías y bomberos han necesitado bajas médicas por ansiedad, insomnio, estrés postraumático o agotamiento. La alerta roja y las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre, despertó los recuerdos del 29 de octubre del 2024.

Por ello, CSIF Comunidad Valenciana exige la puesta en marcha urgente de un plan específico de apoyo psicológico y refuerzo de personal para que contemple atención inmediata tras las emergencias, descansos reales y dotación de medios adecuados. Nuestros compañeros fueron los primeros en salir a la calle; ahora es el momento de que las administraciones salgan en su apoyo y garanticen que su entrega no se convierta en un problema de salud mental.

PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESA PRIVADA

CSIF denuncia que la precariedad, la sobrecarga y las plantillas insuficientes están destruyendo la salud mental de las/os profesionales en España. La salud mental no es un lujo, es una condición vital y para el trabajo digno; y el sufrimiento emocional no debe ser moneda de cambio de la productividad en las empresas.

Desde nuestra organización percibimos una crisis sanitaria creciente (se han disparado las bajas laborales y las incapacidades temporales), con la sanidad pública colapsada, sin medios adecuados para atender la salud mental de las personas afectadas que acuden a los centros de salud.

Ante esta crisis, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas:

Aprobación de Real Decreto sobre los riesgos psicosociales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento.
Corresponsabilidad institucional entre empleo, sanidad y educación en el abordaje de la salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Creación de comisiones específicas de salud mental en el trabajo.
Transparencia de datos: exigimos que en los registros de suicidio nacionales se incluya la profesión del afectado o afectada, para visibilizar las causas laborales.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas, con la participación real de los delegados de prevención.
Aplicación de Protocolos específicos de vigilancia de la salud mental.
Protocolos eficaces de acoso y violencia.
Evaluaciones psicosociales con perspectiva de género.
Servicios de apoyo psicológico gratuitos, accesibles y confidenciales.
Formación obligatoria en gestión emocional, liderazgo saludable y prevención del acoso.
Protocolos de reincorporación progresiva tras bajas por salud mental.
Garantía de desconexión digital y derecho real al descanso.
Campañas de sensibilización que rompan el estigma y promuevan la cultura del cuidado.

Por eso, este 10 de octubre, CSIF recuerda que “la salud mental también se trabaja”, y que su defensa empieza en los centros de trabajo, con políticas preventivas, recursos reales y un cambio cultural profundo.

CSIF reclama una acción inmediata para prevenir la salud mental y el suicidio en el ámbito laboral

sergio.agrella.galvan — Wed, 10 Sep 25 09:33:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, alza la voz en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, para visibilizar una realidad silenciada: el suicidio, una de las principales causas de mortalidad en España, está vinculado en muchos casos al entorno laboral. Hemos comenzado el mes con los suicidios de tres policías nacionales, el mismo lunes 1 de septiembre, muestra de cómo las condiciones laborales y carga emocional influye en profesiones con mayor riesgo.

En este sentido, CSIF reclama medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6% menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias. Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

Por ello, CSIF exige:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

CSIF valora el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, pero criticamos su escaso enfoque en el ámbito laboral y la limitada implicación de los agentes sociales.

Por ello, reclamamos participar en la mesa de seguimiento, mayor presupuesto, coordinación con mutuas, Inspección de Trabajo, Sanidad y Justicia, y la integración de la prevención del suicidio en las políticas de riesgos laborales. La salud mental es un derecho, no un privilegio.

CSIF hace un llamamiento a empresas, administraciones y sociedad para trabajar en red, ofrecer el apoyo necesario y construir entornos laborales que protejan la vida. Prevenir el suicidio es también una responsabilidad laboral.

EL GOBIERNO RECOGE LA PROPUESTA DE CSIF E IMPULSA POR FIN NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN LA SALUD MENTAL

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 08 Jul 25 07:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesResponsabilidad SocialCanarias - Empresa Privada Image

Desde CSIF valoramos positivamente que el Ministerio de Sanidad haya dado un paso adelante para abordar una realidad que llevamos años denunciando: el impacto del trabajo en la salud mental. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de nuestro sindicato, que lleva años reclamando actuaciones concretas para proteger a las personas trabajadoras.

Este avance llega tarde, tras años en los que la salud mental relacionada con el trabajo ha sido ignorada o minimizada. Solo en 2024 se registraron más de 640.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, una cifra alarmante que refleja el deterioro de las condiciones laborales. Detrás de estos datos hay personas que sufren ansiedad, insomnio o agotamiento crónico, muchas veces como consecuencia directa de entornos laborales inadecuados o marcados por la precariedad.

Durante todo este tiempo, desde CSIF hemos advertido reiteradamente sobre este problema en diferentes foros y ante diversas administraciones, insistiendo en la necesidad de un abordaje estructural y no meramente paliativo. No podemos seguir permitiendo que estos trastornos no sean reconocidos como contingencias profesionales. El silencio institucional ha dejado desprotegidas a miles de personas trabajadoras, impidiendo una prevención eficaz.

El reciente informe presentado por el Ministerio recoge una línea de trabajo que integra una visión clínica y epidemiológica para avanzar hacia una respuesta más adecuada. Por un lado, contempla la necesidad de que los profesionales de la salud incorporen en sus evaluaciones preguntas relacionadas con el contexto laboral, y por otro, permite recabar datos clave que sustenten políticas públicas más eficaces.

Desde CSIF consideramos que esta orientación es un paso importante para identificar el origen del malestar psíquico vinculado al trabajo y evitar que más personas enfermen. La propuesta de incluir un código específico dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) puede ser clave para visibilizar esta problemática y avanzar en su reconocimiento y tratamiento.

Por fin, el Gobierno escucha nuestras reivindicaciones para mejorar la salud mental de los trabajadores. En este sentido, insistimos en la necesidad de mecanismos de coordinación interdisciplinar entre atención primaria y especializada, salud mental, mutuas y servicios de prevención, con el fin de ofrecer una red de apoyo sociosanitaria profesional y efectiva.

Solo una estrategia integral y bien articulada podrá ofrecer una respuesta eficaz y duradera. La salud mental no puede abordarse de forma aislada; requiere formación especializada, coordinación entre servicios y recursos suficientes.

No basta con tratar los síntomas.
Es necesario actuar sobre las causas estructurales que los generan. De nada sirve una intervención clínica si las personas regresan a entornos laborales que perpetúan el malestar. El trabajo debe ser un espacio de desarrollo y dignidad, no una fuente de daño a la salud mental. Cuando existen condiciones precarias, exigencias excesivas, ausencia de apoyo, sobrecarga, inestabilidad laboral, salarios insuficientes o relaciones laborales tóxicas, el empleo se convierte en un foco de enfermedad.

Desde CSIF consideramos imprescindible acompañar este enfoque con medidas concretas. Reclamamos al Gobierno:

Un aumento del presupuesto destinado a salud mental y refuerzo de plantillas, especialmente en Atención Primaria y Especializada.
Incremento de plazas en la especialidad de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo.
Formación específica para los profesionales sanitarios en la detección del malestar de origen laboral.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el síndrome de burnout y otros trastornos mentales.
Reconocimiento de los trastornos mentales como contingencias profesionales.

Además, en las empresas y administraciones es urgente implementar acciones dirigidas a reducir el impacto del trabajo en la salud mental:

Programas gratuitos de apoyo psicológico en los centros de trabajo.
Refuerzo de los servicios de prevención para una gestión psicosocial eficaz.
Formación en gestión emocional y campañas contra el estigma de la salud mental.
Protocolos eficaces contra el acoso, la discriminación y la violencia laboral.
Políticas de rehabilitación y retorno progresivo al puesto de trabajo.

Desde CSIF consideramos que estas líneas recogidas en el informe suponen un primer paso en la dirección correcta. Estaremos vigilantes de su desarrollo y aplicación. Es fundamental que todo avance se implemente con garantías, dotando al sistema sanitario de los recursos y la formación necesarios para una intervención eficaz.

Seguiremos trabajando para que estas propuestas se traduzcan en un cambio profundo en la forma de concebir la salud laboral en nuestro país. Porque cuidar la salud mental no es solo una responsabilidad sanitaria: es una cuestión de derechos laborales.

Y en eso, desde CSIF, no vamos a dar un paso atrás.

CSIF INSISTE EN LA OBLIGACIÓN DE MEDIR EL GAS RADÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

sergio.agrella.galvan — Mon, 09 Jun 25 11:49:00 CEST

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La exposición a altas concentraciones de gas radón en espacios interiores constituye un riesgo importante para la salud, e incluso la exposición prolongada a niveles elevados de radón se asocia a un mayor riesgo de cáncer de pulmón.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), planteamos la necesidad de que los centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sean espacios seguros para el conjunto de empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor diaria en ellos.

En este sentido, hemos solicitado formalmente, a la Dirección General de la Función Pública, información sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones técnicas ya realizadas sobre la presencia de gas radón en los centros de trabajo; sobre las medidas correctoras y preventivas adoptadas, en caso de haberse detectado niveles superiores a los establecidos en su normativa de referencia; sobre los recursos técnicos de los que se dispone, así como sobre la planificación prevista para seguir realizando estas mediciones, con especial atención a las obligaciones relativas a la información y consulta de los trabajadores/as y sus representantes (artículo octavo de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear).

Desde CSIF no podemos permitir que se ponga en riesgo ni la salud ni la seguridad de las trabajadoras y trabajadores públicos.

Seguiremos trabajando. Seguiremos luchando. Porque la salud laboral no se negocia.

DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -28 DE ABRIL 2025-

sergio.agrella.galvan — Mon, 28 Apr 25 12:21:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST), 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

Cada día miles de trabajadoras y trabajadores ponen en riesgo su seguridad y salud laboral debido a unas malas condiciones de trabajo (sobrecarga física, estrés, exposición a contaminantes químicos y biológicos, agresiones, falta de mantenimiento de instalaciones y equipos, exposición a altas temperaturas, ruidos, etc).

Las empresas y las administraciones tienen la obligación de proteger a las personas empleadas, fomentando una cultura preventiva que sensibilice y conciencia sobre la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros y respetuosos.

Debemos tener en cuenta que la siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a los trabajadores y trabajadoras.

Desde CSIF queremos denunciar que la siniestralidad laboral en Canarias sigue siendo preocupante.

Aunque en 2024 se ha producido un ligero descenso del 0,5% en el número total de accidentes laborales con respecto a 2023, la realidad sigue siendo alarmante: cada día se notifican más de 146 accidentes laborales en el Archipiélago.

Según los datos oficiales de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, en 2024 se registraron 53.591 accidentes laborales, frente a los 53.878 de 2023. De estos, 24.723 se produjeron durante la jornada laboral, 3.791 fueron “in itinere” y 25.077 no requirieron baja médica.

El descenso general no se refleja en todos los sectores. Mientras que agricultura, industria y construcción han reducido su siniestralidad, el sector servicios, que concentra la mayor parte del empleo, aumentó sus cifras, alcanzando los 18.468 accidentes, frente a los 18.226 del año anterior.

El número de accidentes mortales, producidos durante la jornada laboral, se mantiene invariable: 16 personas perdieron la vida en el trabajo tanto en 2023 como en 2024, una cifra inasumible en una sociedad que debe garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Si tenemos en cuenta los datos relativos a ambas provincias, aunque se mantiene un ligero descenso en la siniestralidad laboral con respecto al año anterior, en la provincia de Las Palmas se sigue concentrando un mayor número de accidentes laborales (28.874 frente a los 24.716 producidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife), siendo el número de accidentes mortales, durante la jornada laboral, de 11, frente a los 5 que tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

CSIF señala que las enfermedades profesionales aumentan y afectan mayoritariamente a mujeres.

Durante 2024 se notificaron 755 enfermedades profesionales, una ligera bajada respecto a las 779 de 2023. Sin embargo, se confirma una tendencia al alza en los casos confirmados con baja, que pasaron de 275 a 285.

De nuevo, las mujeres siguen siendo las más afectadas, representando un 70% de las enfermedades profesionales cerradas con baja. Destacan los trastornos musculoesqueléticos, que suponen casi el 79% de todos los casos, y que están directamente relacionados con las condiciones ergonómicas y la sobrecarga física en sectores como la sanidad, la educación y los cuidados.

También aumentan otras patologías como la dermatosis, la escabiosis o enfermedades respiratorias derivadas de exposiciones en el trabajo.

Una de las denuncias más reiteradas por parte de CSIF es la nula notificación de enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. Un año más, no se ha comunicado ningún caso en Canarias, lo que confirma la infradeclaración estructural de este tipo de patologías laborales.

CSIF exige medidas urgentes y una prevención real, no simbólica.

Desde CSIF advertimos que estos datos deben servir como alerta para las administraciones y empresas, que deben reforzar urgentemente las políticas de prevención y vigilancia de la salud laboral. No podemos seguir permitiendo que las cifras de accidentes y enfermedades profesionales se vean como “normales”.

Por todo ello, desde CSIF exigimos al Gobierno y a las administraciones competentes que se adopten las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que incida en el cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimos de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado/a de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.